Ago 20, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.
En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.
Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.
En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.
Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.
El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.
Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.
Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.
La Red de Salud Popular también recordó el “principio de no regresión en materia ambiental” presente en la Constitución nacional (artículo 75) y en la Ley General del Ambiente (artículo cuatro), que establece que no podrán modificarse los pisos de resguardo ambiental vigentes. “Siempre deben mejorarse las medidas de precaución, pero nunca cambiarlas para peor”, afirmó Gómez.
Mar del Plata contaba con una ordenanza desde 2011 que prohibía fumigar a 1000 metros de lugares poblados, pero en mayo pasado, sin lugar a participación de vecinos ni organizaciones sociales, el intendente Gustavo Pulti envió al Concejo Deliberante una nueva ordenanza. Votada afirmativamente por Acción Marplatense y la UCR, fue rechaza por la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria se abstuvo.
La ordenanza, que permite fumigar hasta 100 metros de las viviendas y a 25 metros de escuelas, fue celebrada por empresarios y productores agropecuarios y rechazada por vecinos de zonas afectadas y organizaciones socioambientalistas, que denunciaron la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
* Artículo escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 20 de agosto de 2013.
Ago 15, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos.
“Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.
Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.
Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.
Antecedentes
El abuelo qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre de 2010 en la ruta 86. La Policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Decenas de heridos, viviendas incendiadas (por la misma Policía) y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gildo Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión, que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo qom.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha qom, nunca fue atendido por el Gobierno Nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo y 9 de Julio (donde fueron desalojados por La Cámpora), lograron una “mesa de diálogo” que nunca plasmó en hechos concretos los derechos de la comunidad.
Lo que sí obtuvo la comunidad Potae Napocna Navogoh fue un recrudecimiento de la represión. Sólo una muestra:
- El 28 de junio de 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias.
- El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció Díaz.
- El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom. Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Fueron atropelladas por un gendarme, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía siguiente. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realizara la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. “La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Día–) de la comunidad.
- El 10 de enero de 2013, Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de cuatro días de internación. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asijak, padre del joven. Y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”.
La triste lista es mucho más extensa.
Insfrán
Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador, y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
En octubre de 20011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kichner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.
En enero de 2012 operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…). Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.
El 25 de mayo, en el acto oficial, la Presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido.
Félix Díaz recordó el 23 de noviembre de 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad. Y le hizo una solicitud pública: “Le pido a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más”.
Elecciones
Un día antes del acto de la Presidenta, los colegas del sitio Comunicación Ambiental habían alertado sobre la propaganda de Insfrán y de algunos medios porteños. “En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la Comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones (PASO) participaron 443 personas, de las que el FpV obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como qarashe. Los números comparados hablan por sí solos”, explicaron.
Félix Díaz explicó que en la escuela donde surge esa estadística no vota buena parte de la comunidad y afirmó que “los votos que decía la Presidenta no son indígenas, son criollos. A la mayoría de nuestros hermanos en lucha no le llegaron los DNI” (muchos de ellos quemados en la represión de 2010).
Pero, dejando de lado por un momento la explicación de Díaz y el detalle otorgado por Comunicación Ambiental, si en la comunidad La Primavera hubiera ganado el oficialismo: ¿Eso niega la sistemática represión? ¿Votar a Insfrán quita legitimidad a los reclamos territoriales?
La Presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad Potae Napocna Navogoh. Hizo falta que (supuestamente) una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo (una vez más) al Gobernador.
La publicación Garganta Poderosa, “revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa”, aportó su mirada: “Si nos tocara vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gildo Insfrán, por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de Capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha, ‘porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron de derecha’? Bueno, los qom tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso, nosotros no hablamos a nombre de la cultura qom, gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Insfrán son la misma mierda”.
Twitts
Ayer por la tarde, luego del discurso público, la Presidenta escribió una decena de twitts. Tres referidos a La Primavera.
