Mar 9, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Villa la Angostura movilizada por un proyecto vial. Pasarán 12.000 camiones por mes y cambiará la vida de la ciudad.
En la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.
Villa La Angostura está ubicada en el oeste de Neuquén, a 90 kilómetros al norte de Bariloche por la Ruta Nacional 40 y 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes. La ruta atraviesa el centro mismo del casco urbano y los camiones son uno de los problemas identificados desde hace décadas por la población y las autoridades municipales.
Solicitan la construcción de una ruta de circunvalación para el tránsito pesado, que pase por fuera del casco urbano. En 2013, Vialidad Nacional, provincia y municipio presentaron un megaproyecto de seis kilómetros que contempla cuatro carriles, puentes, rotondas y una infraestructura mucho mayor a la requerida. “Cuando vemos el plano parece que quieren hacer la avenida General Paz o la Panamericana en Villa La Angostura”, señaló Patricio Raposo, de la organización Vecinos Autoconvocados Angostura Sin Camiones.
El proyecto prevé desmontar más de 3000 árboles autóctonos, con un gran movimiento de suelo en una zona frágil y de derrumbes. Y se afectará dos mallines (especie de humedal que recarga las napas subterráneas, mitiga inundaciones y purifica el agua, entre otras funciones). El estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora Ungaro, Ale Ortiz Ingenieros Asociados SA) reconoce el gran impacto ambiental, pero no detalla cómo se mitigarán. Los Vecinos Autoconvocados detectaron irregularidades típicos del copiar/pegar informes de otros emprendimientos. El más notorio, cuando se indica media docena de veces que “se respetarán las leyes ambientales de Córdoba” (no de Neuquén).
Cuestionan también el “corredor bioceánico”, impulsado por cámaras empresarias y el gobierno de Río Negro, para el paso de camiones desde el este de Argentina, que atraviesa toda la provincia de Río Negro hasta Bariloche y asciende por Neuquén (vía Villa La Angostura) hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré. “El informe para la construcción de la ruta de circunvalación reconoce que la dimensión obedece al bioceánico para cargas pesadas”, afirmó Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.
El camino turístico que une Bariloche y Angostura tiene una extensión de 80 kilómetros, paisajes de postal, lagos, curvas y contracurva. “Turismo sí, camiones no”, es la consigna de los vecinos de Villa La Angostura. Afirman que, de construirse el corredor bioceánico, el hoy camino turístico por excelencia de la región mutará a una ruta atestada de camiones, con hasta 400 camiones por día. Los vecinos argumentan con una pregunta retórica: “¿A qué turista le agrada estar dos horas detrás de un camión?”
Ghioldi remarcó que la localidad vive del turismo y, con la gran cantidad de camiones, “cambiará su forma de vida”. Al momento de pensar el peor de los escenarios (construcción de la mega ruta de circunvalación y el corredor bioceánico), comparó: “El rechazo será mayor al de Gualeguaychú con las pasteras. Todo el pueblo saldrá a la calle”.
La propuesta de los vecinos, apoyada por distintos dirigentes políticos de Neuquén, es construir un circunvalación simple y que el corredor bioceánico de camiones sea por el Paso Pino Hachado (más al norte, cercana a la localidad de Las Lajas).
El intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, llamó a audiencia pública, por la ruta de circunvalación, para el 20 de febrero. Pero las organizaciones denunciaron que faltaba el estudio de impacto ambiental. La audiencia pública fue suspendida a pedido de Vialidad Nacional, que explicó que aún faltaban estudios requeridos a la Universidad Nacional del Comahue. Fijó nueva fecha para el 6 de abril.
La primera semana de febrero se realizó en la ciudad la Fiesta Nacional de Los Jardines. El día de desfile de carrozas los vecinos marcharon con pancartas de rechazo al bioceánico y a la planificada circunvalación.
Angostura Sin Camiones sugiere la realización de talleres participativos donde se informe el proyecto de ruta de circunvalación, pero también el proyecto macro (bioceánico) y propone un proyecto alternativo, con estudios multidisciplinarios y que priorice el perfil turístico y el ambiente de la localidad.
