Abr 23, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de Chubut, sobre la Ruta nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal.
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).
El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.
El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de grandes empresarios.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El Hoyo.
Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie, volviendo a nuestro lugar”, afirmó.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche.
Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton.
En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos”.
Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio. Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.
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Reclamo por agua
La comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de Gan Gan (centro geográfico de Chubut), denunció penalmente al propietario de la estancia Aguada Tibia, Roberto Rial, por el delito de usurpación de agua al desviar un arroyo. “La comunidad se ve afectada desde hace más de dos meses. Los animales no tienen agua. Se torna dramática la situación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que acompaña a los pueblos indígenas. “Esperamos que la Justicia de una vez actúe y podamos volver a ver correr el agua en el arroyo”, reclamó en un proclama pública la comunidad originaria.
La comunidad mapuche-tehuelche Cual pidió soluciones ante la estancia y en la comisaría de Gan Gan, pero no obtuvo respuesta. Endepa denunció la inacción de la Fiscalía de Puerto Madryn y del gobierno de Chubut. “Aquí hay un delito que debe ser investigado y debe ser reparado, porque nuestro derecho al agua está violentado y se pone en peligro la economía y subsistencia familiar”, denunció la autoridad de la comunidad originaria, Gabriela Cual.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de abril de 2015 en el diario Página12.
Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Mar 14, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
En Argentina se celebra cada metro ganado por empresas petroleras y se publicita como positiva cada nueva concesión. Mientras se invisibilizan las consecuencias del avance extractivo. Semblanza de Cristina Linkopan, autoridad mapuche, una vida cobrada por el progreso petrolero.
Hija. Hermana. Mapuche. Lonko. Madre. Luchadora. Algunos de los roles ejercidos simultáneamente por “Tina”, como llaman a Cristina Linkopan en la comunidad Gelay Ko (Neuquén). Tina creció en un campo invadido por las petroleras, donde ventean gas las 24 horas de todos los días del año y la dádiva empresaria se imponía como moneda de cambio.
Multinacionales que llegaban, exprimían el subsuelo, extraían hidrocarburos y se iban. Para dar paso a otras empresas, las mismas promesas y que repetían la rapiña. La comunidad sólo conocía de abundancias ajenas y necesidades propias. Pero Tina Linkopan dijo basta de saqueo, contaminación y violación de derechos.
Enero de 2011 fue un quiebre. La mayor parte de la comunidad estaba en los campos de veranada cuidando los animales, la empresa estadounidense Apache aprovechó esa ausencia e ingresó a un sector de la comunidad para hacer algo nunca visto en la zona: el primer pozo de multifractura horizontal (fracking) de Latinoamérica. Cientos de camiones, máquinas, torres, tanques de agua, camionetas, explosivos. Un ejército extractivo. La prueba más grotesca fue un gigantesco piletón con agua de desecho que implicó una trampa mortal para decenas de animales de la comunidad.
Al mes del ingreso, el Gobernador de Neuquén visitó la zona. Llegó para celebrar junto a la empresa el “éxito” del primer pozo de fracking en la región.
Tina dijo basta. Junto a otras familias de las comunidades exigió explicación a la autoridad mapuce de entonces (que mantenía buen trato con la empresa). La explicación nunca llegó. Entre bronca e indignación comenzaba a emerger la joven dirigente Cristina Linkopan, veinteañera, madre, mujer mapuche.
Divisiones y pesares
En un proceso largo y doloroso, la comunidad se reorganizó. Eligió a Tina como lonko. El gobierno provincial y la empresa Apache apoyaron al otro sector, que les aseguraba extraer hidrocarburos sin contratiempos.
La comunidad se partió en dos.
El sector de Tina acentuó la lucha contra la petrolera. Redoblaron esfuerzos de articulación, con otras comunidades mapuches, con organizaciones sociales de Zapala y Neuquén capital.
“Vivimos en un cochina pobreza”, lamentó Cristina en una de las pocas entrevistas televisivas que le realizaron.
No es fácil denunciar a las petroleras en una provincia con tradición extractiva. Y todo es más difícil si quien alza la voz es mujer, mapuche y pobre.
En Gelay Ko hay 222 pozos petroleros en sólo 224 hectáreas. Aunque existe frondosa legislación (provincial, nacional e internacional) nunca se cumplieron los derechos del Pueblo Mapuche. El Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Hermosa letra, de nulo cumplimiento.
La escuela más cercana está distante 30 kilómetros. Peor suerte si alguien se enferma: 60 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. El combo de la carencia: no hay electricidad (pasan cables de media tensión por la comunidad, pero no bajan a las casas mapuches) y, peor aún, no hay agua para los indígenas.
