Sep 28, 2019 | Pueblos Originarios
Derrames, fugas de gas e incendios se repiten en Neuquén. El último hecho fue protagonizado por YPF y, luego de 15 días, aún no pudieron controlar el fuego. El gobierno nacional ordenó que Gendarmería «custodie» la zona.
«Cero impacto ecológico», prometió en 2013 el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, al asegurar que en Vaca Muerta no habría contaminación. Lo mismo hicieron petroleras internacionales, funcionarios, periodistas y el poderoso IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). Organizaciones socioambientales y comunidades mapuches alertaban lo contrario: explotación petrolera y desastre ambiental irían de la mano. Desde el domingo se incendia un pozo petrolero de YPF, en territorio de la comunidad mapuche Wirkaleu. El último de una seguidilla de hechos de contaminación. Críticas al fracking y rechazo a la llegada de Gendarmería para «custodiar» el área.
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Se encuentra en la cuenca neuquina (que incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa) con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de «fractura hidráulica» («fracking»). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales en profundidad, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía, Mercuria y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
En su corta vida en Argentina el fracking acumula derrames, explosiones de pozos y «pérdidas» de pastillas radioactivas (se utilizan para «perfilajes», radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches, primeras afectadas pero no las únicas, mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo que afectó al menos 47 hectáreas en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo «algunas hectáreas». YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Neuquén en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 «incidentes ambientales», eufemismo para evitar mencionar la palabra contaminación. En 2018 hubo 934 hechos (aún no se difundieron los de 2019).
El sábado 14 de septiembre pasado, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendió en un pozo de fracking de YPF. Ni la empresa ni el gobierno provincial lo reconoce, pero la Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de petroleras.
En Argentina no se ha capacitado a trabajadores para afrontar incendios como el de Loma La Lata. Dos días después de iniciado el fuego llegaron especialistas desde Estados Unidos para intentar controlarlo. El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
El incendio se da en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, de donde se obtiene agua para las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario. Como alertaban los mapuches en 2013, al inicio de Vaca Muerta, la contaminación no será solo para los pueblos originarios o poblaciones rurales. «El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este ‘accidente’ lo demuestra una vez más», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
La organización indígena presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Ambientales, que conduce Maximiliano Breid Obeid. Plantean la «urgente intervención» del Ministerio Público Fiscal por la falta de información (por parte de YPF y del gobierno provincial) y ante «el riesgo latente para la población y el ambiente» que implica la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. La denuncia afirma que existe una «contaminación objetiva y real» del aire, la tierra y el agua. Y toma como base la Ley Nacional 24.051 (de residuos peligrosos). Exige se implemente de forma urgente un plan de mitigación para la comunidad.
«El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. No hay ‘accidentes azarosos’, más bien es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente», denunció la Confederación Mapuche.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el «fracking seguro»: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los medios de comunicación. «Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las bondades de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta. Lejos de tener pruebas reales de posibles atentados, apunta a intimidar a organizaciones sociambientales y comunidades mapuches, que ya han realizado movilizaciones en las zonas de explotación petrolera. Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado.
«Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural», denunció la Confederación Mapuche.
En septiembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la comunidad mapuche Campo Maripe (de Loma Campana, Vaca Muerta) y le ordenó a la Gendarmería Nacional que se abstenga de intervenir sin orden judicial dentro de su territorio. La resolución de Bullrich contradice el fallo está vigente.
* Por Darío Aranda. Versión ampliada del Artículo publicado el 27 de septiembre de 2019 en el diario Página12.
Ago 14, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La petrolera socia de YPF fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas, pero desoye a la Justicia. Los afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, acusan al gobierno argentino y a la Corte Suprema por apañar a la multinacional y advierten que, en Neuquén, la compañía volverá a contaminar.
La tarjeta de presentación de Luis Yanza tiene una leyenda que se destaca: “Hasta que Chevron repare nuestra Amazonía”. Yanza es parte de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, la petrolera estadounidense condenada por contaminar 500 mil hectáreas en Ecuador y por afectar a 30.000 personas. De visita en Neuquén, junto al Pueblo Mapuche, el dirigente ecuatoriano detalla el accionar de la multinacional que explotó territorio ecuatoriano durante 26 años, que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, se fugó de Ecuador y sus activos fueron embargados en Argentina (hasta que la Corte Suprema falló a favor de la empresa). Chevron acaba de asociarse a YPF para explotar yacimientos petroleros no convencionales en Neuquén, en zona de comunidades mapuches. Yanza advierte: “Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta?”
Contaminación y condena
-¿Qué fue lo que hizo Chevron en Ecuador?
