Jul 22, 2013 | 2013, General
La Legislatura provincial votó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná, en Piray, 190 kilómetros al norte de Posadas. Las tierras fueron entregadas a la cooperativa Productores Independientes de Piray para su cultivo.
Por Darío Aranda
“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron los campesinos misioneros de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que lograron una histórica expropiación de 600 hectáreas que estaban en manos de la multinacional Alto Paraná. Luego de nueve años de resistir desalojos y de vivir cercados por el monocultivo de árboles, la legislatura provincial aprobó la expropiación para que los campesinos la trabajen en forma cooperativa y puedan quedarse donde siempre vivieron. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó Miriam Samudio, de PIP.
Piray es un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. En el kilómetro 18 de la antigua ruta nacional 12, de tierra, viven los campesinos de PIP. Las parcelas tienen entre diez y 20 metros de frente, una junto a otra, y sólo 70 metros de fondo, donde los pinos de Alto Paraná les marcaron el límite para producir, criar animales y vivir. Desde 2006, los campesinos denuncian el avance empresario y se resisten a repetir el futuro de parajes vecinos. “En los últimos veinte años avanzó mucho más el pino, más nos encerraron en pedacitos de tierra y más familias tuvieron que irse, ya no podían vivir con poca tierra”, recuerda Samudio.
En 2010, Productores Independientes de Piray (junto a técnicos locales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación) comenzaron a gestar un proyecto para producir alimentos sanos, criar animales y no tener que dejar su territorio. Pero necesitaban tierra. “Declárese de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación una superficie total de 600 hectáreas”, señala en artículo 1º de la ley sancionada por la Legislatura de Misiones. El artículo 2 precisa: “Tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que ya habitan (en el lugar)”.
“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, señala la fundamentación la ley, que reconoce la concentración de la tierras en pocas manos que padece Misiones (acentuada en las últimas dos décadas) y recuerda: “La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza el artículo 51 de la Constitución provincial”.
La norma fue apoyada por todos los bloques políticos y aprobada por unanimidad el 6 de junio. Miriam Samudio es una de las voceras de los 250 campesinos. Sostiene que aún cuesta creer la buena noticia, pero de inmediato avisa: “Es un paso más en la lucha, no es la solución de fondo, falta que nos den la tierra y que la podamos trabajar, pero es un paso importante, y es un logro de la lucha, no es regalo de nadie, sólo con la lucha obtenemos lo que nos corresponde”.
La ley precisa la situación del agro misionero. “En los años 1997 y 1998 favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de Alto Paraná, se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural”, afirma. Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco. Con su eslogan “sembremos futuro”, cuenta con oficinas en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”.
Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina declara la propiedad de 256.000 hectáreas. El oficialismo es el Frente Renovador, cuyo referente político es el ex gobernador y actual diputado Carlos Rovira, hombre fuerte de la política de Misiones.
Marta Ferreyra es diputada por el mismo Frente y una de las legisladores activas en la ley. “Es algo inédito para nuestra provincia. Y aún más porque fue un proyecto de PIP, fue tomado por todos los bloques y aprobado por unanimidad”. La diputada destacó que “el sueño es que este año se entregue la tierra”, pero aclaró que falta la promulgación de la ley, el censo de familias campesinas de Piray y la tasación de la tierra. “Alto Paraná es una multinacional con mucho poder, que no ha dicho nada oficialmente, pero ya ha dejado trascender su malestar. Siempre dijo que no entregaría tierras cultivadas (como las de Piray), pero muchos creemos que por los enormes beneficios impositivos que tuvo en las últimas décadas, debiera incluso donar las 600 hectáreas.”
El oficialismo provincial adhiere a nivel nacional al Frente para la Victoria. La diputada Ferreyra dejó trascender matices con el Ministerio de Agricultura de Nación. “Gente de Buenos Aires de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de (Emilio) Pérsico dijeron que era poca tierra, que podían poner plata para más hectáreas pero luego no pusieron nada. Esperamos que ahora acompañen en lo productivo”.
