Sep 28, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Diversos sectores nucleados en la Mesa Provincial No a las Represas organizaron una marcha desde el lunes pasado que atravesó distintas ciudades misioneras y hoy confluye en Posadas. Piden una consulta popular por la represa hidroeléctrica Garabí.
Seis días de caminata con una bandera: “Por los ríos libres”. Cientos de misioneros, correntinos y brasileños marcharon desde el lunes en rechazo a la construcción de una represa que inundará 90.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. Hoy ingresarán a Posadas y exigirán que se cumpla la ley provincial que obliga a una consulta popular vinculante para decidir sobre nuevos proyectos hidroeléctricos. “Ya tuvimos una horrible experiencia con Yacyretá. Las megarrepresas arrasan territorios, condenan a miles de personas al desarraigo, contaminan y enferman. Sólo queremos que se cumpla la ley y nos dejen votar para decidir nuestro futuro”, reclamó Rulo Bregagnolo, uno de los voceros de la marcha.
El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina originado en los ’80. Consiste en una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes, con el estado brasileño de Rio Grande Do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y fue relanzado formalmente.
La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a más de cuarenta organizaciones. Desde indígenas y campesinos hasta sindicales y de derechos humanos, y diversas iglesias. Un amplio abanico y diversidad de posicionamientos políticos, pero una coincidencia: no quieren represas en Misiones y exigen que se cumpla la Ley IV-56 vigente en la provincia. El artículo 6 dice que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.
La ley señala que el Poder Ejecutivo provincial debe convocar a la votación. A pesar del reclamo, desde hace dos años, el gobernador Maurice Closs aún no ha dado señales de llamar a plebiscito. El proyecto está en manos de un consorcio binacional. La argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), de capital estatal, y la empresa brasileña Eletrobras.
Las organizaciones sociales realizan desde hace dos años charlas debate, talleres, panfleteadas y movilizaciones. Pero la que comenzó el lunes 23 en Panambí, al este de Misiones (sobre el río Uruguay y en el límite con Brasil), es histórica. Hombres, mujeres y niños caminando sobre la ruta, otros en bicicletas y a caballo. Unas 2000 personas iniciaron la marcha bajo la lluvia. A pesar del clima, un grito de celebración: “Que llueva, que llueva. Mejor mojarse que inundarse”.
El lunes hicieron noche en Oberá, el martes estuvieron en Alem, miércoles en Bompland, jueves Santa Ana y viernes en Garupá. En todas las paradas hubo actos en las plazas y fueron recibidos por organizaciones y gente de a pie. También hubo relevos, donde se sumaron nuevos marchantes. Luego de 150 kilómetros de caminata, hoy sábado es la gran entrada a la capital provincial. Se leerá la “proclama por los ríos libres”. Remarca la “necesidad urgente” de llamar a plebiscito vinculante (para abril de 2014), llaman a los gobiernos (de Misiones, Corrientes, Argentina, Brasil y Paraguay) a desistir de nuevas represas, recuerdan que los desalojos implican también violación a los derechos humanos.
La proclama de los marchantes propone un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que “apuesta a energías renovables” y finaliza: “Es necesario que sean los pueblos y no las transnacionales y algunos funcionarios los que determinen cómo quieren vivir y de qué modo queremos generar energía”.
Misiones tiene historia en represas. Yacyretá, bautizada durante la década del ’90 como “el monumento a la corrupción”, fue iniciada en 1973, inundó 140 mil hectáreas y desalojó a 40 mil personas. “Miles de pescadores fueron ubicados en barrios en las afuera de Posadas, lejos de su fuente de trabajo, engrosando así los cordones de pobreza, o teniendo que depender de algún tipo de ayuda social para poder sobrevivir. Y la mayoría de las obras complementarias aún no están finalizadas, después de 30 años”, recordó Eugenio Albrecht, integrante de la Mesa Provincial, pastor de la Iglesia Luterana y marchante.
