Soja sí, indígenas no

Jul 22, 2013 | 2013, General

La última década se profundizó el modelo extractivo de megaminería, petróleo y agronegocios. El caso de la soja es el más emblemático, con un crecimiento geométrico. Las consecuencias: desmontes, uso masivo de agrotóxicos y conflictos rurales que llegan incluso al asesinato de campesinos e indígenas.

Por Darío Aranda

Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril de 2011. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.

A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. Exigían que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, y el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y pedían justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres, y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?

No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días para su confección). Quizás el punto más relevante de la propuesta legislativa.

La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.

Datos duros del INTA: el 2% de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6% menos).

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados.

Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de la Argentina para explotarlas según su necesidad.

El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3.000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.

El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se les impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.

En 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).

Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).

“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.

El grueso de los conflictos (89%) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.

El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.

A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.

“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.

En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.

Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).

Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.

“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.

No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario.
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La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.

Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.

“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.

Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.

El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar.

El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia.

El 23 de noviembre de 2010, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte de ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales.

Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa), murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.

Mártires López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa, murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.

Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván (40 años), integrante el Mocase-VC y parte del Pueblo Lule-Vilela, trabajaba en su campo (norte de Santiago del Estero) cuando fue asesinado con un arma blanca por “un sicario” al servicio de un empresario sojero.
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Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años una masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo nacional.

Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.

Por otro lado, el más evidente avance del modelo extractivo es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020”, que apuesta a aumentar la producción de granos en un 60 por ciento (llegar en 2020 a las 160 millones de toneladas).

Se ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicarán las consecuencias ambientales y sociales.
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Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.

Los pueblos indígenas de la Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que las víctimas de la última dictadura militar.

Pero su genocidio aún es negado.

“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.

La Red de Estudios afirma que aún hoy pesa sobre los pueblos originarios de la Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.

A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.

En 1994 se sancionó la ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.

Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.

La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.

Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.

* Artículo publicado en la revista Voces en el Fénix de junio de 2013

http://www.vocesenelfenix.com/content/soja-s%C3%AD-ind%C3%ADgenas-no

“Territorio robado, será recuperado”

Jul 22, 2013 | 2013, General

Tres días de debate, intercambio y articulación de luchas. Dos documentos de posicionamiento político (para el Gobernador de Formosa y para la Presidenta de Argentina). Lo principal: el territorio. La denuncia a las industrias extractivas, la respuestas a las organizaciones que cuestionan la lucha, y una Cumbre Indígena que dejó huellas. La marcha por las calles de Formosa y un grito con destinatario claro: “Asesino”.

Por Darío Aranda

Desde Formosa

“Territorio robado, será recuperado”, fue el grito principal de la marcha de ayer, por las calles de Formosa, en el marco de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas. Luego de dos días de trabajo, 250 dirigentes de 15 pueblos indígenas elaboraron dos documentos (uno para el gobierno nacional y otro para el provincial) con demandas concretas y coordinaron acciones de lucha para el corto y mediano plazo. Cuando la marcha llegó hasta la puerta de la Casa de Gobierno provincial, un solo grito (destinado al Gobernador) resonó en la capital formoseña: “Asesino. Asesino. Asesino”.

En las afueras de Formosa capital se desarrolló desde el lunes y hasta ayer miércoles una histórica cumbre indígena, convocada por el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación de dirigentes indígenas de todo el país). El lunes se hizo hincapié en la realidad de Formosa, donde los cuatro pueblos (Qom, Pilagá, Wichi y Nivaklé) elaboraron un documento sobre la realidad provincial.

El martes llegaron los dirigentes de quince pueblos indígenas de 16 provincias. Desde la mañana y hasta la medianoche, con breves descansos, escribieron un documento para ser presentado (en Casa Rosada) a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A las 9.45 de ayer partió desde la Casa Juan Pablo II –lugar del encuentro– la columna de dirigentes indígenas. La bandera del encuentro, con el lema “memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”, encabezó la marcha. Banderas del Pueblo Mapuche y la wiphala multicolor de las naciones originarias se dejaban ver desde lejos.

