Ago 11, 2014 | 2014, Campesinos
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Los mitos del agronegocios
El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.
En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.
Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.
Nov 4, 2013 | 2013, Campesinos
Representantes campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS, denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el sector rural del continente.
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas, produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los derechos de los campesinos”.
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Audiencia histórica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la comitiva junto a los delegados de la CLOC. Lourdes Bascary, del CELS, calificó a la audiencia en la CIDH de “histórica” (por ser la primera vez que una organización campesina de diversos países llega a esa instancia) y centró su intervención en el petitorio campesino a la comisión: que se reconozca al campesinado como actor social relevante al momento de analizar los derechos humanos en la región, que se tenga presente que Naciones Unidas está debatiendo una declaración de derechos campesinos, que se realicen recomendaciones a los Estados, investigar e intervenir antes la persecución y criminalización de las luchas campesinas.
La CLOC y el CELS hicieron especial hincapié en que la CIDH preste “especial atención” a la concentración, privatización y extranjerización de la tierra, el agua y las semillas que se da en América latina y el Caribe; solicitó que se identifique el rol de las transnacionales (incluso con controles y penalidades) y, como refiere a una problemática regional, se pidió que las acciones y respuestas también sean regionales. Dos novedades para la lógica de la CIDH: controlar la acción de empresas (no sólo Estados) y medidas regionales (no sólo de un país).
Rosa María Ortiz, comisionada del Grupo de Trabajo de la OEA (Organización de Estados Americanos), reconoció que los organismos internacionales “están en deuda” con los campesinos y señaló que los Estados “están fallando en la obligación de tomar medidas que impidan la violación del derecho a la vida y la integridad” de los campesinos. “Los Estados también fallan en tomar medidas afirmativas en la protección de las semillas como derecho humano”, afirmó la funcionaria de la OEA.
*Por Darío Aranda. Publicado el 4 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Sep 19, 2013 | 2013, Campesinos
Campesinos de todos el país llegaron ayer al Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley para el sector. Sólo hubo tres diputados presentes y duró 34 minutos. Descontento de los campesinos y críticas para el Poder Legislativo y la Presidenta.
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un «Instituto de la Agricultura Familiar» y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires… y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta… pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada «Cristian Ferreyra», en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados… deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
Balance campesino
Raúl Galván (Cocitra):
-“No hay señales del Gobierno Nacional para avanzar en políticas de redistribución de tierras. Si no podemos lograr una ley contra los desalojos, mucho menos avanzar sobre territorios concentrados por las grandes transnancionales”
-“La ley contra extranjerización no sólo que no resolvió un problema, sino que le garantizó más territorios a las transnacioanales. En lugar de avanzar hemos retrocedido”.
-“No hacemos apoyo bobo al Gobierno, hacemos apoyo crítico. Hay que avanzar en un proceso anticapitalista como se da en otros países de América Latina”.
-“No podemos hablar de soberanía alimentaria si no somos capaces de políticas públicas reales, si no podemos recuperar territorios la soberanía alimentaria será sólo una consigna”
-“El freno a los desalojos no sale porque no hay voluntad política, no sólo de diputados sino también del Poder Ejecutivo. Si tenés mayoría en ambas cámaras, si tenés una década ganada, hay que avanzar y no se avanzó”.
Ignacio Avellanal (Acina)
-“Hace dos años que no se bajan recursos para la agricultura familiar. Si no recibimos en estos dos años que pasaron, menos vamos a recibir en los dos años que quedan”.
-“Uno de los diputados dijo que hace falta el voto de la gente para ir por lo que falta. Pero acá tenía que haber más diputados. Si querés seguir teniendo el gobierno popular, porque supuestamente este es un gobierno popular, debiera haber más diputados acá”.
-“Yo salí a las 2 de la tarde de ayer de mi casa. Ni comimos. Y él (por el diputado Edgardo Depetri) vino diez minutos y se fue. Es como que no le interesa”.
-“Tienen mayoría en el Congreso y no votaron la ley de desalojos. Hace rato que tendría que haber salido”.
José Luis Castillo (Acina)
-“Dentro de la Subsecretaría hay compañeros que ponen el hombro”.
-“Nos nos puede pasar lo mismo que con la Ley Cristian Ferreyra. Hay que ser cuidadosos. Muchos compañeros hicieron más de mil kilómetros. Y acá solo tres diputados de los 240 que son. Hay que ser muy inocente para irse alegres con esto”.
-“Estamos mal. Hay que barajar y dar de nuevo. De esta forma estamos lejos de plasmar nuestros pedidos”.
-“Los diputados con más peso político no están con la agricultura familiar y el Poder Ejecutivo tampoco, sino no se entiende que en el Ministerio de Agricultura nos peleamos por migajas”.
-“Hay que pensar otras acciones. Es un gran esfuerzo venir hasta acá y que nos sigan entreteniendo”.
-“Hay que movilizarse en los territorios”.
Deo Carrizo
-“Evaluamos como positivo la diversidad de organizaciones juntas. Vamos avanzando y fortaleciendo el sector”.
-“Que haya tres diputados te marca que los diputados están en otra cosa”
-“La ley Cristian Ferreyra perdió estado parlamentario. Ahí está el desconocimiento de los que legislan a nivel nacional sobre lo pasa en el campo profundo. No se hacen eco de nuestros reclamos”.
-“El Poder Ejecutivo avanzó con la Ley de Extranjerización, y es como que se se ha distraído con eso. Y no ha dado importancia al freno a los desalojos campesinos, muchas familias están con riesgo de ser desalojadas de sus lugares de vida”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2013 en comambiental.com.ar
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
