Oct 25, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).
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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.
El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.
Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.
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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.
Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.
*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar
Oct 11, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Comunidades indígenas de diversos lugares del país y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos llevarán adelante actos para conmemorar el día anterior al inicio de la conquista española. Habrá marchas, recitales y documentales.
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
En Buenos Aires, a las 13, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se concentrarán pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Marcharán hasta Plaza de Mayo con la consigna “En defensa de la vida, el agua y los territorios” y reclamarán “justicia y reparación por el genocidio” padecido por los pueblos originarios.
“Como hace 521 años, hoy la política de desarrollo extractivista y agroexportador continúa con el saqueo, la explotación y avasallamiento de nuestros territorios ancestrales. Los territorios son rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y los amigos y familias del poder. Los territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de Monsanto, Barrick Gold y Chevron-YPF”, denuncian las organizaciones convocantes: Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Pablo Micheli), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Comisión de Juristas Indígenas y la organización Resistencia Qom, entre otros.
El Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios también rechazan la inclusión de artículos referidos a los pueblos indígenas en el nuevo Código Civil (denuncian que no hubo participación, como insta la legislación nacional e internacional), denuncian el incumplimiento de la Ley 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios comunitarios) e instan a que haya justicia por los “18 hermanos y hermanas asesinados en los últimos años por defender sus territorios y cultura”.
Hoy a la mañana, en la capital neuquina, partirán en caravana (desde el playón de la Universidad del Comahue) comunidades indígenas y organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial contra la Hidrofractura (fracking). El punto de destino será la comunidad Kaxipayiñ, en el yacimiento de gas Loma la Lata, a orillas de los lagos Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la ciudad de Neuquén.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) explicó que las tres fuentes de agua de la capital provincial están contaminadas (ríos Limay, Neuquén y Mari Menuco). Precisó que la Corte Suprema de la Nación (en el expediente judicial 1274/03) dictaminó la contaminación del lago con petróleo. “El Mari Menuco está contaminado por la actividad hidrocarburífera convencional, sin control y con derrames que nunca fueron saneados. Es urgente tomar medidas ante el avance de las concesiones ya otorgadas de explotación con fracking a sólo metros del mismo lago. Por eso marchamos”, explicó la Confederación Mapuche.
Las actividades comenzaron el 6 de octubre en Parque Chacabuco, en el ya célebre “Contrafestejo”, que incluye recitales, documentales, talleres para niños y charlas debate. El 10, en la localidad de Las Lomitas (Formosa) se inauguró el Museo de la Memoria, que recuerda la “Masacre de La Bomba”. El 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cientos de indígenas pilagá. La persecución y asesinatos duraron diez días y se extendió hasta cien kilómetros a la redonda. En el 66º aniversario de la matanza, sobrevivientes, hijos y nietos inauguraron un museo que recuerda la violencia ejercida por el Estado y exige justicia para las víctimas.
El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar: “1460 días de impunidad”, titula la convocatoria para mañana sábado la comunidad indígena Chuschagasta y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. A las 10 habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Chocobar y harán una ofrenda a la Pachamama. “El 12 de Octubre es una fecha donde los pueblos rememoran el primer día de resistencia a la invasión colonizadora, pero es también la fecha donde hace cuatro años mataron a Javier Chocobar y fueron heridos tres comuneros. Los imputados están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose”, denunció el Pueblo Diaguita y exigió “el inmediato juicio oral”.
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En la ruta 40
Mañana 12 de octubre, a lo largo de la Ruta Nacional 40 (pero también en otras rutas del país), la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizará acciones simultáneas informativas y de denuncia contra el extractivismo. “En la 40, les cantamos las 40”, es el nombre de la jornada que tendrá actividades y puntualiza cuarenta reclamos y propuestas de las asambleas socioambientales.
Rechazar “el modelo de saqueo y contaminación”, respeto a los derechos de los pueblos originarios, acceso al agua como derecho humano, cumplimiento de la ley de glaciares, rechazo a la megaminería y el fracking, freno a las megarepresas y pasteras, impulsar las “energías limpias”, rechazo a la “Ley Monsanto” (nueva ley de semillas), prohibir las fumigaciones con agroquímicos, redistribución de tierras, incluir los delitos ambientales en el Código Penal y frenar la “escalada de violencia y criminalización de la protesta” son algunas de las demandas y propuestas de las asambleas socioambientales.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 11 de octubre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de septiembre de 2013.
Ago 29, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Modelo extractivo y movimientos sociales, luchas territoriales y represión, los gobiernos y sus alianzas con las corporaciones son algunos de los ejes de debate que se desarrollarán hoy en el Primer Seminario Internacional: del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, sostuvo que “en nuestros territorios se quiere extraer petróleo y gas no convencional con un método que en muchos países se ha prohibido. Los gobiernos violan nuestros derechos y dejan hacer a las empresas a sabiendas de la contaminación que van a producir”.
El encuentro propone tres espacios: la “crisis por la que atraviesa” el modelo extractivo; la “violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos” a sus territorios y recursos por parte “del Estado y empresas transnacionales”, y las prácticas y resistencias de los movimientos sociales como escenarios de alternativas de desarrollo.
El seminario comenzará a las 10 en Belgrano 2527. El primer panel, “Extractivismo y derechos de los pueblos”, estará compuesto por Maristella Svampa (socióloga e investigadora principal del Conicet), Horacio Machado Aráoz (integrante del Colectivo Sumaj Causay, de Catamarca) y Pablo Dávalos (economista y docente ecuatoriano). “El gobierno de Ecuador ha decidido expandir la frontera extractiva y lo hace criminalizando”, acusó.
A las 11.45 será el turno de “Extractivismo y resistencias populares”. Disertarán Raúl Zibechi (periodista uruguayo), Claudia Korol (coordinadora del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía), Gloria Chicaiza (de la organización Acción Ecológica de Ecuador) y el qarashe (autoridad) de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz.
A las 14.30 se abordarán las luchas contra la megaminería en Perú, Chile y Bolivia: Jaime Borda (coordinador de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, de Perú), Limbert Sánchez (Centro Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia) y Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con sede en Chile).
“En Perú, la minera Xstrata (la misma que opera en Catamarca Minera Alumbrera) hace seguimiento, espionaje a activistas”, denunció Borda y recordó que en su país las empresas mineras cuentan con “enormes beneficios tributarios”. Relató que se repiten los casos de criminalización de la protesta y destacó que en la última década fueron asesinados 80 activistas. “No hay sanciones a los culpables de esas muertes”, afirmó.
Limbert Sánchez, de Bolivia, aportó una análisis regional: “Las transnacionales tienen hambre por nuestras materias primas, padecemos una política de saqueo”.
Ana Alvarez, de la Red Agroforestal del Chaco Argentino (integrada por quince instituciones e investigadores de universidades de la región), recordó que acaban de presentar su tercer informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevaron 248 disputas territoriales que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. “Aumentó la conflictividad junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria, que expulsa a familias campesinas y comunidades indígenas”, señaló.
La megaminería en Argentina la abordará Santiago Machado, de la catamarqueña Asociación Civil Be-Pe. Lo acompañará Gloria Olguin (de Pensamiento y Acción Social de Colombia) y Danilo Chammas (Red Internacional de los Afectados por Vale, en Brasil). En el cierre, a las 19, se presentará el documental Extractivismo y el derecho de los pueblos, de Martín Musarra, que da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.
El seminario es organizado por las organizaciones Be-Pe, Redaf, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, la italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes y el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado por el diario Página12 el 29 de agosto de 2013.