En 1995, los gobiernos de Argentina y Paraguay, junto con el de Misiones, impulsaron la represa Corpus Christi (sobre el río Paraná). Luego de debates y movilizaciones, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento dijo “no”. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas provinciales.
La Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los efectos sanitarios. Explica que los lagos que generan las represas son el hábitat de vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad de las represas”, afirma la organización misionera Cemep-Adis, parte del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela).
Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú y de la Mesa Provincial, afirmó que el “90 por ciento” de los misioneros no quiere las represas y envió un mensaje para “los compatriotas” que no conocen lo que implican las represas: “Dijimos no a Corpus en 1996, y seguimos diciendo que no ahora. Es muy simple hermanos argentinos, no queremos que nos inunden, no queremos que nos corran de nuestras casas por un supuesto ‘progreso’, no queremos ser la usina del país, no queremos pagar el costo humano de la electricidad que derrochan en las grandes ciudades”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 28 de septiembre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de septiembre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Campesinos
Campesinos de todos el país llegaron ayer al Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley para el sector. Sólo hubo tres diputados presentes y duró 34 minutos. Descontento de los campesinos y críticas para el Poder Legislativo y la Presidenta.
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un «Instituto de la Agricultura Familiar» y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires… y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta… pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada «Cristian Ferreyra», en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados… deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
Balance campesino
Raúl Galván (Cocitra):
-“No hay señales del Gobierno Nacional para avanzar en políticas de redistribución de tierras. Si no podemos lograr una ley contra los desalojos, mucho menos avanzar sobre territorios concentrados por las grandes transnancionales”
-“La ley contra extranjerización no sólo que no resolvió un problema, sino que le garantizó más territorios a las transnacioanales. En lugar de avanzar hemos retrocedido”.
-“No hacemos apoyo bobo al Gobierno, hacemos apoyo crítico. Hay que avanzar en un proceso anticapitalista como se da en otros países de América Latina”.
-“No podemos hablar de soberanía alimentaria si no somos capaces de políticas públicas reales, si no podemos recuperar territorios la soberanía alimentaria será sólo una consigna”
-“El freno a los desalojos no sale porque no hay voluntad política, no sólo de diputados sino también del Poder Ejecutivo. Si tenés mayoría en ambas cámaras, si tenés una década ganada, hay que avanzar y no se avanzó”.
Ignacio Avellanal (Acina)
-“Hace dos años que no se bajan recursos para la agricultura familiar. Si no recibimos en estos dos años que pasaron, menos vamos a recibir en los dos años que quedan”.
-“Uno de los diputados dijo que hace falta el voto de la gente para ir por lo que falta. Pero acá tenía que haber más diputados. Si querés seguir teniendo el gobierno popular, porque supuestamente este es un gobierno popular, debiera haber más diputados acá”.
-“Yo salí a las 2 de la tarde de ayer de mi casa. Ni comimos. Y él (por el diputado Edgardo Depetri) vino diez minutos y se fue. Es como que no le interesa”.
-“Tienen mayoría en el Congreso y no votaron la ley de desalojos. Hace rato que tendría que haber salido”.
José Luis Castillo (Acina)
-“Dentro de la Subsecretaría hay compañeros que ponen el hombro”.
-“Nos nos puede pasar lo mismo que con la Ley Cristian Ferreyra. Hay que ser cuidadosos. Muchos compañeros hicieron más de mil kilómetros. Y acá solo tres diputados de los 240 que son. Hay que ser muy inocente para irse alegres con esto”.
-“Estamos mal. Hay que barajar y dar de nuevo. De esta forma estamos lejos de plasmar nuestros pedidos”.
-“Los diputados con más peso político no están con la agricultura familiar y el Poder Ejecutivo tampoco, sino no se entiende que en el Ministerio de Agricultura nos peleamos por migajas”.
-“Hay que pensar otras acciones. Es un gran esfuerzo venir hasta acá y que nos sigan entreteniendo”.
-“Hay que movilizarse en los territorios”.