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La ciudad que avanzó sobre un pueblo originario
El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La cronología está detallada en el libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer). El proyecto de ruta de circunvalación tampoco respetó los derechos indígenas, que contempla la consulta libre, previa e informada por cualquier emprendimiento que pudiera afectar a las comunidades originarias.
La comunidad Paichil Antriao, reorganizada en 2003, sostiene en la actualidad reclamos territoriales en el cerro Belvedere, donde sufrió represiones e intentos de desalojo. Están denunciados por usurpación del territorio donde siempre vivieron y, en paralelo, tramita una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.
La Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.
El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.
En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.
La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.
En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.
Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.
Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.
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Denuncia por otra disputa
La Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Wirkalew denunciaron al comisionado (una suerte de intendente) del pueblo de Sauzal Bonito, Vicente Zenón Sandoval, por amenazas y lo responsabilizaron por la llegada de una patota que golpeó a integrantes de la comunidad y realizó disparos al aire para intimidarlos. El motivo es una disputa territorial.
Sauzal Bonito está ubicado en cercanías de Añelo, zona petrolera. La comunidad Wirkalew se reunió para una reafirmación territorial en un predio que utiliza y reivindica como propio. “Sandoval gobierna con mano dura a través de la coerción, del amedrentamiento y poniendo toda la institucionalidad del Estado al servicio de sus intereses personales. Cuenta con un gabinete de lujo, que llegó a insultar y agredir a las familias mapuches”, denunció por medio de un comunicado. Señaló que el comisionado pretende ese espacio con el fin de “lotearlo para sus familiares directos”. Alertaron que la comunidad fue rodeada por “un grupo de matones” que realizaron disparos al aire. “No hubo un muerto solo porque la comunidad mantuvo una actitud que evitó responder a esas provocaciones”, explicó la Confederación Mapuche y avisó que no abandonarán el territorio comunitario.
Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en el diario Página12.
Oct 20, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Foto: Negro Ramirez
Un documento firmado entre el Ministerio Público Fiscal neuquino y las comunidades mapuches reconoce la forma de resolver conflictos de los pueblos indígenas. En Chubut, un fallo judicial frenó un proyecto turístico por no consultar a los pobladores.
En un hecho inédito para la Argentina, comunidades indígenas ya tienen su propio sistema de justicia para resolver conflictos referidos al derecho penal (e incluso pueden aplicar penas). Sucede en Neuquén, y es el primer paso hacia la “justicia indígena”, derecho vigente en tratados internacionales de derechos humanos. “Es una vieja deuda del Estado que comienza a ser reparada por acción de los propios pueblos indígenas”, afirmó Daniel Salazar, del Consejo Zonas Pewence (del departamento de Aluminé). En Chubut, un fallo judicial frenó un emprendimiento turístico por no haber consultado y dado participación a las comunidades indígenas afectadas.
En agosto pasado, se firmó en Aluminé el documento llamado La Declaración de Pulmarí. Suscribieron el Ministerio Público Fiscal (MPF, de donde dependen los fiscales), el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP, espacio de 113 mil hectáreas cogestionado entre provincia y Nación, con participación indígena) y el Consejo Zonal Pewence (comunidades mapuches). El documento precisa: “Reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente”.
En septiembre pasado, el fiscal general José Ignacio Gerez (a cargo del Ministerio Público), firmó el “Instructivo para el reconocimiento y el respeto de las costumbre y métodos de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos”. En cinco carillas reglamenta la justicia indígena.
Refiere a casos de conflictos de derecho penal intracomunitario (robos, lesiones leves, amenazas). Entre los requisitos figura que involucre sólo a miembros de comunidades, que haya ocurrido en territorio indígena reconocido, que “el hecho no afecte gravemente el interés público” (asesinatos), que sea resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las propias comunidades, y que la sanción aplicada respete los derechos humanos. También señala que pueden aplicarlo las comunidades mapuches que tengan personería jurídica. Este último punto es cuestionado por la Confederación Mapuche de Neuquén, porque el gobierno provincial no otorga personerías desde hace catorce años (hay decenas de pedidos de inscripción).
Daniel Salazar, uno de los firmantes del documento de Pulmarí, explicó que el pueblo mapuche tiene su sistema de justicia milenario (llamado Nor Feleal), y resumió la gran diferencia con las penas impartidas por el Poder Judicial: “No castigamos, no mandamos a la cárcel. Mediante el consenso buscamos la reparación”.
