Jun 12, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El desmonte en la selva Paranaense y las represas en Brasil son los dos factores que señalan organizaciones sociales, investigadores y hasta Parques Nacionales para explicar la crecida en el río Iguazú y sus consecuencias. “Vemos a funcionarios y medios de comunicación hablando de la cantidad de agua que baja de Brasil, de los daños en las pasarelas de las cataratas, pero lo más grave es la deforestación en las cuencas superiores, las hidroeléctricas y cómo se perjudica a quienes menos tienen”, afirmó Rulo Bregagnolo, activista socioambiental misionero e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.
La explicación mayoritaria fue la responsabilidad de la naturaleza, expresada en las lluvias en Brasil. Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Giraud está atento a lo que se suele llamar “desastres naturales” y maneja estadísticas, estudios y una base de datos que suele explicar el factor humano en cada desastre.
“La imagen satelital de 2013 de la cuenca del Iguazú muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil ya está deforestada. Cambiaron los cultivos tradicionales por soja. Las lluvias caen sobre un suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual lo hace muy propenso a la erosión. Esta situación es una de las causas de que ante lluvias no tan extraordinarias, sea record el tiempo en que el agua precipitada llega al río, provocando esta crecida histórica”, explicó el geógrafo.
Federico Soria, técnico en Conservación de la Naturaleza e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), consideró que “la lluvia no fue muy diferente de otro años. De lo que no se habla es del desastre ecológico que representa la deforestación casi completa de la cuenca y de las megarrepresas (hay cinco aguas arriba y una más proyectada). La cuenca no puede retener el agua, tal como lo hacía naturalmente cuando existía la selva, y por eso baja rauda, siendo imposible que las represas la puedan retener”, aseguró y destacó la ruptura de la represa en construcción Baixo Iguazú, a pocos kilómetros de Misiones. “La ruptura fue un error humano y el agua corrió con enorme fuerza. Será la sexta represa en el cauce del río”, señaló Soria.
Giraud confirmó la ruptura de la hidroeléctrica y detalló que las represas de aguas arriba abrieron de manera repentina las compuertas. “La población ribereña, y no los capitalistas dueños de la represa, sufrió las graves consecuencias. Y a lo largo del curso del Paraná veremos las consecuencias en los próximos días”, remarcó.
Claudio Altamirano, responsable de prensa del Parque Nacional Iguazú, explicó a una radio misionera que el Iguazú nace a 800 kilómetros de las cataratas y sostuvo que las “las hidroeléctricas manejan el grifo, creo que hasta ellos se vieron sorprendidos por la cantidad de agua y decidieron abrir las compuertas. En una semana veremos la consecuencia que generó esta crecida”. El director regional de Parques Nacionales, Andrés Bosso, confirmó que la deforestación es una de las causantes del fenómeno: “Tenemos apenas el ocho por ciento de la superficie originaria de selva, hemos destruido la forestación en un 92 por ciento de la superficie y lo estamos pagando de esta manera”.
Juan Yahdjian es médico, histórico activista socioambiental misionero e integra la Mesa Provincial No a las Represas. Reconoce que siempre hubo inundaciones, pero aclara que parte del agua que hoy fluye debiera quedarse en el subsuelo de Brasil, Argentina y Paraguay (en el acuífero). “Pero ya no existe la vía de recarga de napas y ríos subterráneos, el suelo esponjoso del monte se lo llevó la inconsciente topadora, manejada por inconscientes humanos y lo reemplazó por soja en Brasil y Paraguay y por pinos-eucaliptos en Misiones. Entonces el agua de lluvia se escurre”, detalla. Yahdjian recuerda que lo natural para la región es el monte y advierte que destruirlo tiene consecuencias: “El agua busca su cauce y frenarla tiene riesgos, lo estamos viviendo en estas horas. La naturaleza no se equivoca, avisa que estamos haciendo mal las cosas, que no pensamos en nosotros y menos en nuestros hijos”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 12 de junio de 2014 en el diario Página12.
Jun 10, 2014 | 2014
Tres compañías manejan más de la mitad del mercado mundial de semillas, seis empresas de plaguicidas dominan las tres cuartas partes de ese negocio y diez corporaciones controlan el 40 por ciento de los fertilizantes. Las cifras del agronegocio.
