Abr 27, 2016 | 2016
El incremento de los cultivos agrícolas, principalmente de soja, produce un acercamiento de la napa freática a la superficie, reveló una investigación del INTA. Esto explica por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves.
Por Darío Aranda
El monte nativo infiltra 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Una investigación del INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. «No estamos de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente», afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez (Córdoba). También apunta a las responsabilidades del poder económico del agronegocios.
Misiones sufrió una gran inundación en 2014. A inicios de 2015 fue el turno de Córdoba y Santiago del Estero. El segundo semestre sufrieron el Litoral y Buenos Aires. Este año fue el turno de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y noroeste bonaerense. «Fue un tsumani que vino del cielo», había dicho en 2015 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. En línea similar, responsabilizando a la naturaleza, argumentaron otros mandatarios.
Nicolás Bertram, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, estudia desde hace diez años los «excesos hídricos». Su trabajo académico fue titulado «Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?» (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables.
«El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región pampeana, y que en la actualidad se acerca demasiado a la superficie, conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícola-ganaderas, sino también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones de inundaciones», alertaba el trabajo, presentado en el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua 2015) en Paraná.
Bertram explica en lenguaje gráfico: «La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua».
La investigación explica que se observaron dos tipos de efectos en el comportamiento de la napa, a corto plazo (asociado a precipitaciones) y largo plazo (relacionados con los cultivos y el consumo que generan). Luego del procesamiento de datos (donde confirmaron que las lluvias se mantuvieron dentro de sus promedios anuales) aseguran: «A partir de datos históricos se puede observar una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas (de soja principalmente) y el acercamiento de la napa freática a la superficie».
El trabajo señala que buena parte de la región pampeana la napa freática se encuentra a un metro de profundidad (o menos) y recuerda que diez millones de hectárea pasaron de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola, con preponderancia de la soja. «Millones de hectáreas de pasturas y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1500-2000 milímetros a 500-800 milímetros», precisa el trabajo como explicación del ascenso de la napa casi a la superficie.
El trabajo estuvo focalizado en Marcos Juárez, zona de la Pampa Húmeda y núcleo sojero. Bertram asegura que la investigación es extrapolable a toda esa región e incluso a zonas extrapampeanas, como San Luis (donde se generaron nuevos ríos), Santiago del Estero, y regiones del norte de Santa Fe y Buenos Aires (zonas que fueron monitoreadas con freatímetros).
Sobre la actual inundación, que afecta a 40 mil personas (11 mil evacuados), el investigador del INTA señala que «llovió por encima de la media, pero de ninguna manera eso explica la magnitud del desastre; la clave está en el ascenso de la napa y que arrasaron el monte que retenía agua».
Bertram cuestiona la propuesta de políticos y empresarios. «Ninguna obra va a solucionar las inundaciones», afirma. Y llama la atención sobre los «responsables» de los anegamientos. «Muchos medios de comunicación cuestionan siempre a los políticos y en parte no está mal, pero esos medios nunca vinculan la inundación con el poder económico del modelo agropecuario, desde los Grobocopatel a Monsanto, Bayer, Cargill, Dow y una lista larga. Quizá porque esas empresas son los anunciantes de esos medios».
La investigación también cuestiona el modelo. «Pese a este escenario, se continúa en una carrera por lograr mayores y más estables rendimientos de los cultivos agrícolas, en la supuesta búsqueda de alimentar a un mundo que sigue padeciendo hambre, en donde muchas veces no existe el tiempo para pensar para quién y qué se está produciendo», afirma el trabajo del INTA.
La investigación concluye que «si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento». Afirma que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos, mejor manejo de agua), pero debe primar una «mirada amplia», interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales.
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Siembra directa y soja
Por D. A.
