Jun 21, 2010 | General
En la Argentina existen siete provincias que prohíben diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto. Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja también había prohibido la actividad en julio de 2007, cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del entonces gobernador Angel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Fue el primer caso, y por ahora único, de eliminar una ley que protegía fuentes de agua y limitaba la minería.
El lobby minero intenta también modificar la ley en Mendoza, ya sea por vía judicial o política, con el apoyo del gobierno provincial. Pero se enfrentan a la sostenida movilización de la Asamblea Mendocina por el Agua y la Multisectorial de General Alvear, que no aceptan modificaciones a la norma. También han logrado la atención de algunos sectores vitivinícolas, que tienen el agua como insumo básico.
Chubut es la otra provincia donde la ley corre peligro. El gobernador chubutense y precandidato a la presidencia, Mario Das Neves, es un férreo impulsor de la actividad. Pretende la explotación del yacimiento Navidad (de la empresa Pan American Silver para extraer plata y plomo), pese al rechazo de los habitantes de Esquel, Trelew, Madryn, Gan Gan y Gastre. Además de la Ley 5001, sancionada en 2003, existe legislación indígena vigente (leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales), que protege a los pueblos originarios y sus territorios.
Nota Principal:
En defensa de una ley ambientalista
Jun 16, 2010 | General
– Formosa: Campesinos del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones. Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones”, afirmó Silvia Sevilla a este diario. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derecho y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político y los empresarios”. Ningún otro juez de Formosa prohibió las fumigaciones.
– Buenos Aires: El Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes prohibió en marzo de 2008, con sentencia firme, las fumigaciones en zona periurbana de la localidad de Alberti. También dispuso que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales) la fumigación con glifosato”.
– Córdoba: El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó notoriedad hace nueve años por la gran cantidad de enfermos de cáncer (200 casos en 5000 habitantes) y niños con malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de campos de soja, y las fumigaciones llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo estableció como un delito penal y apuntó contra el glifosato y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros.
– Santa Fe: San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero en diciembre pasado se dictó un fallo inédito: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones en cercanías de zonas urbanas. Pero además ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Además de la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
Subnota:
“Hay grandes intereses”
Subnota anterior:
Freno a la fumigación
Nota Principal:
La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial
Jun 16, 2010 | General
El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía sobre el incremento notable de casos de malformación, lo relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo. Pero nunca lo hicieron.
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Jun 16, 2010 | General
Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas.
Por primera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.
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Jun 16, 2010 | 2010, General
Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).
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May 25, 2010 | 2010, General
Familias campesinas y comunidades indígenas participan de un espacio alternativo. Frente al Congreso nacional reclaman por los desalojos, desmontes y represiones.
Agustín Mamani tiene 90 años. Vivía en la misma tierra que sus padres, “desde siempre”, pero eso no impidió que en diciembre pasado fuera echado de su humilde rancho de adobe por productores sojeros y policías. Don Agustín “resistió a la autoridad”, según alegaron los efectivos, y por eso fue detenido e incomunicado 48 horas. Sucedió en la localidad de Palma Sola, monte jujeño. “El padecer de mi abuelo es el padecer de miles de campesinos e indígenas, familias que trabajan la tierra con sus manos, que nada piden, nada deben, pero sufren los mismos males desde hace 200 años”, resume Gloria Mamani, 28 años, de la Organización Campesina Agroganadera (OCA), que participa del encuentro “El otro Bicentenario. El Bicentenario de los pueblos”, donde dio testimonio de lo que sucede en el campo de Argentina.
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