Oct 11, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Comunidades indígenas de diversos lugares del país y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos llevarán adelante actos para conmemorar el día anterior al inicio de la conquista española. Habrá marchas, recitales y documentales.
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
En Buenos Aires, a las 13, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se concentrarán pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Marcharán hasta Plaza de Mayo con la consigna “En defensa de la vida, el agua y los territorios” y reclamarán “justicia y reparación por el genocidio” padecido por los pueblos originarios.
“Como hace 521 años, hoy la política de desarrollo extractivista y agroexportador continúa con el saqueo, la explotación y avasallamiento de nuestros territorios ancestrales. Los territorios son rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y los amigos y familias del poder. Los territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de Monsanto, Barrick Gold y Chevron-YPF”, denuncian las organizaciones convocantes: Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Pablo Micheli), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Comisión de Juristas Indígenas y la organización Resistencia Qom, entre otros.
El Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios también rechazan la inclusión de artículos referidos a los pueblos indígenas en el nuevo Código Civil (denuncian que no hubo participación, como insta la legislación nacional e internacional), denuncian el incumplimiento de la Ley 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios comunitarios) e instan a que haya justicia por los “18 hermanos y hermanas asesinados en los últimos años por defender sus territorios y cultura”.
Hoy a la mañana, en la capital neuquina, partirán en caravana (desde el playón de la Universidad del Comahue) comunidades indígenas y organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial contra la Hidrofractura (fracking). El punto de destino será la comunidad Kaxipayiñ, en el yacimiento de gas Loma la Lata, a orillas de los lagos Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la ciudad de Neuquén.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) explicó que las tres fuentes de agua de la capital provincial están contaminadas (ríos Limay, Neuquén y Mari Menuco). Precisó que la Corte Suprema de la Nación (en el expediente judicial 1274/03) dictaminó la contaminación del lago con petróleo. “El Mari Menuco está contaminado por la actividad hidrocarburífera convencional, sin control y con derrames que nunca fueron saneados. Es urgente tomar medidas ante el avance de las concesiones ya otorgadas de explotación con fracking a sólo metros del mismo lago. Por eso marchamos”, explicó la Confederación Mapuche.
Las actividades comenzaron el 6 de octubre en Parque Chacabuco, en el ya célebre “Contrafestejo”, que incluye recitales, documentales, talleres para niños y charlas debate. El 10, en la localidad de Las Lomitas (Formosa) se inauguró el Museo de la Memoria, que recuerda la “Masacre de La Bomba”. El 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cientos de indígenas pilagá. La persecución y asesinatos duraron diez días y se extendió hasta cien kilómetros a la redonda. En el 66º aniversario de la matanza, sobrevivientes, hijos y nietos inauguraron un museo que recuerda la violencia ejercida por el Estado y exige justicia para las víctimas.
El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar: “1460 días de impunidad”, titula la convocatoria para mañana sábado la comunidad indígena Chuschagasta y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. A las 10 habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Chocobar y harán una ofrenda a la Pachamama. “El 12 de Octubre es una fecha donde los pueblos rememoran el primer día de resistencia a la invasión colonizadora, pero es también la fecha donde hace cuatro años mataron a Javier Chocobar y fueron heridos tres comuneros. Los imputados están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose”, denunció el Pueblo Diaguita y exigió “el inmediato juicio oral”.
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En la ruta 40
Mañana 12 de octubre, a lo largo de la Ruta Nacional 40 (pero también en otras rutas del país), la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizará acciones simultáneas informativas y de denuncia contra el extractivismo. “En la 40, les cantamos las 40”, es el nombre de la jornada que tendrá actividades y puntualiza cuarenta reclamos y propuestas de las asambleas socioambientales.
Rechazar “el modelo de saqueo y contaminación”, respeto a los derechos de los pueblos originarios, acceso al agua como derecho humano, cumplimiento de la ley de glaciares, rechazo a la megaminería y el fracking, freno a las megarepresas y pasteras, impulsar las “energías limpias”, rechazo a la “Ley Monsanto” (nueva ley de semillas), prohibir las fumigaciones con agroquímicos, redistribución de tierras, incluir los delitos ambientales en el Código Penal y frenar la “escalada de violencia y criminalización de la protesta” son algunas de las demandas y propuestas de las asambleas socioambientales.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 11 de octubre de 2013.