La investigación del INTA recuerda que la técnica de «siembra directa» (no arar la tierra) y el uso del «paquete tecnológico» (transgénico y agrotóxico) fueron claves en el avance del modelo agropecuario que impulsó desmontes y ascenso de la napa freática. Precisa que el 80 por ciento de la región cultivada del país se realiza con esa técnica. Datos oficiales del Ministerio de Agroindustria confirman el avance transgénico en las últimas dos décadas en todas las provincias que hoy padecen inundaciones. Entre 1994 y 2014, Buenos Aires aumentó un 460 por ciento la superficie con soja, Córdoba incrementó 331 por ciento y Santa Fe un 133 por ciento. Aunque en superficie menor, los incrementos fueron desproporcionados en Chaco (aumentó el 430 por ciento el área con soja), en Entre Ríos el incremento fue del 1270 por ciento y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000 por ciento. En paralelo, en todas estas provincias aumentaron las hectáreas desmontadas.
*Artículo publicado el 27 de abril de 2016 en el diario Página12.
May 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.
El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.
Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.
Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.
Estadísticas
El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).
“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.
Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Potae
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
Abr 2, 2015 | 2015, Campesinos, General
El 68 por ciento de la tierra cultivada de Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transformó en un símbolo de la lucha: disparó con su escopeta contra un tractor fumigador. Entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico.
Desde San Benito, Entre Ríos
Vida de campo. Cría de animales, quinta para autoconsumo, siesta y aire puro. Julio Ariza tuvo veinte años de vida tranquila en San Benito (Entre Ríos). Hasta que la agricultura “moderna” se instaló en el campo vecino. Soja, maíz y más soja. Y, claro, agroquímicos. Fumigaciones con avión, luego con tractor (esos que tienen largos brazos rociadores y se los llama “mosquito”). Sobrevinieron la muerte de animales. Primero los chanchos, las crías nacían con malformaciones, las preñadas sufrían abortos espontáneos. La principal fuente de ingreso de la familia comenzó a quebrarse.
Hablaron con el vecino. No hubo solución. Fueron al Municipio e hicieron la denuncia policial. Tampoco hubo respuesta.
Lo volvieron a fumigar, con viento hacia la casa (y al corral). Al día siguiente encontró más animales muertos. Veía con impotencia cómo se perdía el sustento familiar.
Visualizó el mosquito con agroquímicos, otra vez fumigando hasta el borde de su campo. Fue al interior de la vivienda. Agarró la escopeta y caminó despacio hasta el alambrado. Nunca en sus casi 70 años había hecho algo semejante, pero no lo dudó. Apuntó y apretó el gatillo. 37 perdigones dieron en la cabina del tractor. Ya nada volvió a ser igual.
Fue denunciado por el productor sojero y sindicado como un “símbolo de la violencia” por los promotores del agronegocios (desde empresarios y funcionarios, hasta medios de comunicación y vecinos). Y, en el otro extremo, recibió la solidaridad de las víctimas de los agroquímicos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales.
En Entre Ríos el 68 por ciento de la tierra cultiva tiene soja transgénico. Julio Ariza tiene dos certezas: no utilizará agrotóxicos y no se irá de su campo.
Vida tranquila
-¿Cuánto hace que viven acá?
-Vivíamos en la ciudad (Paraná). Soy perito mercantil, tenía oficina contable y fui martillero público. En 1992 vinimos acá. Nos entusiasmó vivir en el campo tranquilo, sano, respirar aire puro. Y luego comenzamos a pensar que también podíamos vivir del campo. Son 7 hectáreas y media. Poco después comenzamos a producir.
-¿Qué producían?
-Comenzamos con una chancha con cría y tres lechones. Teníamos cero experiencia, con corrales muy modestos, hecho con palos, sin puerta. Luego fuimos mejorando. También tuvimos cabras, ovejas y hasta alguna vaca. En un momento hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que con cinco chanchas puede vivir una familia como la nuestra, con producción propia. Y a un vecino le cedíamos parte de la tierra para producción de girasol, avena, alfalfa y de ahí sacaba el alimento para los chanchos. Compramos libros, estudiamos y todo fue prueba y error.
-¿Y cuánto llegaron a tener?
