Nov 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.
Asambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.
Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.
En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.
El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.
“Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.
En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.
El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.
Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.
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Amenaza contra una dirigente
“Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.
La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.
Nov 18, 2013 | 2013
Con el avance de las fumigaciones, cada vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos Aires.
Alberti en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.
Alberti está ubicado en el norte de Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Con el fallo de la máximo tribunal de Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa familiar que la Corte Suprema había protegido.
“El fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.
Situaciones similares se repiten en Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40 kilómetros de Capital Federal.
Río Cuarto está ubicada al sur de Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular” para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos hacia la agroecología.
El 10 de septiembre se realizó un debate público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.
Similares debates y críticas se repiten en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle, Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar la ordenanza.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.
Viviana Peralta, una de las madres que iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012. “Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.
Otras localidades de Santa Fe donde existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo, Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones) impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.
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Distancias
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 18 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Nov 7, 2013 | 2013
Alumnos descalzos y con hambre, abuelos que mueren de frío, punteros que manipulan planes sociales y votos, campos alambrados, falta de comida y agua. Policías, gendarmes, medios de comunicación y gobierno: unidos contra el Pueblo Wichí. Postales del oeste formoseño.
Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo Wichí relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas.
Radiografía formoseña
-¿Por qué viene hasta Buenos Aires?
-Venimos para que todos sepan qué pasa en nuestra comunidad. Reclamamos al gobierno provincial por viviendas, salud, educación, trabajo y agua. El Gobierno nunca da respuesta a las notas que hacemos. Nos promete, volvemos a casa y nunca cumple. El ministro (de Gobierno), Jorge González, nos dijo la última vez que no había plata para hacer lo que pedimos.
-¿Cuántas comunidades son las que reclaman?
-En el departamento Matacos, al oeste de Formosa, somos 27 comunidades rurales y 17 barrios, 1200 familias, todos wichí. Es la zona más al interior de Formosa, y de las zonas más abandonadas.
-¿Por qué abandonadas?
-Porque no hay salud, faltan escuelas y las que hay están en muy malas condiciones. No hay viviendas, la mayoría de las casas son muy precarias. El tema del agua es muy preocupante. Muchos tomamos agua de los ríos, no hay tratamientos, se toma agua de represas (grandes piletones en la tierra, donde se acumula agua), de los ríos. Además hay mucha sequía, y el agua viene todavía con peor calidad.
-¿Qué provoca tomar esa agua?
-Muchas enfermedades. Diarrea, fiebre y hasta chicos que mueren. Es que tomamos, para que usted entienda, tomamos agua sucia. Y pasa que vamos al hospital, no hay medicamentos, nos internan, nos mejoramos, volvemos a la casa, tomamos esa agua y otra vez enfermamos. No hay salida.
-¿También hay chagas?
-Hay mucho mal de chagas. Una vez escuchaba a la Presidenta que decía que no había más. En el oeste de Formosa hay mucho chagas y hay mucho dengue. Nunca fumigan, y hay mucho mosquito de dengue y mucha vinchuca. En el invierno hay viejitos que se mueren de frío. Este año murieron dos. Están en casas precarias, enferman, se protegen con cartones porque no hay frazadas, y mueren de frío.
-¿Cuántos hospitales hay en la zona?
-No hay hospitales. Hay un centro de salud en Ingeniero Juárez para 27 comunidades y 17 barrios. Hay una sola ambulancia, que donó una iglesia anglicana y un solo chofer que no da abasto. Hay un sólo médico y si hay una emergencia hay que hacer 470 kilómetros hasta Formosa (capital). Muchas veces los enfermos no llegan y mueren en el camino.
-¿Qué otros conflictos hay en la zona?
-En Teniente Fraga piden escuela, centro de salud y agua. También viviendas y luz. En Fraga no hay electricidad. También hubo protesta en Ramón Lista, en el yacimiento petrolera de Palmar Largo. En Ramón Lista se pidió ambulancias, médicos y trabajo.
-¿Viviendas?
-Hay muchos problemas. Hay casas con cinco o siete familias. Y si no tienen trabajo no pueden construir sus propias casas.
-¿Cuáles son los trabajos para los wichí?
-Hay muchos chicos, incluso con secundario completo, que no tienen trabajo. Las chicas limpian casas. Y los chicos son changarines. Vienen los contratistas y los llevan al desmonte y destronque en Salta. Vienen micros y camiones y se llevan cientos de chicos.