Ago 15, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos.
“Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.
Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.
Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.
Antecedentes
El abuelo qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre de 2010 en la ruta 86. La Policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Decenas de heridos, viviendas incendiadas (por la misma Policía) y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gildo Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión, que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo qom.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha qom, nunca fue atendido por el Gobierno Nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo y 9 de Julio (donde fueron desalojados por La Cámpora), lograron una “mesa de diálogo” que nunca plasmó en hechos concretos los derechos de la comunidad.
Lo que sí obtuvo la comunidad Potae Napocna Navogoh fue un recrudecimiento de la represión. Sólo una muestra:
- El 28 de junio de 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias.
- El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció Díaz.
- El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom. Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Fueron atropelladas por un gendarme, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía siguiente. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realizara la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. “La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Día–) de la comunidad.
- El 10 de enero de 2013, Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de cuatro días de internación. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asijak, padre del joven. Y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”.
La triste lista es mucho más extensa.
Insfrán
Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador, y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
En octubre de 20011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kichner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.
En enero de 2012 operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…). Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.
El 25 de mayo, en el acto oficial, la Presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido.
Félix Díaz recordó el 23 de noviembre de 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad. Y le hizo una solicitud pública: “Le pido a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más”.
Elecciones
Un día antes del acto de la Presidenta, los colegas del sitio Comunicación Ambiental habían alertado sobre la propaganda de Insfrán y de algunos medios porteños. “En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la Comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones (PASO) participaron 443 personas, de las que el FpV obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como qarashe. Los números comparados hablan por sí solos”, explicaron.
Félix Díaz explicó que en la escuela donde surge esa estadística no vota buena parte de la comunidad y afirmó que “los votos que decía la Presidenta no son indígenas, son criollos. A la mayoría de nuestros hermanos en lucha no le llegaron los DNI” (muchos de ellos quemados en la represión de 2010).
Pero, dejando de lado por un momento la explicación de Díaz y el detalle otorgado por Comunicación Ambiental, si en la comunidad La Primavera hubiera ganado el oficialismo: ¿Eso niega la sistemática represión? ¿Votar a Insfrán quita legitimidad a los reclamos territoriales?
La Presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad Potae Napocna Navogoh. Hizo falta que (supuestamente) una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo (una vez más) al Gobernador.
La publicación Garganta Poderosa, “revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa”, aportó su mirada: “Si nos tocara vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gildo Insfrán, por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de Capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha, ‘porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron de derecha’? Bueno, los qom tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso, nosotros no hablamos a nombre de la cultura qom, gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Insfrán son la misma mierda”.
Twitts
Ayer por la tarde, luego del discurso público, la Presidenta escribió una decena de twitts. Tres referidos a La Primavera.
- “Y la victoria FPV en ‘La Primavera’ de los Qom? ¿Te acordás de los cortes en la 9 de Julio? Cámaras por todas partes. Conferencias de prensa…”
- “Pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa y fue tapa del monopolio (Clarín, claro). ¿Cómo que no son importantes?”.
- “Y la verdad que a estos la Antártida y los Qom les importan un comino”.
Según la mirada de la Presidenta, a Félix Díaz lo “llevaron” a Roma. Lo subestima, lo cree inferior.
Es la misma línea argumentativa que la Presidenta exhibió en la histórica reunión de mayo de 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha.
La Presidenta les advirtió que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
La definición de “racismo” de la Real Academia: “Doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior”.
Qom
Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde en Am Continental 590.
- “A la Presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena, nos dejó sufrir a la intemperie (en el acampe de 2010)”.
- “Nunca la escuchamos repudiar la muerte de indígenas tanto en Chaco como en Formosa”.
- Y recordó el fondo del asunto y la lucha: “Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios (indígenas) y que nos devuelvan la tierra. Seguimos esperando esa voluntad que debiera tener”.
