Jul 22, 2013 | 2013, General
La protesta se llevará a cabo en varias ciudades argentinas entre hoy y el sábado. En Córdoba, los vecinos se oponen a la instalación de una planta de la compañía en la localidad de Malvinas Argentinas y reclaman una consulta.
Por Darío Aranda
Monsanto, la corporación líder de agronegocios, tiene su día en todo el mundo: en 300 ciudades de 36 países marcharán para denunciar a la compañía y al modelo agrario industrial en base a agrotóxicos y semillas transgénicas. En la Argentina, uno de los epicentros será Córdoba, donde la multinacional construye su planta más grande de América latina (en la localidad de Malvinas Argentinas) y una estación experimental en Río Cuarto. Una reciente encuesta realizada en la primera ciudad afirma que nueve de cada diez habitantes solicitan una votación para determinar si Monsanto debe instalarse y señala que el 58 por ciento de la población no quiere que la empresa se ubique allí.
Monsanto tiene 112 años de historia. Con sede central en Estados Unidos, domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicos.
“Millones contra Monsanto” es el nombre de la campaña internacional nacida en 2011 y que los próximos días movilizará a activistas en 298 ciudades de 36 países de todos los continentes. “Levantamos la voz contra el gigante biotecnológico, levantamos la voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores”, explica la convocatoria.
Monsanto cuenta con plantas en Zárate, Pergamino y Rojas, en la provincia de Buenos Aires. En junio pasado, el Gobierno anunció la llegada de la firma a Córdoba y a Tucumán. En agosto, el ministro de Agricultura aprobó la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
La jornada principal será el 25 de mayo, pero toda la semana habrá actividades. En Río Cuarto será hoy al mediodía. “Monsanto controla el mercado de las semillas, impulsa la aplicación de millones de litros de agrotóxicos, expulsa campesinos, destruye el ambiente y la soberanía alimentaria y daña la salud de miles de personas”, denuncia en su comunicado la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos.
En la capital cordobesa, la protesta se hará hoy a las 18, en el Centro Cívico del Bicentenario. “Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, de Córdoba y América latina”, será la consigna principal. Vanina Barboza Vaca, de la Asamblea de Malvinas, recordó que la localidad es una ciudad “cercada” por las fumigaciones, donde se repiten abortos espontáneos, malformaciones, cáncer y enfermedades respiratorias. “Decimos no a Monsanto porque ya conocemos los males del modelo que representa. También sabemos que son mentiras sus promesas de trabajo y rechazamos que en nuestro barrio instalen 200 silos de semillas transgénicas tratadas con agrotóxicos”, alertó Barboza Vaca.
En abril pasado, siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. Realizada entre marzo y abril, la consulta se hizo en 352 domicilios a mayores de 18 años. Destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa bajo la supervisión del gobierno provincial).
El 55,3 por ciento se mostró en desacuerdo con el papel que tuvo en el conflicto el gobierno municipal. El 48,4 se expresó en contra del accionar del gobierno provincial. El 50,2 se expresó en desacuerdo con el accionar del gobierno nacional. Monsanto obtuvo el rechazo del 49,3 de los consultados.
En la marcha de hoy sobresale el pedido de que los vecinos de Malvinas Argentinas puedan votar para definir la instalación de Monsanto. Y el principal lema es: “El progreso que contamina, envenena, desaloja y mata no es progreso”.
Cristina Arnulphi, docente de la Universidad de Córdoba y militante del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que la marcha también es para “decir no a la ley de semillas impuesta por las transnacionales del agro” y advirtió que “el avance de este modelo será a costa de los ecosistemas y a costa de la vida de los campesinos e indígenas”. Y recordó que la soja hoy abarca 20 millones de hectáreas.
Además de Córdoba, habrá marchas en Bahía Blanca, Rojas, Tucumán, Rawson, Godoy Cruz (Mendoza), Rosario, Calafate, Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), San Pedro (Misiones) y Resistencia. En Capital Federal será el 25 de mayo, a las 14, frente a las oficinas centrales de la empresa (Maipú 1200) y luego se marchará hasta el Obelisco.
