Abr 28, 2012 | 2012, General
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
Por Darío Aranda
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
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Abr 28, 2012 | 2012, General
La comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad del gobierno nacional, el incumplimiento de las leyes, el derecho al territorio y el silencio de los funcionarios de Formosa. Crónica de una jornada histórica.
Por Darío Aranda
¿Qué propuesta concreta tienen? ¿Qué proponen para encontrar una solución? Responda por favor la respuesta concreta?”. Con un tono de pocos amigos, algo irritado por la falta de respuesta, la pregunta fue realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, en el marco de la audiencia que ayer se celebró ante la máxima autoridad judicial del país por situación del la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera). El gobierno de Formosa fue representado por el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, y la fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala de Copes. Ambos la pasaron mal frente a la Corte Suprema e, incluso, se quedaron sin respuesta ante el Tribunal. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció como líder de la comunidad a Félix Diaz y responsabilizó a la Provincia por el retraso en el cumplimiento de la ley. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntó a la responsabilidad del gobierno provincial y Nacional en la reiterada violación de derechos. “El territorio es la vida de la comunidad”, explicó Diaz.
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Abr 28, 2012 | 2012, General
Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto. Las preguntas del máxima tribunal dejan en claro hasta qué punto el derecho de los pueblos originarios es todavía desconocido por la justicia.
Por Darío Aranda
Litio y derechos
Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.
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Abr 28, 2012 | 2012, General
Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.
Por Darío Aranda
“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
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Abr 28, 2012 | 2012, General
Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la «producción altamente contaminante», en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceite vegetales.
Por Darío Aranda
«El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (…), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
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Abr 28, 2012 | 2012, General
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
Por Darío Aranda
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
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