Reclamo en los esteros

Reclamo en los esteros

Dic 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Campesinos

Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.

iberaCampesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.

El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.

Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.

Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.

Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.

Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.

El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.

Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.

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El ministro y el senador

El ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara, reconoció que el monocultivo de árboles avanza sobre campesinos y anunció que elaboraron un proyecto de ley para frenar esa avanzada. También cuestionó que “empresarios estadounidenses” acaparen tierras. Respecto de los campesinos y las 3100 hectáreas de la Fundación San Nicolás, aseguró que mientras sea ministro “no se expulsará a nadie que haya trabajado la tierra”. Explicó que los grandes empresarios “fueron rodeando el Iberá de manera estratégica, cerrándolo” y que (mediante campo San Nicolás) podrán “abrir un paso” para recibir turistas desde las localidades de San Miguel y Loreto.

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Sergio Flinta, es señalado por campesinos y organizaciones sociales como el nexo entre forestales, empresarios turísticos y poder político. “Es todo mentira”, resumió Flinta. Negó que en el Iberá haya “problemas de tierras” y señaló que en las 3100 hectáreas de la Fundación-Instituto San Nicolás “no hay campesinos ni pequeños productores, hay sólo intrusos desde hace muchos años que no quieren que el gobierno ordene el lugar”.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de diciembre de 2013.

 

 

Dos meses de bloqueo a Monsanto

Dos meses de bloqueo a Monsanto

Nov 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales

El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.

Bloqueo a Monsanto - dos mesesAsambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.

Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.

En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.

El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.

“Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.

En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.

El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.

Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.

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Amenaza contra una dirigente

“Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.

La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.