Nov 4, 2013 | 2013, Campesinos
Representantes campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS, denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el sector rural del continente.
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas, produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los derechos de los campesinos”.
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Audiencia histórica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la comitiva junto a los delegados de la CLOC. Lourdes Bascary, del CELS, calificó a la audiencia en la CIDH de “histórica” (por ser la primera vez que una organización campesina de diversos países llega a esa instancia) y centró su intervención en el petitorio campesino a la comisión: que se reconozca al campesinado como actor social relevante al momento de analizar los derechos humanos en la región, que se tenga presente que Naciones Unidas está debatiendo una declaración de derechos campesinos, que se realicen recomendaciones a los Estados, investigar e intervenir antes la persecución y criminalización de las luchas campesinas.
La CLOC y el CELS hicieron especial hincapié en que la CIDH preste “especial atención” a la concentración, privatización y extranjerización de la tierra, el agua y las semillas que se da en América latina y el Caribe; solicitó que se identifique el rol de las transnacionales (incluso con controles y penalidades) y, como refiere a una problemática regional, se pidió que las acciones y respuestas también sean regionales. Dos novedades para la lógica de la CIDH: controlar la acción de empresas (no sólo Estados) y medidas regionales (no sólo de un país).
Rosa María Ortiz, comisionada del Grupo de Trabajo de la OEA (Organización de Estados Americanos), reconoció que los organismos internacionales “están en deuda” con los campesinos y señaló que los Estados “están fallando en la obligación de tomar medidas que impidan la violación del derecho a la vida y la integridad” de los campesinos. “Los Estados también fallan en tomar medidas afirmativas en la protección de las semillas como derecho humano”, afirmó la funcionaria de la OEA.
*Por Darío Aranda. Publicado el 4 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Oct 11, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Comunidades indígenas de diversos lugares del país y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos llevarán adelante actos para conmemorar el día anterior al inicio de la conquista española. Habrá marchas, recitales y documentales.
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
En Buenos Aires, a las 13, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se concentrarán pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Marcharán hasta Plaza de Mayo con la consigna “En defensa de la vida, el agua y los territorios” y reclamarán “justicia y reparación por el genocidio” padecido por los pueblos originarios.
“Como hace 521 años, hoy la política de desarrollo extractivista y agroexportador continúa con el saqueo, la explotación y avasallamiento de nuestros territorios ancestrales. Los territorios son rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y los amigos y familias del poder. Los territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de Monsanto, Barrick Gold y Chevron-YPF”, denuncian las organizaciones convocantes: Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Pablo Micheli), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Comisión de Juristas Indígenas y la organización Resistencia Qom, entre otros.
El Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios también rechazan la inclusión de artículos referidos a los pueblos indígenas en el nuevo Código Civil (denuncian que no hubo participación, como insta la legislación nacional e internacional), denuncian el incumplimiento de la Ley 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios comunitarios) e instan a que haya justicia por los “18 hermanos y hermanas asesinados en los últimos años por defender sus territorios y cultura”.
Hoy a la mañana, en la capital neuquina, partirán en caravana (desde el playón de la Universidad del Comahue) comunidades indígenas y organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial contra la Hidrofractura (fracking). El punto de destino será la comunidad Kaxipayiñ, en el yacimiento de gas Loma la Lata, a orillas de los lagos Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la ciudad de Neuquén.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) explicó que las tres fuentes de agua de la capital provincial están contaminadas (ríos Limay, Neuquén y Mari Menuco). Precisó que la Corte Suprema de la Nación (en el expediente judicial 1274/03) dictaminó la contaminación del lago con petróleo. “El Mari Menuco está contaminado por la actividad hidrocarburífera convencional, sin control y con derrames que nunca fueron saneados. Es urgente tomar medidas ante el avance de las concesiones ya otorgadas de explotación con fracking a sólo metros del mismo lago. Por eso marchamos”, explicó la Confederación Mapuche.
Las actividades comenzaron el 6 de octubre en Parque Chacabuco, en el ya célebre “Contrafestejo”, que incluye recitales, documentales, talleres para niños y charlas debate. El 10, en la localidad de Las Lomitas (Formosa) se inauguró el Museo de la Memoria, que recuerda la “Masacre de La Bomba”. El 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cientos de indígenas pilagá. La persecución y asesinatos duraron diez días y se extendió hasta cien kilómetros a la redonda. En el 66º aniversario de la matanza, sobrevivientes, hijos y nietos inauguraron un museo que recuerda la violencia ejercida por el Estado y exige justicia para las víctimas.