* Artículo publicado el 23 de mayo de 2013 en el diario Página12 con el título “Un día contra la multinacional”
Jul 22, 2013 | 2013, General
La multinacional Vale acumula denuncias por contaminación, desalojos, precarización laboral y violación de derechos. El proyecto para extraer potasio en Argentina, el apoyo del Gobierno, la falta de estudios ambientales y el sorpresivo abandono del proyecto. Radiografía de una corporación, reflejo de un un modelo.
Por Darío Aranda
“Es el proyecto minero más grande del mundo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 19 de agosto de 2012, en un acto en Casa de Gobierno, trasmitido en directo por la televisión pública.
Se refería al proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, en manos de la multinacional minera Vale, muy cuestionado por organizaciones socioambientales de cuatro provincias.
Nueve meses después, en marzo de 2013, cien vehículos pesados (camiones, niveladoras y retroexcavadoras) dejaron el campamento minero en Malargüe (Mendoza). De los 4000 obreros que anunciaba la publicidad empresaria, sólo quedaron cien.
El 9 de abril, en el Salón Azul del Senado Nacional, los directivos de la multinacional informaron que abandonaban el proyecto.
Pérdida de puestos de trabajo, presiones para obtener beneficios impositivos y promesas incumplidas van en línea con el perfil corporativo de Vale, que acumula denuncias por contaminación, precarización laboral, desalojo de campesinos e indígenas, y espionaje a movimientos sociales.
El “progreso” minero al descubierto.
Historia
El viernes 29 de febrero de 2008, en las calles de Godoy Cruz, Rivadavia y San Martín (todos departamentos de Mendoza), cientos de personas se manifestaron “contra la contaminación y el saqueo”. Convocadas por la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, rechazaban la posible instalación del Proyecto Potasio Río Colorado, entonces en manos de la minera anglo-australiana Río Tinto.
Advirtieron sobre el pasivo ambiental, la posible afectación del Río Colorado (que atraviesa cinco provincias –Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires), el enorme consumo de gas y de electricidad. “Los ingresos para Mendoza (regalías, puestos de trabajo), serían insignificantes en relación a las ganancias de la empresa y al saqueo de nuestros bienes comunes (recursos naturales)”, advertía la Asamblea.
En diciembre de 2008, el Consejo Provincial del Ambiente dictaminó de manera negativa respecto al proyecto minero. Hizo eje en el pasivo ambiental, la rápida extracción de recursos no renovables y la “significativa contribución (del proyecto) al agotamiento del gas de Argentina”. El proyecto en su etapa de extracción requerirá un promedio de 1,5 millones de metros cúbicos de gas por día. Superior al consumo residencial de toda Mendoza (1,2 millones)
El 30 de enero de 2009, la multinacional Vale anunció la compra del proyecto por 1.600 millones de dólares.
En agosto de 2009, el gobierno de Mendoza (mediante la Autoridad Ambiental Minera) autorizó la construcción y producción del proyecto minero.
Una decena de organizaciones (entre ellas la Asamblea por el Agua, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la ONG Oikos Red Ambiental) denunciaron la irregularidades de la aprobación del proyecto y exigieron la revisión de todo el proceso. Al mismo tiempo, la empresa reconocía que dejaría a perpetuidad 120 millones de toneladas de sal (subproducto de la explotación) a pocos kilómetros del cauce del Río Colorado (que atraviesa cinco provincias).
Potasio
“Estuve reunida con el presidente de Vale, una de las más importantes empresas brasileñas mineras, que va hacer una inversión de 5.900 millones de dólares en treinta meses en Malargüe. La explotación se va a hacer bajo todas las condiciones de sustentabilidad ambiental, condición sine qua non, por eso el símbolo es el árbol de la vida y el cuidado del medio ambiente, este granulado de ustedes ven aquí es el potasio con lo cual fertilizamos para ser y seguir siendo uno de los países líderes en materia agroindustrial”, explicó la Presidenta desde al atril, el 16 de diciembre de 2011, durante el discurso de inauguración de las Bodegas Bianchi, en Mendoza.
