Jun 1, 2020 | 2020, Destacados
Prólogo – ¿Qué y para qué?
Existen tantas definiciones de periodismo como periodistas. Una muy simple suele ayudar: el periodismo es contar lo que pasa, con mirada crítica, que cuestione tanto al poder económico como al poder político.
Bajo ese paraguas, este libro recorre el trabajo, el hacer y decir de periodistas con miradas diversas, desde la agencia de noticias Anred hasta Clarín, desde la revista Sudestada hasta Página12, desde la cooperativa La Vaca hasta Infobae, Cítrica y Diario Popular, Tiempo Argentino y Télam. Trabajadoras y trabajadores de prensa de diez medios de comunicación, comerciales y comunitarios-alternativos, relatan lo que es hacer periodismo día a día, desde la redacción, desde la calle, desde el territorio.
Los relatos dan cuenta de los cambios y las continuidades en el ejercicio del oficio en los últimos treinta años, y describen la crisis y decadencia de los medios comerciales, tradicionales o “grandes medios”. Contienen historias y opiniones sobre los conflictos y presiones dentro de las redacciones aunque, también, caminos posibles para hacer periodismo con dignidad.
Son once periodistas de a pie que están lejos de las estrellas mediáticas y de los despachos del poder. No se codean con funcionarios de turno ni salen en televisión (tampoco lo pretenden). Sus fuentes son trabajadores, organizaciones sociales, referentes territoriales, habitantes de barrios populares, asambleas vecinales, espacios de la cultura, clubes de barrio, militantes contra la represión policial, comunidades indígenas y campesinas. Periodistas que no aplauden a los gobiernos ni operan a favor de las empresas. Mucho menos, soldados en los enfrentamientos entre gobiernos y monopolios mediáticos.
El mismo perfil abarca a quienes realizaron las entrevistas, coautores del libro. Parte de ese grupo trabaja en medios comerciales, están quienes forman parte de los comunitarios-alternativos-cooperativos, quienes tienen un pie en ambos lados y quienes se dedican a la docencia. Lo que tienen en común es que intentan hacer periodismo crítico, dando cuenta de injusticias, con la preocupación puesta en los sectores populares.
Este libro adolece de algo fundamental, de federalismo. En estas páginas figuran experiencias de medios y periodistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estuvo presente esa falencia desde el inicio del proyecto, pero no alcanzaron las manos, el tiempo ni los recursos para saldar esa deuda. También, quizá, puede ser parte de una segunda etapa, en la que compañeros y compañeras de otras provincias puedan entrevistar a colegas de esos mismos lugares. E incluso a periodistas (y medios) de la zona metropolitana de Buenos Aires, que no se pudo incluir en estas diez primeras entrevistas.
¿Quiénes hacen periodismo? refleja, entonces, la interacción de este grupo inicial de periodistas en la que se abordan muchas de las aristas del quehacer de oficio: temas de investigación, censuras, colegas respetados, carneros y mercenarios, la autogestión, los pauta-dependientes, la ética, la precarización y los despidos, la organización sindical, lo básico de considerarse parte de la clase trabajadora, el rol de la academia, el periodismo online y la dictadura de los clics, las operaciones disfrazadas de periodismo, el respeto por el público lector, el compromiso al escribir, los aprendizajes, el desprecio por parte de las empresas de medios, el periodismo de escritorio y el que se hace desde el territorio, los jefes obedientes, la militancia, la insistencia para instalar temas silenciados, los caminos que falta recorrer en la profesión, los sueños por cumplir.
¿Quiénes hacen periodismo? es también –o intenta ser– una interpelación para pensar y debatir sobre quiénes, cómo y desde dónde se construyen las noticias y los temas que dominan la agenda pública. Una discusión fundamental que queremos seguir dando quienes consideramos a la comunicación como un derecho y al periodismo como una herramienta para el cambio social.
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Producido en forma autogestiva, “¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadoras y trabajadores de prensa. Historias y miradas sobre el oficio”, está para libre descarga desde los sitios webs de Sipreba, Revista Sudestada, La Vaca, Anred , Ancap y Revista Cítrica.
Reservá tu ejemplar impreso en quieneshacenperiodismo@gmail.com
Jun 6, 2025 | Destacados, General
Censura, precarización, un empresario-sindicalista, las grandes «figuras» y su obsecuencia con la patronal, los luchadores anónimos y los carneros premiados, el periodismo obediente y los que resisten, de los derechos humanos a sueldos de miseria. Crónica de dos décadas en Página12, reflejo de una época del periodismo.
Por Darío Aranda
Despertar. Fue en el 4° año del colegio industrial. Rareza de tener 15 años y comprar Página12 los viernes, día que llevaba entre sus páginas un suplemento-capítulo del «Nunca más». Fueron semanas de ir al puesto de diarios y conocer nombres que nunca había escuchado: Pasquini Durán, Gelman, Soriano, Bayer.
2003. Ingresar como pasante en Sociedad (Información General). Un año de aprendizaje, paga escasa y experimentar la cocina desde adentro. Doce meses después, pase a «colaborador». También conocer de las asambleas, que se realizaban entre los mismos escritorios de la redacción, con mucha participación (mientras los jefes trabajaban y miraban de reojo).
