Nov 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).
Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.
El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.
Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.
Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura provincial tratará mañana un proyecto para poner un freno a las explotaciones mineras a cielo abierto. La propuesta fue presentada por una “iniciativa popular”.
En un hecho inédito para la democracia argentina, los legisladores de Chubut tratarán mañana un proyecto de ley presentado por una “iniciativa popular”, un mecanismo de democracia semidirecto que consiste en un proyecto impulsado por los ciudadanos y avalado por el tres por ciento del padrón electoral. La propuesta de ley consiste en la prohibición total de la megaminería (metalífera y nuclear) y la protección de las fuentes de agua. Impulsado por asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas, el proyecto resalta en los fundamentos la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irreversible es necesario tomar medidas protectoras) y el artículo 41 de la Constitución nacional (derecho al ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras).
Chubut fue el germen de la resistencia a la megaminería en la Argentina. En 2003 se realizó en Esquel el plebiscito que rechazó (con el 82 por ciento de los votos) la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego nacieron decenas de asambleas en toda la cordillera, y también espacios de resistencia en la costa de la provincia (Puerto Madryn, Trelew y Rawson, entre otros) y también la unión de organizaciones sociales y el pueblo mapuche-tehuelche en el centro geográfico de Chubut (llamado la meseta). También se sancionó la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera, pero no prohíbe la exploración, no legisla sobre las fuentes de agua y menciona la posibilidad de “zonas de sacrificio” (regiones donde se podría hacer minería).
La multinacional Panamerican Silver (una de las mayores corporaciones mineras) fijó sus ojos en la meseta, en el yacimiento llamado Navidad (un gran reservorio de plata y plomo). Los distintos gobiernos provinciales insisten, desde 2003, en avanzar en la explotación minera en el centro de la provincia. Las asambleas responden con una frase: “Si la minería no es buena para la cordillera (Esquel), tampoco lo es para la meseta (Gastre o Gan Gan)”. Y también recuerdan la frondosa legislación indígena que obliga a tener el consentimiento de las comunidades mapuche-tehuelches.
En 2012 y 2013, hubo un fuerte lobby de las corporaciones mineras (encabezado por la Panamerican Silver) para derogar la Ley 5001. La respuesta provino de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-Ch), que presentó en agosto de 2013 “la otra campaña”, para implementar por primera vez la “iniciativa popular”, una acción ciudadana contemplada por la Constitución de Chubut que obliga al Parlamento provincial a tratar un proyecto de ley presentado por la ciudadanía. La campaña fue lanzada de manera simultánea en una decena de ciudades. Como primer paso, debían juntar 11 mil firmas (el tres por ciento del padrón electoral), con nombre, apellido y número de DNI.
“El proyecto de ley fue hecho por y para el pueblo de Chubut, porque estamos cansados de vivir en este estado de zozobra, constantemente asediados por la embestida de las corporaciones mineras y por los gobiernos que viran sus políticas y que siempre están haciendo jugarretas para tratar de traicionar la voluntad del pueblo”, explicó Corina Milán, de Esquel.
El proyecto amplía los alcances de la Ley 5001, busca prohibir la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio) en todas sus etapas. La recolección de firmas se realizó en toda la geografía provincial. El 4 de abril de 2014 se presentó la primera “iniciativa popular” en la historia de Chubut. Con 13.007 firmas, los chubutenses avalaron el “proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”. La Legislatura tiene la obligación de tratarlo.
Los diputados por el oficialismo intentaron frenar la iniciativa. El primer argumento fue la supuesta invalidez de las firmas recolectadas. Pero el 16 de julio el Tribunal Electoral ratificó la legitimidad de las 13.007 firmas. Los legisladores luego impulsaron una proyecto de ley de zonificación, para habilitar el proyecto Navidad (en la meseta) y el proyecto Suyai (en Esquel). El 29 de octubre la Legislatura vivió un día de escándalo provincial al hacer esperar durante cuatro horas a Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Espen tenía pautada una entrevista con los legisladores e iba acompañada de asambleístas por el no a la mina. No fue recibida.
Al día siguiente, los legisladores dieron la entrevista esperada a las asambleas y organizaciones sociales. Y fijaron fecha de tratamiento al proyecto de ley para mañana. Será la primera vez que una iniciativa de este tipo, de democracia semidirecta, llegue a un Congreso provincial. Los votos están divididos. Los partidos Modelo Chubut (PJ), la UCR y el Polo Social aprobarían la ley. La duda es el Frente para la Victoria (FPV) que, a excepción de Vicente Jara, impulsa la megaminería. Vecinos de toda la provincia marcharán en caravana hacia la Legislatura exigiendo la aprobación del proyecto de ley. La consigna es una: “Por el futuro de Chubut, por trabajo y producciones sustentables. ¡No a la megaminería metalífera y nuclear en toda la provincia!”.
