Nov 18, 2010 | 2010, General
Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial.
Topadoras que avanzan ilegalmente sobre ranchos campesinos, hombres y mujeres presos por defender su territorio, policías que reprimen a familias que se niegan a dejar los campos donde vivieron durante generaciones. Sólo tres de las acciones que se repiten en Santiago del Estero a medida que avanza la frontera agropecuaria. Luego de dos años de reuniones, el Movimiento Campesino provincial (Mocase) firmó un acuerdo con el gobernador, Gerardo Zamora, quien se comprometió a dar soluciones inmediatas. “Desde el gobierno provincial dejaron que todo siga igual. Mucha reunión, ninguna solución”, explicó Guido Corvalán, presidente del Mocase, sobre la Ruta Nacional 34, a sólo quince kilómetros de la capital santiagueña, donde ayer cumplió un mes de corte y aún no tienen respuesta del gobierno.
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Nov 18, 2010 | General
Santiago del Estero fue de las primeras provincias en conocer el término técnico “avance de la frontera agropecuaria”, que en idioma del monte significó el avance de la soja, con técnicas que permitieron sembrar en tierras hasta ese momento ajenas a los agronegocios. La provincia no brinda detalles del avance sojero, pero la Secretaría de Ambiente de la Nación otorga una pista: Santiago del Estero es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, lo que significa un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
Nota Principal:
Un corte contra los desalojos
Publicado en Página 12 el 18 de noviembre de 2010.
Nov 15, 2010 | 2010, General
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
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Nov 15, 2010 | General
La resolución de la Defensoría del Pueblo fue tomada luego de tres días de huelga de hambre de Claudio Lowy, ingeniero forestal y militante ambiental. El martes último, Lowy se instaló en el edificio de la Defensoría y dejó de consumir alimentos hasta que se diera respuesta a la solicitud de recategorización de los agroquímicos. “Se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, son los meses de mayor uso de agrotóxicos”, explicó Lowy el martes, y realizó un pedido a los medios de comunicación: “La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta para brindarles protección y seguridad”.
El viernes la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente la reclasificación de los agroquímicos al Ministerio de Agricultura. A esa cartera se dirigirán ahora los reclamos de organizaciones sociales, científicos y profesionales de la salud. Argumentarán con el artículo 41 de la Constitución Nacional (“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”), la Ley General del Ambiente (25.675), con medio centenar de estudios (nacionales e internacionales) que vinculan los agroquímicos a efectos nocivos en la salud y, sobre todo, darán cuenta de las innumerables denuncias de familias rurales víctimas de las fumigaciones.
Nota Principal:
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
Publicado en Página 12 el 15 de noviembre de 2010.
Nov 9, 2010 | 2010, General
Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.
Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en las antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).
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Oct 18, 2010 | 2010, General
ADELANTO: UN LIBRO PERIODISTICO SOBRE LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias, un libro del periodista Darío Aranda. La obra, que recopila investigaciones, crónicas y entrevistas publicadas en Página/12 y suma textos nuevos, otorga la voz a los pueblos originarios que interpelan a las industrias extractivas y gobiernos que pretenden sus territorios.
Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
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