Periodismo. Es un oficio que consiste en contar lo que pasa. Con mirada crítica sobre el poder político, judicial y empresario. No es objetivo, sí honesto intelectualmente. Y es una herramienta para el cambio social.
Noticias. De pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales, científicos críticos. Territorios, megaminería, agrotóxicos, forestales, petróleo, agua, crisis climática, multinacionales. Dos décadas de escribir (y visitar) sobre lugares alejados de los centros del poder. «Somos un diario porteño», se excusó un editor para justificar por qué rechazaba una nota sobre Jáchal u otra sobre Ingeniero Jacobacci en la misma semana. El centralismo mediático también es injusticia informativa. No son «medios nacionales», son medios porteños.
Precarización. La figura de «colaborador» en los diarios es sinónimo de precarización, de trabajo a destajo, siempre mal pago. Se cobra por nota (en la actualidad unos 20.000 pesos) y los jefes deciden cuánto escribe cada periodista (no es decisión del periodista-colaborador). Los jefes deciden, de forma unilateral, tu salario. En la actualidad se debieran escribir 55 notas al mes (algo imposible) para un salario que esté por encima de la canasta básica y no ser pobres. En Página12 trabajan al menos 34 periodistas en esa situación.
Miseria. Un periodista que trabaja desde hace diez años en Página12 cobra 500 mil pesos mensuales. La patronal, liderada por el empresario/sindicalista Víctor Santa María, se escuda en lo negociado por la cámara empresaria Aedba (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires –integrada por Clarín, La Nación, El Cronista, Página12, Perfil y Crónica–). Santa María construyó un conglomerado mediático y es millonario. Es un referente político del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. En entrevistas con amigos suele mencionar la «justicia social». Se muestra progresista, pero se maneja como un patrón de estancia del siglo XIX. En la miseria de los salarios también hay una enorme responsabilidad de arrastre (y que aún tiene consecuencias) de la burocracia sindical de la Utpba (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires –un sello de goma que tuvo personería gremial hasta 2023–).
Tapa del diario realizada por la asamblea de trabajadores/as
Periodismo aplaudidor. Cuando Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54 por ciento de los votos (2011), la dirección del diario y sus comisarios políticos redoblaron su apuesta: no al periodismo, sí a la obsecuencia. Parecían competir por quién era más oficialista. Lejos de intentar marcar agenda por izquierda o cuestionar lo que estaba mal (para mejorar su gobierno), se silenciaron las mínimas críticas existentes, se acusó a las miradas distintas de «hacer el juego a la derecha» y se aceleró el periodismo aplaudidor.
Responsabilidades. La mayor responsabilidad de la decadencia del diario es del dueño del medio, de los gerentes, la dirección periodística y de los jefes/editores. Conviven allí una mezcla de mercenarios, traidores y carneros. Algunos/as de ellos son «firmas famosas» y, es bien sabido, los periodistas más reconocidos no suelen ser buenos compañeros y rara vez tienen coherencia entre el decir y el hacer. Al mismo tiempo, hay también periodistas «rasos» que son parte del problema: que trabajan cuando hay medidas de fuerza decidida por la asamblea de trabajadores, desclasados que no cuestionan nada que provenga de arriba. Ellos también tienen su cuota de responsabilidad.
2011. El 16 de noviembre de 2011 asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, integrante del Mocase-VC. Se acordó la cobertura y el enfoque con el editor. Se escribió y entregó la nota en tiempo y forma. Pero al día siguiente publicaron un escrito muy distinto, sin mención a las responsabilidades del gobernador Gerardo Zamora y del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Y dejaron mi firma. Esa mañana hice pública la censura. Ya nada fue igual. La empresa amagó con el despido. Una carta pública –firmada por más de cien organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas socioambientales– denunció el hecho. La Comisión Interna, luego de tres horas de asamblea de trabajadores en la redacción, emitió un comunicado de repudio a la empresa y la exigencia de regularizar la situación laboral. Osvaldo Bayer intervino y pidió que no haya despido ni represalias.
Censuras. La censura es muy común en los grandes medios de comunicación. Tan común que se ha naturalizado muchas veces bajo la farsa de «línea editorial». En primera persona: no se podía publicar artículos sobre Gildo Insfrán, ni sobre Barrick Gold en San Juan (vía Gioja y los distintos gobernadores), mucho menos críticas a la YPF que destruye y contamina en Vaca Muerta o los impactos ambientales de las mega represas en Santa Cruz. Tampoco se podía cuestionar al ministro de ciencia Lino Barañao (hasta que pasó a ser ministro de Macri) ni a Roberto Salvarezza ni a Raquel Chan (todos referentes de la ciencia hegemónica al servicio del extractivismo). Es real que sucede de similar forma en Infobae, Clarín, La Nación (y sigue la lista), pero rara vez se habla de censuras. Y, peor aún, muchas veces reina la autocensura.
