Ene 14, 2015 | General, Pueblos Originarios
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Denuncia en Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | General, Pueblos Originarios
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas y el kirchnerismo. “Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno”.
Cumbre indígena en Formosa. Junio de 2013. El hombre pide la palabra en la asamblea y fija posición. “No somos ni opositores ni oficialistas. Somos pueblos originarios y exigimos que se respeten nuestros derechos”.
Wiñoy Xipantv (“vuelta del año”) en la Patagonia. Una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mapuche. El mismo referente. “Como en época de Roca, vienen por nuestro territorio. Ahora vienen con mineras y petroleras”.
Tercer encuentro. En Buenos Aires. Grabador encendido. “Es una hipocresía hablar de derechos humanos, no reconocer el genocidio indígena sobre el que se construyó la Argentina y encima negar el derecho a los territorios”.
Los tres momentos corresponden a Coike Pvrafilu (nombre mapuche, o Ignacio Prafil según el DNI), 45 años, werken (vocero) y secretario ejecutivo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro e integrante de Consejo Plurinacional Indígena.
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas, el kirchnerismo y los derechos humanos.
Comunidad
Nació en la comunidad mapuche Fvta Anekon. Se presenta con su nombre mapuche, Coike Pvrafilu. Choike es el ñandú, animal característico de esa región mapuche, que siempre vive en comunidad y presente en el arte, cultura, ceremonias. Pvrafilu refiere al origen del Pueblo Mapuche.
A los 7 años fue junto a sus nueve hermanos a Ingeniero Jacobacci. “Los mayores estaban enfermos y en el pueblo estaban los médicos. Ahí comencé la escuela, conocí el idioma español”, recuerda.
-¿Qué es ser mapuche?
-Ser mapuche es ser gente de esta tierra, de este territorio. El Pueblo Mapuche es uno, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina), con diferentes identidades territoriales, pero un solo pueblo. Nuestra vida es colectiva y está ligado al territorio, los ríos, montañas, animales.
-¿Cómo es la historia de su comunidad?
-La comunidad Fvta Anekon siempre vivió en el territorio, en cercanías de Jacobacci para ubicarlo. En 1903, por decreto presidencial, se le reconoció a la comunidad la posesión de 100 mil hectáreas. En la actualidad sólo posee 12.555 hectáreas.
-¿Qué pasó con las 87 mil hectáreas restantes?
-Fueron robadas por los terratenientes.
-¿Cómo?
-No podemos dejar de mencionar el primer robo, cuando nuestro pueblo fue avasallado por dos campañas militares muy grandes. Del “Desierto” se llamó en Puelmapu y “Pacificación de la Araucanía” en Gulumapu. La idea de los Estados era desaparecer al pueblo mapuche. No pudieron. Desde aquella época que los Estados, y ahora con multinacionales, invaden nuestro territorio.
En la comunidad el achicamiento arrancó en 1937 con Gendarmería, jueces, policías. Los mayores estuvieron peleando para que no les pongan alambrados. Hasta el 69, cuando asesinan a uno de mis tíos de 50 puñaladas. En esos días de velorio y autopsias, aprovecharon y metieron alambre, nos cerraron el territorio. Luego pasó algo similar con la dictadura.
-¿Cómo influyó la pérdida del territorio?
-En algún momento perdimos algunas de nuestras prácticas, pero siempre mantuvimos viva nuestra cultura y la enseñamos a los más chicos. Sí es cierto que frente al despojo y al no cumplimiento de derechos mucha de nuestras familias tuvo que emigrar. A Fiske Menuco, Bariloche, Esquel, Ñorquinco, Buenos Aires. A pesar de eso seguimos en el territorio.
Cómo se reorganiza un pueblo
-¿Cómo se dio el proceso reorganizativo del Pueblo Mapuche?
-Un punto de reencuentro se dio en 1976, en Neuquén, cuando se crearon las primeras organizaciones. Había coincidencia en reunir al Pueblo Mapuche, era necesario organizarse y enfrentar el avasallamiento del Estado. Estuvieron comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. Luego hubo otra reunión en 1982, en Bariloche. El retorno de la democracia también ayudó. En el ’84 se dio la conocida “gran nevada”, nos quedamos sin animales, y ahí la Iglesia Católica, el obispo Miguel Hesayne promovió la campaña “una oveja para mi hermano”. Se conformaron “centro mapuches” en varias ciudades y surgieron nuevas comunidades. También influyó a nivel nacional la discusión y sanción de la Ley 23.302 (sobre política indígena).
