Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | General, Pueblos Originarios
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas y el kirchnerismo. “Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno”.
Cumbre indígena en Formosa. Junio de 2013. El hombre pide la palabra en la asamblea y fija posición. “No somos ni opositores ni oficialistas. Somos pueblos originarios y exigimos que se respeten nuestros derechos”.
Wiñoy Xipantv (“vuelta del año”) en la Patagonia. Una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mapuche. El mismo referente. “Como en época de Roca, vienen por nuestro territorio. Ahora vienen con mineras y petroleras”.
Tercer encuentro. En Buenos Aires. Grabador encendido. “Es una hipocresía hablar de derechos humanos, no reconocer el genocidio indígena sobre el que se construyó la Argentina y encima negar el derecho a los territorios”.
Los tres momentos corresponden a Coike Pvrafilu (nombre mapuche, o Ignacio Prafil según el DNI), 45 años, werken (vocero) y secretario ejecutivo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro e integrante de Consejo Plurinacional Indígena.
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas, el kirchnerismo y los derechos humanos.
Comunidad
Nació en la comunidad mapuche Fvta Anekon. Se presenta con su nombre mapuche, Coike Pvrafilu. Choike es el ñandú, animal característico de esa región mapuche, que siempre vive en comunidad y presente en el arte, cultura, ceremonias. Pvrafilu refiere al origen del Pueblo Mapuche.
A los 7 años fue junto a sus nueve hermanos a Ingeniero Jacobacci. “Los mayores estaban enfermos y en el pueblo estaban los médicos. Ahí comencé la escuela, conocí el idioma español”, recuerda.
-¿Qué es ser mapuche?
-Ser mapuche es ser gente de esta tierra, de este territorio. El Pueblo Mapuche es uno, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina), con diferentes identidades territoriales, pero un solo pueblo. Nuestra vida es colectiva y está ligado al territorio, los ríos, montañas, animales.
-¿Cómo es la historia de su comunidad?
-La comunidad Fvta Anekon siempre vivió en el territorio, en cercanías de Jacobacci para ubicarlo. En 1903, por decreto presidencial, se le reconoció a la comunidad la posesión de 100 mil hectáreas. En la actualidad sólo posee 12.555 hectáreas.
-¿Qué pasó con las 87 mil hectáreas restantes?
-Fueron robadas por los terratenientes.
-¿Cómo?
-No podemos dejar de mencionar el primer robo, cuando nuestro pueblo fue avasallado por dos campañas militares muy grandes. Del “Desierto” se llamó en Puelmapu y “Pacificación de la Araucanía” en Gulumapu. La idea de los Estados era desaparecer al pueblo mapuche. No pudieron. Desde aquella época que los Estados, y ahora con multinacionales, invaden nuestro territorio.
En la comunidad el achicamiento arrancó en 1937 con Gendarmería, jueces, policías. Los mayores estuvieron peleando para que no les pongan alambrados. Hasta el 69, cuando asesinan a uno de mis tíos de 50 puñaladas. En esos días de velorio y autopsias, aprovecharon y metieron alambre, nos cerraron el territorio. Luego pasó algo similar con la dictadura.
-¿Cómo influyó la pérdida del territorio?
-En algún momento perdimos algunas de nuestras prácticas, pero siempre mantuvimos viva nuestra cultura y la enseñamos a los más chicos. Sí es cierto que frente al despojo y al no cumplimiento de derechos mucha de nuestras familias tuvo que emigrar. A Fiske Menuco, Bariloche, Esquel, Ñorquinco, Buenos Aires. A pesar de eso seguimos en el territorio.
Cómo se reorganiza un pueblo
-¿Cómo se dio el proceso reorganizativo del Pueblo Mapuche?
-Un punto de reencuentro se dio en 1976, en Neuquén, cuando se crearon las primeras organizaciones. Había coincidencia en reunir al Pueblo Mapuche, era necesario organizarse y enfrentar el avasallamiento del Estado. Estuvieron comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. Luego hubo otra reunión en 1982, en Bariloche. El retorno de la democracia también ayudó. En el ’84 se dio la conocida “gran nevada”, nos quedamos sin animales, y ahí la Iglesia Católica, el obispo Miguel Hesayne promovió la campaña “una oveja para mi hermano”. Se conformaron “centro mapuches” en varias ciudades y surgieron nuevas comunidades. También influyó a nivel nacional la discusión y sanción de la Ley 23.302 (sobre política indígena).
-¿Y también la Ley de Río Negro?