Carta pública de trabajadores/as de Página12
DDHH. «El diario de los derechos humanos» fue la referencia durante años. Pero quedó anclado en las víctimas de la última dictadura cívico militar. La doble vara es evidente cuando se trata del sufrir de los pueblos indígenas, campesinos, activistas socioambientales o del padecer de las barriadas populares del país. Derechos humanos selectivos.
Represalias. Previo a noviembre de 2011 publicaba diez notas al mes. Muchas eran artículos extensos, dobles páginas y hasta algunos eran la tapa del diario. Luego de la denuncia pública, solo publicaron (de forma sistemática) dos notas al mes. Redujeron el salario en un 80 por ciento (hasta 2024, cuando publiqué por última vez).
Premios y castigos. Decirles «no» a los jefes tiene costos. Decir que «sí» tiene premios. Muchos periodistas que se plantan por sus derechos son castigados de diversa forma (le publican poco o nada, padecen ediciones traicioneras, nunca son ascendidos, tienen cero reconocimientos). Por contraposición, existen variados casos de jóvenes periodistas, hasta incluso algún/a pasante universitario/a, que ingresa y rápidamente escala posiciones. El colmo: que un novato/a se transforme en editor/a de colegas con veinte años de antigüedad. Página12 no premia la capacidad, premia la obediencia.
Un sistema. «Nos mean y dicen que llueve», decía la pintada que en 2001 apareció en las paredes y sigue siendo, dos décadas después, un buen resumen de la decadencia de los grandes medios de comunicación. Un modelo que privilegia el impacto por sobre la información, las interacciones en redes digitales por sobre las voces de los protagonistas, los clics por sobre el pensamiento, las caricias del poder por sobre los abrazos del pueblo, lo individual por sobre lo colectivo.
Escritorio. A fines de los ’90 e inicios del 2000, algunos periodistas aún iban a los lugares donde sucedían los hechos. Era común en las redacciones pedir un remís o taxi e ir hasta algún barrio de Capital Federal o del Conurbano. Incluso, antes hecho puntuales, se viajaba a las provincias y se cubría durante días (o semanas) desde el lugar de la noticia. Pero desde hace años ya nadie sale de las redacciones (ni siquiera a los barrios cercanos). Los hechos se «cubren» por televisión, teléfono o redes digitales. Mucho menos se viaja a las provincias sometidas por injusticias (tanto empresarias como políticas). Antiperiodismo: contar los hechos desde un escritorio, sin pisar la calle.
Testimonio. La paradoja de vivir injusticias de forma cotidiana y no contarlas. Es lo que le pasa a los periodistas, que no dan cuenta de lo vivido en el oficio. No se transmite la memoria de las propias luchas, triunfos y pesares del gremio. Las nuevas generaciones no tienen esa memoria histórica y eso es funcional a los de arriba. El periodismo lo terminan contando las «figuras-estrellas» (alejadas de los trabajadores), el «periodismo mainstream» o hasta los propios dueños de las empresas (el caso más patético es Jorge Fontevecchia de Perfil). La historia debiera ser contada por los trabajadores y las trabajadoras. Como decía Andrés Carrasco: además de hacer, hay que decir.
Foto: Matías Cervilla
Gracias. A las comunidades indígenas, organizaciones campesinas, asambleas socioambientales, científicos críticos, medios de comunicación comunitarios, colegas y amigos de Página12, a los delegados/as de la Comisión Interna, al Sipreba y a los medios de comunitarios que siempre dieron espacio (Cooperativa Huvaiti, FM la Tribu, FM Comunitaria Kalewche, Sudestada, Comunicación Ambiental y Cooperativa La Brújula, entre otros).
2025. Fue una larga despedida que, quizá, comenzó en 2011. La última confirmación del paso a dar fue el caer en la cuenta de que había dejado de leer «el diario» (sinónimo de Página12 para quien escribe estas líneas). Nunca, desde aquel 4° año de colegio industrial, había dejado de entrar a sus páginas y ver qué noticias daban cuenta de la realidad. Hace meses que ya no ingreso a la web y, cuando lo hacía, daban vergüenza las publinotas de gobernadores, intendentes del conurbano y hasta de empresas. A fines de 2024 comencé estas líneas que intentan ser una simple ayuda memoria del transitar en ese diario y, quizá, aportar un mirada de lo que pasó en el oficio en estas décadas.
Futuro. El periodismo es un oficio demasiado importante como para dejárselo a las empresas y a esas figuras mediáticas (de medios y/o redes digitales) alejadas de los territorios. El periodismo seguirá en muchos compañeros/as que resisten en esos diarios y portales, pero sobre todo en la enorme cantidad de medios comunitarios, cooperativos y autogestivos que día a día están en las calles, en los territorios y que dan testimonio de las injusticias, pesares y sueños de los pueblos.
Abr 22, 2024 | Destacados, General
Por Darío Aranda
Zafrero desde niño. Evangelizado sin elegirlo. Escolarizado con discriminación y violencia. Servicio militar, jurar la bandera y cantar el himno. Todos los pasos que el Estado y la Iglesia marcan para borrar raíces. Pero Marcos Pastrana resistió. Azar, rebeldía, destino, perseverancia, lucha o todo eso junto. Este diaguita de 72 años, de Tafí del Valle (Tucumán), realiza una lectura histórica, desde los comunitario hasta lo nacional y global. Interpela la democracia representativa, la economía, al Poder Judicial, el extractivismo y, en definitiva, realiza una crítica sistémica.