-¿Y también la Ley de Río Negro?
-En la provincia se dio la discusión y movilización por la Ley Integral 2287, que reconoce derechos indígenas y era de avanzada. Ya se había formado el CAI (Consejo Asesor Indígena), muy fuerte y que reunía a parajes, cooperativas, campesinos y comunidades. El lugar donde hacíamos todo era la Iglesia.
-¿Influyó la conmemoración del V Centenario?
-Fue muy importante. Se dio toda una movilización continental en el 92 y también en el 93 por el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En el 92 nos juntamos los mapuches de cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires) y de Gulupamu (Chile). Conformamos la bandera mapuche, retomamos conceptos y prácticas, nos fortalecimos como Pueblo Nación Mapuche.
-¿En esos años nace la Coordinadora Mapuche de Río Negro?
-En esa misma época comenzaba a tomar forma el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), comenzamos a reunirnos por regiones y veíamos que éramos todos conocidos. Nos propusimos dejarnos de mezquindades, debíamos trabajar en algo común para todos. En el 97 nos juntamos entre comunidades y el CAI a delinear una política de Pueblo Nación Mapuche en Río Negro. Ahí nace la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, es una coordinación en la acción. Ese proceso se sostiene hasta hoy día.
-¿Cómo funciona la Coordinadora?
-En asamblea. Cada comunidad participa con sus autoridades, plantea cuestiones, se debate, se decida. Y se eligen a las autoridades.
-¿Cuántas comunidades hay en Río Negro?
-Los gobiernos decían que había trece comunidades. Mediante el proceso organizativo van tomando forma las comunidades. Hoy existen 102 comunidades y si contamos las que aún no tienen personería o están organizándose son 138.
-¿Cuántas comunidades de las 102 participan en el Parlamento?
-Unas 60 comunidades.
-¿El resto?
-Otras están influidas por la política del Estado. Todos sabemos que el Estado tiene influencia con distintos mecanismo de captarte, llevarte para donde quieren y las forma de cómo decir las cosas.
-¿Son comunidades “oficialistas”?
-No sé si oficialistas, pero si más acorde a lo que los Estados hacen y dicen, tanto Provincia como Nación.
-¿Cuál es la mayor diferencia con ustedes?
-Nosotros nos plantamos como pueblo, no como comunidades ni como individuos.
-¿Cuál es el planteo principal como Pueblo?
-Pasa por la defensa del territorio y el rechazo al extractivismo. No permitimos ni petroleras ni mineras. El Gobierno insiste en que se explote pero viola todos nuestros derechos.
-¿Cómo definiría la situación del Pueblo Mapuche en Río Negro?
-El Pueblo Mapuche sigue estando en pie. Y hoy sigue con esperanza de abrir nuevos canales, con otros pueblos y también con no indígenas, docentes, médicos, periodistas, ONG. Lo negativo es que los gobiernos no tienen en cuenta lo que decimos ni nuestros derechos. Tanto de la Provincia, algunos municipios y de organismos del gobierno nacional, como Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura Familiar, que saben de la necesidad de la gente y juegan con esa situación, te bajan con subsidios y te desarman procesos organizativos.
Nación
-A nivel nacional participan del Consejo Plurinacional Indígena.
-Es un espacio de articulación, de encuentro. Con sus limitaciones porque no tenemos la estructura que quisiéramos, no podemos vernos muy seguido con hermanos de otras provincias que quedan lejos, pero vamos articulando.
-¿Cuál es la evaluación actual a nivel país?
-Muy áspera. Este gobierno y este modelo que se dice progresista va a meter todo lo que le queda para avanzar en los territorios, ya sea con petroleras, mineras o sojeras. Y al mismo tiempo bajan recursos a los territorios para debilitar a las organizaciones indígenas. Pasa en Formosa, Misiones, Salta, Río Negro y en todas las provincias. Bajan recursos a quienes les dicen todo que sí. Si hacés una crítica, te marcan y te tildan de enemigo.
