Sep 5, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto. Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
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Un dictamen irregular
El Celma cuestionó que en el dictamen aprobatorio, por parte del Senasa, interviniera un científico con “conflicto de intereses”, Moisés Burachik. “Ha sido miembro asesor de una asociación internacional de la cual Monsanto es parte”, afirmó el Celma. Burachik es reconocido en el mundo científico como un férreo impulsor de los organismos genéticamente modificados. En la actualidad es director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, cuyo directorio está conformado (entre otros) por Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, empresarios impulsores de agronegocios) y Gustavo Grobocopatel (presidente de Los Grobo, uno de los mayores pools de siembra del continente).
Burachik es socio honorario de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), que tiene entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto.
“Los integrantes de la Conabia, Dirección de Biotecnología y Senasa deben ser los expertos por el Estado que deben tener una postura neutra en la aprobación de los organismos vegetales genéticamente modificados. Pero la realidad muestra que están estrechamente vinculados con una organización internacional como ILSI, que en todos sus documentos y actividades surge un claro interés en propugnar una santificación de los transgénicos”, denunció el abogado.
* Por Darío Aranda. Publicada en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
Ago 29, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Modelo extractivo y movimientos sociales, luchas territoriales y represión, los gobiernos y sus alianzas con las corporaciones son algunos de los ejes de debate que se desarrollarán hoy en el Primer Seminario Internacional: del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, sostuvo que “en nuestros territorios se quiere extraer petróleo y gas no convencional con un método que en muchos países se ha prohibido. Los gobiernos violan nuestros derechos y dejan hacer a las empresas a sabiendas de la contaminación que van a producir”.
El encuentro propone tres espacios: la “crisis por la que atraviesa” el modelo extractivo; la “violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos” a sus territorios y recursos por parte “del Estado y empresas transnacionales”, y las prácticas y resistencias de los movimientos sociales como escenarios de alternativas de desarrollo.
El seminario comenzará a las 10 en Belgrano 2527. El primer panel, “Extractivismo y derechos de los pueblos”, estará compuesto por Maristella Svampa (socióloga e investigadora principal del Conicet), Horacio Machado Aráoz (integrante del Colectivo Sumaj Causay, de Catamarca) y Pablo Dávalos (economista y docente ecuatoriano). “El gobierno de Ecuador ha decidido expandir la frontera extractiva y lo hace criminalizando”, acusó.
A las 11.45 será el turno de “Extractivismo y resistencias populares”. Disertarán Raúl Zibechi (periodista uruguayo), Claudia Korol (coordinadora del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía), Gloria Chicaiza (de la organización Acción Ecológica de Ecuador) y el qarashe (autoridad) de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz.
A las 14.30 se abordarán las luchas contra la megaminería en Perú, Chile y Bolivia: Jaime Borda (coordinador de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, de Perú), Limbert Sánchez (Centro Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia) y Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con sede en Chile).
“En Perú, la minera Xstrata (la misma que opera en Catamarca Minera Alumbrera) hace seguimiento, espionaje a activistas”, denunció Borda y recordó que en su país las empresas mineras cuentan con “enormes beneficios tributarios”. Relató que se repiten los casos de criminalización de la protesta y destacó que en la última década fueron asesinados 80 activistas. “No hay sanciones a los culpables de esas muertes”, afirmó.
Limbert Sánchez, de Bolivia, aportó una análisis regional: “Las transnacionales tienen hambre por nuestras materias primas, padecemos una política de saqueo”.
Ana Alvarez, de la Red Agroforestal del Chaco Argentino (integrada por quince instituciones e investigadores de universidades de la región), recordó que acaban de presentar su tercer informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevaron 248 disputas territoriales que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. “Aumentó la conflictividad junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria, que expulsa a familias campesinas y comunidades indígenas”, señaló.
La megaminería en Argentina la abordará Santiago Machado, de la catamarqueña Asociación Civil Be-Pe. Lo acompañará Gloria Olguin (de Pensamiento y Acción Social de Colombia) y Danilo Chammas (Red Internacional de los Afectados por Vale, en Brasil). En el cierre, a las 19, se presentará el documental Extractivismo y el derecho de los pueblos, de Martín Musarra, que da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.
El seminario es organizado por las organizaciones Be-Pe, Redaf, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, la italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes y el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado por el diario Página12 el 29 de agosto de 2013.
Ago 20, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.
En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.
Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.
En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.
Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.
El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.
Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.
Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.
La Red de Salud Popular también recordó el “principio de no regresión en materia ambiental” presente en la Constitución nacional (artículo 75) y en la Ley General del Ambiente (artículo cuatro), que establece que no podrán modificarse los pisos de resguardo ambiental vigentes. “Siempre deben mejorarse las medidas de precaución, pero nunca cambiarlas para peor”, afirmó Gómez.
Mar del Plata contaba con una ordenanza desde 2011 que prohibía fumigar a 1000 metros de lugares poblados, pero en mayo pasado, sin lugar a participación de vecinos ni organizaciones sociales, el intendente Gustavo Pulti envió al Concejo Deliberante una nueva ordenanza. Votada afirmativamente por Acción Marplatense y la UCR, fue rechaza por la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria se abstuvo.
La ordenanza, que permite fumigar hasta 100 metros de las viviendas y a 25 metros de escuelas, fue celebrada por empresarios y productores agropecuarios y rechazada por vecinos de zonas afectadas y organizaciones socioambientalistas, que denunciaron la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
* Artículo escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 20 de agosto de 2013.