Tres empresas controlan el 53 por ciento del mercado mundial de semillas, seis compañías de plaguicidas dominan el 76 por ciento del sector y diez corporaciones se hacen del 41 por ciento del mercado de fertilizantes. Con nombres propios y cifras de ganancias, un informe internacional arroja datos duros sobre las multinacionales del agro. “La concentración del poder de las corporaciones y la privatización de la investigación deben discutirse como temas principales en la búsqueda de soluciones al problema de quién nos alimentará”, reclamó Kathy Jo Wetter, coordinadora de la investigación desde Estados Unidos, y remarcó una de las principales “falacias” del modelo de agronegocios: “Es una gran mentira que este modelo agroindustrial puede combatir el hambre del mundo”. Y planteó la necesidad de acabar con los oligopolios y fortalecer otro modelo.
El Grupo ETC es un espacio de referencia en el estudio de las corporaciones del agro. Con tres décadas de trabajo y oficinas en Canadá, Estados Unidos y México, periódicamente emite documentos sobre los cinco continentes sobre la base del entrecruzamiento de información oficial de gobiernos y empresas. “Semillas, suelos y campesinos. ¿Quién controla los insumos agrícolas?”, resume el estado de situación de las multinacionales del agro.
Detalla que tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Se trata de Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre las tres facturan 18.000 millones de dólares anuales. Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii.
Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas. Y facturan 26.000 millones de dólares anuales.
El informe detalla que las grandes compañías ya compraron la mayor parte de las empresas que podían adquirir en sus países de origen. Y señala que la nueva estrategia es adquirir y establecer alianzas con compañías de India, Africa y Latinoamérica. Citan, como ejemplo, el caso de la estadounidense Arcadia Biosciences y la argentina Bioceres (en su directorio están Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco, entre otros referentes del agro transgénico local). El Grupo ETC alerta que el cartel semillero impulsa la privatización de las semillas mediante la “protección más severa a la propiedad intelectual” y el desaliento de la práctica tan antigua como la agricultura: guardar semillas de la cosecha para utilizar en la nueva siembra.
El marco legal impulsado por las empresas del agro y gobiernos se llama UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que prohíbe el intercambio de variedades entre campesinos.
El sector de agroquímicos también está en pocas manos. Diez compañías controlan el 95 por ciento del sector. Syngenta (23 por ciento del mercado y 10.000 millones de dólares anuales de facturación), Bayer CropScience (17 por ciento y 7500 millones), Basf (12 por ciento y 5400 millones), Dow AgroSciences (9,6 por ciento y 4200 millones) y Monsanto (7,4 por ciento y 3200 millones de dólares anuales). Entre el sexto y décimo lugar se encuentran DuPont, Makhteshim (adquirida por la china Agrochemical Company), la australiana Nufarm y las japonesas Sumitomo Chemical y
Arysta LifeScience. Entre las diez empresas facturan 41.000 millones de dólares al año.
El informe señala el aumento exponencial de agroquímicos en los países del sur. Los autores cuestionan el incremento de la exposición química y el impacto en la salud pública.
“Los oligopolios invadieron todo el sistema agroalimentario”, resumió Kathy Jo Wetter, de la oficina en Estados Unidos del Grupo ETC, y reclamó “revivir las regulaciones nacionales en materia de competencia y establecer medidas que defiendan la seguridad alimentaria global”. Y arremetió contra el discurso empresario que promete acabar con el hambre sobre la base del modelo agropecuario actual: “Es una gran mentira argumentar que intensificando la producción industrial con las tecnologías del Norte (semillas transgénicas, plaguicidas y genética animal que promueven las corporaciones) la población mundial tendrá alimentos para sobrevivir”.
En fertilizantes, diez compañías controlan el 41 por ciento del mercado y facturan 65.000 millones de dólares. Se trata de las empresas Yara (6,4 por ciento), Agrium Inc (6,3), The Mosaic Company (6,2), PotashCorp (5,4), CF Industries (3,8), Sinofert Holdings (3,6), K+S Group (2,7), Israel Chemicals (2,4), Uralkali (2,2) y Bunge Ltd (2 por ciento).