- “Y la victoria FPV en ‘La Primavera’ de los Qom? ¿Te acordás de los cortes en la 9 de Julio? Cámaras por todas partes. Conferencias de prensa…”
- “Pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa y fue tapa del monopolio (Clarín, claro). ¿Cómo que no son importantes?”.
- “Y la verdad que a estos la Antártida y los Qom les importan un comino”.
Según la mirada de la Presidenta, a Félix Díaz lo “llevaron” a Roma. Lo subestima, lo cree inferior.
Es la misma línea argumentativa que la Presidenta exhibió en la histórica reunión de mayo de 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha.
La Presidenta les advirtió que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
La definición de “racismo” de la Real Academia: “Doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior”.
Qom
Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde en Am Continental 590.
- “A la Presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena, nos dejó sufrir a la intemperie (en el acampe de 2010)”.
- “Nunca la escuchamos repudiar la muerte de indígenas tanto en Chaco como en Formosa”.
- Y recordó el fondo del asunto y la lucha: “Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios (indígenas) y que nos devuelvan la tierra. Seguimos esperando esa voluntad que debiera tener”.
Derechos Humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Amnistía Internacional y Madres de Plaza de mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Insfrán, han respaldado el reclamo de La Primavera y pedido diálogo a la Presidenta.
En mayo pasado, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. Exigieron el fin de la violencia. “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”, denuncia el documento firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes”.
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Originarios
Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas fue el nombre del encuentro inédito que se realizó durante tres días en Formosa, en junio pasado. “Exigimos que los derechos humanos lleguen también a los pueblos indígenas. Y no pueden llegar si los gobiernos apoyan a las petroleras, mineras y multinacionales sojeras”, resumió José Quintriqueo, werquén (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). La Cumbre cerró con una marcha por las calles formoseñas, caminata de dos horas, donde sobresalió una consigna: “Territorio robado será recuperado”. Al llegar frente a la Casa de Gobierno provincia, un grito unánime: “Asesino”.
“Los discursos de soberanía, políticas nacionales y populares se caen a pedazos cuando comprobamos que volvemos a ser meros proveedores de materia prima para el mercado global. Lo que arrancó en la década del 90 se acentúa a ritmos imparables, siendo nuestros territorios los más atacados”, afirma el documento final de la Cumbre, a la que asistieron quince pueblos indígenas de 16 provincias, convocadas por el Consejo Plurinacional Indígena y que explicita que el eje central fue el territorio y la avanzada del extractivismo (petróleo, minería, agronegocios, forestales) sobre territorios campesinos e indígenas.
“Las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”, comienza el texto. Puntualiza que en los últimos meses fueron muerto Natalia Lila Coyipe (11 meses), Imer Flores (12 años) y Daniel Asijak (16 años), del Pueblo Qom de Formosa y Chaco. “Todos muertos violentamente. Menores de edad, como para ver que ya no hay contemplaciones de ningún tipo”, denuncia y afirma: “Vivimos una nueva recolonización del capitalismo global. Y trabajamos para sacarnos de encima un Estado que sigue siendo colonial, que dos siglos después nos sigue excluyendo”.
Elegir
Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria muestra a la Presidenta emocionada frente a Eyen, un niño kolla (en un acto en Tecnopolis), cuando recitó el poema “No te rías de un Kolla”, clásico texto de Fortunato Ramos que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. “No te rías de un kolla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas y allá, en las alturas, en donde no hay nada, ¡así sobrevive con su Pachamama!”, reza el texto.
En 1 de agosto, en Jujuy y en un acto público, la Presidenta homenajeó a la Pachamama (la madre tierra para los pueblos indígenas andinos). Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en la tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), espacio creado por el gobierno nacional para impulsar la megaminería.
Emocionarse ante un niño kolla y tributar a la Pachamama. Pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold. Respaldar a Gildo Insfrán. Menospreciar a indígenas en lucha (sean “inteligentes”), atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos.
