Ene 10, 2015 | General, Pueblos Originarios
El pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.
Esteban Rolando Medina fue encontrado muerto el sábado 3 de enero. Estaba a la vera de la ruta 86, en la zona de conflicto territorial con familias criollas y cerca de donde también habían encontrado muerta a su tía, Norma Artaza, el 12 de diciembre pasado. La policía caratuló la muerte como “paro cardíaco”. Félix Díaz aseguró que “siempre las muertes qom son por paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan que haya peritos por parte de la comunidad” en las autopsias. La comunidad cuestionó que no se continuara con la investigación judicial de las muertes qom.
Dos semanas antes, el 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de la provincia por la ocupación que realizó un criollo (de apellido Saucedo) en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo denuncian por continuos hechos de violencia contra los integrantes de La Primavera. La asamblea qom barajó la posibilidad de realizar el desalojo de criollos ellos mismos. Pero, para evitar una escalada de violencia, volvieron a hacer el reclamo al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para que cumpla con el compromiso de reubicar al criollo.
En la asamblea también se denunció la muerte, el 12 de diciembre, de la qom Norma Artaza, encontrada sin vida a la vera de la ruta 86, frente al campo en disputa con la familia criolla Celía. La comunidad explicó que la policía sostuvo que fue “muerte natural” y que el acta de defunción precisa “broncoaspiración e ingesta alcohólica”. Félix Díaz denunció que la mujer tenía golpes en el rostro y remarcó que no cree en la “misma policía que nos reprimió” (el 23 de noviembre de 2010).
El 29 de diciembre, el nuevo comunicado qom alertaba: “Crítica inseguridad en nuestra comunidad”. Señalaba la presencia de criollos (precisaron nombres y apellidos) armados que ingresan al territorio con complicidad política, cortan árboles, roban y faenan animales. Denunciaron el ataque al hijo de menor de Díaz (Rolando), que fue golpeado y sus ropas tajeadas con cuchillos. Y alertaron sobre disparos por la noche, cerca de la zona en conflicto con los Celía.
Responsabilizaron por la violencia a la “manipulación política del gobierno provincial” y la complicidad de la Gendarmería y la policía. La comunidad precisó que habían informado la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lleva las causas judiciales de la comunidad, a la Defensoría General de la Nación y a Julián Langevín (defensor oficial ante la Corte Suprema). “Nos preocupa este silencio, nos genera mucho miedo. Queremos que la Justicia funcione, que nuestras denuncias no sean un mero documento que se firma y se deja archivado hasta que haya otra muerte”, dijo Félix Díaz.
La respuesta provino del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Acusó a Díaz de “fantasear persecuciones” y argumentó que se trata de “hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar”.
Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La Primavera en los últimos cuatro años. En todos los casos hubo dos versiones contrapuestas. El gobierno de Formosa habló de accidentes de tránsito y causas naturales. La comunidad qom dio otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado. Desde que el conflicto territorial tomó repercusión nacional también hubo una docena de agresiones a miembros de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales.
El Grupo de Estudio y Trabajo Junto a las Comunidades Qom (de la Facultad de Agronomía de la UBA) realizó una denuncia pública el 5 de enero. Confirmaron las agresiones con la comunidad y la destrucción de obras que los universitarios realizaron en La Primavera. “Nos solidarizamos con la comunidad qom, repudiamos la situación de violencia e inseguridad y exigimos se tomen efectivas medidas para una urgente solución”, reclamaron. El 5 de enero, el CELS informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la vigencia de una medida cautelar para proteger la vida de los habitantes de la comunidad qom. Fue una respuesta al pedido del Estado, que había solicitado el levantamiento de la protección a los qom de La Primavera.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
Jul 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.
Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.
En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.
La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.
En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.
El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.
Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.
La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.
El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”
Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.
En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.
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Las causas judiciales
Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de julio de 2014 en Página12.
Ago 15, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos.
“Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.
Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.
Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.
Antecedentes
El abuelo qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre de 2010 en la ruta 86. La Policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Decenas de heridos, viviendas incendiadas (por la misma Policía) y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gildo Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión, que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo qom.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha qom, nunca fue atendido por el Gobierno Nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo y 9 de Julio (donde fueron desalojados por La Cámpora), lograron una “mesa de diálogo” que nunca plasmó en hechos concretos los derechos de la comunidad.
Lo que sí obtuvo la comunidad Potae Napocna Navogoh fue un recrudecimiento de la represión. Sólo una muestra:
- El 28 de junio de 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias.
- El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció Díaz.
- El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom. Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Fueron atropelladas por un gendarme, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía siguiente. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realizara la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. “La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Día–) de la comunidad.
- El 10 de enero de 2013, Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de cuatro días de internación. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asijak, padre del joven. Y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”.
La triste lista es mucho más extensa.
Insfrán
Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador, y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
En octubre de 20011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kichner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.
En enero de 2012 operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…). Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.
El 25 de mayo, en el acto oficial, la Presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido.
Félix Díaz recordó el 23 de noviembre de 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad. Y le hizo una solicitud pública: “Le pido a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más”.
Elecciones
Un día antes del acto de la Presidenta, los colegas del sitio Comunicación Ambiental habían alertado sobre la propaganda de Insfrán y de algunos medios porteños. “En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la Comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones (PASO) participaron 443 personas, de las que el FpV obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como qarashe. Los números comparados hablan por sí solos”, explicaron.