-Hicimos la chanchería con tablas de madera y techo de chapa. Y llegamos a quince madres y 100 lechones. Vivíamos tranquilos. Nuestro plan era tener 21 madres. Con eso podíamos vivir bien dos familias y hasta tener un empleado.
-¿Cuándo comenzaron los problemas?
-En 2006 sacaron todo una franja de monte que había entre el campo del vecino y nosotros. Y el mosquito pasaba y fumigaba. De a poco dejaron de verse las anguilas, tortugas, bichos que siempre hubo. Y un día no se preñaron las chanchas. Algo pasaba. Al poco tiempo, aparecen diez chanchitos muertos y chanchas con abortos. ¿Qué pasó? Recordamos que había fumigado, con viento, y con olor amargo que no llegó hasta la casa.
-¿Qué hizo?
-Fui a hablar con el vecino (Sergio Plez). Le dije si no será el glifosato el problema. Y él me fue sincero. Me dijo que podía ser, que el mosquito fue en día equivocado y fumigó con viento.
-¿Acordaron algo?
-Le dije de buscar la forma de arreglar. “Vos no va a ser más pobre ni yo mas rico por diez chanchos. Arreglemos”. Le propuse. Pero nunca quiso. Y siguió fumigando.
-¿Y qué pasó?
-Al tiempo vino la veterinaria a atender a una chancha preñada y sacó dos lechones con malformaciones. Ahí fui e hice la denuncia porque nos seguía fumigando, no respetaba la ley de agroquímicos que pone un límite para no fumigar, que sea un día sin viento, que tenga que notificar y cuente con orden y control de un agrónomo. Hice denuncia en la policía y el municipio.
-¿Y qué respuesta tuvo?
-Ninguna. Cuando desde el Juzgado llamaron al veterinario dijo que era por los agroquímicos. Y está probado que fumigó con un 250 por ciento más de lo recomendado. Eso figura en la receta del ingeniero agrónomo de ese día.
Modelo
-¿Sabe que químico usó?
-Glifosato, 2-4d y atrazina. El 2,4d es un veneno terrible. Agarré el instructivo de uso y entendí todo lo que nos pasaba. Tiene consecuencias en la salud y el ambiente. Está prohibido en un montón de países.
-¿Conocía de agroquímicos?
-No sabía mucho, pero acá se utiliza mucho y había escuchado cosas. Pero cuando pasó esto me puse a estudiar. He leído mucho, imprimí más de 2500 páginas y usé mucho internet, hasta tesis doctorales que explican los efectos del glifosato y otros químicos. Está probado que tiene efectos en ambiente y personas.
-¿Cómo es el modelo productivo en la zona?
-Acá en San Benito la mayoría hace soja. Todos usan glifosato. Los jueces lo saben pero no hacen nada.
-Ante sus reclamos. ¿Qué respuesta tuvo?
-La Secretaría de Producción nos toma de imbécil. Dice que no hace nada. ¿Por qué mienten? He leído mucho. No soy ni médico, ni ambientalista, pero sé que esto envenena y dentro 30 años no va a crecer nada.
-¿No se considera ambientalista?
-No lo soy. Los admiro porque son pacíficos. Se paran, reparten volantes. Van mil personas y son felices. Van dos personas y son felices. Yo no soy así. Pero les agradezco mucho el apoyo que me dieron.
-¿Y el rol del Poder Judicial? (en la actualidad mantiene una denuncia penal contra su vecino por contaminación y daño a la propiedad; y una causa civil por daños y perjuicios por la mortandad de aves y cerdos, y daños en la salud de la familia)
-Los jueces acá están comprometidos con el modelo sojero, o presionados, o no saben o… son estúpidos (sonríe). También hay que decir que acá no se denuncia las fumigaciones porque son todos parientes, o empleados, pero hay muchos afectados. Y así sigue la cadena y cada día usan más venenos.
Disparo
-¿Qué pasó en febrero de 2011?