El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirma: “En la vida hay que elegir”.
La Presidenta ayer fue muy clara de qué lado está. Y eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación de un Poder Ejecutivo y los pueblos originarios.
* Por Darío Aranda. Publicado en la Revista Sudestada el 15 de agosto de 2013.
Ago 14, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La petrolera socia de YPF fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas, pero desoye a la Justicia. Los afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, acusan al gobierno argentino y a la Corte Suprema por apañar a la multinacional y advierten que, en Neuquén, la compañía volverá a contaminar.
La tarjeta de presentación de Luis Yanza tiene una leyenda que se destaca: “Hasta que Chevron repare nuestra Amazonía”. Yanza es parte de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, la petrolera estadounidense condenada por contaminar 500 mil hectáreas en Ecuador y por afectar a 30.000 personas. De visita en Neuquén, junto al Pueblo Mapuche, el dirigente ecuatoriano detalla el accionar de la multinacional que explotó territorio ecuatoriano durante 26 años, que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, se fugó de Ecuador y sus activos fueron embargados en Argentina (hasta que la Corte Suprema falló a favor de la empresa). Chevron acaba de asociarse a YPF para explotar yacimientos petroleros no convencionales en Neuquén, en zona de comunidades mapuches. Yanza advierte: “Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta?”
Contaminación y condena
-¿Qué fue lo que hizo Chevron en Ecuador?
– Chevron es una multinacional de Estados Unidos que, por sobre todo, es una compañía prófuga de la Justicia. ¿Por qué razón? En 1964 Texaco ingresó a la selva del amazonas del Ecuador extraer petróleo con una tecnología totalmente barata y obsoleta, para minimizar los costos y tener mayores ganancias. Vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica, contaminó 500 mil hectáreas, dejó 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos. Todo esto afectó directamente a los pueblos originarios que vivían en la zona, Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari. Fueron afectados 30.000 mil ecuatorianos.
-¿Cuáles fueron los efectos sobre la población?
– Chevron afectó en lo cultural, lo territorial y en la salud. Provocó el desalojo y desaparición de pueblos indígenas. Se registra una alta tasa de cáncer, abortos espontáneos. Murieron y seguirán muriendo hombres, mujeres y niños.
-¿Cuándo comenzó la demanda contra la empresa?
– En 1993 iniciamos una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos. Después de diez años ahí, no logramos jurisdicción. Y en 2003 iniciamos la demanda en Ecuador. En 2001 se fusionaron Texaco y Chevron. Hemos litigado obtuvimos una sentencia condenatoria en 2011 y 2012 contra Chevron, basada en la prueba, en la ley, en la evidencia. Sin embargo Chevron no obedece, no acata la decisión de la Justicia de Ecuador.
-¿Cuál fue la prueba que tuvo en cuenta la Justicia de Ecuador?
– En el juicio se comprobó que Chevron-Texaco contaminó 500 mil hectáreas con 330 pozos, 880 fosas con desechos tóxicos y que se afectó a 30.000 personas. Diversas pericias confirmaron altos índices de casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia en niños menores de 4 años. En el juicio teníamos que probar la mala práctica que dejó efectos nocivos para la salud y el ambiente. Lo probamos con evidencia, estudios técnicos y científicos, y con las pruebas concretas de personas y contaminación del territorio. Esto desmiente lo que dice Chevron de que el ’juicio fue un fraude’. Ningún fraude. Contaminaron y fueron condenados.
-Chevon fue condenada en primera y segunda instancia. El caso está en la Corte Suprema de Ecuador.
– En Ecuador la ley prevé un recurso extraordinario para llegar a la Corte y Chevron hizo uso de ese derecho. Pero, siempre según la ley ecuatoriana, con la sentencia de segunda instancia ya se acabó el juicio. Por eso mientras se resuelve el recurso extraordinario no se impide que se ejecute la sentencia. No hay tiempos estipulados para que la Corte se expida, aunque ojalá sea este año.