Micaela Gomiz, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), afirmó que se trata de una medida “acertada y alentadora” y la definió como la “aplicación concreta del derecho a la libre determinación”.
El artículo Nº 1 precisa que “el fiscal general instruye a los fiscales, que deberán reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos”. El artículo Nº 2 señala que los fiscales “podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla”.
La Confederación Mapuche de Neuquén recordó que hace diez años (cuando se debatía la reforma al Código Penal) “proponíamos nuestro sistema de justicia y nos llamaban separatistas”. Dio la bienvenida a la justicia intracomunitaria y señaló que “el complejo camino hacia un Estado plurinacional va dando sus pasos, poco a poco el Estado se pone a la altura de la realidad”.
El Ministerio Público Fiscal fundamentó el reconocimiento al pueblo mapuche en la Constitución Nacional, Constitución de Neuquén, el Código Procesal Penal y el Convenio 169 de la OIT.
En Chubut, el Juzgado de Lago Puelo, a cargo de Guillermo Gregorio, falló a favor de las comunidades mapuches Cañio, Ñiripil y Sepúlveda, y suspendió el trámite administrativo de habilitación de un centro de esquí. Las comunidades mapuches presentaron una medida cautelar, porque no se habían respetado sus derechos. “El convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan”, señala el fallo del juez, fechado el 19 de septiembre. Y el juez aclaró que “la consulta efectiva es aquella en la que los interesados (pueblos indígenas) tienen la oportunidad de influir en la decisión adoptada. Una simple reunión informativa no constituye una consulta real”.
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Un convenio supralegal
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el juez Guillermo Gregorio de Chubut fundamentaron sus acciones en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Congreso Nacional aprobó el Convenio en 1992 mediante la ley 24.071 y fue ratificado internacionalmente en el 2000. Tiene rango supralegal (por encima de las leyes nacionales), establece numerosos derechos de los pueblos originarios y obligaciones a los Estados. “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…). Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. No deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”, son algunos de los derechos vigentes en sus 44 artículos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 20 de octubre de 2014 en el diario Página12.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El Congreso Nacional aprobó el pacto con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Tres voces mapuches expusieron ante los senadores. La contaminación, el Estado que sanciona leyes y las incumple, y quién paga el costo de un supuesto progreso.
Denunciaron la contaminación durante años, pero siempre los desoyeron. Una década después, el Gobierno les dio la razón. La contaminación existía.
Leyes sancionadas por el Estado obligan a procedimiento de consentimiento de las comunidades indígenas en temas que los afecten. El que viola sistemáticamente esas leyes es el propio Estado.
Fueron algunos de los ejes de los voceros mapuches que estuvieron en el Congreso Nacional, cuando se debatía el acuerdo YPF-Repsol. Relataron la historia de la industria petrolera en Neuquén, los atropellos, la contaminación y la violencia.
La respuesta de los senadores fue coherente con la historia política argentina: relativizaron la contaminación, ignoraron los derechos vigentes por leyes nacionales y tratados internacionales y culparon a los propios mapuches por la pobreza reinante.
Una jornada que pasó desapercibida en las crónicas periodísticas, pero que reflejará una época al momento de escribir la historia.
Congreso Nacional
El gobierno nacional llegó a un acuerdo con Repsol por el 51 por ciento de YPF, por 5000 millones de dólares, pero requería ser refrendado por los legisladores nacionales.
Hubo trabajo en comisiones, previo a la votación en el recinto. El 18 de marzo se realizó el plenario de dos comisiones, Minería, energía y combustibles, y la de Presupuesto y hacienda. De la decena de audiencia, y dos meses que duró el debate, fue la única jornada que contó con testimonios mapuches, justamente quienes viven en los territorios de donde se extrae buena parte de los hidrocarburos.
Abrió el juego Gabriel Cherqui, werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, de Loma La Lata, donde desde hace cuarenta años operan empresas petroleras, entre ellas YPF y, durante toda la privatización, Repsol. “Vengo desde el corazón de lo que ustedes llaman Vaca Muerta”, inició su alocución y no dio muchas vueltas: “Escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares que hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar, dado que la misma Constitución habla, del respeto a los pueblos originarios, que se acuerden de nosotros, que existimos y que mucha gente se está muriendo”.
