Nov 19, 2014 | 2014
Las leyes clave del modelo extractivo que reclamaron las corporaciones. El Gobierno, una nueva soja y una ley a pedir de las petroleras.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
- La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de noviembre en lavaca.org
Sep 19, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.
En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.
Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.
Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.
La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.
Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).
En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.
Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.
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Jornada de festejos
La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.
Ago 11, 2014 | 2014, Campesinos
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Los mitos del agronegocios
El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.
En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.
Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.
Jun 10, 2014 | 2014
Tres compañías manejan más de la mitad del mercado mundial de semillas, seis empresas de plaguicidas dominan las tres cuartas partes de ese negocio y diez corporaciones controlan el 40 por ciento de los fertilizantes. Las cifras del agronegocio.
Tres empresas controlan el 53 por ciento del mercado mundial de semillas, seis compañías de plaguicidas dominan el 76 por ciento del sector y diez corporaciones se hacen del 41 por ciento del mercado de fertilizantes. Con nombres propios y cifras de ganancias, un informe internacional arroja datos duros sobre las multinacionales del agro. “La concentración del poder de las corporaciones y la privatización de la investigación deben discutirse como temas principales en la búsqueda de soluciones al problema de quién nos alimentará”, reclamó Kathy Jo Wetter, coordinadora de la investigación desde Estados Unidos, y remarcó una de las principales “falacias” del modelo de agronegocios: “Es una gran mentira que este modelo agroindustrial puede combatir el hambre del mundo”. Y planteó la necesidad de acabar con los oligopolios y fortalecer otro modelo.
El Grupo ETC es un espacio de referencia en el estudio de las corporaciones del agro. Con tres décadas de trabajo y oficinas en Canadá, Estados Unidos y México, periódicamente emite documentos sobre los cinco continentes sobre la base del entrecruzamiento de información oficial de gobiernos y empresas. “Semillas, suelos y campesinos. ¿Quién controla los insumos agrícolas?”, resume el estado de situación de las multinacionales del agro.
Detalla que tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Se trata de Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre las tres facturan 18.000 millones de dólares anuales. Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii.
Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas. Y facturan 26.000 millones de dólares anuales.
El informe detalla que las grandes compañías ya compraron la mayor parte de las empresas que podían adquirir en sus países de origen. Y señala que la nueva estrategia es adquirir y establecer alianzas con compañías de India, Africa y Latinoamérica. Citan, como ejemplo, el caso de la estadounidense Arcadia Biosciences y la argentina Bioceres (en su directorio están Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco, entre otros referentes del agro transgénico local). El Grupo ETC alerta que el cartel semillero impulsa la privatización de las semillas mediante la “protección más severa a la propiedad intelectual” y el desaliento de la práctica tan antigua como la agricultura: guardar semillas de la cosecha para utilizar en la nueva siembra.
El marco legal impulsado por las empresas del agro y gobiernos se llama UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que prohíbe el intercambio de variedades entre campesinos.
El sector de agroquímicos también está en pocas manos. Diez compañías controlan el 95 por ciento del sector. Syngenta (23 por ciento del mercado y 10.000 millones de dólares anuales de facturación), Bayer CropScience (17 por ciento y 7500 millones), Basf (12 por ciento y 5400 millones), Dow AgroSciences (9,6 por ciento y 4200 millones) y Monsanto (7,4 por ciento y 3200 millones de dólares anuales). Entre el sexto y décimo lugar se encuentran DuPont, Makhteshim (adquirida por la china Agrochemical Company), la australiana Nufarm y las japonesas Sumitomo Chemical y
Arysta LifeScience. Entre las diez empresas facturan 41.000 millones de dólares al año.
El informe señala el aumento exponencial de agroquímicos en los países del sur. Los autores cuestionan el incremento de la exposición química y el impacto en la salud pública.