-Veníamos viendo cómo se morían los animales, que la Justicia no hacía nada, que perdíamos nuestra forma de subsistencia. Y encima eso.
-¿Qué es eso?
-En febrero de 2011 fue cuando entró el mosquito (tractor fumigador) a las 7.30 de la mañana. Y me dije “este tipo está loco. ¿Qué hace?” Vi que estaba por fumigar y bue… agarré la escopeta. Caminé despacio, pensando qué hacer… Si tiro al aire se me ríe. Le tiro al tanque y hago desparramo. Le tiro a la cabina y se caga bien cagado. Y me dije que tenía pararlo ese día o no lo paraba más.
-¿Y qué hizo?
-Disparé. Le tiré a la cabina.
-¿Qué pasó?
-Le hice 37 agujeros. Tenías que ver al tipo (aplicador) el susto que tenía. Se fue.
-¿Y luego?
-Me denunciaron por abuso de arma de fuego. Ahí sí que actuó rápido la Justicia (se ríe). Vino el secretario del Juzgado a hacer allanamiento. Si fuera delincuente, escondía el arma y no la encontraban nunca. Pero no soy delincuente. Le di el arma y le conté cómo fue todo y los años que venía denunciando que me fumigaban.
-¿Siguieron las fumigaciones?
-El tipo se emperró en fumigar. Aparecía el mosquito, yo llamaba a la policía y dejaban de fumigar. Y yo no tenía ni una gomera… (sonríe). ¡Y no vas a creer que él contrató a policías para que lo custodien!
-¿Pudo hablar con el productor?
-Otro día quiso fumigar, con escribano, policías, todo. Nos encontramos ahí en la calle. Y ahí le dije, con la policía adelante, la próxima vez no le voy a disparar un tiro al que fumiga, sino a vos. Entro, te busco y te cago de un tiro a vos.
-¿Le respondió algo?
-Me dijo que me sabía capaz de eso pero que no me iba a dar plata. Y ahí nomás le dijimos que no queríamos plata, sino los animales, para seguir trabajando. Queremos los animales y que respete la ley cuando usa venenos. Alguien lo tiene que frenar o esto termina para la mierda.
Más muertes
-¿Luego sucedió lo de las gallinas?
-Con mi hijo que estudia para ingeniero agrónomo escribimos un proyecto muy detallado para cría de gallinas. Obtuvo el crédito de 10.800 pesos. Hicimos el galpón, comedero, bebedero y 500 gallinas, con apoyo del INTA y del municipio de Oro Verde. Venía todo muy bien, engordaban bien.
-¿Y qué sucedió?
-Las fumigaciones. Primero las gallinas dejaron de poner huevos. Llamé al INTA y no sabían qué pasaba. Hasta que un día fue la peor. Estábamos sentado acá y sentimos el olor amargo, fuerte. Mi esposa corrió a cerrar todo y yo me quedé acá, ya está, preparémonos para lo peor.
-¿Qué pasó?
-Algunas murieron ese día y el siguiente. Comenzaron a actuar raro, caminaban muy poco y se tiraban y quedaban al sol, como los perros. Y las gallinas no son así, andan siempre caminando. Y después sí, comenzaron a morir de a 50 por día. Era terrible. Estaba el campo alfombrado de gallinas muertas. Perdimos toda la producción.
-¿Pudieron acordar con el vecino algún arreglo?
-No hubo nada. Le dijimos que deje de fumigar. Y lo denunciamos.
-¿Cómo los afectó la muerte de los animales?
-Nos arruinó. No sacaron la forma de subsistencia. Mi hijo comenzó a cortar el pasto, hacer jardines, se la rebuscó. Y perdimos nuestro trabajo.
Propuesta
-Ustedes tienen una propuesta de otro modelo productivo.
-Hay que buscar cordones verdes. Los pueblos tienen que tener un ingeniero agrónomo, veterinario, cordones verdes y galpón como feria. Podemos producir alimentos sanos. Que los otros si quieren se sigan envenenando, pero que no nos impongan su basura a nosotros.