Miriam Samudio, de PIP, piensa en clave local pero también nacional: “Queremos que nuestros hijos puedan vivir de su trabajo en la tierra que los vio nacer. Y queremos que todos los campesinos de Misiones y de Argentina tengan la misma posibilidad. La tierra es un derecho de las familias que vivimos y que la trabajamos con nuestras manos”.
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Las pasteras y sus números
En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto del medio ambiente, el desalojo de campesinos e indígenas y la concentración de tierras. El Censo Agropecuario (2002) señala que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década, y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná reconoce ser propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Controla en Piray el 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500. El avance del monocultivo de árboles tiene historia reciente. En 1999 se aprobó la Ley 25.080, llamada de Inversiones para bosques cultivados. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos de ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA, otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (no se pueden aumentar impuestos). La Ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008. En 1998 había en Argentina 600 hectáreas con monocultivo de árboles. En 2008 había llegado a 1,2 millón. La proyección de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) es, en 2018, llegar a las tres millones de hectáreas.
* Artículo publicado el 8 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Tierras misioneras recuperadas”
Jul 22, 2013 | 2013, General
Por Darío Aranda
“El Estado tiene que garantizar nuestros derechos”, exigió Luis Romero desde las oficinas porteñas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Romero integra la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, y luego de ocho años de solicitar la personaría jurídica que le corresponde por ley decidieron viajar a la ciudad de Buenos Aires y realizar una ocupación pacífica del INAI, donde están desde el lunes 24 de junio. “Estamos acá por la falta de voluntad política de Nación y provincia de reconocer nuestros derechos, y esa inacción tiene que ver con la avanzada de mineras, petroleras, forestales y estancieros sobre nuestros territorios. Nos quedaremos hasta que cumplan con la ley”, advirtió Romero.
Desde hace diez días la comunidad mapuche ocupa el INAI. Son 16 personas, entre ellos dos bebés y una abuela mayor de 70 años. “Han pasado ocho años desde que se iniciaran los trámites y hemos agotado todas las instancias administrativas. En asamblea comunitaria hemos decidido viajar a Buenos Aires. Nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario”, explica el comunicado de Tuwun Kupalmeo Maliqueo y cita dos normas que le otorgan ese derecho, Constitución Nacional (artículo 75) y Constitución de Neuquén (artículo 53).
La última acción administrativa de la comunidad fue en abril. Enviaron una carta al presidente del INAI, Daniel Fernández, para pedir explicación por la “excesiva demora” en el otorgamiento de la personería jurídica. No hubo respuesta. Sobrevino la decisión de llegar hasta el INAI.
El lunes 24 fueron recibidos por Fernández y el director de Tierras del INAI, Antonio Dell Elce. “Ofrecieron asesoría jurídica y proyectos productivos. No vinimos por eso”, cuestionó Romero, dirigente de la comunidad que habita territorios en el paraje Santo Domingo Abajo (a seis kilómetros de Zapala) y en la región cordillerana (paraje Paso del Arco, a ocho kilómetros de Villa Pehuenia).
El lunes pasado, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron con Aldo Etchegoyen y Pablo Pimentel (de la APDH) y referentes de la comunidad. Prometieron viajar a Neuquén, reunirse con funcionarios provinciales y luego convocar a una mesa junto a la comunidad y, como garantes, a organismos de derechos humanos. “Esperaremos aquí”, explicó Romero.
El martes se sumaron desde Neuquén tres comunidades mapuches que también exigen el otorgamiento de las personerías jurídicas y recordaron que la aplicación de la Ley 26.160 (que debiera frenar desalojos y relevar los territorios indígenas) entra en zona gris si no se cuenta con personería jurídica. “Es lamentable que los Estados neuquino y nacional se hayan puesto de acuerdo para negar la existencia de las comunidades que no cuentan con personería jurídica dejándolas fuera del relevamiento. Esta negación no es inocente, sino que es para garantizar jurídicamente todos los megaproyectos de saqueo de nuestro territorio ancestral”, denunciaron las comunidades Puel Kayupi, Gelay Ko, Azkintuwe y Winkul Newen.