-¿Qué papel juega el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)?
-Para el INAI nosotros somos un “asunto”, no somos personas con derechos, somos un “asunto” social más. Y en los territorios lo llenan de técnicos elegidos por ellos, que son de La Cámpora, el Movimiento Evita, Miles (Luis D’Elía) y Kolina (Alicia Kirchner). En todo el país pasa lo mismo.
-¿Cómo está el relevamiento territorial que obliga la Ley 26.160 en la Provincia?
-Falta el 50 por ciento de las comunidades. Hay que remarcar que el relevamiento no te soluciona nada. En mi comunidad por ejemplo la 26160 reconoce las 12.555 hectáreas, pero nosotros exigimos las 100 mil originales reconocidas por el decreto de 1903. Entonces tendremos que litigar contra el Estado.
-¿Qué opina de las organizaciones indígenas que hoy están alineadas con el Gobierno?
-No puede haber organizaciones indígenas que no luchen por el territorio. Y, si las hay, están prendidas en algo raro. Siempre ha habido gente buena y también gente que nos ha vendido al Estado. Sabemos que hay hermanos que privilegian a una bandera política por sobre su propio pueblo. Es lamentable pero es así.
-¿Piensa en alguien en particular?
-Todos los conocemos, muchos están en el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios). Es lamentable que algunos hermanos ataquen a un luchador como Félix Díaz y que esos mismos no denuncien a los gobiernos que privilegian a Chevron. Los que hacen eso han traicionado a su pueblo.
-A ustedes los han criticado como opositores al Gobierno y que le “hacen el juego a la derecha”.
-Jamás hemos estado en contra de los gobiernos, pero tampoco somos oficialistas ni obsecuentes. No le debemos favores ni a presidentes, ni gobernadores ni legisladores. Tenemos políticas propias. La lucha de los pueblos originarios tiene como principio básico luchar por el territorio y cuidarlo. Sin territorio no somos.
-¿En qué tema están haciendo hincapié como Consejo Plurinacional?
-En el tema de la consulta (a las comunidades por las cuestiones que pudieran afectarlas, vigente en legislación nacional e internacional) y consentimiento libre, previo e informado. Hay una propuesta a la Comisión de Población del Congreso Nacional. Queremos que se hagan debates en territorios, escuchar a todos los pueblos y concluir en Buenos Aires, pero es un proceso, no puede hacerse en pocos meses.
-¿Qué sería el “consentimiento”?
-El Estado debe tener el consentimiento de los pueblos indígenas en toda política que nos afecten, en trabajo, salud, educación y, claro, en los territorios.
-¿Cómo un gobierno que impulsa minería y el petróleo puede aprobar algo que pueda ser un freno?
-Sabemos que es muy difícil con los gobiernos de turno. A los gobiernos les importa poco lo que pensamos los pueblos indígenas, pero creemos en la conciencia de la sociedad, en la alianza de actores. Mucha gente sabe que de la cuestión territorial depende la vida de las futuras generaciones, no sólo de los PPII. Quizá lleve 20 o 30 años, pero tenemos esperanza.
Derechos humanos
-Argentina es vista a nivel internacional como un paradigma de los derechos humanos por el juzgamiento del genocidio de la última dictadura cívico militar. ¿Cuál es su mirada?
-Reconocemos que este Gobierno ha avanzado respecto a enjuiciar a culpables del genocidio de la dictadura. Pero esa dictadura la hizo un Estado. Y ese Estado primero nos masacró a nosotros, con desaparecidos, asesinatos, e hijos y nietos que han sido desaparecido y nunca recuperamos. Intentó eliminarnos y nunca hubo justicia. Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno. No pueden ser tan hipócrita de no reconocer que la primera violación de derechos humanos de Argentina fue con los pueblos originarios, desde la misma creación del Estado.
-En la marcha de 2010, del Bicentenario, tuvieron una reunión con la Presidenta y plantearon esa situación.
-Teníamos esperanza en el Bicentenario de que iba a ser un reconocimiento de ese genocidio y habría una reparación histórica.
-¿Por dónde pasa la reparación?