Una voz, y una historia, reflejo del pasado y el presente indígena.
Raíces
Nacido el 5 de febrero de 1946, su nombre completo es Marcos Benito Jesús Pastrana. Marcos por su padre. Benito por «pedido» del dueño de la estancia donde trabajaba su madre. Jesús porque una tía rogaba al supuesto hijo de Dios que Marcos nazca vivo.
El apellido, común en los Valles Calchaquíes, proviene de España. Marcos Pastrana realizó la genealogía y explica que data de 1600 en el norte argentino. Su abuelo, Eustaquio, nació en 1982, en Tafí del Valle, se casó con Gabriela Romano. El matrimonio tuvo nueve hijos, entre ellos el padre de Marcos.
Su madre, María Clara Flores, hija natural de Felipa Flores. Desde los 9 años vivió y trabajó en una estancia. Recién pudo salir a los 20 años, cuando se casó.
Con tres meses de vida, Marcos Pastrana tuvo su primera zafra. Toda la familia se trasladaba a pelar caña de azúcar al Ingenio San Pablo. Tiene recuerdos de niño, ya 6 y 7 años, de ir a caballo rumbo al ingenio.
De su madre recuerda que le enseñó a leer. Ella pudo llegar hasta 4° grado y solía decirle que debía estudiar «para ser alguien». Marcos lo reflexionó ya de adulto: «Con el tiempo me di cuenta que ya era alguien, era un originario de esta tierra».
Política de Estado
El audio es de sólo tres minutos. Circuló a inicios de 2017 por WhastsApp. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de Estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar.
Peor momento
Pastrana no recuerda buenos momentos del estado argentino para con los pueblos indígenas, aunque sí de mayor o menor participación. Lo que no duda es que, desde la vuelta de la democracia, este es el peor momento. «La política pública del Estado está declarada a combatir y si es posible terminar de desterritorializar a los pueblos originarios», afirma.
Cita como ejemplo la represión al Pueblos Mapuche, pero aclara que lo mismo sucede en el norte del país, centro y en cada lugar donde una comunidad lucha. Y recuerda que no se trata sólo del gobierno nacional, sino también a los gobernadores.
Pastrana aborda distintos tópicos. Da una vuelta de rosca, reinterpreta conceptos que parecen estáticos para el pensamiento conservador. «Desde lo económico el desastre es absoluto. Aquí hay que aclarar que la economía no es solo lo financiero, la acumulación de divisas, sino también todo lo que hace a la administración de bienes comunes de un pueblo. Economía es agua, es aire, son los ríos, el monte nativo. Y eso no está en agenda de los responsables de políticas públicas».
Para abordar la situación ambiental invita a visitar Andalgalá (donde desde hace veinte años opera Minera Alumbrera), pueblos fumigados, zonas con pasteras o petroleras. «El resultado está a la vista. Pueblos contaminados, territorios desmembrados por la acción de las multinacionales», describe.
Define que el discurso científico y político oficial quedó colapsado con la realidad. Porque ambos proponen desde el discurso actividades no contaminantes y prometen bienestar, pero eso nunca sucede. Recuerda el rol del Poder Judicial, donde jueces y fiscales incumplen leyes locales y tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas. En paralelo, «mucha legislación se adapta especialmente para favorecer a las multinacionales y los terratenientes».
Como mal ejemplo de «justicia» o referencia de «injusticia» cita a la Corte Suprema de la Nación, que en septiembre pasado falló contra el Pueblo Mapuche y anuló personerías jurídica de seis comunidades de Neuquén. Destaca que se escudó en un error del propio Estado (personificado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI) y se perjudicó a los pueblos indígenas. «Los jueces supremos deciden ignorar y desvirtuar la cuestión de fondo, que es la preexistencia indígena a estado argentino. Eso hace el máximo tribunal del país. Desconoce derecho. Es tiempo de reflexión», se enoja.
«La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad», afirma Pastrana. Explica que ser representante no significa necesariamente ser representativo. Cuestiona a la casta política. Recuerda que ser representante de una lucha es actuar por y para el pueblo, interceder e intervenir. «Eso no sucede en los estratos de gobernanza de este país. Muy rara vez se expresan a favor de los pueblos originarios», afirma. Y da un paso más: «Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales». Resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
Escuela e Iglesia
«Decían que éramos pobres. Hoy me doy cuenta cuan rico éramos y seguimos siendo. Muy desde niños cultivábamos, traíamos leña, practicábamos nuestros saberes, hacíamos fuego, iba al cerro a caballo. Éramos sujetos de una cultura comunitaria ancestral y colaborábamos con lo familiar», rememora Pastrana la infancia en Tafí del Valle.
Entre las bases comunitaria-familiar estaba no mentir, no robar, dar según su posibilidad, escuchar a los ancianos.
El punto de quiebre fue a los 11 años, cuando cursaba 5° grado.
