Sep 6, 2010 | General
Córdoba es una de las provincias pilares del modelo sojero. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre territorios que se destinaban a la ganadería. Consecuencia: los ganaderos comenzaron a buscar nuevas parcelas. La olvidada región norte de la provincia, zona de sequías y población campesina ancestral, comenzó a ser preciada por los empresarios. Lo reconocieron a este diario todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Ambiente hasta ruralistas. El eslabón más débil, la familia campesina que vivió y trabajó por generaciones en la misma tierra, comenzó a conocer de desalojos, cada vez más seguidos y violentos.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), referente en denunciar los efectos sociales y ambientales del modelo de agronegocios, llama la atención. “Con esta ley de bosques se multiplicarán los conflictos. Las corporaciones agrarias Cartez-CRA y Federación Agraria, junto a sus amigos de los agronegocios transnacionales, redoblaran las presiones sobre los últimos bosques y sobre las comunidades campesinas ancestrales”, afirmó Mario Barcena del MCC.
La familia Olivera, en el paraje norteño de La Penca, vive desde hace cien años en la misma tierra. En 2004 fueron sorprendidos por topadoras que arrasaban la chacra familiar. Las dos mujeres de la familia, Lucía y Verónica, frenaron la máquina. Luego se sumaron los hombres, que expulsaron a empresarios sojeros que pretendían el territorio ancestral. Se repitió la historia del monte campesino: familias con posesión veinteañal, protegidas por ley, frente a privados que dicen comprar tierras con personas dentro.
El caso llegó a la Justicia. Y la Cámara Penal de Deán Funes (integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz) culpó a la familia Olivera de usurpar el campo en el que vivió por cien años. En junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo. El desalojo es inminente. La Unión Campesina del Norte (UCAN-MCC) promete resistir.
Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Estudiaron el avance del cultivo de soja sobre el norte provincial y confirmaron la concentración de la tierra. El relevamiento sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demuestra que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas, como la de la familia campesina Olivera, fueron absorbidas por grandes propietarios.
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“Un dramático ejemplo”
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Fijar el límite
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Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Sep 6, 2010 | General
La ley nacional de bosques (formalmente Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial –por ley– en sus zonas boscosas. Otorgaba un año, hasta el 28 de noviembre de 2008, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma nacional, que establece el piso mínimo de protección de bosques, destaca que el mapeo debe contar con la imprescindible participación de organizaciones sociales (ambientales, campesinas e indígenas).
En Córdoba la ley estuvo muy demorada. Recién un año después de la norma nacional, la Secretaría de Ambiente convocó a la conformación del espacio encargado de proponer, debatir y consensuar la ley provincia: la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por universidades, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez-CRA), actor fuerte de la Mesa de Enlace en Córdoba, abandonó la Cotbn al poco tiempo, cuando confirmó que no podría imponer su mirada productivista, y comenzó a gestar un proyecto junto al Ministerio de Agricultura y legisladores afines a los agronegocios.
La Cotbn realizó siete talleres participativos en diferentes regiones de la provincia, presentó el proyecto de ley en audiencia pública (como solicita la legislación nacional) y lo elevó a la Secretaría de Ambiente, que demoró cuatro meses en enviarlo a la legislatura provincial. “Ambiente espero, de manera arbitraria, tanto tiempo para que Cartez presentara su proyecto, y elevar a la Comisión de Asuntos Ecológicos ambos proyectos”, explicó Fernando Barri, biólogo miembro de la Cotbn.