Cristina Fernández de Kirchner sostenía en la mano un pequeño árbol, emblema del proyecto. “Me prometieron que voy a bajar en helicóptero ya en febrero. Va a afectar a cuatro provincias argentinas. La inversión va a ser además en ferrocarriles, líneas de ferrocarril de carga que van a pasar por Neuquén, por Río Negro, para terminar finalmente en la construcción de un puerto en Bahía Blanca, donde este granulado (el potasio) se va a cargar a granel. Pero además la mina va a estar sustentada por una explotación de gas shale, el famoso gas shale, del que hoy somos el tercer reservorio a nivel mundial en Neuquén. Por eso digo que impacta en varias provincias, fundamentalmente en Mendoza pero también en Neuquén donde se va a perforar y extraer el gas shale; igualmente en Río Negro por donde va a pasar por supuesto el ferrocarril y se va a construir un puerto en Bahía Blanca. Por eso esta inversión hoy me atrevo a decir que es la más grande en todo el mundo en minería”, afirmó la Presidenta. Y el auditorio la acompañó con ovación y aplausos.
Y el discursó cerró autoreferencial: “Les voy a contar una anécdota también. Alguien agregó: ‘¿Sabe Presidenta? ¿Sabe cuál es la identificación del potasio en todo el mundo en la tabla química? La letra K’. Y la verdad que cuando me dijo eso me terminó de cerrar todo, ahí me cerró todo”.
La Presidenta volvió a hablar en público de Potasio Río Colorado el 19 de julio de 2012. El diario Página12 tituló “Un megraproyecto minero en marcha”. Y celebró: “La minera brasileña Vale invertirá 29.500 millones de pesos. El objetivo es producir 4,3 millones de toneladas de potasio por año que servirán para equilibrar el saldo comercial con Brasil”.
El presidente de Vale, Murilo Ferreira, destacó que se crearían 12.000 puestos de trabajo y señaló que “Vale está muy feliz con la potencialidad de este proyecto, que también podrá servir de puente para nuevas oportunidades”.
Cristina Fernández de Kirchner fue la oradora principal: “Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. ¡Porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión! Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se equivocaron”.
Historia oscura
Vale es una empresa fundada en 1942, tiene presencia en 30 países y es una de las principales exportadoras de hierro del mundo (también opera yacimientos de níquel, cobre, manganeso, bauxita, fosfatos, carbón). Y acumula denuncias por vulnerar derechos laborales, violar derechos humanos y contaminar.
Fue denunciada por desalojar de sus hogares a 760 familias campesinas en Mozambique para avanzar con minas de carbón. En Canadá, durante 2009 y 2010, los trabajadores resistieron 18 meses en huelga para protestar contra las condiciones de contrato de Vale, que pretendía reducciones salariales, jubilaciones anticipadas y contratos temporarios. En el estado de Pará, Vale es miembro del consorcio que construye la hidroeléctrica de Belo Monte, denunciada en tribunales internacionales por violar derechos de pueblos indígenas y, con apoyo del gobierno de Brasil, impulsar el desplazamiento forzoso de 40 mil personas.
Son solo algunas del centenar de denuncias que pesan sobre la multinacional brasileña. Incluso, en torno a su accionar, se conformó la organización Articulación Internacional de Personas Afectadas por la Compañía Vale. En abril de 2012 publicaron el “Informe de Insostenibilidad de Vale”, que precisa la vulneración de derechos en Brasil, Canadá, Chile, Nueva Caledonia, Mozambique, Perú y Indonesia, entre otros países.
En 2012, Vale ganó el Premio Internacional Ojo Público (más conocido como el premio “de la vergüenza corporativa mundial”), votado por activistas de todo el mundo y concedido a empresas con graves señalamientos sociales y ambientales. En el ranking de peores empresa empresa, Vale quedó delante de la empresa japonesa Tepco, responsable del accidente nuclear de Fukushima.