El director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, explicó que una comunidad sin personería jurídica es “una comunidad no reconocida por el Estado, no puede hacer trámites simples, no es admitida por los municipios ni por las provincias, ni por las distintas dependencias estatales, para la vida cotidiana (incluyendo la titularización del territorio), no se la toma en cuenta”. Y destacó que, por el acuerdo firmado por INAI y gobierno de Neuquén, Tuwun Kupalmeo Maliqueo “ni siquiera entra en el relevamiento territorial” de la Ley 26.160.
Silvina Ramírez, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), remarcó que la personería es un derecho constitucional, aclaró que tiene carácter declarativo y no constitutivo (no constituye a la comunidad, la comunidad existe independiente de la personería) y resaltó que no contar con esa figura legal implica dificultades burocráticas, desde pérdida de subsidios y dificultades para litigar hasta el no reconocimiento de derechos territoriales.
La acción y reclamo de Tuwun Kupalmeo Maliqueo también cuenta con el apoyo de catorce comunidades de la zona centro de Neuquén. “Hacemos llegar nuestro apoyo a los compañeros que están llevando adelante la acción dentro del edificio del INAI, y denunciamos que los Peñi y Lamgen están sufriendo la privación de acceder a medios de comunicación, se le ha cortado la luz y el acceso a los baños como también sufren el hostigamiento por parte del gremio de funcionarios del INAI”, denunciaron diveras comunidades.
* Artículo publicado el 5 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Reclamo por el reconocimiento”
Jul 22, 2013 | 2013, General
La última década se profundizó el modelo extractivo de megaminería, petróleo y agronegocios. El caso de la soja es el más emblemático, con un crecimiento geométrico. Las consecuencias: desmontes, uso masivo de agrotóxicos y conflictos rurales que llegan incluso al asesinato de campesinos e indígenas.
Por Darío Aranda
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril de 2011. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. Exigían que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, y el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y pedían justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres, y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días para su confección). Quizás el punto más relevante de la propuesta legislativa.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2% de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6% menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados.
Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de la Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3.000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se les impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89%) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario.
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La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar.
El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia.
El 23 de noviembre de 2010, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte de ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales.
Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa), murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
Mártires López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa, murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván (40 años), integrante el Mocase-VC y parte del Pueblo Lule-Vilela, trabajaba en su campo (norte de Santiago del Estero) cuando fue asesinado con un arma blanca por “un sicario” al servicio de un empresario sojero.
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Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años una masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Por otro lado, el más evidente avance del modelo extractivo es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020”, que apuesta a aumentar la producción de granos en un 60 por ciento (llegar en 2020 a las 160 millones de toneladas).
Se ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicarán las consecuencias ambientales y sociales.
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Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de la Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que las víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy pesa sobre los pueblos originarios de la Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
* Artículo publicado en la revista Voces en el Fénix de junio de 2013
http://www.vocesenelfenix.com/content/soja-s%C3%AD-ind%C3%ADgenas-no
Jul 22, 2013 | 2013, General
Tres días de debate, intercambio y articulación de luchas. Dos documentos de posicionamiento político (para el Gobernador de Formosa y para la Presidenta de Argentina). Lo principal: el territorio. La denuncia a las industrias extractivas, la respuestas a las organizaciones que cuestionan la lucha, y una Cumbre Indígena que dejó huellas. La marcha por las calles de Formosa y un grito con destinatario claro: “Asesino”.
Por Darío Aranda
Desde Formosa
“Territorio robado, será recuperado”, fue el grito principal de la marcha de ayer, por las calles de Formosa, en el marco de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas. Luego de dos días de trabajo, 250 dirigentes de 15 pueblos indígenas elaboraron dos documentos (uno para el gobierno nacional y otro para el provincial) con demandas concretas y coordinaron acciones de lucha para el corto y mediano plazo. Cuando la marcha llegó hasta la puerta de la Casa de Gobierno provincial, un solo grito (destinado al Gobernador) resonó en la capital formoseña: “Asesino. Asesino. Asesino”.