Sobre la ruta 11, camino a la capital de Formosa, se iban sumando organizaciones sociales, algunos partidos políticos y gente a pie. Los autos y (muchos) ciclomotores tocaban sus bocinas en señal de aprobación.

“Esto es histórico. Hermanos de todo el país vinieron a abrazarnos y juntos denunciamos la violación de derechos del gobernador Gildo Insfrán y del gobierno nacional. Juntos gritamos basta de atropellos. Juntos luchamos, juntos estamos de pie”, arengó Israel Alegre, histórico dirigente del barrio Nam Qom.

Roxana Vilches, del Pueblo Ranqulche de La Pampa, explicó que la cumbre sirvió para evaluar la situación a nivel nacional “donde en todos los territorios es clara la violación de los derechos de los pueblos indígenas. El mismo Estado que aprueba las leyes, luego las viola y avanza sobre nuestros territorios y nuestras vidas”.

La marcha recorrió tres kilómetros, el sol fuerte se hizo sentir, pero se mantuvieron los cánticos por territorio y los gritos de lucha de los distintos pueblos, en idioma ancestral.

A las 12 se llegó hasta la Casa de Gobierno de Formosa, un edificio de diez pisos, vidriado, en una amplia esquina, y vallado con numerosa custodia policial. Cuando los marchantes llegaron hasta el lugar, se hizo un silencio extraño, sabían que estaban frente a la sede del gobernador (desde hace casi 20 años) Gildo Insfrán, y el primer grito provino de una mujer: “¡Asesino!”. De inmediato, todos los marchantes, gritaron con fuerza: “¡Asesino. Asesino. Asesino!”. El grito se mantuvo durante dos minutos, pero pareció eterno. Se respiraba emoción.

Sobrevinieron aplausos. Y otro grito que unificó a todos: “Territorio robado, será recuperado”.

Documentos

El documento escrito por los cuatro pueblos indígenas de Formosa reclama que se cumpla el relevamiento territorial que estipula la Ley Nacional 26.160, exige que haya un diálogo sincero del Gobierno para resolver los urgentes problemas de salud, educación y agua, insta a que se cumplan los derechos indígenas y exige el fin de la violencia contra las comunidades que luchan.

El escrito para la Presidenta aporta pruebas concretas (en base a información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Auditoría General de la Nación) sobre el incumplimiento de la Ley 26160. Da cuenta de que se gastó el 76 por ciento del presupuesto y sólo se relevaron el 24 por ciento de las comunidades).

Cuestiona la reforma del Código Civil, donde remarcan que no hubo participación indígena según establece la ley y exigen una ley especial para tratar el articulado referido a pueblos indígenas.

Por sobre todo, el documento cuestiona al modelo extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería. Deja claro que ese modelo “atenta contra la vida indígena” y cuestiona al Gobierno Nacional por impulsarlo en alianza con las corporaciones.

El martes a la noche, a último momento, se agregó un párrafo donde cuestiona que la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, haya dictaminado a favor de la petrolera estadounidense Chevron para levantar un embargo de 19.000 millones de dólares que pesa sobre la multinacional por contaminación en Ecuador. También cuestiona a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el martes falló a favor de la petrolera Chevron.

En el debate de plenario se hizo hincapié en la alianza del Gobierno Nacional (mediante YPF) con Chevron. “La multinacional petrolera contaminó y provocó muertes en hermanos indígenas de Ecuador, está comprobado por la Justicia de ese país, y acá se la recibe con brazos abiertos. Es la alianza del Gobierno con las corporaciones”, afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

El documento final será leído hoy, en conferencia de presa a las 17, frente a Casa Rosada. Participarán delegados indígenas de la Cumbre organismos de derechos humanos y se solicitó tener una entrevista con la Presidenta.