-¿También está pensando otra alternativa?
-(Sonríe) Estoy buscando el amaranto (planta que resiste al glifosato y que incluso puede avanzar sobre la soja o el maíz transgénico).
-¿Para qué?
-Si no nos dejan de envenenar los voy a bombardear con amaranto. Les voy a arruinar la cosecha. Será la venganza del amaranto.
Libertad
-¿Cómo sigue hoy su vida?
-Queremos volver a producir. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Chanchos, gallinas, incluso conejos. No me voy a ir de acá.
-¿Muchos vecinos se fueron?
-Muchos se van. La gente vieja queda viuda, y arriendan. Les hacen soja y ellos se van a una departamento a Paraná. A nadie le importa si el que se queda acá se muere. Los viejos mueres y los hijos venden. Así es que se acaban los productores chiquitos. Pero esos tipos no saben que nuestros nietos van a comer soja, más soja y luego ya no van a comer nada, porque esto va a ser arena, tierra. Y van a estar todos envenenados. Pero yo no me voy.
-¿Por qué?
-Soy vasco. Ojo, no es que tengo apellido vasco. Yo me críe y pienso como vasco. Luego de cierta edad, ahora, casi 70 años, soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El Pueblo Vasco lucha por libertad. Los vascos llegaron a esa tierra antes que los españoles, antes que los catalanes. Y se les quita la tierra. Como acá sucede a los charrúas, a los mapuches. ¿Por qué te cuento esto? Porque este tipo me robó la libertad… la libertad de caminar en el campo, de tener animales, pero sabés qué… ese hombre se equivocó de campo, de vecino, de lugar, de todo. Como buen vasco, no me voy a retirar de esta batalla… la lucha continuará hasta el sol se apague.
* Por Darío Aranda. Publicado en el Periódico de la CTA de Marzo de 2015.
Mar 31, 2015 | 2015, General
Expertos que investigan el impacto en los humanos del herbicida se mostraron conformes con que la Organización Mundial de la Salud lo haya calificado de “probablemente cancerígeno”, aunque advirtieron que es una medida “tardía”. Quejas de Monsanto.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. Y afirmó que produce daño genético en humanos. Organizaciones sociales y científicos independientes sin vinculación con las empresas dieron la bienvenida a la decisión de la IARC-OMS. Monsanto, la creadora y mayor productora de glifosato, acusó a la Agencia de la OMS de hacer “ciencia basura”. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina se fumigan con el agrotóxico.
Luego de un año de trabajo de 17 expertos científicos de once países, el máximo espacio para el estudio del cáncer de la OMS categorizó al glifosato (el agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico) en la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer”, pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.
Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A” (segundo en una escala de 1 a 5), que significa para la OMS: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. La IARC-OMS afirmó que el herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (tiene relación directa con el cáncer y malformaciones) y detalló que se detectó glifosato en agua, alimentos y en sangre y orina de humanos.
Rafael Lajmanovich es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral, investigador del Conicet y cuenta con más de 85 investigaciones sobre agroquímicos. “La comunidad científica internacional advierte desde hace años, con estudios, que el glifosato en carcinogénico. Es bueno que la OMS lo haya reconocido”, evaluó. Y, a modo de ejemplo, precisó las pruebas: “La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (conocida como Medline) cuenta con más de 500 trabajos científicos sobre la toxicidad del glifosato”.
Fernando Mañas integra el Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace nueve años que investigan el efecto de los agroquímicos, realizaron más de quince publicaciones científicas y confirmaron la relación entre glifosato y el daño genético, que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “La reciente clasificación que la IARC-OMS es consecuencia de la creciente evidencia científica que se ha generado por diversos investigadores independientes. Esta evidencia, hasta el momento deliberadamente ignorada, implica que se han utilizado millones de litros de un herbicida con potencial carcinogénico con las regulaciones propias de una sustancia prácticamente inocua”, cuestionó el doctor en ciencias biológicas. Denunció que durante dos décadas poblaciones enteras fueron “sometidas” a exposiciones crónicas del plaguicida “basado en criterios elaborados por las mismas empresas que producen y comercializan” los agrotóxicos.