-La sentencia es por 19.000 millones de dólares. ¿Por qué?
– Contempla la reparación misma del daño, especificado en cuatro puntos: reparación ambiental, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. La Justicia de Ecuador dijo que si en 15 días Chevron no se disculpaba públicamente, se duplicaba el monto. Así fue que de 8.500 millones de dólares, se pasó a 15.000 millones.
-¿Cómo se conformó y cómo funcional la Unión de Afectados por Chevron-Texaco?
– La organización comienza a inicios de la década del ’90. Se presentó como Frente de Defensa de la Amazonía, conformado por indígenas y colonos. El proceso judicial comienza en Estados Unidos y luego fue trasladado a Ecuador. Hoy estamos organizados como Unión de Afectados, con delegados de base que toman todas las decisiones. Hay delegados de todas las naciones originarias y también de los no indígenas, de todo los campos petroleros que explotó la empresa. La asamblea se reúne cada tres meses en asamblea, y también hay un comité ejecutivo que se reúne cada mes, una estructura más operativa y en constante diálogo.
-El discurso pro empresario de Argentina señala que es un juicio impulsado por un estudio jurídico y no de afectados reales.
– Es otra gran manipulación de Chevron. Es un juicio de la gente afectada por Chevron. Tenemos una estructura, la Unión de Afectados, donde se toman todas las decisiones del caso. Y sobre las cuales los abogados ejecutan su trabajo. Es un juicio de los afectados por una multinacional criminal.
-¿Cuál fue y es el rol del gobierno de Rafael Correa?
– El Gobierno ha dicho que es un juicio entre particulares, entre afectados y quien afectó. No interviene ningún organismo público, ni municipal ni nacional. El Gobierno ha dicho que la Justicia debe resolver. Es lo más sensato. Chevron ha querido involucrar al Gobierno para luego decir que es un juicio politizado, pero el Gobierno se ha mantenido al margen y es lo mejor.
-Correa visitó la zona afectada. ¿Qué dijo?
– El Presidenta visitó la zona en abril de 2007. Habló con los afectados y vio él mismo cómo quedó el territorio. Sólo eso queríamos, que vea cómo Chevron dejó nuestro territorio. Y ahí mismo dijo que la Justicia debe decidir.
Impunidad
-¿Por qué solicitan que el embargo a Chevron se haga en otros países?
– Chevron se fue de Ecuador antes de la sentencia, se escapó. Pero está en muchos países, como en Argentina. Ante esa situación, nos vimos obligados a recurrir a tratados internacionales para que Chevron responda con sus activos. En las primeras instancias los jueces de Argentina resolvieron embargar los bienes de Chevron. Pero lamentablemente al llegar a la instancia superior, Corte Suprema, se benefició a Chevron. No entendemos por qué, aunque suponemos que por las presiones políticas que estas empresas ejercen y que han sido una constante.
-¿Cómo tomaron la decisión de la Corte Suprema?
-Nos deja ante una gran indefensión, pero el proceso y la lucha continúan. Pero es una mal precedente porque un Estado debe cumplir con los tratados que firmó y el Estado argentino no lo cumple.
-Ante el levantamiento del embargo, pedido por el gobierno nacional y otorgado por la Corte Suprema. ¿Cómo lo interpretan respecto a las luchas regionales contra el extractivismo?
– Sienta un precedente nefasto para las luchas. Los pueblos en lucha del continente observan cómo una empresa violadora de derechos humanos es condenada en primera y segunda instancia, pero por presión política y económica se da marcha atrás en una Corte Suprema. ¿Se privilegia los derechos de multinacionales por sobre las comunidades afectadas? Es una pésima señal para la defensa de los derechos humanos. Debería llamar a la reflexión al gobierno argentino.
Bienvenida oficial
-Chevron acordó con YPF explotar yacimientos en Neuquén. ¿Qué opina?
