Ene 24, 2011 | 2011, General
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom denunció a la estancia Don Panos, propiedad de Eurnekian. Desde allí sostienen que parte una avioneta fumigadora que esparce agrotóxicos que luego caen sobre el terreno lindante, donde viven familias enteras.
Desde Pampa del Indio, Chaco
Mediodía en el campo chaqueño. El sol es impiadoso y las familias buscan refugio bajo los árboles. La brisa caliente arremolina la tierra y la pega de inmediato en la piel transpirada. “Hoy está lindo, no debe llegar a los 40 (grados)”, sonríe Juan Capra, de la comunidad qom, papá de siete niños, trabajador a destajo y, según denuncia, afectado por agroquímicos. “El viento viene con el veneno.” Es la primera descripción que hace Capra, al igual que otros indígenas de Pampa del Indio, cuando habla de las fumigaciones que le arruinan las cosechas, matan animales, contaminan fuentes de agua y enferman a sus familias. Realizaron denuncias ante la comisaría local, la Fiscalía de Investigaciones, el gobierno provincial y ante la Cámara de Diputados de la provincia. Pero no hubo respuesta. Enfrente tienen a uno de los mayores terratenientes del Chaco, Eduardo Eurnekian, dueño de la estancia Don Panos, que forma parte de la Corporación Unitec Agro. Desde la empresa rechazan las acusaciones y afirman que su prioridad es el cuidado del ambiente.
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Dic 6, 2010 | 2010, General
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
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Nov 28, 2010 | 2010, General
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.
Darío Aranda
27 de noviembre de 2010.
Nov 24, 2010 | 2010, General
Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente.
Siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Es la cifra que se desprende del primer relevamiento sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. Realizado por la consultora Aresco, el estudio abarca seis provincias cordilleranas y señala que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la ley de protección de glaciares y la movilización sostenida de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –un centenar de organizaciones en todo el país–, la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicita un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad. Argentina planifica la instalación de quince proyectos en el corto plazo y publicita la existencia de 400 proyectos en exploración.
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Nov 24, 2010 | General
Las empresas decidieron rever su histórico silencio mediático y salieron a revertir el rechazo en la opinión pública. Los contratos con consultoras. La nueva batalla comunicacional.
Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional y ya comenzaron a armarse: contrataron a consultoras de comunicación para revertir la imagen negativa y lograr mayor poder de lobby. La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a todas las grandes empresas del sector, acaba de contratar a la consultora internacional Hill & Knowton (acusada de inventar testimonios sobre el accionar de soldados iraquíes en Kuwait). La poderosa Barrick Gold, líder mundial en megaminería, ya cuenta desde el año pasado con la también multinacional Llorente & Cuenca. Solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad son algunos de los ejes de la lucha mediática que ya comenzó. El objetivo en el corto plazo es bloquear en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería.
Hill & Knowton fue contratada en agosto por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para mejorar la imagen de la industria extractiva. “El objetivo principal de nuestro servicio es ayudar a los clientes a generar las condiciones regulatorias y de opinión pública que hagan viable su negocio en el mediano y largo plazo”, reconoce el sitio de Internet de la empresa. Su presidente para la Argentina, Juan Iramain, prefirió que la CAEM conteste las preguntas sobre el trabajo a futuro.
“Se evaluó que tuvimos errores en la comunicación, hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hill & Knowton, diseñar una estrategia de comunicación y posicionar en la opinión pública el sector minero”, explicó el gerente general de la CAEM, Damián Altgelt. El trabajo conjunto comenzó en agosto, cuando ya se debatía la ley de glaciares. En poco tiempo publicaron cuatro solicitadas en diarios de tirada nacional, argumentaron que la minería cuida el ambiente y advirtieron que, de aprobarse la ley de glaciares, se perderían puestos de trabajo.
El gerente de la CAEM reconoció que en el corto plazo trabajarán junto a la consultora para contrarrestar la mala imagen del sector e intentar frenar la iniciativa legislativa de Proyecto Sur, que propone limitar la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas. Presentado en julio pasado en el Congreso nacional, el proyecto de ley puntualiza en los enormes consumos de agua de la actividad, los riesgos de contaminación y la prohibición de cianuro, que ya fue cuestionado por el Parlamento Europeo.