El glifosato se utiliza en los campos con soja transgénica, maíz, girasol, algodón, cítricos, manzana, pera, membrillo, vid, yerba mate, pinos y trigo. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Según la última estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año.
Raúl Horacio Lucero (biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, con sede en Chaco) y Damián Verzeñassi (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario) estudian el impacto de agroquímicos desde hace más de una década. Confirmaron malformaciones y cáncer (entre otras consecuencias). Coincidieron en lo tardío de la clasificación de la AIRC-OMS, pero al mismo tiempo señalaron lo importante de que, en una escala de cinco, lo hayan clasificado en la segunda categoría de productos cancerígenos. Ambos investigadores instaron a la aplicación “urgente” del principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, explicó que, por la nueva clasificación, “el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos y hoy prohibido) y el formaldehido, ambos miembros del Grupo 2A”.
Monsanto, la mayor corporación del agro y productora de glifosato, respondió con violencia inusitada a la agencia de la OMS. “Monsanto está en desacuerdo con la ciencia basura”, inicia el comunicado enviado por Victoria Manny, jefa de Asuntos Gerenciales. La gacetilla de la compañía, firmada por Robb Fraley, director de Tecnología de la compañía, reconoce: “Estamos indignados. El proceso de evaluación de la IARC no es transparente y su decisión es irresponsable”. Monsanto acusó de “sesgada” la evaluación y denunció a los expertos de no basarse en “ciencia de calidad”.
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Organizaciones sociales
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), integrada por 23 organizaciones de todo el país, aseguró que es una “práctica empresaria común” afirmar la inocuidad de un producto, utilizarlo y años después reconocer sus perjuicios. Citaron como ejemplos al endosulfan y al DDT. “Las compañías argumentan que no está demostrado que causa daño y los funcionarios de los gobiernos niegan las evidencias de científicos independientes”, denunciaron y reclamaron como “imperioso” en viraje a un modelo productivo sin agrotóxicos.
La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal) instó a aplicar la legislación vigente (“principio precautorio”) para limitar de inmediato el uso del glifosato y llamó a los ministerios de Agricultura, Salud y a la Secretaría de Ambiente a tomar medidas urgentes para “proteger la salud y prohibir el uso del herbicida”. Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba), recordó que los niños mueren a pequeña edad y sufren discapacidad. “¿Por qué la OMS esperó tanto para reconocer lo que hace el glifosato?”, preguntó y afirmó: “No pueden jugar con la vida de nuestros hijos. No experimenten más con nuestro pueblo”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 31 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Mar 23, 2015 | 2015, General
Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, asegura que las causas de la catástrofe cordobesa “no son naturales sino políticas”. Las consecuencias del desmonte y el desmanejo ambiental en la provincia.
Once muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.
–¿Por qué se inundó Córdoba?
–Córdoba está en una crisis ambiental muy seria. Agudizada en las últimas décadas por el avance de la frontera agropecuaria y urbana, que la han debajo sin la vegetación nativa que evita o mitiga este tipo de fenómenos climáticos extremos (lluvias torrenciales).
–¿Cómo la vegetación podría haber mitigado la inundación?
–Las sierras de Córdoba con su vegetación nativa son como el tanque de agua natural de la población. Cuando llueve, en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.
–¿Cómo fue devastada la vegetación?
–Los últimos gobiernos provinciales han permitido el avance de los intereses económicos particulares, sobre todo en zona de llanura por los agronegocios y en la zona serrana por los intereses inmobiliarios, con un boom de barrios cerrados. Esas zonas son importantes para presentar el efecto esponja, que se pierde. Y genera catástrofes como la que se ha vivido en Córdoba, con costos económicos, sociales y pérdida de vidas.
–¿En que momentos históricos se arrasaron los montes?
