Derecho al territorio para los Quilmes

La Justicia de Tucumán aplicó la legislación indígena y frenó el desalojo de una comunidad quilmes. Marca un precedente para otros casos. En cinco años casi no se utilizó la norma en favor de las comunidades.

Dos veces desalojaron a la Comunidad India Quilmes (CIQ) de Colalao del Valle (Tucumán), pero dos veces volvió a recuperar el territorio ancestral por el simple ejercicio de la acción directa. Intentaron echarla una tercera vez, pero resistió el avance policial. Pagaron un precio alto: gases lacrimógenos contra niños, mujeres, ancianos y hombres, heridos con balas de goma y detenidos. Pero resistieron en el lugar. Estaba latente un cuarto desalojo (todos ordenados por el mismo juez), pero el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación acaba de frenar cualquier intento de expulsión territorial, instó a respetar el territorio indígena y remarcó la plena vigencia de la Ley 26160, norma clave –pero muy poco implementada por el Poder Judicial– que frena los desalojos y ordena relevar todos los territorios indígenas. “Es un avance importante, sienta un precedente a imitar para que no sea sólo un juez quien aplique la ley, sino que todo el Poder Judicial debe reconocer nuestros derechos”, reclamó la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), conformada por 54 comunidades de cinco provincias.

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Polémica por un agrotóxico

El Senasa prohibió el uso del endosulfán a partir de 2013, pero las organizaciones ambientales y la Defensoría del Pueblo exigen que deje de usarse de manera inmediata.

Organizaciones ambientales y campesinas denunciaron durante décadas los efectos nocivos del endosulfán, el insecticida más utilizado del país, empleado en plantaciones de soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas. La respuesta empresaria y gubernamental argumentaba que el agroquímico era usado en todo el mundo y aseguraba la falta de pruebas que probara la letalidad del producto. La última semana, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación del agrotóxico a partir de julio de 2012 y determinó que no se podrá utilizar a partir de julio de 2013. Las organizaciones socioambientales exigen que la prohibición sea inmediata. Desde la vereda de enfrente, las empresas de agroquímicos también cuestionaron al Senasa por no ampliar el plazo de la utilización del producto. El endosulfán, junto al glifosato, ya tuvo sentencias firmes que limitan su uso.

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Piquete contra la megaminería

Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.

“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.

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Una lucha que llegó a la ONU

Comunidades originarias de Salta y Jujuy fueron recibidas en Naciones Unidas. Denunciaron la vulneración de sus derechos y el avance minero sobre sus territorios. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer la situación.

El avance sobre el territorio indígena, la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos y la instalación de empresas mineras sobre comunidades originarias fueron los temas que escucharon en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la boca de comunidades kolla y atacama de Salta y Jujuy, que rechazan la minería de litio en su territorio ancestral. Ante la más alta instancia de la ONU en materia indígena, las comunidades solicitaron algo simple: que se cumplan las leyes que protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre un amparo presentado hace ocho meses. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer en territorio la situación de los pueblos originarios.

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La pelea por los territorios

Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.

Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.

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Un freno para el agrotóxico

La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año.

“Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.

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