– Chevron es una multinacional de Estados Unidos que, por sobre todo, es una compañía prófuga de la Justicia. ¿Por qué razón? En 1964 Texaco ingresó a la selva del amazonas del Ecuador extraer petróleo con una tecnología totalmente barata y obsoleta, para minimizar los costos y tener mayores ganancias. Vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica, contaminó 500 mil hectáreas, dejó 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos. Todo esto afectó directamente a los pueblos originarios que vivían en la zona, Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari. Fueron afectados 30.000 mil ecuatorianos.
-¿Cuáles fueron los efectos sobre la población?
– Chevron afectó en lo cultural, lo territorial y en la salud. Provocó el desalojo y desaparición de pueblos indígenas. Se registra una alta tasa de cáncer, abortos espontáneos. Murieron y seguirán muriendo hombres, mujeres y niños.
-¿Cuándo comenzó la demanda contra la empresa?
– En 1993 iniciamos una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos. Después de diez años ahí, no logramos jurisdicción. Y en 2003 iniciamos la demanda en Ecuador. En 2001 se fusionaron Texaco y Chevron. Hemos litigado obtuvimos una sentencia condenatoria en 2011 y 2012 contra Chevron, basada en la prueba, en la ley, en la evidencia. Sin embargo Chevron no obedece, no acata la decisión de la Justicia de Ecuador.
-¿Cuál fue la prueba que tuvo en cuenta la Justicia de Ecuador?
– En el juicio se comprobó que Chevron-Texaco contaminó 500 mil hectáreas con 330 pozos, 880 fosas con desechos tóxicos y que se afectó a 30.000 personas. Diversas pericias confirmaron altos índices de casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia en niños menores de 4 años. En el juicio teníamos que probar la mala práctica que dejó efectos nocivos para la salud y el ambiente. Lo probamos con evidencia, estudios técnicos y científicos, y con las pruebas concretas de personas y contaminación del territorio. Esto desmiente lo que dice Chevron de que el ’juicio fue un fraude’. Ningún fraude. Contaminaron y fueron condenados.
-Chevon fue condenada en primera y segunda instancia. El caso está en la Corte Suprema de Ecuador.
– En Ecuador la ley prevé un recurso extraordinario para llegar a la Corte y Chevron hizo uso de ese derecho. Pero, siempre según la ley ecuatoriana, con la sentencia de segunda instancia ya se acabó el juicio. Por eso mientras se resuelve el recurso extraordinario no se impide que se ejecute la sentencia. No hay tiempos estipulados para que la Corte se expida, aunque ojalá sea este año.
-La sentencia es por 19.000 millones de dólares. ¿Por qué?
– Contempla la reparación misma del daño, especificado en cuatro puntos: reparación ambiental, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. La Justicia de Ecuador dijo que si en 15 días Chevron no se disculpaba públicamente, se duplicaba el monto. Así fue que de 8.500 millones de dólares, se pasó a 15.000 millones.
-¿Cómo se conformó y cómo funcional la Unión de Afectados por Chevron-Texaco?
– La organización comienza a inicios de la década del ’90. Se presentó como Frente de Defensa de la Amazonía, conformado por indígenas y colonos. El proceso judicial comienza en Estados Unidos y luego fue trasladado a Ecuador. Hoy estamos organizados como Unión de Afectados, con delegados de base que toman todas las decisiones. Hay delegados de todas las naciones originarias y también de los no indígenas, de todo los campos petroleros que explotó la empresa. La asamblea se reúne cada tres meses en asamblea, y también hay un comité ejecutivo que se reúne cada mes, una estructura más operativa y en constante diálogo.
-El discurso pro empresario de Argentina señala que es un juicio impulsado por un estudio jurídico y no de afectados reales.
– Es otra gran manipulación de Chevron. Es un juicio de la gente afectada por Chevron. Tenemos una estructura, la Unión de Afectados, donde se toman todas las decisiones del caso. Y sobre las cuales los abogados ejecutan su trabajo. Es un juicio de los afectados por una multinacional criminal.
-¿Cuál fue y es el rol del gobierno de Rafael Correa?
– El Gobierno ha dicho que es un juicio entre particulares, entre afectados y quien afectó. No interviene ningún organismo público, ni municipal ni nacional. El Gobierno ha dicho que la Justicia debe resolver. Es lo más sensato. Chevron ha querido involucrar al Gobierno para luego decir que es un juicio politizado, pero el Gobierno se ha mantenido al margen y es lo mejor.
-Correa visitó la zona afectada. ¿Qué dijo?
– El Presidenta visitó la zona en abril de 2007. Habló con los afectados y vio él mismo cómo quedó el territorio. Sólo eso queríamos, que vea cómo Chevron dejó nuestro territorio. Y ahí mismo dijo que la Justicia debe decidir.
Impunidad
-¿Por qué solicitan que el embargo a Chevron se haga en otros países?