–En los últimos veinte años ha habido un descontrol y desmanejo absoluto en lo que hace a política ambiental.
–¿Cuánto incide el desmonte por el agronegocio?
–Córdoba es una de las provincias de mayor tasa de deforestación. Buena parte en zona de llanura, norte y noroeste, por el modelo agropecuario. Y es lo que explica las inundaciones en zonas llanas.
–¿Qué dice el gobierno?
–El gobierno hace oídos sordos a las voces de académicos, universidad y organizaciones sociales. Es dramático escuchar a funcionarios insistir en que fue una catástrofe natural. Ellos permitieron que avanzaran los grupos económicos sabiendo que ésta sería una de las consecuencias. Las causas de la tragedia de Córdoba no son naturales sino políticas.
–¿Hubo advertencias de que podía pasar una inundación de este tipo?
–Había muchos estudios que preveían esto. Estudios de riesgo, de deforestación y geomorfológicos que nunca fueron tenidos en cuenta.
–¿Se puede repetir la inundación y sus consecuencias?
–Soy pesimista por la reacción del gobierno, que no muestra interés en un cambio y esconde responsabilidades. Soy medianamente optimista por las reacciones de vecinos, que están comenzando a organizarse y se muestran firmes para evitar loteos y desmontes.
–¿Ve similitudes con otras provincias que están sufriendo lo mismo? (Tucumán, Santa Fe. Santiago del Estero).
–Este es un fenómeno que los argentinos vamos a tener que prever y acostumbrarnos. Tiene relación con el cambio climático global, que es modelo de desarrollo imperante en el planeta y que también tiene relación directa con los intereses económicos. La región del centro de Argentina será cada vez más húmeda y con eventos climáticos extremos más repetitivos. Antes pasaban cada 30 años, ahora cada cinco y puede llegar a suceder cada dos o un año. Si a eso se le suma una región que ha sido devastada, que no tiene la capacidad de amortiguar esa lluvia, la situación empeorará. Hay que dar un giro de timón urgente.
–¿Cómo?
–Hay que preservar lo poco que queda de vegetación y administrar de forma racional para brindar servicios ecosistémicos a la población.
–¿De qué manera?
–Es imprescindible realizar un ordenamiento territorial participativo en todas las regiones del país. Debiera ser un mapa de cada región, priorizando criterios sociales y ambientales. Definir dónde se van a desarrollar actividades productivas, dónde infraestructura, dónde urbanizaciones y dónde se deben preservar los sistemas naturales. Hoy existen muchos barrios cerrados y mucha soja, y sólo se tuvo en cuenta el criterio económico. Y eso nos ha llevado a la devastación ambiental actual que sufren muchas regiones del país.
–¿En algún lugar se hizo un ordenamiento territorial como el que propone?
–La verdad que no. En la Argentina prima el factor económico por sobre lo social y ambiental. Es urgente comenzar a revertir eso.
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Ley del desmonte
Usted fue parte de una comisión oficial que intentó frenar los desmontes en 2010. ¿Cómo fue esa experiencia?
–La Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) trabajó durante dos años, debatió un proyecto de ley de modo muy participativo. Estaban el sector académico, político, social, campesino. Era amplio y se presentó un proyecto en 2010 consensuado, entre muchos sectores, para proteger lo poco que quedaba de bosques.
–¿Y qué sucedió?
–El gobierno de Córdoba lo ninguneó. Y de la noche a la mañana votaron otra ley (9814), a pedido de sectores del agro, que fue bautizada la “ley del desmonte”, porque facilitó la devastación de los bosques de la provincia.
–¿Ve relación entre ese hecho y la inundación actual?
–Tiene mucho que ver. Si se hubiera adoptado la propuesta de la Cotbn, que se desechó para favorecer a sectores inmobiliarios y del agro, se podrían haber amortiguado las consecuencias del temporal reciente. Muchos sectores del agro que impulsaron esa ley hoy tienen sus campos inundados.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de marzo de 2015 en el diario Página12.