-¿Sabe cuánto les pagan?
-60 pesos por hectárea limpia. Y destroncar una hectárea te puede llevar un día o día y medio. La cosecha de limón paga algo parecido.
-¿Cómo es la situación de los chicos?
-Los chicos van a la escuela descalzos. No pueden conseguir para comer. Ya no podemos buscar alimentos en el campo porque están alambrados. Antes podíamos buscar alimentos en el campo. Ahora están alambrados y ya no podemos. Si entrás te corren con escopetas.
-¿Cuándo se alambraron esos campos?
-Hace diez años comenzaron muchas ventas de tierras. El acceso al río Bermejo está casi todo alambrado. No podemos ingresar a pescar.
-¿Quiénes alambraron?
-Son gente de afuera, nunca aparecen. Dejan guardias. Algunas veces los hermanos entran pero es peligroso porque los guardias están armados.
Democracia gildista
-¿Cuáles son los mecanismos de control del gobernador Insfrán?
-Hay muchas cosas. El Gobierno tiene un servicio de inteligencia con punteros. Tienen sueldos de estatales, pero no trabajan, están en sus casas, los vemos. Pero cuando nos movilizamos o cortamos una calle, ahí están ellos, sacando fotos, filmando, llamando por teléfono y contando quiénes cortamos la ruta. Otra cosa que hacen es cortar internet y los celulares.
-¿Cómo cortar internet?
-El dueño de la antena de internet en Juárez es un empresario del gobierno de Insfrán. Si hay problemas en Juárez, hay cortes de ruta o se reprime, se cae el sistema de celular y se corta internet para que nadie de afuera pueda enterarse y que la denuncia no salga de Juárez. Pasa eso durante uno y hasta dos días. Cuando se tranquiliza todo, ahí vuelve internet y los celulares.
-¿Qué sucede con la Asignación Universal?
-La tarjeta no lo tiene el beneficiario. La tiene el comerciante. Hay mucha necesidad y la gente pide a fiado. Ahí el comerciante exige la tarjeta y la clave. Y ya maneja él la tarjeta. La gente no conoce la tarjeta. Y el comerciante siempre es amigo del puntero.
-¿En qué porcentaje se da esta situación?
-En la mayoría pasa eso. Los comerciantes se quedan con la plata de las asignaciones. Y te cobran todo más caro. La yerba sale 20 pesos el cuarto, diez pesos el medio kilo de azúcar.
-¿Cómo actúan los medios de comunicación en Formosa?
-Había una radio que acompañaba nuestros reclamos. Nos hizo una entrevista en corte de ruta y al otra día la incendiaron. No hay medios que publiquen lo que decimos. Al diario el Comercial (el más grande de Formosa) siempre le llamo, quedan en llamarme, pero nunca lo hacen.
-¿Por qué cree que sucede eso?
-No publican porque apoyan al Gobierno. Y nos discriminan. El gobierno discrimina a los pueblos originarios. Y los medios también.
-¿Y la Policía?
-El Gobierno usa a la Policía para reprimir. Siempre nos persiguen. Y cuando nosotros queremos denunciar algo, nunca nos toman las denuncias. Sí al puntero o a los criollos que nos maltratan.
-¿Y los gendarmes?
-Lo mismo que los policías. Los gendarmes siempre nos atropellan. Nos dicen “indio de mierda” y a las mujeres les dicen malas palabras. Cuando venía para acá me quisieron bajar sin motivo del colectivo. Eran cinco gendarmes y me agarraron de la campera. Me querían asustar. Me hicieron una seña de que me iban a cortar el cogote. Nosotros andamos mucho en motitos, y nos persiguen en la ruta. Entonces tenemos que escondernos en el monte.
-¿A quiénes persiguen?
-A los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen “cabecillas”, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo.
-¿Usted tuvo problemas en su trabajo?
-Soy maestro bilingüe en una escuela especial, la número 17 de Ingeniero Juárez. Y me quitaron el trabajo porque estuve en la calle con mis hermanos que reclamaban.
-¿Cómo le quitaron el trabajo?