«Luego del bautismo, para liberarme de un pecado que no cometí, vino la primera comunión. Seguir ese proceso de evangelización, para que me vayan completando como persona», lo dice entre mezcla de ironía y lamento. Previamente, recuerda, le «impusieron» ser ciudadano argentino.
Los curas franciscanos daban la catequesis a las 15 horas. El mismo horario en el que los niños del valle iban a buscar la hacienda al cerro, momento de diversión, juego, libertad.
«Se nos hacía pesado ir al catecismo, que nos imponía obligaciones y mandamientos, pero había que ir», precisa.
Le preguntó al cura qué pasaría si aprendía todo el libro de catequesis. La respuesta fue una oportunidad: «No venís más».
Pastrana pasó todo el día y parte de la noche estudiando. Gastó dos velas. Al sábado siguiente rindió una suerte de examen y se libró del catequesis.
Pero sobrevino lo inesperado: el cura habló con la madre de Pastrana. Le dio media beca para estudiar en la capital provincial. Y, contra su voluntad, fue a la ciudad.
«Así fue que me desarraigué. Dejé todo lo que quería. Mis amigos, mi familia, mis animales, mis perros, mis juegos. Todo lo que era la vida, el amanecer en el valle con toda su magia. Y llegué donde todo es artificial, lleno de esquinas en escuadra, hostil, individualista», recuerda.
Conoció la discriminación que lo marcó para siempre. «Era el indio, el sucio. Todas las acepciones más bajas de la escala social se me notificaban día a día, hasta agresiones físicas y cosas que no vale la pena recordar», lamenta.
Vivía en una pensión. De noche lloraba y pensaba en los buenos momentos que pasaba en el valle. Las notas eran bajas. Quería volver a Tafí. La madre le había dicho que no debía pelear porque el cura le había hecho un favor (con la beca) y la buena conducta era una obligación. Eso también le daba impotencia.
Planeó una fuga y escapar de la discriminación. Tenía un bicicleta. Calculó un día de pedalear hasta un pueblo intermedio, llevar dos panes y agua para luego cortar camino entre los cerros.
Hasta que llegó una carta de su madre. Le avisaba que comenzaba la zafra, que estarían en un ingenio más cerca. Todos los viernes podría visitar a la familia.
Comenzó a defenderse de las agresiones. Se peleaba. Perdía más de lo que ganaba. No reivindica la violencia, pero enfrentó la discriminación y, reflexiona, que quien discrimina conlleva una cuota grande de cobardía.
Permaneció en la escuela.
En la campaña política de 1953, tenía 9 años, le quedó grabado el recuerdo de candidatos que arrojaban golosinas desde un camión. Los niños debajo peleaban por la dádiva. No le gustó. Años más tarde entendió por qué: «La política partidaria no evolucionó nada, al contrario, involucionó. Las viejas monarquías sólo cambian de disfraz. Unos pocos gozan a costa del pueblo».
En los mismos años fue el desencanto con la Iglesia. No entendía, pero le desagradaba ir a misa. Al tomar la comunión le habían prometido que, luego de la hostia, iba a ver mundos maravillosos, un estado de plenitud. «Y no sentí nada. No quiero hacer con esto una descalificación sobre la religión, pero mi cosmovisión y ancestralidad dormida no entendía ni aceptaba esa forma de dominación», explica.
Señala que la situación ante la discriminación escolar y frente al catolicismo lo marcaron. Ese rechazo fue el comienzo del despertar de la cosmovisión diaguita, el ser indígena que nunca muere.
El punto vital en su vida, «renacer», fue conocer a José Flores, quechua de Perú. Lo señala como «padre espiritual, maestro en todo sentido». Advierte que será la única persona que nombrará en las dos horas de charla, aunque afirma que son decenas las personas que lo guiaron en la militancia. Le enseñó sobre cosmovisión indígena, mató el ego, marcó caminos.
Pastrana ya estaba desengañado de la política partidaria, tenía asumida la identidad indígena, pero le costaba la práctica cotidiana. Le pidió a Flores documentación, bibliografía, para estudiar, conceptualizar y saber qué hacer. Flores le respondió de forma simple y profunda: «Tus libros no están en las bibliotecas. Tus libros están en las comunidades. Ahí tienes todo lo que debes saber. Tienes que leer en el alma de tu pueblo».
Diferencias
Las críticas de Pastrana apuntan al ordenamiento del Estado-Nación (a los tres poderes y la forma de funcionamiento y hasta su legitimidad-falsa representatividad). Y lo contrapone los pilares del Pueblo Nación Diaguita, que comienza por una «doctrina filosófica», la cosmovisión. «En qué creemos», explica. Un orden cósmico donde cada pieza tiene un función, un rol, «responsabilidades dentro de la maravillosa cadena de mantención de la vida». Aclara que el sistema de gobernanza diaguita responde a una filosofía de vida, por eso es participativo, asambleario, representativo.
En el aspecto económico el concepto básico es no depredar, no atacar la biodiversidad. La idea madre es el «Sumaj Kawsay» (buen vivir), donde se protegen y comparten los bienes comunes. Se cuidan para las generaciones futuras.