Derechos Humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Amnistía Internacional y Madres de Plaza de mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Insfrán, han respaldado el reclamo de La Primavera y pedido diálogo a la Presidenta.
En mayo pasado, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. Exigieron el fin de la violencia. “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”, denuncia el documento firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes”.
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Originarios
Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas fue el nombre del encuentro inédito que se realizó durante tres días en Formosa, en junio pasado. “Exigimos que los derechos humanos lleguen también a los pueblos indígenas. Y no pueden llegar si los gobiernos apoyan a las petroleras, mineras y multinacionales sojeras”, resumió José Quintriqueo, werquén (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). La Cumbre cerró con una marcha por las calles formoseñas, caminata de dos horas, donde sobresalió una consigna: “Territorio robado será recuperado”. Al llegar frente a la Casa de Gobierno provincia, un grito unánime: “Asesino”.
“Los discursos de soberanía, políticas nacionales y populares se caen a pedazos cuando comprobamos que volvemos a ser meros proveedores de materia prima para el mercado global. Lo que arrancó en la década del 90 se acentúa a ritmos imparables, siendo nuestros territorios los más atacados”, afirma el documento final de la Cumbre, a la que asistieron quince pueblos indígenas de 16 provincias, convocadas por el Consejo Plurinacional Indígena y que explicita que el eje central fue el territorio y la avanzada del extractivismo (petróleo, minería, agronegocios, forestales) sobre territorios campesinos e indígenas.
“Las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”, comienza el texto. Puntualiza que en los últimos meses fueron muerto Natalia Lila Coyipe (11 meses), Imer Flores (12 años) y Daniel Asijak (16 años), del Pueblo Qom de Formosa y Chaco. “Todos muertos violentamente. Menores de edad, como para ver que ya no hay contemplaciones de ningún tipo”, denuncia y afirma: “Vivimos una nueva recolonización del capitalismo global. Y trabajamos para sacarnos de encima un Estado que sigue siendo colonial, que dos siglos después nos sigue excluyendo”.
Elegir
Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria muestra a la Presidenta emocionada frente a Eyen, un niño kolla (en un acto en Tecnopolis), cuando recitó el poema “No te rías de un Kolla”, clásico texto de Fortunato Ramos que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. “No te rías de un kolla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas y allá, en las alturas, en donde no hay nada, ¡así sobrevive con su Pachamama!”, reza el texto.
En 1 de agosto, en Jujuy y en un acto público, la Presidenta homenajeó a la Pachamama (la madre tierra para los pueblos indígenas andinos). Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en la tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), espacio creado por el gobierno nacional para impulsar la megaminería.
Emocionarse ante un niño kolla y tributar a la Pachamama. Pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold. Respaldar a Gildo Insfrán. Menospreciar a indígenas en lucha (sean “inteligentes”), atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos.
El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirma: “En la vida hay que elegir”.
La Presidenta ayer fue muy clara de qué lado está. Y eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación de un Poder Ejecutivo y los pueblos originarios.
* Por Darío Aranda. Publicado en la Revista Sudestada el 15 de agosto de 2013.
Ago 12, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
La Ley 26.160 ordena frenar los procesos judiciales que implican desalojos de comunidades indígenas e insta a relevar los territorios indígenas de todo el país. A seis años de sancionada (2006), sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 por ciento). En territorio fueguino se declara sólo una comunidad y dos en Catamarca. Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87 por ciento), San Juan (80 por ciento), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades).
Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento.
Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48 por ciento. “El resultado que arroja el cuadro es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, advierte el informe.
Cuestionamientos
El informe de Endepa detalla que la aplicación de la Ley 26.160 acumula denuncias por incumplimiento e irregularidades.
-El 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órganos de control de la ejecución de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, recomendaron el cumplimiento sin más demoras de la Ley 26.160 y la efectiva suspensión de los desalojos.
-En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado la adopción de medidas cautelares inmediatas para la protección de las comunidades Paichil Antriao del Pueblo Mapuche en Neuquén y La Primavera del Pueblo Qom en Formosa, en donde el proceso de relevamiento de tierras aún no ha comenzado. A fines de 2012, la Comisión realizó una nueva solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad el Nogalito del Pueblo Lule en Tucumán, hostigada por terratenientes ante la omisión estatal en realizar la demarcación de sus tierras.