-En marzo fui al cajero y no tenía plata. Cobraba 3000 pesos al mes y no había nada. En la escuela no sabían nada. Hasta que un puntero vino y me dijo que no me iban a pagar porque ayudaba a las comunidades en conflicto. Le expliqué que no podía estar en mi casa si mis hermanos estaban en la ruta reclamando. Estuve cinco meses sin cobrar y luego de mucho reclamar me volvieron a pagar, pero nunca me pagaron lo atrasado. Y cada vez que salimos a la calle, me retienen el sueldo.
-Cuando hay elecciones suelen llegar noticias de secuestro de personas
-Siempre que hay elecciones pasa eso. Les sacan el documento. Los encierran y les hacen votar a sus candidatos. Es cómo lo mostró la tele. Le dan sobres marcados. Y meten miedo a los hermanos y también a criollos.
-¿En las últimas elecciones (27 de octubre) pasó lo mismo?
-Siempre es lo mismo. En la escuela 438 de Ingeniero Juárez estaban haciendo “voto cadena”. Afuera estaba el puntero con sobres ya firmados, se lo daba al que entraba con el voto al candidato de Gildo y cuando salía le tenía que dar el sobre nuevo (que le dieron en la mesa de votación) al puntero. Todos los veían. Le reclamé al gendarme de la puerta y me amenazó detenerme a mí.
Vengan y vean
-Desde el gobierno provincial dicen que los indígenas de Formosa están bien.
-(Sonríe) Cuando en Formosa vemos en la tele o escuchamos en la radio esas cosas, nos reímos. También no da tristeza, pero nos reímos porque sólo lo pueden decir quiénes no visitaron las comunidades. Mienten cuando dicen esas cosas. Yo vengo de ahí, soy de ahí, yo conozco esa realidad. Por favor, si no me cree, venga y lo verá usted.
-¿Por qué cree que el Gobierno los trata así?
-El Gobierno siempre ha sido así. Ellos hacen vivienda y sólo le dan a quienes están con ellos. Hay hermanos que le siguen porque necesitan y le tienen miedo. Y otros están con el Gobernador porque cobran del gobierno. El gobierno nos discrimina.
-¿Qué le diría a la gente de Buenos Aires que no sabe o que no cree todo lo que se denuncia sobre Formosa?
-Si no me creen, les pido por favor que visiten nuestras comunidades. Los chicos van a la escuela descalzos, los hermanos mueren porque no hay médicos, y hay hambre. En Formosa hay hambre y si reclamamos nos mandan a la policía y gendarmería. Es triste, pero es lo que vivimos todos los días.
* Por Dario Aranda. Publicado el 7 de noviembre de 2013 en www.odhpi.org
Nov 4, 2013 | 2013, Campesinos
Representantes campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS, denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el sector rural del continente.
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas, produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los derechos de los campesinos”.
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Audiencia histórica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la comitiva junto a los delegados de la CLOC. Lourdes Bascary, del CELS, calificó a la audiencia en la CIDH de “histórica” (por ser la primera vez que una organización campesina de diversos países llega a esa instancia) y centró su intervención en el petitorio campesino a la comisión: que se reconozca al campesinado como actor social relevante al momento de analizar los derechos humanos en la región, que se tenga presente que Naciones Unidas está debatiendo una declaración de derechos campesinos, que se realicen recomendaciones a los Estados, investigar e intervenir antes la persecución y criminalización de las luchas campesinas.
La CLOC y el CELS hicieron especial hincapié en que la CIDH preste “especial atención” a la concentración, privatización y extranjerización de la tierra, el agua y las semillas que se da en América latina y el Caribe; solicitó que se identifique el rol de las transnacionales (incluso con controles y penalidades) y, como refiere a una problemática regional, se pidió que las acciones y respuestas también sean regionales. Dos novedades para la lógica de la CIDH: controlar la acción de empresas (no sólo Estados) y medidas regionales (no sólo de un país).
Rosa María Ortiz, comisionada del Grupo de Trabajo de la OEA (Organización de Estados Americanos), reconoció que los organismos internacionales “están en deuda” con los campesinos y señaló que los Estados “están fallando en la obligación de tomar medidas que impidan la violación del derecho a la vida y la integridad” de los campesinos. “Los Estados también fallan en tomar medidas afirmativas en la protección de las semillas como derecho humano”, afirmó la funcionaria de la OEA.
*Por Darío Aranda. Publicado el 4 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Asambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.