– Queremos alertar al pueblo argentino y neuquino que la decisión del Gobierno no es la mejor. Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta? Aún más si la Justicia de Argentina no hace que pague por el crimen que cometió. El pueblo argentino debe saber que Chevron es una compañía prófuga de la Justicia.
-¿Por qué cree que el Gobierno de Argentina da la bienvenida a la empresa?
– Es una jugada luego de la expulsión de Repsol. Hubo un vacío y Chevron lo aprovechó para decir que tenía dinero para invertir. Aunque sabe que quizá no sea rentable. La explotación para yacimientos no convencionales requiere de inversiones muy fuertes, como también serán muy fuertes los impactos, para el ambiente y para la población. Chevron condicionó su inversión en Vaca Muerta a que se le retire el embargo. Y ahí le retiraron el embargo.
-¿Qué opina del accionar del gobierno argentino?
– No lo logramos entender. Sabemos que cada país tienen su soberanía y legítimo derecho de decidir. Pero creemos que comete un gran error al abrir la puerta a una transnacional que perjudicó a 30.000 ecuatorianos, con consecuencias que aún sufrimos. El gobierno argentino no puede omitir que Chevron es una empresa condenada y que tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión judicial ecuatoriana, por un tratado internacional debe ser aplicado ese embargo también en Argentina.
-Existe muy buena relación entre los presidentes de Argentina y Ecuador, sin embargo el posicionamiento ante Chevron es totalmente diferente. ¿Por qué?
– No entendemos. El gobierno argentino tiene gran afinidad política e ideológica con el gobierno de Ecuador, pero han tomado una posición muy opuesta… (piensa) Es de una incoherencia total el apoyo del gobierno argentino a Chevron. Y el gobierno argentino apoya lo que ha decido la Corte Suprema y beneficia a la multinacional.
-¿Hubo algún diálogo con el gobierno argentino?
– No pudimos hablar con nadie. Nos gustaría que nos reciban. Pero al menos sería importante que hablen con el gobierno de Ecuador. Podrán obtener información confiable de cómo actuó Chevron y confirmarán que la empresa está mintiendo sobre su desempeño en Ecuador.
-Una carta pública de YPF los responsabiliza por afectar, con el embargo, los intereses del país.
– Es insólito que se pueda plantear algo así. No queremos dañar a ningún pueblo ni gobierno. Al contrario. Pero nos cuesta creer que un gobierno nacional o provincial pueda permitir en su casa a una empresa que ha violado derechos humanos y que no quiere cumplir las decisiones de la Justicia.
-En Neuquén usted fue muy consultado por el Pueblo Mapuche y por personas no indígenas. ¿Qué les dice?
– Siempre tenemos el mismo mensaje. En territorio ecuatoriano hay hechos reales de enormes daños ambientales que ha ocasionado Chevron-Texaco y que ha dejado miles de víctimas. Hay evidencias, hay estudios. Hubo un juicio legal y legítimo. Como la transnacional huyó de Ecuador, dio muestras claras de su prepotencia y negativa a cumplir con lo que dictó la Justicia, y tuvimos que recurrir, siempre sujeto a la ley y tratados internacionales, a la Argentina y otros países para que esa acción judicial ecuatoriana se cumpla.
-¿Hubo algún mensaje especial para el Pueblo Mapuche?
– Que no permitan la entrada de Chevron a su territorio. Así se librarán de tener muchos problemas, como los que vivimos nosotros. Si Chevron ingresa a territorio argentino y mapuche, habrá contaminación, habrá enfermedad y habrá muerte.
* Artículo de Darío Aranda publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013
Ago 12, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
La Ley 26.160 ordena frenar los procesos judiciales que implican desalojos de comunidades indígenas e insta a relevar los territorios indígenas de todo el país. A seis años de sancionada (2006), sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 por ciento). En territorio fueguino se declara sólo una comunidad y dos en Catamarca. Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87 por ciento), San Juan (80 por ciento), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades).
Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento.
Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48 por ciento. “El resultado que arroja el cuadro es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, advierte el informe.
Cuestionamientos
El informe de Endepa detalla que la aplicación de la Ley 26.160 acumula denuncias por incumplimiento e irregularidades.
-El 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órganos de control de la ejecución de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, recomendaron el cumplimiento sin más demoras de la Ley 26.160 y la efectiva suspensión de los desalojos.
-En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado la adopción de medidas cautelares inmediatas para la protección de las comunidades Paichil Antriao del Pueblo Mapuche en Neuquén y La Primavera del Pueblo Qom en Formosa, en donde el proceso de relevamiento de tierras aún no ha comenzado. A fines de 2012, la Comisión realizó una nueva solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad el Nogalito del Pueblo Lule en Tucumán, hostigada por terratenientes ante la omisión estatal en realizar la demarcación de sus tierras.
-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Argentina a fines de 2011 y expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de relevamiento territorial y la necesidad de que se cumpla con la suspensión de desalojos dispuesta por la Ley 26.160.
-En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió sobre los retrasos en la ejecución del relevamiento.
-A mediados de 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe en el que detalló el bajo nivel de cumplimiento, irregularidades y desmanejo de fondos.
-En julio de 2013, la Corte Suprema intimó al INAI para que inicie el relevamiento de la comunidad La Primavera de Formosa.
La Ley 26.160 determinaba que en tres años debía completarse el relevamiento. En 2009, dado el nivel de incumplimiento, se prorrogó hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554). El presidente del INAI, Daniel Fernández, aseguró públicamente que será prorrogada nuevamente.
“La contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas y al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por por Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Red Agroforestal (Redaf) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entre otros.
22 millones
La Ley 26.160 y su prórroga determinan que el INAI debe administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisa, en base a información oficial, que utilizó de manera “descentralizada” (mediante equipos e instituciones provinciales) 23 millones de pesos. Con los cuales comenzó el relevamiento en 250 comunidades, pero lo finalizó sólo en 131.
El dato más llamativo en cuanto a lo económico es la transferencia realizada desde el INAI a la Universidad Nacional de Lanús, de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012 “para realizar tareas que no se han detallado, en una operatoria cuya legalidad cuestiona duramente la Auditoría General de la Nación”.
El informe asegura que la Universidad de Lanús no cuenta con carreras o centros de investigación que “se vinculan de modo importante con la problemática indígena, o se orientan hacia la antropología, la agrimensura o el catastro rural, que son las disciplinas necesarias para la ejecución del relevamiento”. Además explica que desde Endepa se consultó a los equipos provinciales que sí relevaron comunidades y todos “coincidieron en que la Universidad de Lanús no tuvo vinculación con las tareas realizadas” por los equipos técnicos de terreno.
“Cualquiera hubiera sido realmente la calidad del servicio prestado, es sin duda exagerado que un asesoramiento de ese tipo justifique que se le destine aproximadamente la mitad de los fondos utilizados en el programa de relevamiento (…) Sin que semejante gasto se encuentre justificado siquiera mínimamente, lo que permite suponer razonablemente un desvío de fondos para usarse por fuera de los circuitos normales de control de la administración pública, sin ninguna transparencia ni rendición pública por parte del INAI”, denuncia el informe y detalla que, de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
Relato
El 23 de julio de 2012, el INAI emitió un comunicado en el que aseguró que, a partir de la sanción de la Ley, “se evitaron 14.000 desalojos”. Sugiere que FUE por acción del gobierno nacional a través del INAI.
El INAI reconoce la existencia de 1578 comunidades. Por lo cual, habría evitada un promedio de nueve desalojos por cada comunidad indígenas de Argentina. “Lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”, afirma el trabajo de Endepa y precisa que “el carácter fantasioso de esta cifra del INAI” puede ilustrarse con el ejemplo de Neuquén, donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a 70 juicios “en los que el INAI no ha tenido la menor intervención”.
