Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
Jul 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.
Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.
En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.
La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.
En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.
El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.
Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.
La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.
El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”
Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.
En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.
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Las causas judiciales
Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de julio de 2014 en Página12.
Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
May 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.
Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.
Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.
En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.
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Desalojo de campesinos
Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Félix Díaz, la lucha qom y la resistencia mapuche. Las empresas extractivas y los gobiernos. El racismo argentino y la unión de los pueblos indígenas.
El referente qom Félix Díaz visitó Neuquén invitado para disertar sobre la lucha indígena y la criminalización de la protesta social. Recordó su despertar en la lucha, la situación en Formosa, la necesidad de articular con otros pueblos y la consolidación del Consejo Plurinacional Indígena. Y, claro, habló de la defensa del territorio, el rol de las multinacionales y los gobiernos. “Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas”, explica Díaz y remarca la prioridad de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
-¿Por qué vino a Neuquén?
-Tenía una necesidad de volver, de saber algo de los los hermanos, retomar las cosas que veníamos haciendo. Quería saber de las cosas que estaban pasando acá, porque en Formosa tenemos muchos conflictos y como nos centramos en eso pareciera que no existen los conflictos en en otras provincias. Es bueno estar acá, para informarnos de la realidad de las comunidades mapuches.
-¿Qué pudo observar de Neuquén?
-Fuimos a la fábrica Zanón (Actual Fasinpat), una experiencia muy hermosa, el ser sus propios administradores. Es una experiencia muy nueva para mí, la de ver a los trabajadores ser sus propios patrones. Imagínese que nosotros somos los que proveemos mano de obra, recursos naturales y vivimos en la extrema pobreza, porque los empresarios explotan a los obreros, con el apoyo de los gobiernos. Y nosotros somos siempre las víctimas porque no tenemos la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestra propia organización, nuestros recursos, no tenemos esa autonomía por la carencia de recursos.
-¿También estuvo en Añelo? (localidad epicentro de Vaca Muerta)
-Es lamentable la situación que están pasando allí. Es similar a lo que sucede en la zona wichi de Formosa, con empresas petroleras instaladas en el territorio. No tienen educación, vivienda, luz, agua. Ni siquiera hay caminos. Sin embargo tenemos la ley que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ley está, pero no se cumple. Muchos de estos problemas son porque no conocemos las leyes que nos protegen.
-¿Pudo conocer la lucha contra el fracking que se da en Neuquén?
-Sí. Y vi una articulación muy fuerte entre los gremios, organizaciones sociales e indígenas. Es muy productivo que se organicen y luchen juntos. La verdad es que esto es muy alentador, pero siempre está la parte en que los partidos políticos y organizaciones confunden el rol de los pueblos indígenas y quieren cooptarlos. Y los medios ayudan a esta confusión.
-¿Cómo juegan los medios de comunicación?
-Los medios son fundamentales para los pueblos indígenas. Los qom tenemos nuestra propia lengua materna, de la cual nosotros traducimos los anuncios oficiales y noticias de internet, para dar un panorama de la situación nacional. Y la gente, al escuchar todo esto, se da cuenta de la manipulación de los medios de comunicación. El cuarto poder, los periodistas, negocian la información. Los pueblos indígenas todavía conservamos la honestidad, la capacidad de respetar la palabra, que puede ser una alternativa para la sociedad, de escuchar una voz honesta.
-¿Cómo hacer que la voz indígena se escuche más?
-Es un espacio a construirlo. Una herramienta puede ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debe ayudarnos a desarrollar nuestra identidad cultural. Necesitamos que el decir indígena no sea manipulado, el mismo indígena tiene que defender su pensamiento; qué es lo que queremos y cómo queremos hacer las cosas. Es lo mismo en la educación, es necesaria la participación indígena.
-¿Cuál es el rol de los jóvenes indígenas?
-La esperanza está en los jóvenes, que son los que deberían defender este proyecto de participación, para que mañana sean los protagonistas de la lucha. Pero la lucha es de todos, no solo de los indígenas, sino de la sociedad toda.
Formosa
-¿Cuándo y cómo fue el despertar de la conciencia para luchar por los derechos?