Deo Carrizo
-“Evaluamos como positivo la diversidad de organizaciones juntas. Vamos avanzando y fortaleciendo el sector”.
-“Que haya tres diputados te marca que los diputados están en otra cosa”
-“La ley Cristian Ferreyra perdió estado parlamentario. Ahí está el desconocimiento de los que legislan a nivel nacional sobre lo pasa en el campo profundo. No se hacen eco de nuestros reclamos”.
-“El Poder Ejecutivo avanzó con la Ley de Extranjerización, y es como que se se ha distraído con eso. Y no ha dado importancia al freno a los desalojos campesinos, muchas familias están con riesgo de ser desalojadas de sus lugares de vida”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2013 en comambiental.com.ar
Sep 19, 2013 | 2013
Indígenas y campesinos, intentos de desalojos, violencia empresaria e inacción gubernamental. Nueve millones de hectáreas en disputa, la tierra en pocas manos y los derechos humanos que no llegan a la Argentina profunda. Intento de desalojo en Palma Sola (Jujuy) y resistencia campesina en Pozo Azul (Misiones). Violencia en el paraje Aloma Bajada (Santiago del Estero) y el Pueblo Mapuche de pie frente a las petroleras.
La lucha en la Argentina rural crece al mismo tiempo que avanza el modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). Según datos oficiales, al menos nueve millones de hectáreas están en disputa y la tierra se concentra en pocas manos: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes controla el 78 por ciento de la tierra. Amnistía Internacional denuncia que los pueblos originarios son “víctimas de la discriminación y la violencia” y acusa de “inacción” a los gobiernos provinciales y Nacional.
Palma Sola está ubicada en el extremo sureste de Jujuy, a 160 kilómetros de la capital provincial. La familia Mamani habita el paraje rural desde hace 90 años. Pero en 2009 la empresa sojera CRAM llegó hasta el lugar y pretendió desmontar. Comenzó un proceso de resistencia territorial y, vía amparo judicial, se frenó el desmonte. “Se demostró la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes”, denunció la Organización Tierra Fértil (donde participan las familias amenazadas por CRAM).
En paralelo, la familia Mamani inició un juicio para obtener el título de sus tierras. “Como casi todos los juicios que son iniciados por las familias campesinas, éste tambien se perdió, por ’falta de prueba’”, señaló la organización, y alertó que el abogado y apoderado de la empresa, Horacio Macedo Moresi, impulsa el remate de las tierras campesinas para cobrar sus “honorarios” (300 mil pesos).
“Este hecho se suma a una seguidilla de atropellos que sufren cotidianamente las familias campesinas indígenas por defender sus territorios de la concentración de grupos empresarios vinculados al poder político-judicial local”, acusó Tierra Fértil, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
En Misiones, la jueza Hebe Toledo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, ordenó a inicios de agosto el desalojo de 70 familias campesinas en el Paraje Pozo Azul (ruta provincial 20, norte provincial). Aún no se ejecutó la sentencia porque en la provincia está vigente una ley de suspensión de desalojos (hasta mayo de 2014). Dentro de nueve meses, y de no mediar una decisión política, las 70 familias serán echadas de esa tierra.
En Santiago del Estero, en el paraje de Oloma Bajada (comunidad campesina indígena en el departamento de Sarmiento, centro de la provincia), entre el 29 de julio y 6 se agosto llegaron topadoras y una cuadrilla de empleados de un supuestos “comprador” de Santa Fe. Las familias campesinas Loto y Rojas denunciaron la “invasión” a sus campos, donde viven desde hace 70 años. E incluso tienen la escritura que los confirma como propietarios.
“Se sucedieron hechos que lamentablemente reflejan lo que a diario se vive en la Provincia y que aparece como noticia recién cuando se llega al extremo doloroso de llorar la pérdida de compañeros que entregan su vida en defensa de la tierra”, alertó la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina) y denunció que las familias rurales fueron denunciadas por el “crimen” de resistir en sus territorios.
