Los nuevos actores políticos

Movilizaciones, cortes de ruta, recuperación de tierras y presentaciones judiciales. Pueblos originarios y campesinos se hacen cada vez más visibles a través de los conflictos por sus derechos. Las dos marchas de este año.

Plaza de Mayo fue testigo este año de dos masivas e inéditas movilizaciones para el paisaje porteño. La multitudinaria marcha indígena de mayo pasado, donde medio centenar de comunidades de todo el país viajaron durante diez días y fueron recibidos por la Presidenta. En septiembre último, el Primer Congreso del Movimiento Campesino Indígena (MNCI) con comunidades y organizaciones de diez provincias, que culminó también con una masiva marcha sobre la plaza. En el año del Bicentenario, los pueblos indígenas avanzan en organización, visibilización y fortalecimiento de su principal reclamo: territorio. Enfrentan, y les ganan, a empresas mineras, petroleras, sojeras y turísticas. A medida que el modelo extractivo pretende expandirse en Argentina, los pueblos originarios se erigen en actores protagónicos de la resistencia. La acción directa –marchas, piquetes– se complementa con la vía política y judicial. Se suma la recuperación de tierras, con legislación internacional que la avala.

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La lista de conflictos ambientales

Deforestación, obras de infraestructura y agroquímicos son las principales causas de conflictos ambientales que contabilizó la Redaf en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta. Las poblaciones afectadas responsabilizan mayoritariamente al Estado (75 por ciento de los casos), por lo general del ámbito provincial, por las consecuencias de las obras de infraestructura realizadas y “por no hacer cumplir las leyes que regulan el manejo del bosque, la utilización de agrotóxicos y el funcionamiento de las industrias”. De los dieciséis casos procesados, el 75 por ciento se iniciaron a partir de 2000. “Coincidiendo con el impulso de la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, destaca el informe.

Conviven casos donde ya se produjo la deforestación (31 por ciento) con otros donde el desmonte está cerca de producirse. Destacan el caso de Formosa, con la ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial (a instancia de la denominada “Ley de Bosques 26.169”). La Redaf denuncia que el gobierno provincial no tuvo en cuenta la opinión de los pobladores e implicará la eliminación de grandes superficies de bosques que impactará negativamente en campesinos e indígenas.

También en Formosa se denuncia la contaminación de la fábrica de tanino Unitan y fumigaciones con agroquímicos en campos de soja. En Chaco se alerta sobre la situación de vertidos cloacales sobre familias ancestrales organizadas en la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y fumigaciones en plantaciones de arroz en la localidad de La Leonesa, a 60 kilómetros de Resistencia.

La organización recuerda que, a diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a toda la población. Si bien las denuncias de los afectados recaen sobre el Estado, en el 69 por ciento de los casos los actores contaminantes son empresas agropecuarias, forestales e industriales que “actúan en complicidad con el Estado en la implementación de un modelo de producción que no respeta los derechos de todas las personas, violando normas nacionales e internacionales”.

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Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

 
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

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ARGENTINA ORIGINARIA. Genocidios, saqueos y resistencias



El genocidio negado, el despojo de tierras, el silencio de los medios de comunicación y las acciones directas de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos. Son los ejes del libro periodístico donde los pueblos originarios dan testimonio del pasado y el presente, de injusticias y de luchas, de formas de vida ancestral que interpelan a las industrias extractivas, y gobiernos, que pretenden sus territorios.

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“Criminalización, saqueo y contaminación es la práctica de las empresas”

Delegados de la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC) se reunieron en Buenos Aires previo al V Congreso de la organización. La defensa de los recursos naturales es el punto común.


La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el movimiento continental que reúne a familias rurales, indígenas, afrodescendientes y trabajadores sin tierra. Integrado por ochenta  organizaciones de 25 países, referentes en las luchas contra el modelo extractivo (monocultivo, minería, petróleo, agrocombustibles) y el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). A 16 años de su conformación, la CLOC realiza entre el 8 y el 16 su V Congreso en Ecuador, donde confluirán un millar de delegados de América. “Condenamos frontalmente el intento de golpe de Estado. Los acontecimientos en Ecuador son acciones desesperadas de la oligarquía, representada por la derecha, con el único objetivo de preservar los intereses del capital, que a largo de la historia han perjudicado a la clase campesina”, denuncia en su comunicado la CLOC, representación continental de la Vía Campesina, colectivo rural intercontinental presente en 69 países. Elvio Trinidad, del Movimiento Campesino de Paraguay (MCP) y Valter Da Silva, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), ambos dirigentes ante la Coordinadora, tuvieron un breve paso por Buenos Aires, donde explicaron las similitudes del campo Latinoamericano y adelantaron los temas del encuentro de la CLOC.

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Para cortar una ley de raíz

La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.

Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.

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