-Encontrarme conmigo mismo no fue fácil. Retomar mi identidad fue un cambio en el que tuvo que ver el estar en distintas organizaciones. Me encontré conmigo mismo en el 2001. Yo siempre pensé como indígena, pero en los partidos políticos en los que estuve me sacaron ese pensamiento. Mi pelo era largo siempre, como ahora, pero en el Ejército me pelaron, me sentía tan inútil, porque me desnudaron de mi identidad y me pusieron un disfraz, y sin darme cuenta de este proceso, en el Ejército tuve que aprender a hablar castellano, tampoco sabía leer. Cambiaron mi forma de ser, siempre mantenía el cabello corto, porque eso era ser “civilizado”. Ya no sos indígena, me dijeron, ahora sos cristiano.
Bajo esa mirada trabajé en distintos sectores sociales, identificándome con la iglesia, con líderes de izquierda como el Che Guevara, Fidel Castro. Ahí empecé a pensar en ser campesino, y no en ser indígena, en que mis hijo fueran abogados, médicos. El querer “ser alguien” me hizo olvidar de ser indígena.
En el 2000 realicé una serie de entrevistas a ancianos, una investigación de mi propia identidad. Ahí pude redescubrir nuestra identidad cultural. Y me doy cuenta de lo importantes que somos. Al traer de vuelta esa naturalidad del ser indígena. Y eso me ha costado mucho dolor, porque los que creía hermanos en la iglesia, amigos en esos partidos y sectores sociales se olvidaron de mí y se pusieron en contra. Luché contra eso con mi ser indígena. Nunca tuve miedo de ser indígena. Y pude lograrlo mediante la honestidad y haciendo algo para la gente, y no condicionando al otro para darle una mano. Cuando puedo hacer algo, lo hago y para todos.
Debemos salir de ese encierro que nos pusieron. Es enriquecedor saber lo que soy. No somos cualquiera. Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas, pensar como indígenas, actuar en comunidad. Si nosotros no denunciamos, si no defendemos nuestra cultura, nadie lo hará por nosotros.
-¿Cómo es la situación actual en Formosa?
-Sigue la lucha, sigue la persecución de la Justicia, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hemos logrado cambios, pasos importantes, de ponernos en la lucha con la guía de los mayores. Nuestros problemas se resolverán con mejores estrategias políticas, organización, mediante el diálogo, una estrategia que sea participativa y que seamos parte de esa construcción que será beneficiosa para todas las comunidades. Y es un desafío muy grande pelear contra las empresas extractivas.
-¿Por qué?
En el Norte hay pozos petroleros, ganadería, soja, y ahora se están adueñando de las aguas. Es un peligro para los indígenas, porque para el Estado el territorio indígena que “no se usa”, creen que es que es tierra ociosa. Y nos van a matar por nuestras tierras, no con las armas, sino que nos van a aislar, con la ignorancia y negando todos nuestros derechos. Para superar eso, hay que estar juntos.Para nosotros, como hemos vivido defendiendo los recursos naturales, queremos ser parte de la política que regule el uso de los recursos, por eso la importancia de la capacitación de nuestros jóvenes y discutirles de igual a igual a las multinacionales.
-¿Siente discriminación hacia los pueblos indígenas?
-Sí, hay mucha discriminación. Un ejemplo, en nuestro territorio hay una fundación de italianos, alemanes, yugoslavos, polacos, y viven hace años en nuestro territorio. Y hablan en su idioma y nadie les dice nada. Pero cuando nosotros hablamos en qom, nos dicen ‘hablen como la gente’. Entonces pareciera que no pertenecemos a la sociedad civilizada, la sociedad inteligente que dicen ser. Muchos quieren desarrollar sus capacidades, pero bajo la explotación del otro.
Nacional
-¿Por qué la articulación de distintos pueblos en el Consejo Plurinacional Indígena?
-Cada vez que salgo de mi comunidad me sorprendo. Nunca creí que en Argentina vivieran muchísimos pueblos, que tienen gran riqueza y que nadie les da importancia. Entonces lo ideal es que nosotros construyamos nuestra organización propia, para defender lo nuestro. Empresarios, estados y partidos políticos se organizan para expropiar nuestra cultura, nuestra sabiduría, nuestra naturaleza. Si no hacemos nada, mañana vamos a pagar el costo de esta violación de los derechos humanos, sin territorio, sin cultura y dependiendo de un Estado que nos colonizó. Y es muy triste si llegamos a perder nuestras raíces. Por eso es importante nuestras raíces. El futuro está en nuestra espalda. En este proceso estamos dejando huellas a las generaciones que vendrán, estamos fijando las huellas de nuestros ancestros. Atrás, en nuestros ancestros está el futuro. Ese archivo hay que cuidarlo.