-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Argentina a fines de 2011 y expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de relevamiento territorial y la necesidad de que se cumpla con la suspensión de desalojos dispuesta por la Ley 26.160.
-En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió sobre los retrasos en la ejecución del relevamiento.
-A mediados de 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe en el que detalló el bajo nivel de cumplimiento, irregularidades y desmanejo de fondos.
-En julio de 2013, la Corte Suprema intimó al INAI para que inicie el relevamiento de la comunidad La Primavera de Formosa.
La Ley 26.160 determinaba que en tres años debía completarse el relevamiento. En 2009, dado el nivel de incumplimiento, se prorrogó hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554). El presidente del INAI, Daniel Fernández, aseguró públicamente que será prorrogada nuevamente.
“La contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas y al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por por Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Red Agroforestal (Redaf) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entre otros.
22 millones
La Ley 26.160 y su prórroga determinan que el INAI debe administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisa, en base a información oficial, que utilizó de manera “descentralizada” (mediante equipos e instituciones provinciales) 23 millones de pesos. Con los cuales comenzó el relevamiento en 250 comunidades, pero lo finalizó sólo en 131.
El dato más llamativo en cuanto a lo económico es la transferencia realizada desde el INAI a la Universidad Nacional de Lanús, de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012 “para realizar tareas que no se han detallado, en una operatoria cuya legalidad cuestiona duramente la Auditoría General de la Nación”.
El informe asegura que la Universidad de Lanús no cuenta con carreras o centros de investigación que “se vinculan de modo importante con la problemática indígena, o se orientan hacia la antropología, la agrimensura o el catastro rural, que son las disciplinas necesarias para la ejecución del relevamiento”. Además explica que desde Endepa se consultó a los equipos provinciales que sí relevaron comunidades y todos “coincidieron en que la Universidad de Lanús no tuvo vinculación con las tareas realizadas” por los equipos técnicos de terreno.
“Cualquiera hubiera sido realmente la calidad del servicio prestado, es sin duda exagerado que un asesoramiento de ese tipo justifique que se le destine aproximadamente la mitad de los fondos utilizados en el programa de relevamiento (…) Sin que semejante gasto se encuentre justificado siquiera mínimamente, lo que permite suponer razonablemente un desvío de fondos para usarse por fuera de los circuitos normales de control de la administración pública, sin ninguna transparencia ni rendición pública por parte del INAI”, denuncia el informe y detalla que, de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
Relato
El 23 de julio de 2012, el INAI emitió un comunicado en el que aseguró que, a partir de la sanción de la Ley, “se evitaron 14.000 desalojos”. Sugiere que FUE por acción del gobierno nacional a través del INAI.
El INAI reconoce la existencia de 1578 comunidades. Por lo cual, habría evitada un promedio de nueve desalojos por cada comunidad indígenas de Argentina. “Lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”, afirma el trabajo de Endepa y precisa que “el carácter fantasioso de esta cifra del INAI” puede ilustrarse con el ejemplo de Neuquén, donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a 70 juicios “en los que el INAI no ha tenido la menor intervención”.
Sin embargo, según el comunicado del organismo que comanda Daniel Fernández y que depende de la ministra Alicia Kirchner, el INAI habría evitado más de 500 desalojos en Neuquén. “Del mismo modo es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades en esas o en otras provincias no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”, cuestiona Endepa.
El INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuáles habrían sido esas 14.000 intervenciones que impidieron desalojos.
Daniel Fernández, presidente del INAI, no pudo precisar ninguna intervención en la que haya frenado un desalojo.
Realidad
Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe (10 meses de vida), Imer Flores (de 12 años) y Daniel Asijak (de 16 años), Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son los nombres de asesinatos y muertes dudosas de los últimos años que figuran en informe de Endepa.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas, que no aparece en la contemplación de cifras que sólo aluden a la ineficiente gestión administrativa. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe y recuerda que “las víctimas de esta política son los pueblos y comunidades indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 12 de agosto de 2013 en odhpi.org
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