Los últimos meses se sumaron dos hechos que van en línea con la historia de Vale. El 16 de abril, familias de Mozambique que habían sido desplazadas por Vale exigían que cumpla con la indemnización acordada (8000 dólares, de los cuales sólo habría pagado la mitad). Vale denunció a los manifestantes y la Policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. «La compañía tiene un profundo respeto por los derechos que tienen los ciudadanos a expresarse pacíficamente, de la misma manera que apela al derecho de acceso de miles de trabajadores a sus puestos de trabajo», argumentó Vale en un comunicado de prensa.
El 20 de abril estalló un nuevo escándalo de Vale en Brasil. Un ex gerente (André Almeida) reconoció ante el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro que Vale hacía espionaje sobre empleados, periodistas y que infiltraba personal en las organizaciones sociales que cuestionan a la multinacional. Almeida se autoincriminó al reconocer que él mismo realizó escuchas telefónicas para vigilar a trabajadores de Vale.
Danilo Chammas es activista de la organización Justiça nos Trilhos (Justicia en los Rieles –organización compuesta por familias afectadas por la traza de un tren de la compañía) afirmó que “Vale ejecuta prácticas de espionaje hacia los movimientos sociales brasileños utilizando agentes del servicio de inteligencia del Estado y valiéndose de algunas de las mismas prácticas de los tiempos de la dictadura militar”.
Y precisó que Justiça nos Trilhos y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) son dos de los movimientos que padecieron espionaje de Vale, pero advirtió que no son los únicos infiltrados por Vale.
La empresa distribuyó un comunicado en el que se despega de las acusaciones y cuestiona al denunciante (Almeida) por haber sido «despedido por justa causa debido por utilizar la tarjeta de crédito corporativa de manera inadecuada». Sin embargo, Vale reconoce que hace el seguimiento de los movimientos como el MST y la Justiça nos Trilhos pero “sin infiltración de personas”.
Retirada
“Paralización por tiempo indefinido del proyecto Potasio Río Colorado”. La empresa Vale lo confirmó el 23 de enero de 2013. Y de inmediato comenzó un proceso de negociación con tres actores principales: empresa, y los gobiernos de Argentina y Brasil.
La compañía había argumentado la supuesta caída del precio del potasio. En agosto de 2010, cuando la Legislatura de Mendoza aprobó el acuerdo con Vale y la multinacional decidió construir la mina, el potasio cotizaba a 345 dólares la tonelada. En la actualidad está a 400 dólares, 15 por ciento más caro que cuando Vale empezó a construir.
La minera solicitó desgravar el IVA de sus compras y un tipo de cambio especial para girar divisas. Sumada a las ventajas que ya otorgas las leyes mineras sancionadas en la década del 90 y mantenidas en la última década: estabilidad fiscal por treinta años, tope de sólo tres por ciento a las regalías en las provincias (se calcula en base al valor de boca de mina y lo declara la propia empresa sin control del Estado), cinco por ciento de retenciones para minerales procesados (y diez por ciento para los concentrados).
El director global de Vale, Marcio Godoy, habló con el diario Perfil el 9 de marzo en Canadá: “Necesitamos la comprensión del Gobierno argentino para continuar con Potasio Río Colorado. El sector minero demanda, por naturaleza debido al tamaño de sus iniciativas, un tratamiento especial”.
El 11 de marzo, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que acusó a Vale de “abandonar” el proyecto y de exigir beneficios impositivos por 3.000 millones de dólares.
“Vale y sus accionistas no son mendigos que necesiten ayuda y solidaridad”, afirmó Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y uno de los mayores estudiosos de Potasio Río Colorado. Y brindó cifras en base al informe financiero de la minera: en 2012 Vale distribuyó 6.000 millones de dólares de ganancias a sus accionistas y prevé distribuir, como mínimo, 4.000 millones de dólares en 2013. “No es precisamente una empresa en crisis”, resumió Giraud.