A cien kilómetros de Neuquén capital, la comunidad mapuche Campo Maripe defiende el territorios ancestral ahora rebautizado por las empresas petroleras como “Vaca Muerta”, donde ya opera YPF y dio la bienvenida a la estadounidense Chevron. Planifican extraer petróleo con el cuestionado método de “fracking” (o fractura hidráulica”).
La legislación vigente en la Argentina insta a la “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas en las acciones que pudieran afectarlos. Por la explotación petrolera en Vaca Muerta, ni el Estado nacional ni el provincial consultaron a las comunidades mapuches.
Situación nacional
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó en julio pasado el primer relevamiento oficial sobre conflictividad rural. Señaló un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa, 857 casos, que afectan a 63.843 familias. La superficie equivale a 455 veces la ciudad de Buenos Aires.
El 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, señala el estudio “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
El conteo de casos tiene su limitación, aclarado por los mismos autores, fue realizado durante sólo tres meses (de abril a junio de 2011), por lo cual está lejos de ser un mapa completo de la lucha por la tierra rural en Argentina.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre 1 y 9 años. El 20,9 por ciento entre 10 y 19 años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho. De los 857 casos relevados, 278 involucra a pueblos indígenas (32 por ciento).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo oficial señala que en la mitad de los conflictos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte de la Argentina. Desde hace cuatro años releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba).
En marzo de 2013 publicó su tercer informe. Llamado “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales (214 de tierras, 24 ambiente y diez mixtos). Afecta a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de conflictos (123), le siguen Chaco (50), Formosa (38) y Salta (18). La Redaf analiza también por separado los conflictos de tierras y los ambientales. Por disputas de sólo tierras,están afectadas 127.886 personas. “La población aborigen es la que tiene mayor cantidad de personas afectadas por los conflictos de tierra (54 por ciento)”, específica el trabajo y advierte que “el 24 por ciento de las personas afectadas soporta amenazas o ya fue desalojada de sus tierras”. De las 11,8 millones de hectáreas, 2.791.302 hectáreas se ven afectadas por conflictos de tierra, y 10.702.878 por conflictos ambientales. “De los 248 casos relevados, 224 se producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia de la tierra”, afirma y, como dato alentador, en el 98 por ciento de los casos existe protagonismo de los propios afectados, comunidades de base o distintas organizaciones sociales. La contraparte en los conflictos es en el 70 por ciento de los casos el sector privado y en el 30 por ciento el Estado (municipal, provincial o nacional). “Las familias responsabilizan al
Estado por no otorgar los títulos de propiedad que les corresponde; no defenderlos durante los actos de usurpación en lotes de poseedores en tierras fiscales; no facilitar el acceso a campesinos sin tierra”, asegura el informe extenso informe de la Redaf.
La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se iniciaron a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones y recuerda que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “EL PEA exige la incorporación de nuevas superficies a la producción agroindustrial y al no mencionar a la región chaqueña como área boscosa con valor ecológico, todo indica que la frontera agropecuaria se seguirá expandiendo en esta región y por consiguiente se iniciarán nuevos conflictos en los próximos años”, alerta.
Redaf explica que la conflictividad tiene directa relación con la diferente forma de entender el territorio y la vida. Para campesinos e indígenas se trata “de una lucha por seguir existiendo como tales, por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de expresarse, de relacionarse con las personas y la naturaleza, de vivir y permanecer”. La tierra es fundamental para su vida, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad. Para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación”. Priorizan el aumento de ganancias y las retenciones en el corto plazo. El tercer informe de conflictos de la Redaf finaliza: “Para los privados y el Estado la tierra representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 19 de septiembre de 2013 en el Periódico de la CTA Nº 97.
Sep 5, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto. Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
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Un dictamen irregular
El Celma cuestionó que en el dictamen aprobatorio, por parte del Senasa, interviniera un científico con “conflicto de intereses”, Moisés Burachik. “Ha sido miembro asesor de una asociación internacional de la cual Monsanto es parte”, afirmó el Celma. Burachik es reconocido en el mundo científico como un férreo impulsor de los organismos genéticamente modificados. En la actualidad es director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, cuyo directorio está conformado (entre otros) por Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, empresarios impulsores de agronegocios) y Gustavo Grobocopatel (presidente de Los Grobo, uno de los mayores pools de siembra del continente).