El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar: “1460 días de impunidad”, titula la convocatoria para mañana sábado la comunidad indígena Chuschagasta y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. A las 10 habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Chocobar y harán una ofrenda a la Pachamama. “El 12 de Octubre es una fecha donde los pueblos rememoran el primer día de resistencia a la invasión colonizadora, pero es también la fecha donde hace cuatro años mataron a Javier Chocobar y fueron heridos tres comuneros. Los imputados están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose”, denunció el Pueblo Diaguita y exigió “el inmediato juicio oral”.
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En la ruta 40
Mañana 12 de octubre, a lo largo de la Ruta Nacional 40 (pero también en otras rutas del país), la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizará acciones simultáneas informativas y de denuncia contra el extractivismo. “En la 40, les cantamos las 40”, es el nombre de la jornada que tendrá actividades y puntualiza cuarenta reclamos y propuestas de las asambleas socioambientales.
Rechazar “el modelo de saqueo y contaminación”, respeto a los derechos de los pueblos originarios, acceso al agua como derecho humano, cumplimiento de la ley de glaciares, rechazo a la megaminería y el fracking, freno a las megarepresas y pasteras, impulsar las “energías limpias”, rechazo a la “Ley Monsanto” (nueva ley de semillas), prohibir las fumigaciones con agroquímicos, redistribución de tierras, incluir los delitos ambientales en el Código Penal y frenar la “escalada de violencia y criminalización de la protesta” son algunas de las demandas y propuestas de las asambleas socioambientales.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 11 de octubre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Campesinos
Campesinos de todos el país llegaron ayer al Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley para el sector. Sólo hubo tres diputados presentes y duró 34 minutos. Descontento de los campesinos y críticas para el Poder Legislativo y la Presidenta.
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un «Instituto de la Agricultura Familiar» y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires… y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta… pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada «Cristian Ferreyra», en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados… deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
Balance campesino
Raúl Galván (Cocitra):
-“No hay señales del Gobierno Nacional para avanzar en políticas de redistribución de tierras. Si no podemos lograr una ley contra los desalojos, mucho menos avanzar sobre territorios concentrados por las grandes transnancionales”
-“La ley contra extranjerización no sólo que no resolvió un problema, sino que le garantizó más territorios a las transnacioanales. En lugar de avanzar hemos retrocedido”.
-“No hacemos apoyo bobo al Gobierno, hacemos apoyo crítico. Hay que avanzar en un proceso anticapitalista como se da en otros países de América Latina”.
-“No podemos hablar de soberanía alimentaria si no somos capaces de políticas públicas reales, si no podemos recuperar territorios la soberanía alimentaria será sólo una consigna”
-“El freno a los desalojos no sale porque no hay voluntad política, no sólo de diputados sino también del Poder Ejecutivo. Si tenés mayoría en ambas cámaras, si tenés una década ganada, hay que avanzar y no se avanzó”.
Ignacio Avellanal (Acina)
-“Hace dos años que no se bajan recursos para la agricultura familiar. Si no recibimos en estos dos años que pasaron, menos vamos a recibir en los dos años que quedan”.
-“Uno de los diputados dijo que hace falta el voto de la gente para ir por lo que falta. Pero acá tenía que haber más diputados. Si querés seguir teniendo el gobierno popular, porque supuestamente este es un gobierno popular, debiera haber más diputados acá”.
-“Yo salí a las 2 de la tarde de ayer de mi casa. Ni comimos. Y él (por el diputado Edgardo Depetri) vino diez minutos y se fue. Es como que no le interesa”.
-“Tienen mayoría en el Congreso y no votaron la ley de desalojos. Hace rato que tendría que haber salido”.
José Luis Castillo (Acina)
-“Dentro de la Subsecretaría hay compañeros que ponen el hombro”.
-“Nos nos puede pasar lo mismo que con la Ley Cristian Ferreyra. Hay que ser cuidadosos. Muchos compañeros hicieron más de mil kilómetros. Y acá solo tres diputados de los 240 que son. Hay que ser muy inocente para irse alegres con esto”.
-“Estamos mal. Hay que barajar y dar de nuevo. De esta forma estamos lejos de plasmar nuestros pedidos”.
-“Los diputados con más peso político no están con la agricultura familiar y el Poder Ejecutivo tampoco, sino no se entiende que en el Ministerio de Agricultura nos peleamos por migajas”.
-“Hay que pensar otras acciones. Es un gran esfuerzo venir hasta acá y que nos sigan entreteniendo”.
-“Hay que movilizarse en los territorios”.