-¿Cómo lograr aliados en la esta lucha?
-Uno no puede encerrarse. Buscamos alianzas. Queremos abrir puertas, ser escuchados y escuchar al otro. La política indígena es parte de la reconstrucción de una sociedad con muchas deficiencias. Y nosotros tenemos certeza de que somos parte de la esperanza de la sociedad, somos una alternativa a la sociedad.
-¿Cuál es el rol del Estado?
-Nosotros peleamos para que esas miradas de dependencia sean desarticuladas. Queremos ser autónomos, pero no queremos separarnos del Estado. El objetivo es compartir con la sociedad todo lo que sabemos y hacemos, pero manteniendo nuestra identidad cultural como pueblo. Nosotros siempre hablamos de “nosotros”, nunca usamos el “yo”. Nunca decimos yo quiero, sino, nosotros queremos. Estando acá en Neuquén hay una coincidencia de pensamientos en este sentido, es la forma de ser de los pueblos indígenas, y eso es muy bueno, a pesar de la distancia. A pesar de que hablamos idiomas distintos, tenemos el mismo pensamiento.
-¿Cómo ve el futuro?
-Seguiremos trabajando, tratar de hacer algo positivo, y no ver al otro como enemigos, menos entre indígenas. El enemigo es el poder económico. Muchos de nuestros hermanos se han vendido por las migajas al Estado, no es su culpa, sino de un sistema que nos impone pobreza. Debemos avanzar por un camino que sea propio, y que podamos trabajar, fortaleciéndonos, intercambiar información y estar cerca de los otros. Hay que juntarse con otros para defender lo nuestro. Tenemos que sentir ese corazón humano que tenemos, fortaleciéndolo con otros. No tenemos que dejar que se enfríe el corazón, porque el corazón frío mata, ignora, maldice y trata de adueñarse de lo ajeno.
La idea es seguir aprendiendo, construyendo algo propio de los indígenas. Yo no soy mapuce, pero en territorio mapuce me siento parte de la familia. Ojalá los mapuce conozcan territorio qom, para que sepan quienes somos. Debemos fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
* Por Umawtufe Wenxu y Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El Congreso Nacional aprobó el pacto con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Tres voces mapuches expusieron ante los senadores. La contaminación, el Estado que sanciona leyes y las incumple, y quién paga el costo de un supuesto progreso.
Denunciaron la contaminación durante años, pero siempre los desoyeron. Una década después, el Gobierno les dio la razón. La contaminación existía.
Leyes sancionadas por el Estado obligan a procedimiento de consentimiento de las comunidades indígenas en temas que los afecten. El que viola sistemáticamente esas leyes es el propio Estado.
Fueron algunos de los ejes de los voceros mapuches que estuvieron en el Congreso Nacional, cuando se debatía el acuerdo YPF-Repsol. Relataron la historia de la industria petrolera en Neuquén, los atropellos, la contaminación y la violencia.
La respuesta de los senadores fue coherente con la historia política argentina: relativizaron la contaminación, ignoraron los derechos vigentes por leyes nacionales y tratados internacionales y culparon a los propios mapuches por la pobreza reinante.
Una jornada que pasó desapercibida en las crónicas periodísticas, pero que reflejará una época al momento de escribir la historia.
Congreso Nacional
El gobierno nacional llegó a un acuerdo con Repsol por el 51 por ciento de YPF, por 5000 millones de dólares, pero requería ser refrendado por los legisladores nacionales.
Hubo trabajo en comisiones, previo a la votación en el recinto. El 18 de marzo se realizó el plenario de dos comisiones, Minería, energía y combustibles, y la de Presupuesto y hacienda. De la decena de audiencia, y dos meses que duró el debate, fue la única jornada que contó con testimonios mapuches, justamente quienes viven en los territorios de donde se extrae buena parte de los hidrocarburos.