«Si lo comparamos con el Estado-Nación moderno vemos que el hombre se pone en la cabeza de la pirámide, se cree lo más importante. ¿Y cuál es su doctrina filosófica? El paradigma es el dinero, la opresión, la acumulación de la riqueza y la dominación, la contaminación y desaparición de culturas. Para muchos eso es el desarrollo», ironiza.
Precisa que los pueblos indígenas tienen el buen vivir. Hace una pausa y precisa que algunos sectores partidarios hablan de «justicia social». Otro breve silencio y sentencia: «Con visitar los territorios, ver cómo se vive, está claro que la justicia social que pregonan desde arriba no existe».
Explica que las recreaciones de los saberes crea territorios, y así lo pueblos desarrollan cultura. «Por nuestra resistencia, perseverancia, mantenemos nuestra doctrina filosófica, y eso nos mantiene vivos», asegura. Señala que la sociedad urbana se encuentra aturdida por el sistema y se le dificulta identificar dónde nacen sus injusticias. En el caso de los indígenas es más claro por la centralidad del espacio de vida. Pastrana resume: «El territorio es por lo que luchamos, es por lo que existimos».
Tucumán
La Unión de la Nación del Pueblo Diaguita (UNPD) nuclea a decenas de comunidades indígenas de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Siempre en lucha por el territorio, desde 2009 también exigió justicia por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, víctima del empresario Darío Amín y los ex policías Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso.
El 12 de octubre de 2009 llegaron hasta la comunidad indígena Chuschagasta y, en el marco de una disputa territorial, asesinaron de un disparo a Chocobar.
El Poder Judicial, el más conservador y retrógrado de los tres poderes del Estado, demoró nueve años en realizar el juicio. Los acusados esperaron la sentencia en libertad (a pesar de estar filmado el momento del asesinato).
En octubre pasado fueron condenados a prisión los tres acusados.
La avanzada empresaria, con complicidad política y judicial, es una constante.
La comunidad indígena del Valle de Tafí, donde pertenece Pastrana, emitió un comunicado en noviembre pasado. Aborda la coyuntura, pero también pasado. En base a documentación histórica, fija la fecha de 1617 como el inicio del «despojo y usurpación» de los territorios y el trabajo indígena esclavo. Muchas de esas tierras aún hoy están en manos de la élite tucumana. «Es necesario señalar que el Poder Judicial actual, que dicta sentencias, es parte de esa élite», denuncia el comunicado.
Recuerda la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que establece numerosos derechos a los pueblos indígenas), el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 26.160 (que debiera frenar los desalojos).
Ante «la mala praxis jurídica, la ideología hegemónica y una carencia absoluta de políticas públicas (para los pueblos indígenas)», la comunidad diaguita de Tafí se expidió: «Nos vemos compelida a desconocer y resistir toda disposición o sentencia judicial violatoria de la legislación vigente».
Declararon el territorio indígena de Tafí del Valle en emergencia jurídica, administrativa, social, cultural, ambiental y económica. «Desde nuestro territorio gritamos a todo el mundo: la tierra es nuestra madre y pertenecemos a ella. Nadie nos puede desarraigar de nuestra Pacha». Finaliza el documento con un grito de lucha y esperanza: «Jallalla. Jallalla. Jallalla»
Naturaleza y Derechos Humanos
Pastrana habla de forma pausada, en voz baja, con sentimiento y conceptos profundos que surgen en medio de la oración más imprevista. «Los territorios son el alma de las culturas. Al perder el vínculo territorial, se van aculturando nuestros hijos», lamenta.
Apunta a la población hacinada en grandes ciudades, en lo que evalúa como una competencia feroz entre unos y otros, «donde es muy difícil practicar valores que son esenciales para los pueblos originarios». La ciudad como emblema y cuna del capitalismo.
Explica que el extractivismo tiene relación con «el nuevo orden mundial, que apunta a desmembrar territorios y estados nacionales». Ejemplifica con la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros), integrado por representantes de los tres poderes del Estado, donde de norte a sur establecer que la Cordillera de Los Andes es «una provincia geológica minera, establecida así desde la década del 90 en un congreso empresario-gubernamental en Canadá».
«Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sentados en sus cuerpos colegiados sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato», denuncia.
Afirma que en la práctica sucede que los gobernadores y legisladores «están de rodillas» ante las multinacionales, que les dictan leyes y sentencias que provienen de centros de poder de países de primer mundo.
Ante el panorama complejo, resalta que se vive un avance desde lo filosófico, lo espiritual y lo intelectual, cuestiones indivisibles dentro del Pueblo Diaguita. «Nuestra cultura, nuestra cosmovisión, es la única valla de contención que tenemos para resistir», explica. Destaca el intercambio de saberes entre asambleas socioambientales (muchas en la Unión de Asambleas de Comunidades -UAC-) y pueblos originarios, que se nutren mutuamente.
Un espacio de lucha donde se encontraron fue la «Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», realizada en San Fernando del Valle de Catamarca en octubre pasado. Y donde un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.
Impulsado por Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia), ante un aula magna repleta, Marcos Pastrana, pionero en la lucha contra la megaminería, hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.
«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.