Deo Carrizo
-“Evaluamos como positivo la diversidad de organizaciones juntas. Vamos avanzando y fortaleciendo el sector”.
-“Que haya tres diputados te marca que los diputados están en otra cosa”
-“La ley Cristian Ferreyra perdió estado parlamentario. Ahí está el desconocimiento de los que legislan a nivel nacional sobre lo pasa en el campo profundo. No se hacen eco de nuestros reclamos”.
-“El Poder Ejecutivo avanzó con la Ley de Extranjerización, y es como que se se ha distraído con eso. Y no ha dado importancia al freno a los desalojos campesinos, muchas familias están con riesgo de ser desalojadas de sus lugares de vida”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2013 en comambiental.com.ar
Ago 29, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Modelo extractivo y movimientos sociales, luchas territoriales y represión, los gobiernos y sus alianzas con las corporaciones son algunos de los ejes de debate que se desarrollarán hoy en el Primer Seminario Internacional: del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, sostuvo que “en nuestros territorios se quiere extraer petróleo y gas no convencional con un método que en muchos países se ha prohibido. Los gobiernos violan nuestros derechos y dejan hacer a las empresas a sabiendas de la contaminación que van a producir”.
El encuentro propone tres espacios: la “crisis por la que atraviesa” el modelo extractivo; la “violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos” a sus territorios y recursos por parte “del Estado y empresas transnacionales”, y las prácticas y resistencias de los movimientos sociales como escenarios de alternativas de desarrollo.
El seminario comenzará a las 10 en Belgrano 2527. El primer panel, “Extractivismo y derechos de los pueblos”, estará compuesto por Maristella Svampa (socióloga e investigadora principal del Conicet), Horacio Machado Aráoz (integrante del Colectivo Sumaj Causay, de Catamarca) y Pablo Dávalos (economista y docente ecuatoriano). “El gobierno de Ecuador ha decidido expandir la frontera extractiva y lo hace criminalizando”, acusó.
A las 11.45 será el turno de “Extractivismo y resistencias populares”. Disertarán Raúl Zibechi (periodista uruguayo), Claudia Korol (coordinadora del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía), Gloria Chicaiza (de la organización Acción Ecológica de Ecuador) y el qarashe (autoridad) de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz.
A las 14.30 se abordarán las luchas contra la megaminería en Perú, Chile y Bolivia: Jaime Borda (coordinador de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, de Perú), Limbert Sánchez (Centro Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia) y Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con sede en Chile).
“En Perú, la minera Xstrata (la misma que opera en Catamarca Minera Alumbrera) hace seguimiento, espionaje a activistas”, denunció Borda y recordó que en su país las empresas mineras cuentan con “enormes beneficios tributarios”. Relató que se repiten los casos de criminalización de la protesta y destacó que en la última década fueron asesinados 80 activistas. “No hay sanciones a los culpables de esas muertes”, afirmó.
Limbert Sánchez, de Bolivia, aportó una análisis regional: “Las transnacionales tienen hambre por nuestras materias primas, padecemos una política de saqueo”.
Ana Alvarez, de la Red Agroforestal del Chaco Argentino (integrada por quince instituciones e investigadores de universidades de la región), recordó que acaban de presentar su tercer informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevaron 248 disputas territoriales que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. “Aumentó la conflictividad junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria, que expulsa a familias campesinas y comunidades indígenas”, señaló.
La megaminería en Argentina la abordará Santiago Machado, de la catamarqueña Asociación Civil Be-Pe. Lo acompañará Gloria Olguin (de Pensamiento y Acción Social de Colombia) y Danilo Chammas (Red Internacional de los Afectados por Vale, en Brasil). En el cierre, a las 19, se presentará el documental Extractivismo y el derecho de los pueblos, de Martín Musarra, que da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.
El seminario es organizado por las organizaciones Be-Pe, Redaf, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, la italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes y el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado por el diario Página12 el 29 de agosto de 2013.
Ago 12, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
La Ley 26.160 ordena frenar los procesos judiciales que implican desalojos de comunidades indígenas e insta a relevar los territorios indígenas de todo el país. A seis años de sancionada (2006), sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 por ciento). En territorio fueguino se declara sólo una comunidad y dos en Catamarca. Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87 por ciento), San Juan (80 por ciento), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades).
Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento.
Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48 por ciento. “El resultado que arroja el cuadro es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, advierte el informe.
Cuestionamientos
El informe de Endepa detalla que la aplicación de la Ley 26.160 acumula denuncias por incumplimiento e irregularidades.