El 9 de abril, Vale anunció que puso en venta el proyecto Potasio Río Colorado.
El 25 de abril, las presidentes de Argentina y Brasil tuvieron una reunión en Buenos Aires. Vale fue parte del temario. Marco Aurelio García, asesor para asuntos internacionales de la Presidencia de Brasil, anunció que “Vale hizo una propuesta que el gobierno de Brasil le informó al gobierno argentino”.
La organización Articulación Internacional de Personas Afectadas por Vale utilizan un eslogan y alertan a sus pares de Argentina: “La fórmula del éxito para Vale es privatizar los ingresos y acarrear los gastos al público, es decir a los demás”.
“No nos Vale”
Políticos de todos los colores y rangos. Empresas de todos los tamaños. Sindicalistas. Trabajadores. Analistas internacionales. Economistas. Cámaras mineras. Todas las voces estuvieron reflejadas en los medios masivos de comunicación respecto a la retirada de vale. Pero quienes menos espacio tuvieron fueron las organizaciones que, ya en 2008, habían alertado sobre la faraónica obra que implicaba Potasio Río Colorado, la contaminación (social y ambiental) y el rol de las transnacionales mineras.
“No nos valen las presiones que el Gobierno de Brasil y su transnacional minera (Vale) hacen a la Argentina y a su Presidenta para no abonar el IVA que todos pagamos por ley, mientras la empresa reconoce haber distribuido en 2012 ganancias a sus accionistas por 6.000 millones de dólares. No nos valen las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, que sólo aspira a equilibrar la balanza comercial con Brasil, aunque sea a costa de exportar y agotar rápidamente nuestros bienes comunes no renovables”, comienza un comunicado de trece organizaciones sociales de cuatro provincias (Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires), en marzo último, y recuerda que el proyecto minero “nació y sigue en conflicto con nuestras comunidades. No fue evaluado y aprobado de manera integral, sino de manera fragmentada y aún incompleto. Hemos advertido los riesgos para las aguas del río Colorado (que atraviesa cinco provincias)”.
Firmado por las mendocinas Asamblea Popular por el Agua, Oikos Red Ambiental, asambleas de vecinos de San Carlos, Alvear, Tunuyán, Tupungato, Uspallata, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén. De La Pampa figura la Asociación Civil Alihuen. De Neuquén el Foro Permanente por el Medio Ambiente (Foperma), Fundación Ecosur y La Brecha. De Buenos Aires la organización Aukan y el Observatorio Petrolero Sur.
Las organizaciones recordaron que Vale es “una de las peores empresas del mundo por sus conflictos laborales, daños ambientales y violaciones a los derechos humanos” y cuestionaron la profundización del modelo extractivo: Potasio Río Colorado necesita de gas no convencional neuquino (mediante la cuestionada técnica de fractura hidráulica o “fracking”) y que el potasio obtenido será para avanzar con el modelo de agronegocios (deforestación mediante) sobre la Amazonia brasileña.
Reclamaron que se suspenda el proyecto minero, se indemnice a trabajadores y pequeñas empresas locales “no partícipes de grandes negocios” y exigieron que se cumpla la resolución de 2010 de la Defensoría del Pueblos de la Nación que instó a la Secretaría de Ambiente de Nación a realizar el “análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero”.
Por sobre todo, las organizaciones exigieron debatir el modelo. Pero no encontraron respuesta en corporaciones ni gobiernos.
* Artículo publicado en mayo de 2013 en el Periódico de CTA 94 (http://issuu.com/periodico-cta/docs/periodico-cta94?e=8261434/2490379)
Jul 21, 2013 | 2013, General
Represión contra quienes cuestionan la megaminería. El rol de los gobiernos. La complicidad (por acción u omisión) del periodismo. Corporaciones mineras y el intento de mejorar su imagen. El Borda y Famatina. ¿Represiones de primera y de segunda? El twitter presidencial que no fue. Y las preguntas sin respuesta.