Recordó que otra forma de vida es posible, el «Sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.
Pastrana recordó que el modelo actual anula el saber y privilegia el poder del dinero. Y advirtió: «No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza».
El auditorio, emocionado, lo aplaudió de pié.
*Versión completa del artículo publicado en diciembre de 2018 en revista MU.
Feb 7, 2024 | Destacados, General
Por Darío Aranda
Micro de larga distancia. Ya es de noche. El matrimonio, de unos 60 años, sube y se acomoda en sus asientos. Inicio de viaje y, al instante, el hombre saca su teléfono y comienza a ver, sin auriculares, Bailando por un Sueño. El resto de los pasajeros no tienen opción: deben escuchar los gritos de Tinelli y compañía hasta que termina el programa.
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Recital de rock. Asoma la banda al escenario y de inmediato se levanta un mar de pantallas. No es solo un instante, sino que buena parte de las dos horas de música. Muchos transmiten en vivo (¿a quién?).
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Escuela primaria. Acto de egresados. Padres, madres, abuelas… todos filman y ven –ese momento importante de la vida familiar– a través de la pantalla, más atentos a la cámara-teléfono que a realmente disfrutar el ver a su hijo/a recibir el diploma.
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La práctica también está presente en espacios militantes, sociales, supuestamente críticos a la realidad. Un primer recuerdo (2017): la multitudinaria marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Muchos (y muchas) militantes aparecían en redes digitales con sus selfies, dando cuenta que ellos (tan comprometidos con la realidad) estaban dando el presente. En un contexto de gobierno represivo y aún con dudas sobre la vida de Santiago Maldonado… ¿da sacarse una selfie? ¿Lo importante es la multitud movilizada por pedido de justicia o dar cuenta de que yo estuve ahí? ¿Por qué no una panorámica que dé cuenta de los miles en las calles?
Siete años después, en el reciente paro nacional, otra muestra. Una activista influencer de porteñolandia subió a instagram cuatro fotos. En las cuatro estaba ella en distintas poses y variados carteles. Otro reconocido militante ambiental hizo lo propio (casi que podrían competir entre ellos). Seis fotos y… en las seis estaba él (en algunas con algún/a acompañante). ¿Por qué la necesidad de ser ellos los «protagonistas»? ¿Se trata de una acumulación/construcción colectiva o prima más lo individual?
La lista podría ser tan extensa como diversa. Desde ese amigo (querido) que, en medio de un asado, saca una foto y (sin consultar al resto) la sube a su «estado». O la tía que está de vacaciones en la sierras y publica una historia con la cerveza que toma. O ese militante político de izquierda, tan crítico al mundo y a la sociedad (y a todo), que de repente publica una catarata de fotos de su esposa e hijos/as tan al estilo familia Ingalls en Cafayate. Y, qué decir, de esa querida pariente, científica del Conicet ella y (claro) muy pensante, que publica en su Instagram las vacaciones en la playa, con sus belleza tan hegemónica y también variadas fotos sexys de su pareja, un Brad Pitt morocho nacypop. Por último, nunca faltan los estados de WhatsApp o historias de Instagram/Facebook que exhiben las parrillas repletas, comidas diversas, platos rebalsantes: casi obscenos en un país con seis de cada diez niños/as son pobres y los alimentos con precios cada vez más inaccesibles.
Deben existir tesis doctorales de sociólogos, psicólogos, filósofos y otros ologos que expliquen el fenómeno tan actual. Sin dudas la unión de teléfonos/redes digitales tiene impactos en la sociedad y en avances de ciertas tendencias políticas. Otros ya han pensado eso. Solo me interpela tanto amigo/a, compañero/a, familiar que cae en esa tentación tan (mal) naturalizada. No tengo explicaciones (solo soy periodista). Pero se trata de una ensalada muy de moda y tóxica, que no distingue edades ni clases sociales, la consumen tanto adolescentes como abuelos, apetecida tanto por quienes no llegan a fin de mes como por los que se encierran en sus countries tan selectos. La ensalada tiene entre sus ingredientes diversas proporciones de: ego, narcisismo, vanidad, soledad, necesidad de aprobación, individualismo, confusión entre los personal/privado y lo social/público, más ego, más narcisismo… En definitiva, momentos de la vida entregada gratuitamente al dios mercado sin más rédito que un «like» a través de una pantalla, tan artificial y fugaz como esa sonrisa (con filtro) de la última selfie.
*Pintada en Avenida Alsina al 2400, en Lomas de Zamora.
Nov 15, 2023 | 2023, Destacados
En Argentina se pasó de votar con esperanza (1983 / 1989) a votar al «mal menor» durante décadas. Y, 2023, es la primera vez que se vota por (y con) miedo.
Esta democracia, donde seis de cada diez pibes/as es pobre, cruje desde hace rato, pero muchos no quisieron escuchar. Y miraron para otro lado durante años.
Un poema, muy conocido, que se puede parafrasear:
-Primero mataron a Roberto López (2010), abuelo Qom de Formosa. Donde las comunidades denunciaron la falta de democracia y el feudalismo.