-El 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órganos de control de la ejecución de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, recomendaron el cumplimiento sin más demoras de la Ley 26.160 y la efectiva suspensión de los desalojos.
-En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado la adopción de medidas cautelares inmediatas para la protección de las comunidades Paichil Antriao del Pueblo Mapuche en Neuquén y La Primavera del Pueblo Qom en Formosa, en donde el proceso de relevamiento de tierras aún no ha comenzado. A fines de 2012, la Comisión realizó una nueva solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad el Nogalito del Pueblo Lule en Tucumán, hostigada por terratenientes ante la omisión estatal en realizar la demarcación de sus tierras.
-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Argentina a fines de 2011 y expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de relevamiento territorial y la necesidad de que se cumpla con la suspensión de desalojos dispuesta por la Ley 26.160.
-En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió sobre los retrasos en la ejecución del relevamiento.
-A mediados de 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe en el que detalló el bajo nivel de cumplimiento, irregularidades y desmanejo de fondos.
-En julio de 2013, la Corte Suprema intimó al INAI para que inicie el relevamiento de la comunidad La Primavera de Formosa.
La Ley 26.160 determinaba que en tres años debía completarse el relevamiento. En 2009, dado el nivel de incumplimiento, se prorrogó hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554). El presidente del INAI, Daniel Fernández, aseguró públicamente que será prorrogada nuevamente.
“La contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas y al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por por Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Red Agroforestal (Redaf) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entre otros.
22 millones
La Ley 26.160 y su prórroga determinan que el INAI debe administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisa, en base a información oficial, que utilizó de manera “descentralizada” (mediante equipos e instituciones provinciales) 23 millones de pesos. Con los cuales comenzó el relevamiento en 250 comunidades, pero lo finalizó sólo en 131.
El dato más llamativo en cuanto a lo económico es la transferencia realizada desde el INAI a la Universidad Nacional de Lanús, de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012 “para realizar tareas que no se han detallado, en una operatoria cuya legalidad cuestiona duramente la Auditoría General de la Nación”.
El informe asegura que la Universidad de Lanús no cuenta con carreras o centros de investigación que “se vinculan de modo importante con la problemática indígena, o se orientan hacia la antropología, la agrimensura o el catastro rural, que son las disciplinas necesarias para la ejecución del relevamiento”. Además explica que desde Endepa se consultó a los equipos provinciales que sí relevaron comunidades y todos “coincidieron en que la Universidad de Lanús no tuvo vinculación con las tareas realizadas” por los equipos técnicos de terreno.
“Cualquiera hubiera sido realmente la calidad del servicio prestado, es sin duda exagerado que un asesoramiento de ese tipo justifique que se le destine aproximadamente la mitad de los fondos utilizados en el programa de relevamiento (…) Sin que semejante gasto se encuentre justificado siquiera mínimamente, lo que permite suponer razonablemente un desvío de fondos para usarse por fuera de los circuitos normales de control de la administración pública, sin ninguna transparencia ni rendición pública por parte del INAI”, denuncia el informe y detalla que, de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
Relato
El 23 de julio de 2012, el INAI emitió un comunicado en el que aseguró que, a partir de la sanción de la Ley, “se evitaron 14.000 desalojos”. Sugiere que FUE por acción del gobierno nacional a través del INAI.
El INAI reconoce la existencia de 1578 comunidades. Por lo cual, habría evitada un promedio de nueve desalojos por cada comunidad indígenas de Argentina. “Lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”, afirma el trabajo de Endepa y precisa que “el carácter fantasioso de esta cifra del INAI” puede ilustrarse con el ejemplo de Neuquén, donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a 70 juicios “en los que el INAI no ha tenido la menor intervención”.
Sin embargo, según el comunicado del organismo que comanda Daniel Fernández y que depende de la ministra Alicia Kirchner, el INAI habría evitado más de 500 desalojos en Neuquén. “Del mismo modo es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades en esas o en otras provincias no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”, cuestiona Endepa.
El INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuáles habrían sido esas 14.000 intervenciones que impidieron desalojos.
Daniel Fernández, presidente del INAI, no pudo precisar ninguna intervención en la que haya frenado un desalojo.
Realidad
Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe (10 meses de vida), Imer Flores (de 12 años) y Daniel Asijak (de 16 años), Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son los nombres de asesinatos y muertes dudosas de los últimos años que figuran en informe de Endepa.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas, que no aparece en la contemplación de cifras que sólo aluden a la ineficiente gestión administrativa. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe y recuerda que “las víctimas de esta política son los pueblos y comunidades indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 12 de agosto de 2013 en odhpi.org
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