Abrió el juego Gabriel Cherqui, werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, de Loma La Lata, donde desde hace cuarenta años operan empresas petroleras, entre ellas YPF y, durante toda la privatización, Repsol. “Vengo desde el corazón de lo que ustedes llaman Vaca Muerta”, inició su alocución y no dio muchas vueltas: “Escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares que hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar, dado que la misma Constitución habla, del respeto a los pueblos originarios, que se acuerden de nosotros, que existimos y que mucha gente se está muriendo”.
El clima de la audiencia comenzaba a mutar. La dirigencia política rara vez está obligada a escuchar voces críticas en vivo y en directo. Y, más extraño aún, que esas voces concurran a la sede de los senadores.
Cherqui recordó que hace catorce año que denuncian el accionar contaminante de Repsol, afirmó que tenían respaldo de estudios, informes y de la misma vivencia en el lugar. “Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol”, recordó y relató los juicios que iniciaron contra Repsol y el viaje a España para denunciar lo que en Argentina no tenía eco. Recibió con mezcla de expectativa y desconfianza la decisión del Gobierno, en 2012, de expropiar. Los motivos oficiales habían sido la falta de inversión y el grave pasivo ambiental.
“Siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción”, definió el vocero mapuche. Los senadores se miraron sin entender la diferencia. Hasta que avanzó en la explicación: “Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra. Ese progreso se ha llevado nuestras vidas”. Y detalló los casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que se repiten en la comunidad.
Pidió a los senadores que piensen en los millones de litros de agua que se contaminan cada día por la explotación hidrocarburífera, afirmó que la explotación convencional no tienen control y auguró un futuro peor con la técnica de fractura hidráulica (fracking). Remarcó que hay estudios independientes que confirman la contaminación y exhibió una botella con agua de Loma La Lata. Invitó a que los propios senadores encarguen sus estudios para confirmar la contaminación.
Preguntó si en el pacto con Repsol estaba incluida la remediación ambiental del territorio contaminado. Y marcó la contradicción de expropiar a Repsol y dar la bienvenida a Chevron.
“El gas y el combustible llega a Buenos Aires, pero las consecuencias quedan en nuestros territorios, ya no podemos tener animales ni desarrollar nuestras actividades. No hay hospitales ni escuelas. No nos están dejando una posibilidad de vida”, resumió.
Cruces
Solicitó la palabra el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, jefe de bloque del Frente para la Victoria. Señaló que los pasivos ambientales son “más de la YPF estatal que de la empresa privada”, preguntó qué hacer con la contaminación y, sin dar tiempo a la respuesta, arremetió contra Cherqui: “Su comunidad trabaja con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos”.
Las comunidades de Loma la Lata (Kaxipayiñ y Paynemil) nunca ocultaron sus negociaciones con las empresas petroleras. Lo que no contradice que haya legislaciones que no se cumplieron y la existencia de contaminación.
Pichetto retrucó: “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera”.
El senador Pichetto resumió las supuestas ventajas de trabajar para petroleras: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes”.
El clima de la sesión se enrareció aún más. Unos de las principales voces del gobierno nacional arremetiendo contra un dirigente mapuche.
Cherqui le respondió que la avanzada empresaria y gubernamental no le dejaba otra posibilidad que, para sobrevivir, negociar y trabajar para las petroleras. Recordó que su pueblo siempre vivió de la cría de animales.
Pichetto insistió en que trabajar para las petroleras era mejor y volvió a la carga de la peor manera, hiriente: “Con la economía pastoril se morían de hambre”.
La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Cívico) cuestionó que se descalifique a quien habla y que no se refieran al tema en cuestión. “Que el señor (Cherqui) venga a dar testimonio y que trabaje para YPF no invalida el testimonio que nos da”, reclamó.
La legisladora por Río Negro Magdalena Odarda (Coalición Cívica, ARI) señaló que algunos de sus pares habían realizado tareas de inteligencia sobre los dirigentes mapuches y le respondió a Pichetto. “Es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero no se cumplen”. Y ejemplificó con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y que el Estado viola sistemáticamente.
Cerró Cherqui. Agradeció la posibilidad de hablar y devolvió gentilezas a Pichetto: “Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar”.
Segundo tiempo
Aún restaban las palabras de dos dirigentes mapuches, y el senador por Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) pidió la palabra. Comenzó a leer un informe de YPF que daba cuenta del aumento de la inversión en remediación ambiental y afirmó que el monitoreo de aguas y ríos de Loma La Lata “muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua”. Señaló como fuente de estudios a la consultora BFU y el laboratorio Induser.