Hill & Knowton es, según su propio publicidad, una consultora internacional de comunicación con más de 80 años de experiencia y presencia en 43 países (catorce de Latinoamérica). Pesan sobre la compañía acusaciones de diseñar, a mediados del siglo pasado, la estrategia propagandística de tabacaleras con falsos estudios científicos, que negaban la vinculación entre tabaco y cáncer. Pero el mayor escándalo, nunca aclarado, se produjo en la década del ’90 y se conoce como “la mentira Nayirah”. Cientos de artículos periodísticos e incluso tesis universitarias abordan el caso: una adolescente kuwaití contó ante cámaras, llorando, que soldados iraquíes habían entrado a un hospital de Kuwait, roto incubadoras y asesinado a 300 bebés. La televisión norteamericana lo repitió sin cesar. El golpe mediático aminoró la oposición de la opinión pública estadounidense sobre la invasión de Estados Unidos en Kuwait y la guerra con Irak.
Luego se supo que el relato había sido mentira. La adolescente era hija del embajador de Kuwait en Washington y se responsabilizó a la consultora Hill & Knowton de planificar la mentira. La empresa decidió no hablar del tema. En diciembre pasado, el diario El País de España entrevistó a la presidenta de la compañía para Europa y Oriente, Sally Costerton. Consultada por el caso Nayirah, no desmintió las acusaciones.
Hill & Knowton llegó a la CAEM luego de imponerse en un concurso de consultoras. Las empresas postuladas tenían una sola limitación (impuesta por la CAEM): no podían tener contratos vigentes con mineras presentes en la Argentina. Por ese requisito quedaron fuera de carrera la multinacional Burson-Marsteller (contratada por la brasileña Vale, proyecto Potasio Río Colorado) y Llorente & Cuenca, que se promociona como “primera consultora de comunicación en España y América latina”. Llorente & Cuenca es la responsable de comunicación y la imagen de la poderosa Barrick Gold. Consultada por este diario sobre los desafíos del sector minero, en Llorente & Cuenca prefirieron no hablar.
El slogan de la consultora es sencillo: “Conseguir resultados para el negocio de nuestros clientes”. Llorente & Cuenca tiene experiencia en mejorar la imagen de grandes clientes: maneja la cuenta de Monsanto, líder mundial del modelo de agronegocios, con semillas transgénicas y agroquímicos.
Nota Principal:
Rechazo a la minería a cielo abierto
Subnota anterior:
Ni votación ni encuestas
Publicado en Página 12 el 23 de noviembre de 2010.
Nov 24, 2010 | General
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y casos de contaminación. Ante la aprobación de un nuevo proyecto, y la masiva movilización de la población, encuestadores privados recorrieron la ciudad, pero nunca se difundieron los resultados. En junio último, el diario El Ancasti filtró el resultado de la encuesta: siete de cada diez habitantes rechaza la minería. El intendente, José Perea, en sintonía con el gobierno provincial y las empresas, logró suspender un plebiscito vinculante donde la población expresaría su opinión sobre la minería a gran escala.
El gobierno de Catamarca aprobó en 2009 el inicio del proyecto Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro. Es publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población. En diciembre pasado los vecinos cortaron el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo, que fue duramente reprimida el 15 de febrero por la policía provincial.
A la represión le siguió una masiva movilización sobre el centro de Andalgalá y la suspensión temporaria del proyecto. El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante para que la población decida si acepta la instalación de Agua Rica. El gobierno municipal recurrió al Poder Judicial porque consideró “inconstitucional” que la población se exprese democráticamente. El plebiscito fue suspendido en tribunales. Yamana Gold es la empresa canadiense a cargo de Agua Rica. Había rechazado ante este diario la posibilidad de una votación en Andalgalá, la consideró “inconstitucional”.
La Asamblea Vecinos por la Vida retrucó: “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”.
Semanas antes de que se suspendiera el plebiscito, los vecinos de Andalgalá se sorprendieron con encuestadores que llegaron hasta las viviendas rurales y también en la plaza principal del pueblo. Cuando preguntaban para quién era el estudio, obtuvieron siempre la misma respuesta: “Una consultora”. Nunca se hicieron públicos los datos finales, hasta que el 17 de junio el diario El Ancasti, de reconocido apoyo a la actividad minera, publicó un editorial donde filtró las cifras negativas a la minería: “Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, siete de cada diez ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras (…) La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura (…) está claro que no es posible desarrollar la minería sin consenso social”. La estadística no fue desmentida por el gobierno ni por las empresas. El editorial, firmada por el dueño del periódico (Silvestre Zitelli), instaba al gobernador Eduardo Brizuela del Moral a tomar medidas urgentes para revertir la situación.
Subnotas:
Renovación y cambio
Nota Principal:
Rechazo a la minería a cielo abierto
Publicado en Página 12 el 23 de noviembre de 2010.