Por Darío Aranda
Paula Ríos está en el suelo, caída y, frente a ella, de pie, un policía amenazante, arma en mano.
Sábado al mediodía. Famatina. La Rioja.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la megaminería en la provincia.
Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras once personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del PJ local y de supuestos empleados mineros.
“Antimineros provocaron disturbios en Famatina”, tituló el recuadro del diario Tiempo Argentino. Quince líneas con una versión alejada de la realidad: “Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista (…) Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores”.
El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos.
Sí lo hizo la FM Mirador, de Chilecito. “El policía me pateó la cabeza. Me pisó el hombro con su bota. Me puteó. Me dijo ‘levantate, vieja de mierda, o te cago matando’. Yo no podía pararme. Me levantó del cabello. Me puso el arma sobre el cuerpo. Y me dijo ‘esto no lo vas a volver a hacer nunca más, si te dejo viva date por dichosa’. Me puso el arma en la cabeza”.
Paula pensó que la mataban. Le pidió a Dios. Pensó en sus hijos.
El policía no la mató. Sí le dio cinco balazos de goma en la espalda y uno en la pierna. “Si te encuentro, te cago matando”, la amenazó.
El relato eriza la piel.
(más…)
Jul 21, 2013 | 2013, General
La violencia contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), las denuncias contra el gobernador Insfrán, el silencio de la Presidenta y el rol de los organismos de derechos humanos. Los pueblos indígenas de Argentina marcharán a Formosa.
Por Darío Aranda
“Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fue en la conferencia de prensa de ayer, donde organismos de derechos humanos denunciaron el “etnocidio” en Formosa, la “violencia sistemática” contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y exigieron medidas urgente del Gobierno Nacional para frenar la violencia. Amanda Asijak (esposa de Félix Díaz), confesó tener miedo por lo que pueda pasar a sus hijos, reconoció que el líder qom evalúa dar un paso al costado, aunque también afirmó que ambos deben seguir en la lucha. En junio habrá una gran cumbre indígena, de comunidades de todo el país, en Formosa.
El fin de semana pasado la comunidad volvió a ser noticia luego de que una patota atacara al hijo de Félix Díaz y Amanda Asijak. La conferencia de prensa fue una consecuencia del nuevo ataque contra la familia del líder qom.
La sala del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) quedó chica. Periodistas y militantes desbordaron el espacio. “Es una buena señal”, celebró el anfitrión, Adolfo Pérez Esquivel, que se limitó a señalar la “grave situación que padecen los pueblos indígenas en el país, en particular el Pueblo Qom de Formosa”. Y anunció que iban a hablar como parte de la “Comisión de garantes” que se había conformado (hace dos años) en el marco de una mesa de diálogo reconocida por el Gobierno Nacional.
Modelo
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), señaló que “la constante en todo el país es la frontera sojera y minera avanzando sobre los pueblos originarios” y que “ese modelo conlleva desmontes, heridos y muerte”. Denunció que “tanto el Gobierno como la Justicia” discriminan a los pueblos pueblos indígenas y recordó que hay leyes (que protegen sus derechos) pero que no se cumplen. Ejemplificó con la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende las órdenes de desalojos y orden un relevamiento territorial. “Pero los desalojos siguen”, sentenció.
Puntualizó que en abril pasado se firmó en Formosa, con presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, un protocolo de intervención para garantizar la integridad de las familias de la comunidad La Primavera. “A pocos días de firmarse, atacaron a Abelardo (hijo de Félix y Amanda). Es una nueva provocación del gobierno de Gildo Insfrán”, afirmó.
Miedo y lucha
Amanda Asijak habló suave pero firme. Su palabra era la más esperada, por la salud de su hijo y por las versiones sobre los pasos a seguir por Félix (un rumor indicaba que dejaría su rol de “qarashé”, autoridad qom).