En las afueras de Formosa capital se desarrolló desde el lunes y hasta ayer miércoles una histórica cumbre indígena, convocada por el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación de dirigentes indígenas de todo el país). El lunes se hizo hincapié en la realidad de Formosa, donde los cuatro pueblos (Qom, Pilagá, Wichi y Nivaklé) elaboraron un documento sobre la realidad provincial.
El martes llegaron los dirigentes de quince pueblos indígenas de 16 provincias. Desde la mañana y hasta la medianoche, con breves descansos, escribieron un documento para ser presentado (en Casa Rosada) a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A las 9.45 de ayer partió desde la Casa Juan Pablo II –lugar del encuentro– la columna de dirigentes indígenas. La bandera del encuentro, con el lema “memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”, encabezó la marcha. Banderas del Pueblo Mapuche y la wiphala multicolor de las naciones originarias se dejaban ver desde lejos.
Sobre la ruta 11, camino a la capital de Formosa, se iban sumando organizaciones sociales, algunos partidos políticos y gente a pie. Los autos y (muchos) ciclomotores tocaban sus bocinas en señal de aprobación.
“Esto es histórico. Hermanos de todo el país vinieron a abrazarnos y juntos denunciamos la violación de derechos del gobernador Gildo Insfrán y del gobierno nacional. Juntos gritamos basta de atropellos. Juntos luchamos, juntos estamos de pie”, arengó Israel Alegre, histórico dirigente del barrio Nam Qom.
Roxana Vilches, del Pueblo Ranqulche de La Pampa, explicó que la cumbre sirvió para evaluar la situación a nivel nacional “donde en todos los territorios es clara la violación de los derechos de los pueblos indígenas. El mismo Estado que aprueba las leyes, luego las viola y avanza sobre nuestros territorios y nuestras vidas”.
La marcha recorrió tres kilómetros, el sol fuerte se hizo sentir, pero se mantuvieron los cánticos por territorio y los gritos de lucha de los distintos pueblos, en idioma ancestral.
A las 12 se llegó hasta la Casa de Gobierno de Formosa, un edificio de diez pisos, vidriado, en una amplia esquina, y vallado con numerosa custodia policial. Cuando los marchantes llegaron hasta el lugar, se hizo un silencio extraño, sabían que estaban frente a la sede del gobernador (desde hace casi 20 años) Gildo Insfrán, y el primer grito provino de una mujer: “¡Asesino!”. De inmediato, todos los marchantes, gritaron con fuerza: “¡Asesino. Asesino. Asesino!”. El grito se mantuvo durante dos minutos, pero pareció eterno. Se respiraba emoción.
Sobrevinieron aplausos. Y otro grito que unificó a todos: “Territorio robado, será recuperado”.
Documentos
El documento escrito por los cuatro pueblos indígenas de Formosa reclama que se cumpla el relevamiento territorial que estipula la Ley Nacional 26.160, exige que haya un diálogo sincero del Gobierno para resolver los urgentes problemas de salud, educación y agua, insta a que se cumplan los derechos indígenas y exige el fin de la violencia contra las comunidades que luchan.
El escrito para la Presidenta aporta pruebas concretas (en base a información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Auditoría General de la Nación) sobre el incumplimiento de la Ley 26160. Da cuenta de que se gastó el 76 por ciento del presupuesto y sólo se relevaron el 24 por ciento de las comunidades).
Cuestiona la reforma del Código Civil, donde remarcan que no hubo participación indígena según establece la ley y exigen una ley especial para tratar el articulado referido a pueblos indígenas.
Por sobre todo, el documento cuestiona al modelo extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería. Deja claro que ese modelo “atenta contra la vida indígena” y cuestiona al Gobierno Nacional por impulsarlo en alianza con las corporaciones.
El martes a la noche, a último momento, se agregó un párrafo donde cuestiona que la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, haya dictaminado a favor de la petrolera estadounidense Chevron para levantar un embargo de 19.000 millones de dólares que pesa sobre la multinacional por contaminación en Ecuador. También cuestiona a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el martes falló a favor de la petrolera Chevron.