Linkopan siempre fue tímida, pero sólo hacía falta preguntarle por la situación mapuche para vencer la timidez y que enumere las injusticias:
-“Vivimos un atropello de esta multinacional petrolera (Apache)”
-“Es jodido tener una petrolera en el territorio. Aparecen enfermedades respiratorias, las mujeres pierden embarazos”.
-“Hay cinco abuelos ciegos. Los médicos nunca dicen que es por la contaminación, pero día y noche queman gas, hay olor, y las enfermedades aparecen”.
Cristina solía tomar como referencia a la comunidad Kaxipayiñ de Loma La Lata (también de Neuquén), donde desde hace 40 años extraen hidrocarburos y se repiten los casos de cáncer, diabetes, cegueras, abortos espontáneos y muertes tempranas.
Uno de los temas que más le dolía a Linkopan era la división de la comunidad, impulsada por el Gobierno y la petrolera. “Nos da vergüenza explicar, pero hay que hacerlo”, se disculpaba. Y contaba que en el Pueblo Mapuche también hay “yanakonas (traidores) que aceptan plata que decir que las empresas no contaminan”. Era dura con sus hermanos, pero soñaba con un posible unión entre los dos sectores de Gelay Ko y un reencuentro entre las distintas comunidades del Pueblo Mapuche de Neuquén.
Recuerdos
Lorena Rifo, de la Multisectorial de Neuquén contra el Fracking, conoció a Linkopan. La recuerda como una de las primeras voces en denunciar cuando todos celebraban el descubrimiento de Vaca Muerta. “Fue esencial para empezar la lucha en conjunto contra la hidrofractura”, afirma.
Empresas y funcionarios la subestimaban porque la lonko no tenía formación académica para detallar las técnicas petroleras, pero los refutaba con la vivencia en el territorio, de crecer con las petroleras en el patio de su casa. “Su propio cuerpo demostró que el saqueo y la contaminación implican muerte, pero al mismo tiempo nos dejó la fortaleza que necesitamos para seguir luchando contra las empresas extractivistas que saquean los territorios y no dejan ningún beneficio para el pueblo”, afirman dese la Multisectorial.
Pety Piciñam es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. No tiene dudas de que la muerte de Linkopan tiene directa vinculación con el avance de las multinacionales y la complicidad de los Estados. “Se llevan lo que ellos consideran recursos económicos y también se llevan vidas. Las empresas extractivas no reconocen la biodiversidad ni a los seres humanos que viven en el territorio”, asegura y hace el paralelo entre la muerte de Linkopan y los asesinatos qom en Formosa. Distintas latitudes, dos provincias, dos pueblos indígenas, mismas violaciones de derechos humanos. Misma indiferencia de funcionarios provinciales y nacionales.
Piciñam aclara que los mapuce no hablan de “conservacionismo” sino de tomar lo justo y necesario de la naturaleza para poder proyectarse dentro del buen vivir, una forma de tomar sólo lo requerido para vivir, sin consumismos y sin avasallar derechos de otros. También refuta un lugar común del medio pelo argentino: “Los mapuches no estamos en contra del progreso, pero el ‘progreso’ no puede matar a quienes viven en los territorios”.
Pablo Fernández es el periodista del programa “Cartago TV”, una excepción televisiva que da amplios minutos a organizaciones sociales, maestros, activistas y pueblos originarios. Es quien entrevistó a Linkopan y dejó registro de sus pesares, luchas y sueños. “Nos dio una lección de comunicación popular, sin vueltas, y nos dejó una marca indeleble en la memoria popular”, asegura a dos años de la entrevista.
Fernández no le escapa a dos aristas ríspidas. Señala que en el campo popular hay racismo e ignorancia respecto a los pueblos indígenas. “Cuesta mucho nombrar a los compañeros mapuce con nombre propio, se los minimiza, y se toma con lástima su reclamo”, lamenta. Y apunta a los medios de comunicación. No pierde el tiempo con los medios comerciales, que repiten el discurso del poder (empresario y gubernamental), pide a los medios alternativos que incorporen el lenguaje y la mirada de los pueblos indígenas. “De otra forma terminan reproduciendo el lenguaje racista y despreciativo”, advierte.
Contextualiza la vida de Cristina Linkopan en la lucha de 500 años de los pueblos indígenas. “Se jugó la vida” en una “lucha anticapitalista”, afirma. Rescata que la joven mapuche “empoderó a toda una comunidad en una lucha inclaudicable”.
Lidia Alvarez, actual werken (vocera) de la comunidad Gelay Ko, es una mujer fuerte, que enfrenta policías, petroleros, políticos y jueces. Pero se quiebra cuando recuerda a “Tina”, como siempre la llamó y la sigue llamando. Incluso muchas veces habla de Linkopan en presente.