“Estoy dolida por lo que pasó a mi hijo. No es la primera vez, soy madre, es difícil. Es una tristeza muy grande, estamos sufriendo”, fueron las primeras palabras. Contó que había hablado con Félix y que lo notó triste, con “ganas de dejar la lucha”. Advirtió que aún no había tomado una decisión, que lo hablarán en familia ni bien ella regresa a Formosa.
“Tengo que decir a Félix de seguir. Seguir peleando por tierra, salud, agua”, adelantó, pero de inmediato también reconoció que “son muchos años de lucha y no podemos encontrar algo concreto”. Recordó la represión de 2010, confesó que tiene miedo por lo que pueda pasarles a sus hijos, rememoró “el asesinato” de su sobrino (Daniel Asijak, en enero pasado –la comunidad denunció un ataque y el gobierno de Formosa que fue un “accidente” de tránsito–).
Amanda apuntó a los dirigentes gildistas que están en la comunidad, pidió “apoyo para seguir adelante” y preguntó varias veces “¿dónde están nuestros derechos?”.
En los diez minutos que duró su exposición insistió con un temor: que le suceda algo a sus hijos. Y finalizó como había comenzado, con voz suave y firme. “Aunque la policía nos pegue, tenemos que seguir adelante, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, como Pueblo Qom, como pueblo originario”.
Sobrevino un aplauso sostenido.
CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantiene un difícil equilibrio. Reconocido por su defensa de los derechos humanos, también con mucha cercanía al Gobierno Nacional, lleva las causas de la comunidad La Primavera.
“Acá se pone en evidencia una situación compleja y también injusta”, resumió el abogado del CELS, Federico Efrón.
Recordó que pesan sobre la comunidad cuatro causas judiciales, dos por usurpación y dos por el corte de ruta de 2010, que terminó con la represión del 23 de noviembre de 2010 y el asesinato del abuelo qom Roberto López. Ese día la policía de Formosa golpeó a integrantes de la comunidad e incendió una veintena de viviendas. Pero, paradoja de la justicia formoseña, hay 23 imputados qom, incluidos Félix Díaz y Amanda Asijak.
Efrón recordó que Félix Díaz fue procesado, hace dos semanas, por “usurpación” del territorio comunitario. “Hay una persecución contra Félix”, afirmó.
Cumbre indígena
Verónica Hullipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de CTA y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), alertó que la criminalización de los pueblos indígenas se reitera en todo el país pero que “Formosa es una caso paradigmático, donde no puede seguir el avasallamiento”.
Explicó que la situación de vulneración de derechos es idéntica para los cuatro pueblos que habitan la provincia (Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé). “Los cuatro pueblos reclaman derechos colectivos, reclaman territorio y se le violan los derechos humanos”, afirmó. Relató que existen muertes por enfermedades evitables y por desnutrición, y lamentó que en la comunidad La Primavera haya “matones con rostro indígena que atacan a los hermanos que luchan”.
Apuntó a un actor hasta ese momento ausente en la conferencia de prensa. “El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el operador del gobierno nacional en Formosa, siempre juega a favor de Gildo Insfrán. El INAI debe reconocer a Félix Díaz como qarashé de la comunidad, pero sigue las instrucciones de Insfrán y actúa en contra en Félix”, denunció la dirigente mapuche.
Afirmó que es necesario “un gesto” del gobierno nacional para con los pueblos originarios y anunció que comunidades indígenas de todo el país se reunirán del 3 al 5 de junio en Formosa para “exigir el respeto a nuestros derechos y para dar una clara señal de respaldo a la lucha de los cuatros pueblos indígenas de Formosa”.
Etnocidio
Lorena Cardín es la persona externa a la comunidad qom que más conoce Potae Napocna Navogoh (hace doce años que acompaña, desde el territorio, las luchas, alegrias y pesares). Además es antropóloga y docente de la UBA.
“Denunciamos el etnocidio en Formosa”, comenzó Cardín y explicó que se suceden las muertes por tuberculosis, por chagas y por falta de asistencia médica.