En el debate de plenario se hizo hincapié en la alianza del Gobierno Nacional (mediante YPF) con Chevron. “La multinacional petrolera contaminó y provocó muertes en hermanos indígenas de Ecuador, está comprobado por la Justicia de ese país, y acá se la recibe con brazos abiertos. Es la alianza del Gobierno con las corporaciones”, afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El documento final será leído hoy, en conferencia de presa a las 17, frente a Casa Rosada. Participarán delegados indígenas de la Cumbre organismos de derechos humanos y se solicitó tener una entrevista con la Presidenta.
Discursos
Arriba de una camioneta, abrió el discurso Argentina Paz Quiroga, guía espiritual del Pueblo Warpe de San Juan. Primero hablo en idioma ancestral, luego tradujo: “Muchos creen que no existimos, hacen como que no estamos, pero somos, acá estamos y estamos de pie”. Sobrevinieron aplausos.
Recordó que el Consejo Plurinacional Indígena nació en vísperas del Bicentenario de 2010. Y marcharon miles a Plaza de Mayo. “Somos el Consejo Plurinacional, somos los que estamos de pie, no somos los que bajaron, nosotros no vendemos nuestra dignidad de pueblos indígenas”, gritó la dirigente Warpe y contestó en forma explicita la denuncia de los últimos días de supuestas organizaciones indígenas que cuestionan la Cumbre de Formosa.
A los largo de los dos días, todos los dirigentes originarios desmintieron que se trate de “300 comunidades” y afirmaron que el descontento proviene de la Tupac Amaru (de Milagro Sala), que apoyó la marcha del Bicentenario pero luego (cuando las respuestas de la Presidenta no llegaron y las críticas indígenas se hicieron más duras) dejó el Consejo Plurinacional.
“Nos quieren desterrar de nuestros territorios. Las multinacionales tienen el apoyo de los gobernadores que se dicen parte de un gobierno nacional y popular, pero son gobernadores de las multinacionales”, afirmó Argentina y cerró su discurso: “Cinco siglos resistiendo, estamos de pie, seguiremos luchando, sembrando vida”.
Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) era una de las voces más esperadas. Comenzó hablando en idioma qom. Y luego explicó: “Es un día histórico, esta Cumbre y esta marcha es histórica. Nosotros queremos dialogar, pero miren lo que hace el gobernador Insfrán, nos pone vallas y nos pone a la policía, como el 23 de noviembre de 2010, cuando nos reprimió, mató al hermano Roberto López, nos quemó casas y DNI, nos humilló”.
Y resumió lo que sobrevoló durante tres días en la Cumbre: “No somos opositores, no somos oficialistas, queremos manejar nuestros territorios. No somos dirigentes con sueldos, no somos políticos, queremos trabajar nuestros territorios para la vida”. Y remató: “Qué triste ser títere de un poder económico. Que triste no tener la libertad de los indígenas”.
Félix cuestionó a los medios de comunicación que tergiversan la lucha indígena, apuntó a los “políticos que prometen pero siempre engañan” y se preguntó por qué los gobernantes no quieren dialogar con los pueblos indígenas: “No somos usurpadores, no somos corruptos, por qué no nos reciben”.
“El Estado no valora nuestra vida, no tenemos valor para ellos, sólo quieren el dinero”, acusó Díaz, recordó el incumplimiento de la Ley 26160 y lamentó que ya no esté presente la organización Tupac Amaru “que tanto apoyó con dinero para la marcha de 2010”.
Reconoció que es una “lucha desigual” y contó que “muchos hermanos no pudieron venir por falta de dinero para pasajes”. Remarcó la “capacidad de organización” del Consejo Plurinacional, advirtió que seguirán luchando hasta que “se cumplan los derechos de todos los pueblos indígenas” e informó que el Consejo Plurinacional lo había designado como representante de los pueblos indígenas del país: “Agradezco esa confianza. La confianza no se compra ni se vende, se gana con la lucha. La militancia no se paga, se vive, se comparte. Esta Cumbre y esta marcha es un inicio, un puntapié de la Argentina plurinacional que queremos”.