Sin embargo, según el comunicado del organismo que comanda Daniel Fernández y que depende de la ministra Alicia Kirchner, el INAI habría evitado más de 500 desalojos en Neuquén. “Del mismo modo es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades en esas o en otras provincias no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”, cuestiona Endepa.
El INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuáles habrían sido esas 14.000 intervenciones que impidieron desalojos.
Daniel Fernández, presidente del INAI, no pudo precisar ninguna intervención en la que haya frenado un desalojo.
Realidad
Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe (10 meses de vida), Imer Flores (de 12 años) y Daniel Asijak (de 16 años), Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son los nombres de asesinatos y muertes dudosas de los últimos años que figuran en informe de Endepa.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas, que no aparece en la contemplación de cifras que sólo aluden a la ineficiente gestión administrativa. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe y recuerda que “las víctimas de esta política son los pueblos y comunidades indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 12 de agosto de 2013 en odhpi.org
Jul 24, 2013 | 2013, General
“Por el agua y la vida, contra la megaminería”, fue una de las consignas en más de treinta ciudades de una decena de países en las que se movilizaron para denunciar la contaminación de la actividad extractiva y rechazar la presencia de las corporaciones mineras. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) existen al menos 192 conflictos que involucran a 286 comunidades latinoamericanas. En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y construcción, y al menos 121 proyectos en exploración avanzada. Hubo actividades en la ciudad de Buenos Aires, Esquel, Trelew, Andalgalá y Mendoza, entre otros.
Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el “Día mundial contra la minería”. Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajarmarca (Perú), donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en la nacientes de los ríos de la región.
En Chile hubo campaña de concientización en Vallenar y Alto del Carmen sobre el proyecto binacional de oro Pascua Lama, en manos de la empresa Barrick Gold, actualmente frenado por una causa judicial de pueblos indígenas. En Montevideo hubo una concentración en la Plaza Independencia y marcha hasta la empresa Zamin Ferrous, por el proyecto minero Aratirí. En Brasil se movilizó la Red Internacional de los Afectados por la minera Vale. También hubo marchas en España, Canadá y Francia, pero el grueso fue de América latina.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal), existe en América latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26, Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Panamá y Guatemala (6), Nicaragua y República Dominicana (4). Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.
“En 2010 el Ocmal contabilizaba 120 conflictos. Hoy son 192. Se debe a la expansión del modelo extractivo-exportador”, señaló la investigadora Maristella Svampa, y afirmó que los “megaproyectos extractivos” reconfiguran territorios desde el punto de vista económico, social y “ponen en jaque el alcance mismo de la democracia, pues son proyectos que se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias”.
En Andalgalá (Catamarca), hubo un recital de Raly Barrionuevo y un banderazo en la plaza principal, impulsado por la Asamblea El Algarrobo, que denuncia a la Minera Alumbrera y rechaza la instalación de un nuevo proyecto (Agua Rica). En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso nacional.
En Mendoza se concentraron frente a la Legislatura y cantaron artistas populares. En Trelew realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad. En Esquel, que este año cumplió diez años del histórico “no a la mina”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los diez años de lucha.
La Secretaría de Minería de la Nación señaló, en su informe “La minería en números”, que en 2003 había 40 proyectos mineros en estudio en Argentina. En 2009 ya eran 336 y en 2012 llegaron a 600: un incremento del 1500 por ciento en nueve años.
La Red Asistencia Jurídica (Redaj) contabilizó catorce proyectos en explotación y construcción y 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las reservas pero aún no se resuelve la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete), Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
En la última década, y siempre por impulso de organizaciones sociales y vecinales, siete provincias argentinas limitaron algún aspecto de la megaminería: Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 24 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Contra la minería».
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Jul 23, 2013 | 2013, General
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.
Por Darío Aranda
En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Los conflictos por las tierras ajenas».
El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.