El Grupo ETC también analizó el sector farmacéutico animal: siete compañías cuentan con el 72 por ciento del mercado global. En cuanto al sector dedicado a la genética del ganado, cuatro firmas dominan el 97 por ciento de la investigación y desarrollo sobre las aves de corral (gallinas de engorde, ponedoras y pavos).
Silvia Ribeiro, directora para América latina del Grupo ETC, resaltó la necesidad de otro modelo agropecuario: “La red campesina de producción de alimentos es prácticamente ignorada o es invisible para los elaboradores de políticas que tienen que resolver cuestiones de alimentación, agricultura y crisis climática. Esto tiene que cambiar, los campesinos son los únicos que realmente tienen la capacidad y la voluntad para alimentar a quienes sufren hambre”.
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Para reducir la concentración
El Grupo ETC alerta que la concentración del mercado agroalimentario generó una alta vulnerabilidad en el sistema alimentario mundial. “Es momento de desempolvar las regulaciones nacionales sobre competencia y empezar a considerar medidas internacionales para defender la seguridad alimentaria mundial”, exige el informe. Recomienda que, en alimentos y agricultura, el nivel de concentración de cuatro compañías no debe exceder una cuota de 25 por ciento del mercado y que una sola empresa no debe contar con más del 10 por ciento. Propone prohibir a cualquier empresa la venta de semillas cuya productividad dependa de los agroquímicos de la misma empresa.
Recomienda a los gobiernos implementar políticas de competencia que incluyan fuertes disposiciones antimonopólicas combinadas con acciones concretas para proteger a los pequeños productores y consumidores. Insta al Comité para la Seguridad Alimentaria de la ONU a que evalúe seriamente la capacidad del modelo industrial (agronegocios) y fortalezca con medidas concretas la red de alimentos campesinos, “para así garantizar con éxito la seguridad alimentaria”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de junio de 2014 en el diario Página12.
May 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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En Argentina y en el mundo
La jornada internacional contra Monsanto se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. México, Chile, Brasil, Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Perú, Francia y Suiza, entre otros. Identifican a la compañía estadounidense como la referente (aunque no la única) del modelo agroindustrial en base a agroquímicos, semillas transgénicas, concentración del mercado y sus efectos: contaminación, desmontes, desalojos y consecuencias sanitarias.
En Argentina hubo actividades en Malvinas Argentinas (Córdoba), Paraná, Rosario y La Plata. En la ciudad de Buenos Aires las actividades fueron en plaza San Martín (Retiro), frente a las oficinas de Monsanto. Comenzaron a las 11 y se extendieron hasta la tarde. Hubo mesas-debates, proyección de documentales y actividades artísticas. Estuvieron asambleístas cordobeses de Malvinas Argentinas y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), que junto a las organizaciones sociales rindieron un homenaje al científico argentino que confirmó los efectos letales del glifosato: Andrés Carrasco.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.
Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.
Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.
En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.
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Desalojo de campesinos
Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 13, 2014 | 2013, Destacados
Falleció Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. En su última entrevista, publicada en el periódico 101 de la CTA, acusó al Conicet y al Ministerio de Ciencia de hostigamiento por denunciar el modelo agropecuario.
El embriólogo molecular Andrés Carrasco marcó un quiebre en la discusión sobre el modelo agrario argentino. Con un largo recorrido en el ámbito científico, Carrasco confirmó en 2009 los efectos del glifosato (agroquímico pilar del modelo sojero) en embriones anfibios. Y ya nada volvió a ser igual. Los cientos de pueblos fumigados y organizaciones sociales tuvieron una prueba más para sus denuncias. Para Carrasco también fue un punto de quiebre. Comenzó a recorrer el país (desde universidad hasta escuelas, desde congresos científicos hasta clubes de barrio) dando cuenta de su estudio. Y comenzó a ser mala palabra en el mundo científico ligado al agronegocios. La última estocada provino del Conicet (el mayor ámbito de ciencia de Argentina): Carrasco denunció por persecución ideológica al presidente del organismo, Roberto Salvarezza, y al ministro de Ciencia, Lino Barañao.