Burachik es socio honorario de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), que tiene entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto.
“Los integrantes de la Conabia, Dirección de Biotecnología y Senasa deben ser los expertos por el Estado que deben tener una postura neutra en la aprobación de los organismos vegetales genéticamente modificados. Pero la realidad muestra que están estrechamente vinculados con una organización internacional como ILSI, que en todos sus documentos y actividades surge un claro interés en propugnar una santificación de los transgénicos”, denunció el abogado.
* Por Darío Aranda. Publicada en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
Ago 29, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Modelo extractivo y movimientos sociales, luchas territoriales y represión, los gobiernos y sus alianzas con las corporaciones son algunos de los ejes de debate que se desarrollarán hoy en el Primer Seminario Internacional: del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, sostuvo que “en nuestros territorios se quiere extraer petróleo y gas no convencional con un método que en muchos países se ha prohibido. Los gobiernos violan nuestros derechos y dejan hacer a las empresas a sabiendas de la contaminación que van a producir”.
El encuentro propone tres espacios: la “crisis por la que atraviesa” el modelo extractivo; la “violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos” a sus territorios y recursos por parte “del Estado y empresas transnacionales”, y las prácticas y resistencias de los movimientos sociales como escenarios de alternativas de desarrollo.
El seminario comenzará a las 10 en Belgrano 2527. El primer panel, “Extractivismo y derechos de los pueblos”, estará compuesto por Maristella Svampa (socióloga e investigadora principal del Conicet), Horacio Machado Aráoz (integrante del Colectivo Sumaj Causay, de Catamarca) y Pablo Dávalos (economista y docente ecuatoriano). “El gobierno de Ecuador ha decidido expandir la frontera extractiva y lo hace criminalizando”, acusó.
A las 11.45 será el turno de “Extractivismo y resistencias populares”. Disertarán Raúl Zibechi (periodista uruguayo), Claudia Korol (coordinadora del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía), Gloria Chicaiza (de la organización Acción Ecológica de Ecuador) y el qarashe (autoridad) de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz.
A las 14.30 se abordarán las luchas contra la megaminería en Perú, Chile y Bolivia: Jaime Borda (coordinador de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, de Perú), Limbert Sánchez (Centro Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia) y Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con sede en Chile).
“En Perú, la minera Xstrata (la misma que opera en Catamarca Minera Alumbrera) hace seguimiento, espionaje a activistas”, denunció Borda y recordó que en su país las empresas mineras cuentan con “enormes beneficios tributarios”. Relató que se repiten los casos de criminalización de la protesta y destacó que en la última década fueron asesinados 80 activistas. “No hay sanciones a los culpables de esas muertes”, afirmó.
Limbert Sánchez, de Bolivia, aportó una análisis regional: “Las transnacionales tienen hambre por nuestras materias primas, padecemos una política de saqueo”.
Ana Alvarez, de la Red Agroforestal del Chaco Argentino (integrada por quince instituciones e investigadores de universidades de la región), recordó que acaban de presentar su tercer informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevaron 248 disputas territoriales que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. “Aumentó la conflictividad junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria, que expulsa a familias campesinas y comunidades indígenas”, señaló.
La megaminería en Argentina la abordará Santiago Machado, de la catamarqueña Asociación Civil Be-Pe. Lo acompañará Gloria Olguin (de Pensamiento y Acción Social de Colombia) y Danilo Chammas (Red Internacional de los Afectados por Vale, en Brasil). En el cierre, a las 19, se presentará el documental Extractivismo y el derecho de los pueblos, de Martín Musarra, que da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.
El seminario es organizado por las organizaciones Be-Pe, Redaf, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, la italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes y el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado por el diario Página12 el 29 de agosto de 2013.