-No queremos indemnización, no queremos dinero. Queremos nuestros territorios.
-¿Cuál fue la respuesta de aquella reunión?
-La Presidenta nos dijo que si venían las petroleras iban a tener prioridad. Y que no nos opongamos. Ahí se terminaron los derechos humanos.
-¿Cuál es el balance desde 2003 referidos a pueblos indígenas?
-Para la mayoría de los hermanos estos diez años han sido terrible. Este modelo nacional y popular se llevó la vida de muchos hermanos. Te doy sólo dos ejemplos, bien claros, Javier Chocobar en Tucumán y Cristina Linkopan en Neuquén. Y no hubo justicia para ellos. ¿Sabés por qué? Porque para este Gobierno primero están sus gobernadores feudales y las multinacionales como Chevron. Ni el más oficialista te puede negar esa realidad.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en lavaca.org
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Félix Díaz, la lucha qom y la resistencia mapuche. Las empresas extractivas y los gobiernos. El racismo argentino y la unión de los pueblos indígenas.
El referente qom Félix Díaz visitó Neuquén invitado para disertar sobre la lucha indígena y la criminalización de la protesta social. Recordó su despertar en la lucha, la situación en Formosa, la necesidad de articular con otros pueblos y la consolidación del Consejo Plurinacional Indígena. Y, claro, habló de la defensa del territorio, el rol de las multinacionales y los gobiernos. “Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas”, explica Díaz y remarca la prioridad de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
-¿Por qué vino a Neuquén?
-Tenía una necesidad de volver, de saber algo de los los hermanos, retomar las cosas que veníamos haciendo. Quería saber de las cosas que estaban pasando acá, porque en Formosa tenemos muchos conflictos y como nos centramos en eso pareciera que no existen los conflictos en en otras provincias. Es bueno estar acá, para informarnos de la realidad de las comunidades mapuches.
-¿Qué pudo observar de Neuquén?
-Fuimos a la fábrica Zanón (Actual Fasinpat), una experiencia muy hermosa, el ser sus propios administradores. Es una experiencia muy nueva para mí, la de ver a los trabajadores ser sus propios patrones. Imagínese que nosotros somos los que proveemos mano de obra, recursos naturales y vivimos en la extrema pobreza, porque los empresarios explotan a los obreros, con el apoyo de los gobiernos. Y nosotros somos siempre las víctimas porque no tenemos la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestra propia organización, nuestros recursos, no tenemos esa autonomía por la carencia de recursos.
-¿También estuvo en Añelo? (localidad epicentro de Vaca Muerta)
-Es lamentable la situación que están pasando allí. Es similar a lo que sucede en la zona wichi de Formosa, con empresas petroleras instaladas en el territorio. No tienen educación, vivienda, luz, agua. Ni siquiera hay caminos. Sin embargo tenemos la ley que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ley está, pero no se cumple. Muchos de estos problemas son porque no conocemos las leyes que nos protegen.
-¿Pudo conocer la lucha contra el fracking que se da en Neuquén?
-Sí. Y vi una articulación muy fuerte entre los gremios, organizaciones sociales e indígenas. Es muy productivo que se organicen y luchen juntos. La verdad es que esto es muy alentador, pero siempre está la parte en que los partidos políticos y organizaciones confunden el rol de los pueblos indígenas y quieren cooptarlos. Y los medios ayudan a esta confusión.
-¿Cómo juegan los medios de comunicación?
-Los medios son fundamentales para los pueblos indígenas. Los qom tenemos nuestra propia lengua materna, de la cual nosotros traducimos los anuncios oficiales y noticias de internet, para dar un panorama de la situación nacional. Y la gente, al escuchar todo esto, se da cuenta de la manipulación de los medios de comunicación. El cuarto poder, los periodistas, negocian la información. Los pueblos indígenas todavía conservamos la honestidad, la capacidad de respetar la palabra, que puede ser una alternativa para la sociedad, de escuchar una voz honesta.
-¿Cómo hacer que la voz indígena se escuche más?
-Es un espacio a construirlo. Una herramienta puede ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debe ayudarnos a desarrollar nuestra identidad cultural. Necesitamos que el decir indígena no sea manipulado, el mismo indígena tiene que defender su pensamiento; qué es lo que queremos y cómo queremos hacer las cosas. Es lo mismo en la educación, es necesaria la participación indígena.