El ministro Barañao había realizado en 2009 un inusual pedido de revisión “ética” al Conicet respecto al accionar de Carrasco. Sobrevino una censura en la Feria del Libro de 2010, difamaciones públicas y, el último hecho, la negación de la promoción con un dictamen que Carrasco evalúa como “plagado de irregularidades” y con evaluadores insólitos: una especialista en filosofía budista y un reconocido científico ligado a las empresas del agronegocios.
Ciencia, investigadores, corporaciones y gobiernos
-¿Qué sucedió en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)?
-Soy investigador principal y me presenté a investigador superior, que es la máxima categoría de un investigador. Es un concurso donde uno presenta todos los antecedentes de la carrera científica. El Conicet lo somete a una comisión especial, formada por un grupo de personas. Una parte, dos o tres, son miembros informantes, que revisan antecedentes del candidato. Luego lo informan al resto de la comisión en un dictamen, que la comisión aprueba o desaprueba.
-¿Qué implica la promoción?
-Implica fundamentalmente el reconocimiento o una carrera en la que uno viene escalando posiciones. Se analiza todos los méritos y trayectoria del candidato. También implica una mejora salarial, pero fundamentalmente un reconocimiento a la carrera.
-¿Por qué rechazan su promoción?
-Apelan a una serie de argucias retoricas. Hicieron una evaluación cuantitativa y no cualitativa. Y alguna de las contribuciones más importantes mías sólo las describen, no las evalúan, no presentan argumentos serios de la contribución del trabajo, sólo miden cuantitativamente. Dicen que no es suficiente, deducen que en mi caso no tengo experiencia internacional suficiente. Además de decir que hubo interrupciones en mi tarea porque desempeñé tareas de gestión (dos años presidente de, justamente, el Conicet y otro tanto Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa). Es insólito porque reconocen que estuve en cargos de gestión y por otro lado dicen que durante esos años no hubo producción, pero saben que tuve licencia sin goce de sueldo con cargo de mayor jerarquía.
-¿Qué es lo que no evaluaron?
-No evalúan seriamente nada. Dicen que fui primer autor o segundo autor (en las investigaciones firmados por grupos de trabajo, con varios autores), pero ni siquiera dicen qué es lo que se investigó. En la década del 80 realizamos una serie de publicaciones que fueron muy relevantes en el mundo científico. No hacen mención y se limitan a decir si firmé primero, segundo o tercero. Y no hay ninguna valoración sobre todo el resto, ni se refieren a los temas sobre lo que uno trabajó durante años. Hay mucha producción científica que que no fue valorada. Del dictamen se evidencia que no hubo valoración cualitativa, no pusieron en relevancia los impactos de las investigaciones, no señalan si fue novedoso y si contribuyó en la disciplina.
-¿Esa forma de evaluación es regla de la ciencia o es particular de este caso?
-Lo que corresponde que se haga es un análisis real del contenido de la carrera científica, no medirlo en términos de números. No se trata de ver cuántos papeles tenemos acumulados, usar una balanza y ver cuántos kilos pesa la producción científica de uno. Así evalúan hoy.
-¿Usted apunta a quiénes lo evaluaron?
-El dictamen es lavado, sin argumentación, y tiene relación con los evaluadores. Una profesora de filosofía hindú (Carmen Dragonetti), que debe ser muy buena en lo suyo pero que no sabe nada de embriología. Un experto en zoología (Demetrio Boltoskoy) que no conoce de embriología. Y uno de los evaluadores que está relacionado íntimamente con la industria transgénica y la promoción del agronegocios (Néstor Carrillo). Hay conflictos de intereses y, por otro lado, no hay consistencia con el tema que los ocupa. Debieran haberse excusado y no lo hicieron. Carrillo ha tenido manifestaciones públicas contrarias a las críticas al agronegocios, está vinculado científicamente a empresas como Monsanto a través de Bioceres, es un convencido de la tecnología transgénica, que mantiene estrechos contactos con Federico Trucco (CEO de Indear y consecuente descalificador de la idoneidad científica de Carrasco) y con Aapresid (empresarios del agronegocios).
-¿Es común que evalúen informantes que no manejan el tema?