La Argentina cuenta con leyes provinciales que prohíben etapas de la megaminería o el uso de cianuro en la actividad extractiva en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Lo propio sucedía en Río Negro y La Rioja, pero los gobernadores vetaron las leyes. También existen prohibiciones en Montana y Colorado (Estados Unidos), República Checa, Costa Rica y Alemania, entre otros países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 19, 2014 | 2014
Las leyes clave del modelo extractivo que reclamaron las corporaciones. El Gobierno, una nueva soja y una ley a pedir de las petroleras.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
- La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de noviembre en lavaca.org
Sep 19, 2013 | 2013, Campesinos
Campesinos de todos el país llegaron ayer al Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley para el sector. Sólo hubo tres diputados presentes y duró 34 minutos. Descontento de los campesinos y críticas para el Poder Legislativo y la Presidenta.
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un «Instituto de la Agricultura Familiar» y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires… y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta… pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada «Cristian Ferreyra», en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados… deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
Balance campesino
Raúl Galván (Cocitra):
-“No hay señales del Gobierno Nacional para avanzar en políticas de redistribución de tierras. Si no podemos lograr una ley contra los desalojos, mucho menos avanzar sobre territorios concentrados por las grandes transnancionales”
-“La ley contra extranjerización no sólo que no resolvió un problema, sino que le garantizó más territorios a las transnacioanales. En lugar de avanzar hemos retrocedido”.
-“No hacemos apoyo bobo al Gobierno, hacemos apoyo crítico. Hay que avanzar en un proceso anticapitalista como se da en otros países de América Latina”.
-“No podemos hablar de soberanía alimentaria si no somos capaces de políticas públicas reales, si no podemos recuperar territorios la soberanía alimentaria será sólo una consigna”
-“El freno a los desalojos no sale porque no hay voluntad política, no sólo de diputados sino también del Poder Ejecutivo. Si tenés mayoría en ambas cámaras, si tenés una década ganada, hay que avanzar y no se avanzó”.
Ignacio Avellanal (Acina)
-“Hace dos años que no se bajan recursos para la agricultura familiar. Si no recibimos en estos dos años que pasaron, menos vamos a recibir en los dos años que quedan”.
-“Uno de los diputados dijo que hace falta el voto de la gente para ir por lo que falta. Pero acá tenía que haber más diputados. Si querés seguir teniendo el gobierno popular, porque supuestamente este es un gobierno popular, debiera haber más diputados acá”.
-“Yo salí a las 2 de la tarde de ayer de mi casa. Ni comimos. Y él (por el diputado Edgardo Depetri) vino diez minutos y se fue. Es como que no le interesa”.
-“Tienen mayoría en el Congreso y no votaron la ley de desalojos. Hace rato que tendría que haber salido”.
José Luis Castillo (Acina)
-“Dentro de la Subsecretaría hay compañeros que ponen el hombro”.
-“Nos nos puede pasar lo mismo que con la Ley Cristian Ferreyra. Hay que ser cuidadosos. Muchos compañeros hicieron más de mil kilómetros. Y acá solo tres diputados de los 240 que son. Hay que ser muy inocente para irse alegres con esto”.
-“Estamos mal. Hay que barajar y dar de nuevo. De esta forma estamos lejos de plasmar nuestros pedidos”.
-“Los diputados con más peso político no están con la agricultura familiar y el Poder Ejecutivo tampoco, sino no se entiende que en el Ministerio de Agricultura nos peleamos por migajas”.
-“Hay que pensar otras acciones. Es un gran esfuerzo venir hasta acá y que nos sigan entreteniendo”.
-“Hay que movilizarse en los territorios”.
Deo Carrizo
-“Evaluamos como positivo la diversidad de organizaciones juntas. Vamos avanzando y fortaleciendo el sector”.
-“Que haya tres diputados te marca que los diputados están en otra cosa”
-“La ley Cristian Ferreyra perdió estado parlamentario. Ahí está el desconocimiento de los que legislan a nivel nacional sobre lo pasa en el campo profundo. No se hacen eco de nuestros reclamos”.
-“El Poder Ejecutivo avanzó con la Ley de Extranjerización, y es como que se se ha distraído con eso. Y no ha dado importancia al freno a los desalojos campesinos, muchas familias están con riesgo de ser desalojadas de sus lugares de vida”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2013 en comambiental.com.ar
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
