Luchas en Salta y La Rioja

Luchas en Salta y La Rioja

En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja, buscan impedir la extracción de uranio.

uranio - la rioja - en bajaDos preguntas resuenan en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa? ¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó que los vecinos están “desinformados”.

En la localidad salteña de El Galpón, a 180 kilómetros de la capital provincial, se realiza desde hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder) está en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de hombres y mujeres de todas las edades.

Desde el 14 de mayo de 2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V. González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento. También participa la organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.

El secretario de Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a “la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la “desinformación” de quienes se oponen.

La senadora salteña (mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales, inexistente (…). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente establecidos”.

Los Vecinos Autoconvocados se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.

A 680 kilómetros al sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero, servidumbre de paso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El Cantadero. La Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros”, denunció la asamblea y remarcó que el proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte kilómetros de la capital riojana.

Marisa Romero afirmó que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y Sierra Pintada (Mendoza).

El 17 de marzo comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros (no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos. Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio “departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.

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Chubut

Por primera vez en la historia de Chubut se hizo uso de la Iniciativa popular, una instancia contemplada en la Constitución provincial y que consiste en reunir las firmas del tres por ciento del padrón electoral, la presentación de un proyecto de ley (en este caso de prohibición de la megaminería) y la obligación de la Legislatura de tratar el proyecto.

Con 13007 firmas, las Asambleas Ciudadanas de Chubut y comunidades mapuche-tehuelche se movilizaron a Rawson, donde llegaron hasta el Tribunal Electoral para presentar las firmas. “La población tomó la iniciativa y se fue multiplicando por todos los rincones de nuestro interior provincial, siempre teniendo presente la defensa del agua y la tierra, porque no queremos el saqueo de las corporaciones”, explicó Angel Cayupil, activista junto a comunidades mapuche-tehuelche y pobladores de la meseta de Chubut.

La provincia ya cuenta con una ley que restringe la minería, pero sólo limita la etapa de explotación y refiere a la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto de ley incluye otras sustancias químicas y abarca la extracción metalífera y la de uranio.

* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de abril de 2014 en el diario Página12.

Impacto extractivista

Impacto extractivista

El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países

impacto extractivista - Campo Maripe en bajaLas más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.

La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).

Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.

El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.

La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.

Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.

En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.

La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.

Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.

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Buscando consenso

La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.

Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.

La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.

A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.

* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.

Voto calificado

Voto calificado

En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».

voto calificado - en bajaEl derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).

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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.

El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.

El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.

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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.

Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.

En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.

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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.

La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.

El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.

El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.

Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.

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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.

Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.

En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.

El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.

El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.

Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).

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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.

La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.

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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.

Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.

Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.

Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.

Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.

Derechos de sólo un domingo cada dos años.

*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar