Un modelo agropecuario que suma víctimas

Un campesino fue asesinado y otro herido en Santiago del Estero al resistir un desalojo. Cuatro campesinos e indígenas fueron asesinados en los últimos dos años por defender el territorio.

Por Darío Aranda

Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales en la Argentina de hoy”, denunció Marilena Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en Argentina cuatro campesinos e indígenas. El Mocase-VC denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios.

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“La prioridad son el ambiente y la salud”

La Justicia de Salta prohibió fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo rodeado de soja. La sentencia establece límites de 300 metros para aspersiones terrestres y de 1500 para las aéreas. La demanda había sido promovida por los vecinos.

Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.

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Transnacionales al banquillo

Intelectuales, científicos y organizaciones sociales desarrollan un inédito espacio donde evaluarán el accionar de las grandes empresas en Latinoamérica. El “Juicio ético” se hará en la UBA y durará todo el fin de semana.

Monsanto. Barrick Gold. Repsol. Minera Alumbrera. Ledesma. Alto Paraná. Cargill. Sólo algunas de las grandes empresas que sustentan un modelo de extracción de recursos no renovables, con consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. A ellas apunta el “Juicio ético a las transnacionales”, espacio donde un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos convergen desde hoy y hasta el domingo en Buenos Aires para demostrar, en base a decenas de testigos y pruebas, que la acción de las compañías “viola derechos humanos”. También se analizará el rol de los diferentes poderes del Estado, las universidades y los grandes medios de comunicación respecto del modelo extractivo.

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El debate de fondo

¿Qué significa hoy ser inteligente? ¿Cuál es el paradigma del progreso? ¿Cuál la diferencia entre tierra y territorio? ¿Hay alternativas al modelo extractivo? ¿Qué víctimas de los genocidios argentinos tienen derecho a pedir qué? Estas y otras tantas preguntas se disparan al conocer una conversación histórica: la que mantuvieron en Casa de Gobierno 15 representantes de los pueblos originarios con la presidenta Cristina Fernández, en mayo de 2010. Un debate frontal, sin medias tintas, de un tema central que está fuera de la agenda electoral, pero que es vital para comprender el modelo de país que está en marcha hoy y afectará el futuro de varias generaciones.

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Las nuevas invasiones sobre los pueblos originarios

Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.

La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.

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“El Estado se construyó sobre un genocidio”

Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.

–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?

–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.

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