Discursos

Arriba de una camioneta, abrió el discurso Argentina Paz Quiroga, guía espiritual del Pueblo Warpe de San Juan. Primero hablo en idioma ancestral, luego tradujo: “Muchos creen que no existimos, hacen como que no estamos, pero somos, acá estamos y estamos de pie”. Sobrevinieron aplausos.

Recordó que el Consejo Plurinacional Indígena nació en vísperas del Bicentenario de 2010. Y marcharon miles a Plaza de Mayo. “Somos el Consejo Plurinacional, somos los que estamos de pie, no somos los que bajaron, nosotros no vendemos nuestra dignidad de pueblos indígenas”, gritó la dirigente Warpe y contestó en forma explicita la denuncia de los últimos días de supuestas organizaciones indígenas que cuestionan la Cumbre de Formosa.

A los largo de los dos días, todos los dirigentes originarios desmintieron que se trate de “300 comunidades” y afirmaron que el descontento proviene de la Tupac Amaru (de Milagro Sala), que apoyó la marcha del Bicentenario pero luego (cuando las respuestas de la Presidenta no llegaron y las críticas indígenas se hicieron más duras) dejó el Consejo Plurinacional.

“Nos quieren desterrar de nuestros territorios. Las multinacionales tienen el apoyo de los gobernadores que se dicen parte de un gobierno nacional y popular, pero son gobernadores de las multinacionales”, afirmó Argentina y cerró su discurso: “Cinco siglos resistiendo, estamos de pie, seguiremos luchando, sembrando vida”.

Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) era una de las voces más esperadas. Comenzó hablando en idioma qom. Y luego explicó: “Es un día histórico, esta Cumbre y esta marcha es histórica. Nosotros queremos dialogar, pero miren lo que hace el gobernador Insfrán, nos pone vallas y nos pone a la policía, como el 23 de noviembre de 2010, cuando nos reprimió, mató al hermano Roberto López, nos quemó casas y DNI, nos humilló”.

Y resumió lo que sobrevoló durante tres días en la Cumbre: “No somos opositores, no somos oficialistas, queremos manejar nuestros territorios. No somos dirigentes con sueldos, no somos políticos, queremos trabajar nuestros territorios para la vida”. Y remató: “Qué triste ser títere de un poder económico. Que triste no tener la libertad de los indígenas”.

Félix cuestionó a los medios de comunicación que tergiversan la lucha indígena, apuntó a los “políticos que prometen pero siempre engañan” y se preguntó por qué los gobernantes no quieren dialogar con los pueblos indígenas: “No somos usurpadores, no somos corruptos, por qué no nos reciben”.

“El Estado no valora nuestra vida, no tenemos valor para ellos, sólo quieren el dinero”, acusó Díaz, recordó el incumplimiento de la Ley 26160 y lamentó que ya no esté presente la organización Tupac Amaru “que tanto apoyó con dinero para la marcha de 2010”.

Reconoció que es una “lucha desigual” y contó que “muchos hermanos no pudieron venir por falta de dinero para pasajes”. Remarcó la “capacidad de organización” del Consejo Plurinacional, advirtió que seguirán luchando hasta que “se cumplan los derechos de todos los pueblos indígenas” e informó que el Consejo Plurinacional lo había designado como representante de los pueblos indígenas del país: “Agradezco esa confianza. La confianza no se compra ni se vende, se gana con la lucha. La militancia no se paga, se vive, se comparte. Esta Cumbre y esta marcha es un inicio, un puntapié de la Argentina plurinacional que queremos”.