-Tienen que tener una idea qué se está evaluando, debiera ser gente que conozca la disciplina.
-¿Evalúan su trabajo sobre glifosato?
-Apenas lo mencionan. Dan cuenta del número de menciones internacionales pero ponen mucho menos de las que tuvo. Y hacen como que no tuvo impacto. Miden el impacto con un número erróneo y no discuten el contenido del trabajo. Mal que les pese, el trabajo sobre glifosato tuvo impacto en muchos lugares del mundo y lo debieron considerar.
– ¿Qué le dijo el Presidente del Conicet?
-La respuesta fue que él no sabia lo que había pasado.
-¿Pero él lo firmó?
-Sí. Claro.
-¿Y no sabía?
-Él dice eso. Que no sabía. Quizá firma cosas que no conoce… la decisión de darle la promoción o no se discute en reunión de directorio… todo el directorio sabía. Desligó su responsabilidad y minimizó, no negó, lo que plantee sobre la evaluación teñida de conflictos de intereses y animosidad manifiesta.
-¿Habrá una nueva evaluación?
-No lo sé. Lo solicité por escrito el año pasado y aún no me respondieron.
-¿Por qué hace público este hecho?
-Porque siempre he sido partícipe que los actos de Estado que benefician o perjudican a personas deben ser públicos. Y segundo porque desde 2009 han pasado cinco años y el Conicet ha tenido momentos de hostigamiento hacia mí. Corresponde denunciar esa saga, me parece que es importante hacerlo público. Se suele acostumbrar mucho a no discutir por temor a los palazos, pero hay que discutir aunque la institución sea injusta. Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Glifosato
-¿Interpreta como un pase factura por el trabajo sobre glifosato?
-Sin dudas que es un pase de factura por el glifosato. Hay que recordar que el Conicet no fue neutral en ese momento.
-¿Por qué?
-Cuando di a conocer las consecuencias del glifosato, desde el Conicet armaron una comisión para contestar lo que yo había dicho. También me prohibieron la asistencia a una Feria del Libro para hablar del tema. Y el ministro Lino Barañao pidió una comisión de ética para juzgarme. Todo lo menciono en mi apelación al Conicet.
-¿Negarle la promoción es un mensaje para otros científicos?
-No creo que sea desconocido por el sector científico, donde hay pocos que están dispuestos a hablar claramente de estas cosas.
-¿Por qué?
-Por estas señales disciplinadoras. Hay una situación con gente que dicen “con esto no me meto porque viene la represalia, pierdo el subsidio, pierdo el becario”. Pero creo que no hay que tener miedo a las posible represalias. Si uno toma una decisión científica en su carrera que va contra la institución o si no quiere participar de la linea de la institución, debe tener lugar. La institución debe ser amplia, para todos, para los que quieren hacerse empresarios científicos y quienes solo somos investigadores.
-¿Qué responsabilidad le cabe al Presidente del Conicet y al ministro Barañao?
-Al Presidente (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia. Y Barañao… es sabida su animosidad manifiesta para conmigo. Hay una bajada de línea, sus hechos y dichos públicos haciendo juicio de valor sobre la investigación del glifosato. Tanto en medios públicos, televisión, radio incluso en charlas publicadas, hubo una reunión pública de Aapresid en Rosario donde habló de manera despectiva de mi trabajo. Si un ministro hace juicio de valor sobre la actividad científica de un investigador, el Ministro me atacó personalmente a mi y mi grupo por nuestro trabajo.
-¿Por qué?
-Lo hizo en un reunión de Aapresid. Dijo “el problema Carraco se termina dentro de una semana”. Porque iba a salir un informe del Conicet sobre glifosato y finalmente no lo pudieron hacer público porque era impublicable. Cuando un ministro dice ese tipo de cosas, siempre hay discípulos dispuestos a hacerle caso al ministro. Y si le cae en la mano una evaluación harán lo posible para dejar contento al ministro. Prácticas de revanchas, venganzas, pequeñeces, son comunes en el Conicet.
-Para muchas organizaciones que luchan en el territorio fue un punto de inflexión su trabajo de 2009. Es extraño de un científico que se involucre en luchas actuales.