Y apuntó a los clásicos argumentos oficiales. Reconoció que la provincia fue pionera, en 1984, con una ley que reconoce los derechos indígenas. “¡Pasaron 29 años! Ese logro ya no tapa la situación que padecen los cuatro pueblos indígenas que viven en Formosa”, reclamó y detalló que en la provincia hay un “control total” de Gildo Insfrán. Ejemplificó: el ProHuerta (un plan nacional de huertas familiares dependiente del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social) tiene prohibido entregar semillas a la comunidad La Primavera.
“En Formosa hay una violencia estructural”, aseguró la antropóloga y desafió: “El que tenga voluntad, que vaya y vea por sí mismo”. Pero de inmediato aclaró: “Claro que no tienen que seguir el circuito turístico que les arma el gobierno provincial” (reconocidos periodistas porteños visitaron la provincia de la mano de Gildo Insfrán y aún hoy derrochan alabanzas sobre la gestión gildista).
Cardín lamentó no poder contar todas las riquezas que tienen la comunidad (por ejemplo la lengua originaria, la cultura, los saberes), e insistió en la coerción que ejerce el Gobierno. Pero finalizó con un guiño: “Ese control no es perfecto. No pudo con Félix”.
“No se tolera más”
Nora Cortiñas recordó dos hechos que la unen a la lucha qom. La mañana de 2011 en que La Cámpora actuó como fuerza de choque (con Andrés Larroque a la cabeza) y desalojó el acampe de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y la elección realizada en la comunidad, en la que Félix Díaz fue elegido por amplia mayoría (por sobre el antiguo cacique, Cristino Sanabria).
“Félix ganó la representación de la comunidad, pero nunca fue reconocido por el gobierno nacional. Y el Gobierno permite ese doble comando porque quieren echar a Félix. Mientras la comunidad es atacada criminalmente”, advirtió la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó la falta de respuesta de la Presidenta y aclaró: “¿Qué queremos? Que se terminen los ataques. No se tolera más la violencia”.
DDHH
Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, recordó que luego del acampe qom en Avenida de Mayo el gobierno nacional aceptó la creación de una mesa de diálogo. Detalló que se firmaron actas y, a pedido del Gobierno, se aceptó una elección en la comunidad para determinar quién era la autoridad e interlocutor (si Félix Díaz o Cristina Sanabria, aliado de Insfrán). “Se les impuso un método de elección que no era propio de la comunidad, con observadores de Nación y Provincia. Así y todo fue electo Félix, pero no lo reconocen, juegan al desgaste. Ningunean a la comunidad y ningunean a los organismos de derechos humanos”, denunció.
Pimentel recordó que en esa mesa de diálogo, que coordinaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo, participaban también Abuelas de Plaza de Mayo (en su lanzamiento había estado su presidenta, Estela de Carlotto). “Hoy no están”, lamentó. Y resumió: “Los derechos humanos se defienden o se violan. Y acá se están violando. Hay que acabar con este genocidio silencioso”.
Maravilla
Mirta Acuña de Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue muy breve. Lamentó la violencia contra el Pueblo Qom y fue directo al grano: “La semana pasada vi por la tele a la Presidenta con Maravilla Martínez. Y me pregunté ‘¿Y Félix Díaz?’. Tiene tiempo para un boxeador y no para Félix. Hay que reclamarle que reciba a Félix”.
Reacción y silencio
Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamaron ayer a la tarde a Félix Díaz. Le anunciaron que el 22 de mayo se hará pública la definición del máximo tribunal respecto al reclamo de la comunidad (el año pasado se había realizado en la Corte una audiencia pública por el conflicto territorial).
Al momento del cierre de esta nota, ningún funcionario nacional se había comunicado con el líder qom por los reclamos pendientes ni por los hechos de violencia que padeció la comunidad qom.
* Artículo publicado el 10 de mayo en www.odhpi.org
La protesta se llevará a cabo en varias ciudades argentinas entre hoy y el sábado. En Córdoba, los vecinos se oponen a la instalación de una planta de la compañía en la localidad de Malvinas Argentinas y reclaman una consulta.