El clima de la audiencia comenzaba a mutar. La dirigencia política rara vez está obligada a escuchar voces críticas en vivo y en directo. Y, más extraño aún, que esas voces concurran a la sede de los senadores.
Cherqui recordó que hace catorce año que denuncian el accionar contaminante de Repsol, afirmó que tenían respaldo de estudios, informes y de la misma vivencia en el lugar. “Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol”, recordó y relató los juicios que iniciaron contra Repsol y el viaje a España para denunciar lo que en Argentina no tenía eco. Recibió con mezcla de expectativa y desconfianza la decisión del Gobierno, en 2012, de expropiar. Los motivos oficiales habían sido la falta de inversión y el grave pasivo ambiental.
“Siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción”, definió el vocero mapuche. Los senadores se miraron sin entender la diferencia. Hasta que avanzó en la explicación: “Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra. Ese progreso se ha llevado nuestras vidas”. Y detalló los casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que se repiten en la comunidad.
Pidió a los senadores que piensen en los millones de litros de agua que se contaminan cada día por la explotación hidrocarburífera, afirmó que la explotación convencional no tienen control y auguró un futuro peor con la técnica de fractura hidráulica (fracking). Remarcó que hay estudios independientes que confirman la contaminación y exhibió una botella con agua de Loma La Lata. Invitó a que los propios senadores encarguen sus estudios para confirmar la contaminación.
Preguntó si en el pacto con Repsol estaba incluida la remediación ambiental del territorio contaminado. Y marcó la contradicción de expropiar a Repsol y dar la bienvenida a Chevron.
“El gas y el combustible llega a Buenos Aires, pero las consecuencias quedan en nuestros territorios, ya no podemos tener animales ni desarrollar nuestras actividades. No hay hospitales ni escuelas. No nos están dejando una posibilidad de vida”, resumió.
Cruces
Solicitó la palabra el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, jefe de bloque del Frente para la Victoria. Señaló que los pasivos ambientales son “más de la YPF estatal que de la empresa privada”, preguntó qué hacer con la contaminación y, sin dar tiempo a la respuesta, arremetió contra Cherqui: “Su comunidad trabaja con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos”.
Las comunidades de Loma la Lata (Kaxipayiñ y Paynemil) nunca ocultaron sus negociaciones con las empresas petroleras. Lo que no contradice que haya legislaciones que no se cumplieron y la existencia de contaminación.
Pichetto retrucó: “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera”.
El senador Pichetto resumió las supuestas ventajas de trabajar para petroleras: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes”.
El clima de la sesión se enrareció aún más. Unos de las principales voces del gobierno nacional arremetiendo contra un dirigente mapuche.
Cherqui le respondió que la avanzada empresaria y gubernamental no le dejaba otra posibilidad que, para sobrevivir, negociar y trabajar para las petroleras. Recordó que su pueblo siempre vivió de la cría de animales.
Pichetto insistió en que trabajar para las petroleras era mejor y volvió a la carga de la peor manera, hiriente: “Con la economía pastoril se morían de hambre”.
La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Cívico) cuestionó que se descalifique a quien habla y que no se refieran al tema en cuestión. “Que el señor (Cherqui) venga a dar testimonio y que trabaje para YPF no invalida el testimonio que nos da”, reclamó.
La legisladora por Río Negro Magdalena Odarda (Coalición Cívica, ARI) señaló que algunos de sus pares habían realizado tareas de inteligencia sobre los dirigentes mapuches y le respondió a Pichetto. “Es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero no se cumplen”. Y ejemplificó con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y que el Estado viola sistemáticamente.
Cerró Cherqui. Agradeció la posibilidad de hablar y devolvió gentilezas a Pichetto: “Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar”.
Segundo tiempo
Aún restaban las palabras de dos dirigentes mapuches, y el senador por Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) pidió la palabra. Comenzó a leer un informe de YPF que daba cuenta del aumento de la inversión en remediación ambiental y afirmó que el monitoreo de aguas y ríos de Loma La Lata “muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua”. Señaló como fuente de estudios a la consultora BFU y el laboratorio Induser.