* Artículo publicado el 6 de junio de 2013 en Comunicación Ambiental

http://www.comambiental.com.ar/2013/06/territorio-robado-sera-recuperado.html

Cumbre originaria en Formosa

Jul 22, 2013 | 2013, General

Las comunidades debatirán sobre el incumplimiento de la ley que dispone un relevamiento de los territorios indígenas y en rechazo a las agresiones a la comunidad La Primavera. Otro grupo se diferencia de la convocatoria.

Por Darío Aranda

* Artículo publicado el 4 de junio de 2013 en el diario Página12

Cumbre indígena en el epicentro de la violencia

Jul 22, 2013 | 2013, General

Dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo Insfrán.

Por Darío Aranda

“Por memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan.

El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas –como nunca antes– frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.

El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.

Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.

El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.

Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.

En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.

El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política.

Formosa 2013

“Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto (…) Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 25 de mayo pasado, ante una multitud.

A su lado, primera fila, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 18 años, sindicado como el principal responsable de la violencia sobre campesinos e indígenas de la provincia, en especial de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera).

Félix Díaz, referente de La Primavera, lamentó el respaldo presidencial al gobernador. “Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él”, advirtió Díaz y recordó que el 23 de noviembre de 2010 (cuando reprimieron a la comunidad y asesinaron al abuelo qom Roberto López) actuaron de manera coordinada la Gendarmería Nacional y la policía provincial.

Dos semanas antes del discurso de la Presidenta, organismos militantes por los derechos humanos del pasado y del presente (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros) exigieron el fin de la “violencia sistemática” contra la comunidad y afirmaron que en Formosa se estaba cometiendo un “etnocidio”. Una de las frases más duras provino de una referente incuestionable de los derechos humanos, Nora Cortiñas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.

El 22 de mayo, Amnistía Internacional difundió su “Informe anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo”. De Argentina, destacó el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160 (que prohíbe el desalojo de comunidades) y alertó sobre “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad. “Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Cumbre

“En Formosa tendremos la posibilidad de abrazar a los pueblos tan agredidos y lastimados por el poder dominante, por parte de los gobiernos del ‘modelo nacional y popular’. Por eso marchamos a Formosa desde todo el país”, explicó Argentina Paz Quiroga, Warpe de San Juan, y tomó el guante del discurso presidencial del jueves pasado (“cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar –había dicho la Presidenta–): “Esperamos que los poderes públicos se hagan eco por una vez de nuestros reclamos y exigencias. ¿O no somos parte de los 40 millones de argentinos? ¿No somos ‘el otro’ que sufre?”.

La Cumbre será en la “Casa de Encuentro Juan Pablo II” (en las afueras de Formosa capital, ruta 11). Convocada por el Consejo Plurinacional Indígena, adhieren el Serpaj, CELS, APDH (Nacional/ La Matanza/ Neuquén), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.

“Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, afirma la convocatoria.

El lunes será el espacio de los cuatros pueblos indígenas de Formosa. Se analizará el estado de situación, articulaciones y un plan de acción local. El martes será el turno de los delegados nacionales, donde se elaborará una agenda indígena nacional, las urgencias a resolver (entre ellas la violencia sobre comunidades de Formosa y Chaco) y la exigencia al Gobierno para que asuma la situación indígena desde un enfoque de derechos humanos (y no de pobreza, como lo hace en la actualidad). El miércoles a la mañana habrá una marcha sobre las calles de la capital provincial. Y por la tarde cerrarán con el documento final y el plan de acción a nivel nacional.

Formosa, provincia referente en la violencia contra indígenas, también puede ser el lugar donde nazcan acciones para fortalecer luchas territoriales, frenar el despojo y, sobre todo, lograr que se cumplan los derechos humanos de los pueblos originarios.

* Artículo publicado el 2 de junio en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/06/derechos-originarios-el-otro-que-sufre.html

“¿Por qué niegan que nos reprimen? ¿Quién miente?”

Jul 22, 2013 | 2013, General

Félix Díaz, líder qom, se mostró preocupado por el respaldo presidencial al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Reclamó salud, educación y territorio. Recordó que en Formosa reprimieron fuerzas nacionales y provinciales, y pidió que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Por Darío Aranda.