-En la provincia se dio la discusión y movilización por la Ley Integral 2287, que reconoce derechos indígenas y era de avanzada. Ya se había formado el CAI (Consejo Asesor Indígena), muy fuerte y que reunía a parajes, cooperativas, campesinos y comunidades. El lugar donde hacíamos todo era la Iglesia.
-¿Influyó la conmemoración del V Centenario?
-Fue muy importante. Se dio toda una movilización continental en el 92 y también en el 93 por el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En el 92 nos juntamos los mapuches de cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires) y de Gulupamu (Chile). Conformamos la bandera mapuche, retomamos conceptos y prácticas, nos fortalecimos como Pueblo Nación Mapuche.
-¿En esos años nace la Coordinadora Mapuche de Río Negro?
-En esa misma época comenzaba a tomar forma el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), comenzamos a reunirnos por regiones y veíamos que éramos todos conocidos. Nos propusimos dejarnos de mezquindades, debíamos trabajar en algo común para todos. En el 97 nos juntamos entre comunidades y el CAI a delinear una política de Pueblo Nación Mapuche en Río Negro. Ahí nace la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, es una coordinación en la acción. Ese proceso se sostiene hasta hoy día.
-¿Cómo funciona la Coordinadora?
-En asamblea. Cada comunidad participa con sus autoridades, plantea cuestiones, se debate, se decida. Y se eligen a las autoridades.
-¿Cuántas comunidades hay en Río Negro?
-Los gobiernos decían que había trece comunidades. Mediante el proceso organizativo van tomando forma las comunidades. Hoy existen 102 comunidades y si contamos las que aún no tienen personería o están organizándose son 138.
-¿Cuántas comunidades de las 102 participan en el Parlamento?
-Unas 60 comunidades.
-¿El resto?
-Otras están influidas por la política del Estado. Todos sabemos que el Estado tiene influencia con distintos mecanismo de captarte, llevarte para donde quieren y las forma de cómo decir las cosas.
-¿Son comunidades “oficialistas”?
-No sé si oficialistas, pero si más acorde a lo que los Estados hacen y dicen, tanto Provincia como Nación.
-¿Cuál es la mayor diferencia con ustedes?
-Nosotros nos plantamos como pueblo, no como comunidades ni como individuos.
-¿Cuál es el planteo principal como Pueblo?
-Pasa por la defensa del territorio y el rechazo al extractivismo. No permitimos ni petroleras ni mineras. El Gobierno insiste en que se explote pero viola todos nuestros derechos.
-¿Cómo definiría la situación del Pueblo Mapuche en Río Negro?
-El Pueblo Mapuche sigue estando en pie. Y hoy sigue con esperanza de abrir nuevos canales, con otros pueblos y también con no indígenas, docentes, médicos, periodistas, ONG. Lo negativo es que los gobiernos no tienen en cuenta lo que decimos ni nuestros derechos. Tanto de la Provincia, algunos municipios y de organismos del gobierno nacional, como Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura Familiar, que saben de la necesidad de la gente y juegan con esa situación, te bajan con subsidios y te desarman procesos organizativos.
Nación
-A nivel nacional participan del Consejo Plurinacional Indígena.
-Es un espacio de articulación, de encuentro. Con sus limitaciones porque no tenemos la estructura que quisiéramos, no podemos vernos muy seguido con hermanos de otras provincias que quedan lejos, pero vamos articulando.
-¿Cuál es la evaluación actual a nivel país?
-Muy áspera. Este gobierno y este modelo que se dice progresista va a meter todo lo que le queda para avanzar en los territorios, ya sea con petroleras, mineras o sojeras. Y al mismo tiempo bajan recursos a los territorios para debilitar a las organizaciones indígenas. Pasa en Formosa, Misiones, Salta, Río Negro y en todas las provincias. Bajan recursos a quienes les dicen todo que sí. Si hacés una crítica, te marcan y te tildan de enemigo.
-¿Qué papel juega el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)?
-Para el INAI nosotros somos un “asunto”, no somos personas con derechos, somos un “asunto” social más. Y en los territorios lo llenan de técnicos elegidos por ellos, que son de La Cámpora, el Movimiento Evita, Miles (Luis D’Elía) y Kolina (Alicia Kirchner). En todo el país pasa lo mismo.
-¿Cómo está el relevamiento territorial que obliga la Ley 26.160 en la Provincia?