La Comisión de Asuntos Ecológicos convocó a rondas de consultas, donde participaron campesinos e investigadores, donde se hizo hincapié en los argumentos técnicos, sociales y jurídicos de ambos proyectos. Dejó de lado el proyecto del sector ruralista (no se explicó el motivo, pero dejaron trascender que era contrario a la ley nacional) y tomaron como base el proyecto de la comisión oficial. Luego de ocho meses de debate en la Legislatura, y casi tres años de sancionada la ley nacional, los legisladores presentaron el proyecto en la cámara provincial. Un día antes del tratamiento legislativo, el 3 de agosto, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto que nunca había pasado por la Cotbn ni la Comisión de Asuntos Ecológicos. Fue votado en la madrugada del 5 de agosto por el oficialismo (peronismo bajo el paraguas de Unión por Córdoba) y UCR. Los bloques que no votaron la ley fueron Concertación Plural, Frente para la Victoria, ARI, Izquierda Unida. El Frente Cívico, que comanda Luis Juez, votó dividido ambas posturas. Fueron 57 votos contra once.
Mario Barcena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), resumió: “Gran parte de la clase política y el gobierno provincial fueron permeables a la Mesa de Enlace, sojeros y ganaderos, grandes terratenientes. Se impidió contar con una ley que defienda el bosque y el ambiente de la provincia”.
Ese mismo día la Ley 9814 fue bautizada “ley del desmonte”.
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Nueva ley, desalojos en puerta
“Un dramático ejemplo”
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Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Sep 6, 2010 | 2010, General
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
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Ago 31, 2010 | General
Carta abierta a la Mesa de Enlace
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la más antigua del país (397 años). De la mano de los estudiantes, allí nació la Reforma Universitaria de 1918 (que transformó las bases de la educación superior de la Argentina y el continente). Miles de jóvenes de la casa de estudios participaron del Cordobazo y, también los estudiantes, lograron que la Universidad rechazara fondos que (por ley nacional) provienen de la cuestionada actividad minera en Catamarca. Este fin de semana volvió a marcar un hito: se transformó en la primera institución de educación superior que organiza un ámbito académico para dar cuenta de los efectos sanitarios de los agroquímicos utilizados en agricultura y, explícitamente, cuestionar el papel de la academia como legitimador del modelo productivo. El Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados aportó pruebas científicas del costo sanitario y elaboró una carta abierta dirigida a Hugo Biolcati (Sociedad Rural Argentina), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Eduardo Buzzi (Federación Agraria). Algunos extractos:
- “Los equipos de salud, científicos, investigadores y académicos reunidos en la Facultad de Ciencias Médicas nos sentimos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes para hacerles conocer que es muy grave la situación de la salud de las poblaciones de los pueblos fumigados en la Argentina, y que ésta se agrava día a día.”
- “Los cánceres y otras enfermedades severas son detectadas con más frecuencia ahora. Al igual que los abortos espontáneos, trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas, que encontramos con índices muy elevados. Y que los trastornos respiratorios, endocrinos, hematológicos, neurológicos y psíquicos son, también ahora, mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas. Fumigadas porque comparten el mismo espacio geográfico que los cultivos agroindustriales y transgénicos que ustedes explotan.”
- “Queremos decirles a ustedes que sabemos que están fumigando con 300 millones de litros de veneno sobre la población, que lo hacen sin ningún tipo de control (…) y que es negocio de los laboratorios multinacionales de agroquímicos.”
- “Estamos seguros de que los crecientes padecimientos en la salud de los habitantes de los pueblos fumigados son generados por las fumigaciones que ustedes realizan. Existe creciente información científica que destaca las evidencias disponibles con respecto al daño que generan los pesticidas.
- “No tenemos ningún interés económico, ni político-partidario, ni religioso, ni de ningún otro tipo que no sea el resguardo de la salud de nuestros pacientes (…). Los exhortamos a que paren de fumigar.”
- “Sabemos que están aprovechando una coyuntura internacional con precios en alza y demanda sostenida, pero sus ganancias no justifican los cánceres de nuestros pacientes, ni las malformaciones de nuestros hijos.”
Nota Principal:
Un límite para las fumigaciones en el campo
Ago 31, 2010 | 2010, General
Médicos, científicos e investigadores expusieron en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de embarazos. En el documento final pidieron prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres.
Desde Córdoba
Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.
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Ago 17, 2010 | General
Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.
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Las denuncias de campesinos
Nota Principal:
“Deformaciones similares a las de embriones humanos”