-Creo que la investigación de 2009 contribuyó a dar impulso a muchos grupos de colegas que trabajan de manera similar. Y siempre me sentí muy acompañado por la sociedad civil. Me resulta difícil medir el impacto en la gente, pero sí coincido que no es común que un científico salga de la mera investigación de laboratorio para preocuparse y ocuparse por algo que sucede en los territorios. Sirvió para sumarse a una discusión actual, que afecta a la población, y contribuir a una discusión de ese tipo, creo que es lo que todo científico pretende. Y creo que también ha servido para mostrar limitaciones y defectos de la ciencia actual. He visto que muchos colegas legitiman a partir de la mentira. Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo.
Conicet
-Para los ajenos al mundo científico el Conicet pareciera un sello impoluto, de excelencia. Y al mismo tiempo legitimador de discursos sociales, políticos, periodísticos. Usted fue presidente del Conicet. ¿Cómo funciona?
-El Conicet no es para nada impoluto. Estuve dos años al frente del directorio. Tenía muchísimos problemas de estos todo el tiempo, que teníamos corregir. Yo mismo he tenido casos en los que tuve que rechazar dictámenes injustos y hasta intervine la junta de calificaciones. El Conicet está marcado por la situación política del momento, seriamente cruzado por internas políticas y las legitimaciones del momento. La institución no garantiza los derechos a ser evaluados de manera correcta y el mayor grado de objetividad posible. No debería nunca estar Néstor Carrillo evaluando mi trabjo, lo pusieron apróposito.
-¿Qué rol juegan las empresas?
-El Conicet tiene representantes de las provincias, de la ciencia, de universidades y de la industria y del agro, como dos grandes sectores económicos. Estos últimos son representes propuestos por las corporaciones.
-¿Cómo repercute el rol del sector privado?
El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado. Ha llegado a tanto esa vinculación que el Conicet ha inventado un sistema de evaluación distinto para los investigadores que trabajan con las empresas.
-¿Cómo una evaluación distinta?
-Un sistema que implica que el investigador puede trabajar para una empresa y no es evaluado mientras participa de proyectos de empresas, pero siempre como investigador del Conicet. Si decide dejar la empresa, vuelve a ser evaluado como todos nosotros. Todo investigador debe publicar, enviar sus trabajos a revistas, poner en discusión sus trabajos. Los investigadores del Conicet que trabajan para empresas no está sometidos a estas evaluaciones. En esos casos el Conicet funciona como proveedor de recursos humanos de las empresas.
-Si usted hubiera investigado en favor de empresas del agro…
-De seguro el Conicet me daba todas las promociones que pedía. Muchos de los promovidos por el Conicet están encolumnados con esta lógica institucional de privatizar la producción de conocimiento científico. Ese tipo de investigadores está prestigiado por el Conicet. Y se mira mal a quien no se encolumna en esa forma de entender la ciencia. Y mucho peor si se los confronta. El Conicet alienta o cuestiona a investigadores según qué investigue. Si cuestionás el modelo te puede negar subsidios, te saca becarios, te evalúa de manera arbitraria.
-¿Cómo se puede comprobar la vinculación del Conicet con el mundo empresario del agronegocios?
-Es pública la vinculación. Se promueven investigaciones de transgénicos con total financiamiento público del Conicet, se financia a la empresa Bioceres, donde está Gustavo Grobocopatel. Se financió el polo tecnológico de transgénicos en Rosario para desarrollo de semillas, trabajan junto a Aapresid (empresarios que introdujeron los transgénicos en asociación con las multinacionales del sector). El Conicet lleva adelante una política en favor de una determinada tendencia tecnológica y además participa de los negocios que surgen de esa confluencia con el agronegocios. No lo esconden. Están orgullosos del modelo de ciencia que hacen.
-El discurso, no sólo del Gobierno, es que se ha invertido mucho en ciencia y técnica en estos años.
-Es cierto. Pero habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en el todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el Conicet promueve esa lógica. En lo 90 estaba mal visto. Muchos hicieron la vida imposible al menemismo para que esto no pasara y hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. El artículo fue publicado en mayo de 2014, en el periódico número 101 de la CTA.