-¿Cuál es el rol de los jóvenes indígenas?
-La esperanza está en los jóvenes, que son los que deberían defender este proyecto de participación, para que mañana sean los protagonistas de la lucha. Pero la lucha es de todos, no solo de los indígenas, sino de la sociedad toda.
Formosa
-¿Cuándo y cómo fue el despertar de la conciencia para luchar por los derechos?
-Encontrarme conmigo mismo no fue fácil. Retomar mi identidad fue un cambio en el que tuvo que ver el estar en distintas organizaciones. Me encontré conmigo mismo en el 2001. Yo siempre pensé como indígena, pero en los partidos políticos en los que estuve me sacaron ese pensamiento. Mi pelo era largo siempre, como ahora, pero en el Ejército me pelaron, me sentía tan inútil, porque me desnudaron de mi identidad y me pusieron un disfraz, y sin darme cuenta de este proceso, en el Ejército tuve que aprender a hablar castellano, tampoco sabía leer. Cambiaron mi forma de ser, siempre mantenía el cabello corto, porque eso era ser “civilizado”. Ya no sos indígena, me dijeron, ahora sos cristiano.
Bajo esa mirada trabajé en distintos sectores sociales, identificándome con la iglesia, con líderes de izquierda como el Che Guevara, Fidel Castro. Ahí empecé a pensar en ser campesino, y no en ser indígena, en que mis hijo fueran abogados, médicos. El querer “ser alguien” me hizo olvidar de ser indígena.
En el 2000 realicé una serie de entrevistas a ancianos, una investigación de mi propia identidad. Ahí pude redescubrir nuestra identidad cultural. Y me doy cuenta de lo importantes que somos. Al traer de vuelta esa naturalidad del ser indígena. Y eso me ha costado mucho dolor, porque los que creía hermanos en la iglesia, amigos en esos partidos y sectores sociales se olvidaron de mí y se pusieron en contra. Luché contra eso con mi ser indígena. Nunca tuve miedo de ser indígena. Y pude lograrlo mediante la honestidad y haciendo algo para la gente, y no condicionando al otro para darle una mano. Cuando puedo hacer algo, lo hago y para todos.
Debemos salir de ese encierro que nos pusieron. Es enriquecedor saber lo que soy. No somos cualquiera. Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas, pensar como indígenas, actuar en comunidad. Si nosotros no denunciamos, si no defendemos nuestra cultura, nadie lo hará por nosotros.
-¿Cómo es la situación actual en Formosa?
-Sigue la lucha, sigue la persecución de la Justicia, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hemos logrado cambios, pasos importantes, de ponernos en la lucha con la guía de los mayores. Nuestros problemas se resolverán con mejores estrategias políticas, organización, mediante el diálogo, una estrategia que sea participativa y que seamos parte de esa construcción que será beneficiosa para todas las comunidades. Y es un desafío muy grande pelear contra las empresas extractivas.
-¿Por qué?
En el Norte hay pozos petroleros, ganadería, soja, y ahora se están adueñando de las aguas. Es un peligro para los indígenas, porque para el Estado el territorio indígena que “no se usa”, creen que es que es tierra ociosa. Y nos van a matar por nuestras tierras, no con las armas, sino que nos van a aislar, con la ignorancia y negando todos nuestros derechos. Para superar eso, hay que estar juntos.Para nosotros, como hemos vivido defendiendo los recursos naturales, queremos ser parte de la política que regule el uso de los recursos, por eso la importancia de la capacitación de nuestros jóvenes y discutirles de igual a igual a las multinacionales.
-¿Siente discriminación hacia los pueblos indígenas?
-Sí, hay mucha discriminación. Un ejemplo, en nuestro territorio hay una fundación de italianos, alemanes, yugoslavos, polacos, y viven hace años en nuestro territorio. Y hablan en su idioma y nadie les dice nada. Pero cuando nosotros hablamos en qom, nos dicen ‘hablen como la gente’. Entonces pareciera que no pertenecemos a la sociedad civilizada, la sociedad inteligente que dicen ser. Muchos quieren desarrollar sus capacidades, pero bajo la explotación del otro.