Félix Díaz explicó que en la escuela donde surge esa estadística no vota buena parte de la comunidad y afirmó que “los votos que decía la Presidenta no son indígenas, son criollos. A la mayoría de nuestros hermanos en lucha no le llegaron los DNI” (muchos de ellos quemados en la represión de 2010).
Pero, dejando de lado por un momento la explicación de Díaz y el detalle otorgado por Comunicación Ambiental, si en la comunidad La Primavera hubiera ganado el oficialismo: ¿Eso niega la sistemática represión? ¿Votar a Insfrán quita legitimidad a los reclamos territoriales?
La Presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad Potae Napocna Navogoh. Hizo falta que (supuestamente) una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo (una vez más) al Gobernador.
La publicación Garganta Poderosa, “revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa”, aportó su mirada: “Si nos tocara vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gildo Insfrán, por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de Capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha, ‘porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron de derecha’? Bueno, los qom tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso, nosotros no hablamos a nombre de la cultura qom, gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Insfrán son la misma mierda”.
Twitts
Ayer por la tarde, luego del discurso público, la Presidenta escribió una decena de twitts. Tres referidos a La Primavera.
- “Y la victoria FPV en ‘La Primavera’ de los Qom? ¿Te acordás de los cortes en la 9 de Julio? Cámaras por todas partes. Conferencias de prensa…”
- “Pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa y fue tapa del monopolio (Clarín, claro). ¿Cómo que no son importantes?”.
- “Y la verdad que a estos la Antártida y los Qom les importan un comino”.
Según la mirada de la Presidenta, a Félix Díaz lo “llevaron” a Roma. Lo subestima, lo cree inferior.
Es la misma línea argumentativa que la Presidenta exhibió en la histórica reunión de mayo de 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha.
La Presidenta les advirtió que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
La definición de “racismo” de la Real Academia: “Doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior”.
Qom
Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde en Am Continental 590.
- “A la Presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena, nos dejó sufrir a la intemperie (en el acampe de 2010)”.
- “Nunca la escuchamos repudiar la muerte de indígenas tanto en Chaco como en Formosa”.
- Y recordó el fondo del asunto y la lucha: “Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios (indígenas) y que nos devuelvan la tierra. Seguimos esperando esa voluntad que debiera tener”.
Derechos Humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Amnistía Internacional y Madres de Plaza de mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Insfrán, han respaldado el reclamo de La Primavera y pedido diálogo a la Presidenta.
En mayo pasado, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. Exigieron el fin de la violencia. “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”, denuncia el documento firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes”.
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Originarios
Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas fue el nombre del encuentro inédito que se realizó durante tres días en Formosa, en junio pasado. “Exigimos que los derechos humanos lleguen también a los pueblos indígenas. Y no pueden llegar si los gobiernos apoyan a las petroleras, mineras y multinacionales sojeras”, resumió José Quintriqueo, werquén (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). La Cumbre cerró con una marcha por las calles formoseñas, caminata de dos horas, donde sobresalió una consigna: “Territorio robado será recuperado”. Al llegar frente a la Casa de Gobierno provincia, un grito unánime: “Asesino”.
“Los discursos de soberanía, políticas nacionales y populares se caen a pedazos cuando comprobamos que volvemos a ser meros proveedores de materia prima para el mercado global. Lo que arrancó en la década del 90 se acentúa a ritmos imparables, siendo nuestros territorios los más atacados”, afirma el documento final de la Cumbre, a la que asistieron quince pueblos indígenas de 16 provincias, convocadas por el Consejo Plurinacional Indígena y que explicita que el eje central fue el territorio y la avanzada del extractivismo (petróleo, minería, agronegocios, forestales) sobre territorios campesinos e indígenas.
“Las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”, comienza el texto. Puntualiza que en los últimos meses fueron muerto Natalia Lila Coyipe (11 meses), Imer Flores (12 años) y Daniel Asijak (16 años), del Pueblo Qom de Formosa y Chaco. “Todos muertos violentamente. Menores de edad, como para ver que ya no hay contemplaciones de ningún tipo”, denuncia y afirma: “Vivimos una nueva recolonización del capitalismo global. Y trabajamos para sacarnos de encima un Estado que sigue siendo colonial, que dos siglos después nos sigue excluyendo”.
Elegir
Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria muestra a la Presidenta emocionada frente a Eyen, un niño kolla (en un acto en Tecnopolis), cuando recitó el poema “No te rías de un Kolla”, clásico texto de Fortunato Ramos que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. “No te rías de un kolla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas y allá, en las alturas, en donde no hay nada, ¡así sobrevive con su Pachamama!”, reza el texto.
En 1 de agosto, en Jujuy y en un acto público, la Presidenta homenajeó a la Pachamama (la madre tierra para los pueblos indígenas andinos). Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en la tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), espacio creado por el gobierno nacional para impulsar la megaminería.
Emocionarse ante un niño kolla y tributar a la Pachamama. Pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold. Respaldar a Gildo Insfrán. Menospreciar a indígenas en lucha (sean “inteligentes”), atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos.
El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirma: “En la vida hay que elegir”.
La Presidenta ayer fue muy clara de qué lado está. Y eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación de un Poder Ejecutivo y los pueblos originarios.
* Por Darío Aranda. Publicado en la Revista Sudestada el 15 de agosto de 2013.
El pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.