Dio cuenta de una situación casi ideal. Pero no hizo públicos esos estudios.
Reconoció que “durante décadas” la YPF estatal arrojó el agua contaminada directamente a los ríos, pero argumentó que con la reforma constitucional de 1994 comenzó a cambiar esa situación. “Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos”, sostuvo y, al igual que Pichetto, también apuntó contra los mapuches: “Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos”.
La abultada cifra llamó la atención. 2.700 millones de pesos es mayor al presupuesto anual del Ministerio de Industria (1.500 millones) y del Ministerio de Turismo (1.300 millones).
Tres semanas después, el senador Fuentes aclaró en el diario Río Negro que el monto de dinero era 2,7 millones de pesos: el 0,1 por ciento de lo que había afirmado en el Senado Nacional.
Mari mari kom pu ce (buenas tardes a todos)
Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen de Neuquén, a treinta kilómetros de Zapala. Comenzó saludando en idioma: “Mari mari kom pu ce. Buenas tardes a todos”.
Señaló que existen comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, pero remarcó que no es el caso de todas. Y precisó que existen más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta. Y apuntó a la expropiación del 51 por ciento de YPF y el pago a la empresa española. “Repsol es una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo. Una empresa ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una Justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este Gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos”, arrancó Maliqueo.
Explicó que en los territorios con explotación petrolera se repiten enfermedades por contaminación, y afirmó que los habitantes no están muriendo por vejez. Recordó a la lonko Cristina Linkopan, de la comunidad Gelay Ko, que falleció a los 30 años por una hipertensión pulmonar. “No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar”, reclamó.
Solicitó al Senado Nacional la cuantificación de los pasivos de YPF-Repsol, denunció que el gobierno neuquino avanza en los territorios indígena con criminalización de quienes resisten y, mirando a los ojos a los senadores, les reprochó que (con el accionar de los tres poderes del Estado) “se está violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado” como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. “Exigimos a este Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas”, instó.
Graficó que el petróleo se explota en el patio de las casas mapuches y no en las viviendas de los senadores, diputados o del gobernador. “Nuestro territorio es el que está siendo contaminado, que es donde tenemos el futuro de nuestros niños. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Exigimos que los derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el Pueblo Mapuche”, sostuvo Maliqueo.
Y finalizó como había comenzando, en idioma mapuche: “¡Marici weu, marici weu!”. Grito de lucha y resistencia que significa “diez veces venceremos”.
Leyes incumplidas
Nylo Cayuqueo es un histórico dirigente indígena de Argentina. Militante desde la década del 70, vive en Los Toldos y forma parte de la mesa de PPOO de Buenos Aires.
Cayuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: “El Estado no cumple las leyes y convenios internacionales que firmó”. Y le preguntó a los senadores si habían leído el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir.
Nadie le respondió.
“Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo de hecho”, denunció y apuntó que el Gobierno, mediante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) manipula y divide comunidades. “A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo”.
Precisó que la leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades, alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa: “No es democracia para nosotros”, reprochó y recordó que ningún Gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas.
La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ de San Luis) preguntó si era posible trasladar a las comunidades mapuches a otros territorios, no afectados por la extracción petrolera.
Le respondió su par de Río Negro, Odarda: “Jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico. Hoy es una metodología utilizada por las grandes empresas, no es una solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida, la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional”.
Completó Cayuqueo: “Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar”. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados. Y reiteró: “Por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente”.
Epílogo
Ocho días después, el 26 de marzo, el Senado Nacional votó el pacto con Repsol. Con apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Movimiento Popular Neuquino. 42 votos a favor y 18 en contra (UCR, FAP y UNEN). El PRO y el Peronismo Federal se abstuvieron.
El 23 de abril fue el turno de los diputados. 135 votos a favor, 59 negativos y 42 abstenciones.
5000 millones de dólares para la empresa española.
La amplía mayoría de los legisladores priorizó la necesidad de petróleo, la decisión de cerrar conflictos comerciales y así avanzar en la explotación de Vaca Muerta, con corporaciones similares a Repsol.
Se dejaron de lado los pasivos ambientales y, en una línea de coherencia histórica del Estado argentino, ignoraron los derechos de los pueblos indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
En la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.