Nacional
-¿Por qué la articulación de distintos pueblos en el Consejo Plurinacional Indígena?
-Cada vez que salgo de mi comunidad me sorprendo. Nunca creí que en Argentina vivieran muchísimos pueblos, que tienen gran riqueza y que nadie les da importancia. Entonces lo ideal es que nosotros construyamos nuestra organización propia, para defender lo nuestro. Empresarios, estados y partidos políticos se organizan para expropiar nuestra cultura, nuestra sabiduría, nuestra naturaleza. Si no hacemos nada, mañana vamos a pagar el costo de esta violación de los derechos humanos, sin territorio, sin cultura y dependiendo de un Estado que nos colonizó. Y es muy triste si llegamos a perder nuestras raíces. Por eso es importante nuestras raíces. El futuro está en nuestra espalda. En este proceso estamos dejando huellas a las generaciones que vendrán, estamos fijando las huellas de nuestros ancestros. Atrás, en nuestros ancestros está el futuro. Ese archivo hay que cuidarlo.
-¿Cómo lograr aliados en la esta lucha?
-Uno no puede encerrarse. Buscamos alianzas. Queremos abrir puertas, ser escuchados y escuchar al otro. La política indígena es parte de la reconstrucción de una sociedad con muchas deficiencias. Y nosotros tenemos certeza de que somos parte de la esperanza de la sociedad, somos una alternativa a la sociedad.
-¿Cuál es el rol del Estado?
-Nosotros peleamos para que esas miradas de dependencia sean desarticuladas. Queremos ser autónomos, pero no queremos separarnos del Estado. El objetivo es compartir con la sociedad todo lo que sabemos y hacemos, pero manteniendo nuestra identidad cultural como pueblo. Nosotros siempre hablamos de “nosotros”, nunca usamos el “yo”. Nunca decimos yo quiero, sino, nosotros queremos. Estando acá en Neuquén hay una coincidencia de pensamientos en este sentido, es la forma de ser de los pueblos indígenas, y eso es muy bueno, a pesar de la distancia. A pesar de que hablamos idiomas distintos, tenemos el mismo pensamiento.
-¿Cómo ve el futuro?
-Seguiremos trabajando, tratar de hacer algo positivo, y no ver al otro como enemigos, menos entre indígenas. El enemigo es el poder económico. Muchos de nuestros hermanos se han vendido por las migajas al Estado, no es su culpa, sino de un sistema que nos impone pobreza. Debemos avanzar por un camino que sea propio, y que podamos trabajar, fortaleciéndonos, intercambiar información y estar cerca de los otros. Hay que juntarse con otros para defender lo nuestro. Tenemos que sentir ese corazón humano que tenemos, fortaleciéndolo con otros. No tenemos que dejar que se enfríe el corazón, porque el corazón frío mata, ignora, maldice y trata de adueñarse de lo ajeno.
La idea es seguir aprendiendo, construyendo algo propio de los indígenas. Yo no soy mapuce, pero en territorio mapuce me siento parte de la familia. Ojalá los mapuce conozcan territorio qom, para que sepan quienes somos. Debemos fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
* Por Umawtufe Wenxu y Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Abr 17, 2014 | 2014, Campesinos
Diversas organizaciones presentarán hoy sus demandas al conmemorarse una jornada que busca defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria son las consignas principales en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy. En Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, perdió estado parlamentario el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Y todas las organizaciones de base denuncian el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.
“Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva”, explica el llamamiento de la Vía Campesina, que nuclea organizaciones de 70 países y denuncia la “privatización” de las semillas que impulsan las grandes empresas.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) se movilizará hoy en varias provincias y el 1º de mayo en Capital Federal; junto al Movimiento Evita y otras organizaciones marchará al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Social y al de Agricultura. “Denunciamos la falta de recursos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y reclamamos una ley integral para el sector”, afirmó Diego Montón, del MNCI. También alertó por un proyecto de ley de semillas impulsado por Monsanto y resaltó que “el extractivismo no posibilita ningún proyecto nacional ni latinoamericano”.