-Falta el 50 por ciento de las comunidades. Hay que remarcar que el relevamiento no te soluciona nada. En mi comunidad por ejemplo la 26160 reconoce las 12.555 hectáreas, pero nosotros exigimos las 100 mil originales reconocidas por el decreto de 1903. Entonces tendremos que litigar contra el Estado.
-¿Qué opina de las organizaciones indígenas que hoy están alineadas con el Gobierno?
-No puede haber organizaciones indígenas que no luchen por el territorio. Y, si las hay, están prendidas en algo raro. Siempre ha habido gente buena y también gente que nos ha vendido al Estado. Sabemos que hay hermanos que privilegian a una bandera política por sobre su propio pueblo. Es lamentable pero es así.
-¿Piensa en alguien en particular?
-Todos los conocemos, muchos están en el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios). Es lamentable que algunos hermanos ataquen a un luchador como Félix Díaz y que esos mismos no denuncien a los gobiernos que privilegian a Chevron. Los que hacen eso han traicionado a su pueblo.
-A ustedes los han criticado como opositores al Gobierno y que le “hacen el juego a la derecha”.
-Jamás hemos estado en contra de los gobiernos, pero tampoco somos oficialistas ni obsecuentes. No le debemos favores ni a presidentes, ni gobernadores ni legisladores. Tenemos políticas propias. La lucha de los pueblos originarios tiene como principio básico luchar por el territorio y cuidarlo. Sin territorio no somos.
-¿En qué tema están haciendo hincapié como Consejo Plurinacional?
-En el tema de la consulta (a las comunidades por las cuestiones que pudieran afectarlas, vigente en legislación nacional e internacional) y consentimiento libre, previo e informado. Hay una propuesta a la Comisión de Población del Congreso Nacional. Queremos que se hagan debates en territorios, escuchar a todos los pueblos y concluir en Buenos Aires, pero es un proceso, no puede hacerse en pocos meses.
-¿Qué sería el “consentimiento”?
-El Estado debe tener el consentimiento de los pueblos indígenas en toda política que nos afecten, en trabajo, salud, educación y, claro, en los territorios.
-¿Cómo un gobierno que impulsa minería y el petróleo puede aprobar algo que pueda ser un freno?
-Sabemos que es muy difícil con los gobiernos de turno. A los gobiernos les importa poco lo que pensamos los pueblos indígenas, pero creemos en la conciencia de la sociedad, en la alianza de actores. Mucha gente sabe que de la cuestión territorial depende la vida de las futuras generaciones, no sólo de los PPII. Quizá lleve 20 o 30 años, pero tenemos esperanza.
Derechos humanos
-Argentina es vista a nivel internacional como un paradigma de los derechos humanos por el juzgamiento del genocidio de la última dictadura cívico militar. ¿Cuál es su mirada?
-Reconocemos que este Gobierno ha avanzado respecto a enjuiciar a culpables del genocidio de la dictadura. Pero esa dictadura la hizo un Estado. Y ese Estado primero nos masacró a nosotros, con desaparecidos, asesinatos, e hijos y nietos que han sido desaparecido y nunca recuperamos. Intentó eliminarnos y nunca hubo justicia. Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno. No pueden ser tan hipócrita de no reconocer que la primera violación de derechos humanos de Argentina fue con los pueblos originarios, desde la misma creación del Estado.
-En la marcha de 2010, del Bicentenario, tuvieron una reunión con la Presidenta y plantearon esa situación.
-Teníamos esperanza en el Bicentenario de que iba a ser un reconocimiento de ese genocidio y habría una reparación histórica.
-¿Por dónde pasa la reparación?
-No queremos indemnización, no queremos dinero. Queremos nuestros territorios.
-¿Cuál fue la respuesta de aquella reunión?
-La Presidenta nos dijo que si venían las petroleras iban a tener prioridad. Y que no nos opongamos. Ahí se terminaron los derechos humanos.
-¿Cuál es el balance desde 2003 referidos a pueblos indígenas?
-Para la mayoría de los hermanos estos diez años han sido terrible. Este modelo nacional y popular se llevó la vida de muchos hermanos. Te doy sólo dos ejemplos, bien claros, Javier Chocobar en Tucumán y Cristina Linkopan en Neuquén. Y no hubo justicia para ellos. ¿Sabés por qué? Porque para este Gobierno primero están sus gobernadores feudales y las multinacionales como Chevron. Ni el más oficialista te puede negar esa realidad.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en lavaca.org
Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
Ago 11, 2014 | 2014, Campesinos
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Los mitos del agronegocios
El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.
En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.
Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.
Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