Félix Díaz recibió un mensaje de texto en la tarde del sábado 25 de mayo. Le pedían que mire la televisión, transmitía en vivo el discurso de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El líder qom estaba en Buenos Aires. Encendió la pantalla y observó a la Presidenta escoltada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Pocos minutos después, llegó un golpe más para la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido. El discurso, ante miles de personas, alcanzada su momento de menor credibilidad.

“Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo. Y sobrevino el aplauso de la multitud.

Félix Díaz explica al inicio de la entrevista que quiere evitar la polémica, pero también lamenta el “enorme respaldo que la Presidenta da a un gobernador que reprime a todo aquel que piensa distinto y reclama por sus derechos”.

-¿Qué sintió cuando vio a la Presidenta con Gildo Insfrán?

-Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Gildo Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él.

-La Presidenta afirmó que el Gobierno no reprime.

-El 23 de noviembre de 2010 nos reprimió la Gendarmería Nacional y la policía provincial. Nos hirieron, nos quemaron casas, destruyeron DNI y asesinaron a Roberto López. Fue una represión de Nación y Provincia. Insfrán es aliado del gobierno nacional y reprime. El gobernador de Chaco (Jorge Capitanich) y el de Santiago del Estero (Gerardo Zamora) también reprimen. Y también tienen apoyo de la Presidenta. La semana pasada mataron a un hermano qom en Chaco (Florentín Díaz, en la localidad de Castelli) y reprimieron a los hermanos tonocoté en Santiago. Eso también fue represión. ¿Por qué niegan que nos reprimen? ¿Quién miente?

-La comunidad mantiene un diálogo con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Y al mismo tiempo la Presidenta se muestra con Insfrán. ¿Es una contradicción?

-No lo sé (hace un silencio). La Presidenta tienen mucho más poder que un secretario de Estado ¿no? Entonces nos preocupa mucho lo del sábado. Todo este tiempo tuvimos paciencia, pero las soluciones no llegan. Ahora Fresneda quiere otra “mesa de diálogo”, pero ya tuvimos un espacio así (comandado por el ministro del Interior, Florencia Randazzo) y las soluciones no llegaron. Nos crean expectativas y nunca llegan las respuestas concretas, nos tienen entre reunión y reunión, y nunca cumplen nuestros derechos. Queremos dialogar, pero queremos respuestas concretas. No pedimos más que nuestros derechos: salud, educación, DNI y el territorio que nos pertenece.

-Hace tres años que solicitan una entrevista con la Presidenta. Nunca los recibió. ¿Qué le diría?

-Le pediría a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más.

* Artículo publicado el 27 de mayo en www.8300.com.ar

La década extractiva

Jul 22, 2013 | 2013, General

Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.

Por Darío Aranda

El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.

Soja

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.

La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.

El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.

No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.

El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.

En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.

“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.

Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.

Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.

Monocultivo de árboles

La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías).

El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.

Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).

Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.

Petróleo

Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.

El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.

No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.

La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de «fractura hidráulica» (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.

YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.

La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.

Minería

La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

Nunca antes la minería había crecido tanto.

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas –luego se supo que era un militante del PJ–) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.

El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.

“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.

Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes». Y destacó que la premisa del Gobierno es «profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.

Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.

En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).

Leyes

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.

En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.

El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN.

La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.

La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.

La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.

En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.

El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de losBosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que –en base a datos oficiales– evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.

Corporaciones

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.

En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.

El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.

Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos.

Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).

Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.

Modelo

Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los ’90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.

Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: «Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.

Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.

Pueblos originarios

En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.

Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.

Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.

Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (…) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.

A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por ‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.

Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.

Represión

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente enTinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.

En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.

El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.

Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.

Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.

En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).

Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.

* Artículo publicado el 25 de mayo en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html