Dio cuenta de una situación casi ideal. Pero no hizo públicos esos estudios.
Reconoció que “durante décadas” la YPF estatal arrojó el agua contaminada directamente a los ríos, pero argumentó que con la reforma constitucional de 1994 comenzó a cambiar esa situación. “Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos”, sostuvo y, al igual que Pichetto, también apuntó contra los mapuches: “Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos”.
La abultada cifra llamó la atención. 2.700 millones de pesos es mayor al presupuesto anual del Ministerio de Industria (1.500 millones) y del Ministerio de Turismo (1.300 millones).
Tres semanas después, el senador Fuentes aclaró en el diario Río Negro que el monto de dinero era 2,7 millones de pesos: el 0,1 por ciento de lo que había afirmado en el Senado Nacional.
Mari mari kom pu ce (buenas tardes a todos)
Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen de Neuquén, a treinta kilómetros de Zapala. Comenzó saludando en idioma: “Mari mari kom pu ce. Buenas tardes a todos”.
Señaló que existen comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, pero remarcó que no es el caso de todas. Y precisó que existen más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta. Y apuntó a la expropiación del 51 por ciento de YPF y el pago a la empresa española. “Repsol es una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo. Una empresa ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una Justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este Gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos”, arrancó Maliqueo.
Explicó que en los territorios con explotación petrolera se repiten enfermedades por contaminación, y afirmó que los habitantes no están muriendo por vejez. Recordó a la lonko Cristina Linkopan, de la comunidad Gelay Ko, que falleció a los 30 años por una hipertensión pulmonar. “No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar”, reclamó.
Solicitó al Senado Nacional la cuantificación de los pasivos de YPF-Repsol, denunció que el gobierno neuquino avanza en los territorios indígena con criminalización de quienes resisten y, mirando a los ojos a los senadores, les reprochó que (con el accionar de los tres poderes del Estado) “se está violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado” como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. “Exigimos a este Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas”, instó.
Graficó que el petróleo se explota en el patio de las casas mapuches y no en las viviendas de los senadores, diputados o del gobernador. “Nuestro territorio es el que está siendo contaminado, que es donde tenemos el futuro de nuestros niños. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Exigimos que los derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el Pueblo Mapuche”, sostuvo Maliqueo.
Y finalizó como había comenzando, en idioma mapuche: “¡Marici weu, marici weu!”. Grito de lucha y resistencia que significa “diez veces venceremos”.
Leyes incumplidas
Nylo Cayuqueo es un histórico dirigente indígena de Argentina. Militante desde la década del 70, vive en Los Toldos y forma parte de la mesa de PPOO de Buenos Aires.
Cayuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: “El Estado no cumple las leyes y convenios internacionales que firmó”. Y le preguntó a los senadores si habían leído el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir.
Nadie le respondió.
“Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo de hecho”, denunció y apuntó que el Gobierno, mediante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) manipula y divide comunidades. “A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo”.
Precisó que la leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades, alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa: “No es democracia para nosotros”, reprochó y recordó que ningún Gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas.
La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ de San Luis) preguntó si era posible trasladar a las comunidades mapuches a otros territorios, no afectados por la extracción petrolera.
Le respondió su par de Río Negro, Odarda: “Jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico. Hoy es una metodología utilizada por las grandes empresas, no es una solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida, la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional”.
Completó Cayuqueo: “Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar”. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados. Y reiteró: “Por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente”.
Epílogo
Ocho días después, el 26 de marzo, el Senado Nacional votó el pacto con Repsol. Con apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Movimiento Popular Neuquino. 42 votos a favor y 18 en contra (UCR, FAP y UNEN). El PRO y el Peronismo Federal se abstuvieron.
El 23 de abril fue el turno de los diputados. 135 votos a favor, 59 negativos y 42 abstenciones.
5000 millones de dólares para la empresa española.
La amplía mayoría de los legisladores priorizó la necesidad de petróleo, la decisión de cerrar conflictos comerciales y así avanzar en la explotación de Vaca Muerta, con corporaciones similares a Repsol.
Se dejaron de lado los pasivos ambientales y, en una línea de coherencia histórica del Estado argentino, ignoraron los derechos de los pueblos indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.