“Los oligopolios invadieron todo el sistema agroalimentario”, resumió Kathy Jo Wetter, de la oficina en Estados Unidos del Grupo ETC, y reclamó “revivir las regulaciones nacionales en materia de competencia y establecer medidas que defiendan la seguridad alimentaria global”. Y arremetió contra el discurso empresario que promete acabar con el hambre sobre la base del modelo agropecuario actual: “Es una gran mentira argumentar que intensificando la producción industrial con las tecnologías del Norte (semillas transgénicas, plaguicidas y genética animal que promueven las corporaciones) la población mundial tendrá alimentos para sobrevivir”.
En fertilizantes, diez compañías controlan el 41 por ciento del mercado y facturan 65.000 millones de dólares. Se trata de las empresas Yara (6,4 por ciento), Agrium Inc (6,3), The Mosaic Company (6,2), PotashCorp (5,4), CF Industries (3,8), Sinofert Holdings (3,6), K+S Group (2,7), Israel Chemicals (2,4), Uralkali (2,2) y Bunge Ltd (2 por ciento).
El Grupo ETC también analizó el sector farmacéutico animal: siete compañías cuentan con el 72 por ciento del mercado global. En cuanto al sector dedicado a la genética del ganado, cuatro firmas dominan el 97 por ciento de la investigación y desarrollo sobre las aves de corral (gallinas de engorde, ponedoras y pavos).
Silvia Ribeiro, directora para América latina del Grupo ETC, resaltó la necesidad de otro modelo agropecuario: “La red campesina de producción de alimentos es prácticamente ignorada o es invisible para los elaboradores de políticas que tienen que resolver cuestiones de alimentación, agricultura y crisis climática. Esto tiene que cambiar, los campesinos son los únicos que realmente tienen la capacidad y la voluntad para alimentar a quienes sufren hambre”.
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Para reducir la concentración
El Grupo ETC alerta que la concentración del mercado agroalimentario generó una alta vulnerabilidad en el sistema alimentario mundial. “Es momento de desempolvar las regulaciones nacionales sobre competencia y empezar a considerar medidas internacionales para defender la seguridad alimentaria mundial”, exige el informe. Recomienda que, en alimentos y agricultura, el nivel de concentración de cuatro compañías no debe exceder una cuota de 25 por ciento del mercado y que una sola empresa no debe contar con más del 10 por ciento. Propone prohibir a cualquier empresa la venta de semillas cuya productividad dependa de los agroquímicos de la misma empresa.
Recomienda a los gobiernos implementar políticas de competencia que incluyan fuertes disposiciones antimonopólicas combinadas con acciones concretas para proteger a los pequeños productores y consumidores. Insta al Comité para la Seguridad Alimentaria de la ONU a que evalúe seriamente la capacidad del modelo industrial (agronegocios) y fortalezca con medidas concretas la red de alimentos campesinos, “para así garantizar con éxito la seguridad alimentaria”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de junio de 2014 en el diario Página12.
May 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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En Argentina y en el mundo
La jornada internacional contra Monsanto se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. México, Chile, Brasil, Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Perú, Francia y Suiza, entre otros. Identifican a la compañía estadounidense como la referente (aunque no la única) del modelo agroindustrial en base a agroquímicos, semillas transgénicas, concentración del mercado y sus efectos: contaminación, desmontes, desalojos y consecuencias sanitarias.
En Argentina hubo actividades en Malvinas Argentinas (Córdoba), Paraná, Rosario y La Plata. En la ciudad de Buenos Aires las actividades fueron en plaza San Martín (Retiro), frente a las oficinas de Monsanto. Comenzaron a las 11 y se extendieron hasta la tarde. Hubo mesas-debates, proyección de documentales y actividades artísticas. Estuvieron asambleístas cordobeses de Malvinas Argentinas y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), que junto a las organizaciones sociales rindieron un homenaje al científico argentino que confirmó los efectos letales del glifosato: Andrés Carrasco.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2014 en el diario Página12.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