En Sáenz Peña (Chaco), hoy habrá una gran asamblea convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra). Será para definir detalles de un plan de lucha provincial. “El agronegocio avanza y no tenemos apoyo real de provincia ni de Nación”, resumió Raúl Galván. Señaló que saldrán en tractores, camionetas, carros y a caballo para visibilizar la situación campesina. Cuestionó al Poder Legislativo: “Pasaron años y ni leyeron el proyecto de ley para frenar los desalojos. No les importamos”. Reveló que sólo se financian proyectos a “organizaciones paraestatales, oficialistas”.
El 17 de abril de 2011 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Fue impulsado por el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar, entre otros. En noviembre de 2011, cuando asesinaron al campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, fue vuelto a presentar, junto a legisladores del oficialismo. En octubre de 2012 asesinaron al campesino Miguel Galván. El proyecto de ley nuevamente fue presentado. Luego de tres años, el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario.
El Ministerio de Agricultura reveló en 2013 que hay un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa y 64.000 familias campesinas e indígenas afectadas.
Desde la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), José Luis Castillo, señaló que tanto hoy como el 19 (Día del Indígena Americano) son momentos de “reflexión, unión y lucha”. Resaltó como positivo que en los últimos años se logró el trabajo conjunto de organizaciones campesinas. Señaló cuatro ejes de acción: freno a los desalojos, crear un instituto de la agricultura familiar, financiamiento para el sector y declarar la función social de la tierra (que fue eliminado en 2013 del proyecto de Código Civil). “La caja del Ministerio de Agricultura sigue siendo para el agronegocio. Y las monedas para agricultura familiar”, cuestionó.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) del Frente Darío Santillán está formada por productores hortícolas. Elaboraron la propuesta de una “colonia agrícola integral de abastecimiento urbano”, un espacio de producción de alimentos sanos y para los sectores populares. Aunque fue presentado a distintas instancias del Estado, siempre chocó con la burocracia y la indiferencia. Luego de un acampe de dos días, el Ministerio de Agricultura de Nación se comprometió en 45 días a ofrecer tierras fiscales donde producir, y créditos blandos para insumos y maquinarias.
Nahuel Levaggi, de la UTT, evaluó que la “correlación de fuerzas es muy desigual” entre el agronegocio y el campesinado, afirmó que “el único que puede equilibrar esa balanza es el Estado” y se animó a la autocrítica: “Tenemos que elaborar propuestas, presionar arriba para poder plasmarlas y evitar la fragmentación del campo popular”.
En el norte de San Luis habrá jornada de trabajo comunitario para producción de alimentos. Será en la Asociación Campesina del Valle de Conlara, organización rural que en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Justicia para frenar las fumigaciones. Sin embargo, en los que va de 2014, los campesinos sufrieron cuatro fumigaciones. “Hicimos las denuncias y ahí estamos, resistiendo”, señaló Goyo Arias, de la Asociación Campesina. Recordó que en la zona están presentes Cresud, Monsanto y pooles de siembra que inundan los campos con soja y maíz transgénico. Resumió el 17 de abril como “un día de reivindicación de nuestros derechos y también de reivindicación de la vida digna del campesino, una forma de vida que muchos poderosos no quieren respetar”.
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Aquella matanza en Brasil
El 17 de abril de 1996, en el estado amazónico de Pará (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra bloqueó una ruta en reclamo de la reforma agraria. La policía asesinó a 21 campesinos e hirió a 69. La organización denunció que la represión estuvo orquestada por autoridades políticas, la policía, el ejército y grandes terratenientes. La organización internacional Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día de la Lucha Campesina y este año hizo hincapié en las semillas.
“Luchamos en defensa de las semillas campesinas, porque son esenciales para una reforma agraria integral y de nuestro modelo de agricultura basado en la producción agroecológica. Las semillas son un patrimonio de los pueblos, son parte de los bienes comunes como la tierra y el agua, y deben permanecer en manos de los pueblos”, explica la convocatoria. Advierten y cuestionan políticas empresarias y estatales de “privatización” de semillas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de abril de 2014 en el diario Página12.
Feb 10, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).
Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.
El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.
La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.
Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.
En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.
La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.
Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.
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Buscando consenso
La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.
Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.
La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.
A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