* Artículo publicado el 6 de junio de 2013 en Comunicación Ambiental
http://www.comambiental.com.ar/2013/06/territorio-robado-sera-recuperado.html
Jul 22, 2013 | 2013, General
Las comunidades debatirán sobre el incumplimiento de la ley que dispone un relevamiento de los territorios indígenas y en rechazo a las agresiones a la comunidad La Primavera. Otro grupo se diferencia de la convocatoria.
Por Darío Aranda
Dirigentes de pueblos originarios de todo el país están reunidos desde ayer y hasta mañana en Formosa en la inédita Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas. La lista de temas es amplia: violación de derechos humanos, incumplimiento de las leyes indígenas, avance del modelo extractivo (minería, agronegocios, petróleo, forestales) y, sobre todo, el despojo territorial. “Es la primera vez que se realiza un encuentro de este tipo en la provincia y tenemos muchas expectativas de que saldrán acciones concretas a nivel nacional. Todos sabemos que no puede seguir la violencia y la injusticia contra las comunidades originarias”, explicó Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y uno de los voceros del Consejo Plurinacional Indígena.
Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra y Miguel Galván son sólo algunos de los indígenas y campesinos asesinados (y muertos en sospechosos accidentes) que aparecen citados en el documento que se debate en la cumbre indígena que lleva como lema “Memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios” y que congregará a más de 300 delegados originarios.
Ayer se debatió la situación de los pueblos indígenas del NEA y, en particular, de los cuatro pueblos que habitan Formosa (qom, wichí, pilagá y nivaklé). Se denunció el avance del modelo agropecuario (monocultivo de soja y ganadería intensiva), la falta de aplicación de las leyes vigentes y se compartió un informe que evalúa el nivel de ejecución de la Ley Nacional 26.160 (sancionada en 2006 y que estipula el freno a los desalojos indígenas y un relevamiento territorial de las comunidades).
“Hemos confirmado algo que denunciamos hace años, el escaso cumplimiento de la ley. Se han gastado casi todas las partidas presupuestarias y el nivel de relevamiento de comunidades es muy bajo. Ya han pasado seis años y no hay voluntad política para relevar nuestros territorios, ni voluntad judicial para frenar los desalojos”, afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional.
Ayer se esperaban 40 dirigentes indígenas. Pero llegaron hasta la capital formoseña más de 100. Hoy se espera la llegada de otros 200 dirigentes para tratar la situación nacional. Nahuel alertó que ayer la policía provincial “frenó en la ruta a dirigentes indígenas y les decía que el encuentro se había suspendido, pero los hermanos igual llegaron”.
“Del primer día surge claramente que la principal demanda es el territorio. Hay muchas deudas del Estado para con los pueblos indígenas: salud, educación, trabajo, pero la raíz de todo es el territorio, el modelo agropecuario, petrolero, minero y forestal que pretende nuestros espacios ancestrales”, resumió Nahuel.
La cumbre es convocada por un sector del Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación nacido previo al Bicentenario y que marchó en 2010 hasta Plaza de Mayo, aunque no representa a la totalidad de las comunidades. “Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, señala la invitación al encuentro, al que adhieren el CELS, Servicio de Paz y Justicia, la APDH, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.
Los organismos de derechos humanos habían sido reconocidos por la Nación como “garantes de la mesa de diálogo” que funcionó en 2011 bajo la órbita del Ministerio del Interior (con respecto a la situación de la comunidad qom La Primavera). Los organismos harán una vigilia mañana en la Casa de Gobierno provincial. “Exigimos el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados con el compromiso asumido por el gobierno nacional respecto de una solución al conflicto territorial, reconocimiento a Félix Díaz como autoridad legal y legítima electa por los miembros de su comunidad y el fin de la represión hacia miembros de la comunidad”, señala la gacetilla firmada por los organismos de derechos humanos.
