Semillas para el debate

Semillas para el debate

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.

soja semilla - en bajaUna nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).

En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.

El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.

El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.

La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.

La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.

A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.

Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.

El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.

———-

“Ventaja selectiva”

“Segunda fase de evaluación. Documento de decisión”, es el título del documento oficial con el que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura dieron la aprobación técnica a la soja transgénica de la empresa Dow AgroSciences, resistente al glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. “Se concluye que los riesgos derivados de la liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de soja no GM (genéticamente modificados)”, expresa el informe, diez carillas principalmente escritas en lenguaje técnico.

En la página 4, ítem “Evaluación de riesgo”, señala que la presencia de genes tolerantes a los herbicidas “confiere una ventaja selectiva” y sostiene que “es muy poco probable que, como consecuencia de su consumo, puedan transferirse genes desde alimentos que contengan ácidos nucleicos derivados de esta soja hacia microorganismos presentes en el tracto digestivo”.

Afirma que en 2010 se realizaron ensayos en campo en diez localidades de Estados Unidos. Y en Argentina se experimentó, según el informe de la empresa, entre 2010 y 2012. En la página 9 descarta impactos negativos en el “agroecosistema” y afirma que los estudios “no muestran niveles que permitan indicar posibles efectos tóxicos o alergénicos”. En la última página hace dos recomendaciones: que se implemente un plan de prevención y manejo de resistencia en malezas y recomienda que haya “el correspondiente registro” para la aplicación del herbicida 2-4-D. En el dictamen no figuran los nombres de quienes firmaron la aprobación de la soja.

———-

El consumo de pesticidas

“El consumo de pesticidas aumentó el 858 por ciento en los últimos veinte años, según datos de las propias empresas. Hay un gran negocio para la industria mundial de venenos y se genera un gran problema para la salud colectiva”, detalla la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en su informe “El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente”, y precisa que en la campaña 2012/2013 las empresas facturaron 2381 millones de dólares y se utilizaron en los campos argentinos 317 millones de litros de pesticidas.

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados tomó estadísticas de Casafe (la organización que reúne a las empresas de agroquímicos). El glifosato es el agroquímico más utilizado en Argentina, concentra el 64 por ciento del total de las ventas y se aplicaron 200 millones de litros en 2012. La superficie de cereales y oleaginosas aumentó 50 por ciento entre 1991 y 2012 (de 20 millones a 30 millones de hectáreas). En 1991 se consumieron en el país 39 millones de litros de químicos en el agro y en 2012 llegó a 335 millones (858 por ciento más).

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de febrero de 2014.

 

Dos meses de bloqueo a Monsanto

Dos meses de bloqueo a Monsanto

El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.

Bloqueo a Monsanto - dos mesesAsambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.

Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.

En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.

El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.

Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.

En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.

El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.

Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.

————

Amenaza contra una dirigente

Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.

La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.