“Tina es una mujer valiente, es muy difícil sin ella. Es una líder, su figura se imponía, e imponía respeto. La gente la seguía. Y su recuerdo es muy doloroso porque se la extraña mucho, nos falta un pedazo de nosotros”, sincera.
Reconoce que la situación actual es difícil porque la empresa y el gobierno insisten en dividir a la comunidad. Reparte agua (el bien más preciado en Gelay Ko) y compran voluntades.
Tina soñaba que su comunidad no sufriera más contaminación, que sus hijos no respiren el aire viciado por los desechos de los hidrocarburos. La werken confiesa que cuesta seguir sin Tina, pero en vida le hizo una promesa y asegura que la cumplirá: “Siempre nos impulsaba a luchar, nuestro newen nos impulsa, seguiremos defendiendo el territorio”.
Vidas
“Nosotros no tenemos agua y a la petrolera nunca le falta”, explicaba Linkopan y graficaba así la vida en Gelay Ko, la manera más cruda de explicitar quién tiene prioridad en Neuquén.
La indignaba ver pasar los camiones cisternas con agua para la empresa, mientras ellos debían esperar que la Municipalidad de Zapala les entregue 500 litros mensuales por familia. Lo que es igual a 16 litros por día, para todo uso.
En más de una oportunidad le cortaron el paso a los petroleros. “Nos dicen locos, pero qué harían ellos en nuestro lugar, vemos todos los días la contaminación y los derrames, nuestros animales mueren, nos destrozaron todo el territorio”, lamentaba.
La joven lonko lamentaba que los traten de “locos” por oponerse a la extracción petrolera. Cuestionaba el avance extractivo de empresas que dejaban de lado los derechos indígenas. Sufría por el agua que escaseaba en la comunidad, pero también pensaba en los no mapuches, advertía del riesgo de contaminación del acuífero de Zapala, reservorio sensible y rodeado de explotaciones petroleras. “Sin agua no vamos a poder vivir. Ni la plata ni el poder nos va a salvar si no hay agua”, explicaba con esperanza de ser escuchada.
“Soberanía energética”. “Autoabastecimiento”. “La oportunidad de Vaca Muerta”. Algunas de las formas de justificar y celebrar en la actualidad el avance petrolero. Discursos macroeconómicos que invisibilizan el impacto humano de decisiones tomadas en oficinas lujosas y despachos del poder. En febrero de este año, YPF compró Apache. Satisfacción empresaria y gubernamental, amplia cobertura periodística, nula mención a la contaminación y a las consecuencias en las comunidades indígenas.
El 14 de marzo de 2013, Cristina Linkopan dejó de respirar. El parte médico señaló “hipertensión pulmonar”. Tenía sólo 30 años.
Hoy, a un año de su partida, será recordada en su comunidad, donde aún viven sus padres y sus cuatro hijos.
Gelay Ko, en el centro de Neuquén, extraña a la joven mapuche que enfrentó a una multinacional petrolera y a un Gobierno.
Cristina Linkopan, acusada de “loca” por defender a su comunidad, ya es bandera de lucha en un país que sacrifica vidas en nombre de un falso progreso.
* Por Darío Aranda y Umawtufe Wenxu. Publicado el 14 de marzo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Dic 30, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.
La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).
Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”.
El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”
“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.
El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.
La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.
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Contra un decreto
La comunidad mapuche Cheuquel, ubicada a 30 kilómetros de Zapala, denunció la semana pasada al gobierno de Neuquén porque mediante un decreto propuso otorgar el título de tierras comunitario pero a cambio de otorgar derechos de exploración y explotación petrolera a las empresas Pluspetrol y GYP (Gas y Petróleo) de Neuquén. “Rechazamos estas cláusulas en el decreto y pedimos revocatoria porque violan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Y denunciamos estas propuestas poco claras que están llegando a las comunidades y que afectan notablemente los derechos de los pueblos originarios”, señaló la comunidad mapuche Cheuquel en un comunicado.
El decreto 1428 fue firmado por el gobernador, Jorge Sapag (foto), el 15 de agosto pasado. En el primer artículo otorga un título gratuito por 3500 hectáreas, pero la comunidad posee 12.000 hectáreas. Y el segundo artículo no tiene antecedentes: establece que el adjudicatario (la comunidad) permite el libre acceso a las empresas estatal G&P y a Pluspetrol.
La comunidad rechazó el decreto provincial, recordó que la entrega de tierras es “una obligación del Estado (artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 53 de la Constitución de Neuquén)” y remarcó que “ninguna ley establece la posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos” para el reconocimiento de territorios indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 30 de diciembre de 2013.
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).