Hoy se debatirá en la cumbre el documento llamado “Derechos humanos para los pueblos originarios”. Tiene cinco carillas: “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales. Sin embargo, vivimos una etapa de negación y exclusión. ‘Memoria, justicia y reparación’ son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas”, destaca el documento. “Nuestra realidad –agregan– es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales.”
* Artículo publicado el 4 de junio de 2013 en el diario Página12
Jul 22, 2013 | 2013, General
Dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo Insfrán.
Por Darío Aranda
“Por memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan.
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas –como nunca antes– frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política.
Formosa 2013
“Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto (…) Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 25 de mayo pasado, ante una multitud.
A su lado, primera fila, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 18 años, sindicado como el principal responsable de la violencia sobre campesinos e indígenas de la provincia, en especial de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
Félix Díaz, referente de La Primavera, lamentó el respaldo presidencial al gobernador. “Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él”, advirtió Díaz y recordó que el 23 de noviembre de 2010 (cuando reprimieron a la comunidad y asesinaron al abuelo qom Roberto López) actuaron de manera coordinada la Gendarmería Nacional y la policía provincial.
Dos semanas antes del discurso de la Presidenta, organismos militantes por los derechos humanos del pasado y del presente (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros) exigieron el fin de la “violencia sistemática” contra la comunidad y afirmaron que en Formosa se estaba cometiendo un “etnocidio”. Una de las frases más duras provino de una referente incuestionable de los derechos humanos, Nora Cortiñas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
El 22 de mayo, Amnistía Internacional difundió su “Informe anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo”. De Argentina, destacó el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160 (que prohíbe el desalojo de comunidades) y alertó sobre “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad. “Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cumbre
“En Formosa tendremos la posibilidad de abrazar a los pueblos tan agredidos y lastimados por el poder dominante, por parte de los gobiernos del ‘modelo nacional y popular’. Por eso marchamos a Formosa desde todo el país”, explicó Argentina Paz Quiroga, Warpe de San Juan, y tomó el guante del discurso presidencial del jueves pasado (“cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar –había dicho la Presidenta–): “Esperamos que los poderes públicos se hagan eco por una vez de nuestros reclamos y exigencias. ¿O no somos parte de los 40 millones de argentinos? ¿No somos ‘el otro’ que sufre?”.
La Cumbre será en la “Casa de Encuentro Juan Pablo II” (en las afueras de Formosa capital, ruta 11). Convocada por el Consejo Plurinacional Indígena, adhieren el Serpaj, CELS, APDH (Nacional/ La Matanza/ Neuquén), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.
“Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, afirma la convocatoria.
El lunes será el espacio de los cuatros pueblos indígenas de Formosa. Se analizará el estado de situación, articulaciones y un plan de acción local. El martes será el turno de los delegados nacionales, donde se elaborará una agenda indígena nacional, las urgencias a resolver (entre ellas la violencia sobre comunidades de Formosa y Chaco) y la exigencia al Gobierno para que asuma la situación indígena desde un enfoque de derechos humanos (y no de pobreza, como lo hace en la actualidad). El miércoles a la mañana habrá una marcha sobre las calles de la capital provincial. Y por la tarde cerrarán con el documento final y el plan de acción a nivel nacional.
Formosa, provincia referente en la violencia contra indígenas, también puede ser el lugar donde nazcan acciones para fortalecer luchas territoriales, frenar el despojo y, sobre todo, lograr que se cumplan los derechos humanos de los pueblos originarios.
* Artículo publicado el 2 de junio en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/06/derechos-originarios-el-otro-que-sufre.html
“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron los campesinos misioneros de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que lograron una histórica expropiación de 600 hectáreas que estaban en manos de la multinacional Alto Paraná. Luego de nueve años de resistir desalojos y de vivir cercados por el monocultivo de árboles, la legislatura provincial aprobó la expropiación para que los campesinos la trabajen en forma cooperativa y puedan quedarse donde siempre vivieron. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó Miriam Samudio, de PIP.