– Chevron se fue de Ecuador antes de la sentencia, se escapó. Pero está en muchos países, como en Argentina. Ante esa situación, nos vimos obligados a recurrir a tratados internacionales para que Chevron responda con sus activos. En las primeras instancias los jueces de Argentina resolvieron embargar los bienes de Chevron. Pero lamentablemente al llegar a la instancia superior, Corte Suprema, se benefició a Chevron. No entendemos por qué, aunque suponemos que por las presiones políticas que estas empresas ejercen y que han sido una constante.
-¿Cómo tomaron la decisión de la Corte Suprema?
-Nos deja ante una gran indefensión, pero el proceso y la lucha continúan. Pero es una mal precedente porque un Estado debe cumplir con los tratados que firmó y el Estado argentino no lo cumple.
-Ante el levantamiento del embargo, pedido por el gobierno nacional y otorgado por la Corte Suprema. ¿Cómo lo interpretan respecto a las luchas regionales contra el extractivismo?
– Sienta un precedente nefasto para las luchas. Los pueblos en lucha del continente observan cómo una empresa violadora de derechos humanos es condenada en primera y segunda instancia, pero por presión política y económica se da marcha atrás en una Corte Suprema. ¿Se privilegia los derechos de multinacionales por sobre las comunidades afectadas? Es una pésima señal para la defensa de los derechos humanos. Debería llamar a la reflexión al gobierno argentino.
Bienvenida oficial
-Chevron acordó con YPF explotar yacimientos en Neuquén. ¿Qué opina?
– Queremos alertar al pueblo argentino y neuquino que la decisión del Gobierno no es la mejor. Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta? Aún más si la Justicia de Argentina no hace que pague por el crimen que cometió. El pueblo argentino debe saber que Chevron es una compañía prófuga de la Justicia.
-¿Por qué cree que el Gobierno de Argentina da la bienvenida a la empresa?
– Es una jugada luego de la expulsión de Repsol. Hubo un vacío y Chevron lo aprovechó para decir que tenía dinero para invertir. Aunque sabe que quizá no sea rentable. La explotación para yacimientos no convencionales requiere de inversiones muy fuertes, como también serán muy fuertes los impactos, para el ambiente y para la población. Chevron condicionó su inversión en Vaca Muerta a que se le retire el embargo. Y ahí le retiraron el embargo.
-¿Qué opina del accionar del gobierno argentino?
– No lo logramos entender. Sabemos que cada país tienen su soberanía y legítimo derecho de decidir. Pero creemos que comete un gran error al abrir la puerta a una transnacional que perjudicó a 30.000 ecuatorianos, con consecuencias que aún sufrimos. El gobierno argentino no puede omitir que Chevron es una empresa condenada y que tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión judicial ecuatoriana, por un tratado internacional debe ser aplicado ese embargo también en Argentina.
-Existe muy buena relación entre los presidentes de Argentina y Ecuador, sin embargo el posicionamiento ante Chevron es totalmente diferente. ¿Por qué?
– No entendemos. El gobierno argentino tiene gran afinidad política e ideológica con el gobierno de Ecuador, pero han tomado una posición muy opuesta… (piensa) Es de una incoherencia total el apoyo del gobierno argentino a Chevron. Y el gobierno argentino apoya lo que ha decido la Corte Suprema y beneficia a la multinacional.
-¿Hubo algún diálogo con el gobierno argentino?
– No pudimos hablar con nadie. Nos gustaría que nos reciban. Pero al menos sería importante que hablen con el gobierno de Ecuador. Podrán obtener información confiable de cómo actuó Chevron y confirmarán que la empresa está mintiendo sobre su desempeño en Ecuador.
-Una carta pública de YPF los responsabiliza por afectar, con el embargo, los intereses del país.
– Es insólito que se pueda plantear algo así. No queremos dañar a ningún pueblo ni gobierno. Al contrario. Pero nos cuesta creer que un gobierno nacional o provincial pueda permitir en su casa a una empresa que ha violado derechos humanos y que no quiere cumplir las decisiones de la Justicia.
-En Neuquén usted fue muy consultado por el Pueblo Mapuche y por personas no indígenas. ¿Qué les dice?
– Siempre tenemos el mismo mensaje. En territorio ecuatoriano hay hechos reales de enormes daños ambientales que ha ocasionado Chevron-Texaco y que ha dejado miles de víctimas. Hay evidencias, hay estudios. Hubo un juicio legal y legítimo. Como la transnacional huyó de Ecuador, dio muestras claras de su prepotencia y negativa a cumplir con lo que dictó la Justicia, y tuvimos que recurrir, siempre sujeto a la ley y tratados internacionales, a la Argentina y otros países para que esa acción judicial ecuatoriana se cumpla.
-¿Hubo algún mensaje especial para el Pueblo Mapuche?
– Que no permitan la entrada de Chevron a su territorio. Así se librarán de tener muchos problemas, como los que vivimos nosotros. Si Chevron ingresa a territorio argentino y mapuche, habrá contaminación, habrá enfermedad y habrá muerte.
* Artículo de Darío Aranda publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013