Pero a mí no me importó porque no era Qom ni vivía en Formosa. Y, además, criticar eso era hacerle «el juego a la derecha» (según decían desde el campo «nacional y popular»).
-Luego reprimieron durante siete horas en Neuquén, para aprobar el pacto Chevron-YPF y explotar Vaca Muerta.
Pero como yo no era mapuche y el petróleo lo necesitaba para el auto, tampoco me importó.
-Fumigaron con agrotóxicos a los niños y niñas en escuelas rurales.
Pero como mis hijos iban a otras escuelas, me convencí de que era una «contradicción secundaria».
-Luego encarcelaron durante 14 días, sin pruebas, a una decena de asambleístas de Andalgalá que luchan por el cuidado del agua y rechazan la megaminería. Ellos (como en Jáchal) suelen denunciar la «dictadura minera» que padecen a diario (y desde hace décadas).
Pero como yo tenía agua y acá no había mineras, tampoco me importó.
Ahora la ultraderecha viene por todos. Ojalá no sea demasiado tarde.
May 10, 2023 | 2023, Destacados
A nueve años de la partida de Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones.
Por Darío Aranda
“Soy investigador del Conicet y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo”.
Fue lo primero que se escuchó del otro lado del teléfono.
Era 2009 y aún estaba latente el conflicto por la Resolución N°125. Página12 había dado amplia cobertura a las consecuencias del modelo agropecuario y este periodista había escrito sobre los efectos de las fumigaciones con agroquímicos.
El llamado generó desconfianza. No conocía al interlocutor. ¿Por qué me llamaba?
El científico avanzó en la presentación. “Mi nombre es Andrés Carrasco, fui presidente del Conicet y soy jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Le dejo mis datos”.
Nunca había escuchado su nombre. Nunca había escrito sobre científicos y el Conicet me sonaba como un sello.
Llamados al diario y preguntas a colegas. Todos confirmaron que era un científico reconocido, treinta años de carrera, con descubrimientos muy importantes en la década del 80 y trabajo constante en los 90, cuando se enfrentó al menemismo.
Hice la nota.
Su investigación fue la tapa del diario, (abril de 2009). La noticia: el glifosato, el químico pilar del modelo sojero, era devastador en embriones anfibios. Nada volvió a ser igual. Organizaciones sociales, campesinos, familias fumigadas y activistas tomaron el trabajo e Carrasco como una prueba de lo que vivían en el territorio.
“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, solía decir él. Y comenzó a ser invitado a cuanto encuentro había. Desde universidades y congresos científicos, hasta encuentros de asambleas socioambientales y escuelas fumigadas. Intentaba ir a todos lados, restando tiempo al laboratorio y a su familia.
También ganó muchos enemigos. Los primeros que le salieron al cruce: las empresas de agroquímicos. Abogados de Casafe (reúne a las grandes corporaciones del agro) llegaron hasta su laboratorio en la Facultad de Medicina y lo patotearon. Comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes. Y también lo desacreditó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Lo hizo, nada menos, que en el programa de Héctor Huergo, jefe de Clarín Rural y lobbysta de las empresas.
Barañao desacreditó el trabajo y defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Y no dejó de hacerlo en cuanto micrófono se acercara. Incluso cuestionó el trabajo de Carrasco en encuentros de Aapresid (empresarios del agro) y, sobre todo, en el Conicet.
Carrasco no se callaba: “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. No podían permitir que un reconocido científico cuestionara el agronegocio. Llegaron a decir que la investigación no existía y que era una operación del gobierno para prohibir el glifosato, una represalia por la fallida 125. Carrasco se enojaba. “Si hay alguien que no quiere tocar el modelo sojero es el gobierno”, resumió café mediante en el microcentro porteño. Pero Carrasco era funcionario del gobierno: Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. Le pidieron que bajase el tono de las críticas al glifosato y al modelo agropecuario. No lo hizo. Renunció.
El silencio no es salud
Empresas, funcionarios y científicos lo habían acusado de no publicar su trabajo de glifosato en una revista científica, sino en un diario. Se reía y retrucaba: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Era calentón Carrasco. Se enojaba, discutía a muerte, pero luego tiraba algún comentario para distender.
Nos solíamos ver en un café antiguo cerca de Constitución. Él era habitué. Charlaba con las mozas y debatía de política con el dueño.
Café mediante, le pregunté por qué se metió en semejante baile. Ya era un científico reconocido en su ámbito y no necesitaba dar prueba de nada. Tenía mucho por perder en el mundo científico actual. Me explicó que lo había conmovido el sufrimiento de las Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba. Y que no podía permanecer indiferente. También lamentó que el Conicet estuviera al servicio de las corporaciones. Denunció acuerdos (incluso premios) entre Monsanto y Barrick Gold con el Conicet. Se indignaba. “La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales”, disparaba.
Ética
En 4 de mayo de 2009, el ministro Barañao envió un correo electrónico a Otilia Vainstok, coordinadora del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (Cecte). En un hecho sin precedentes, Barañao aportaba bibliografía de Monsanto y pedía que evalúen a Carrasco. Nunca había pasado algo similar. La mayor autoridad de ciencia de Argentina pedía una evaluación ética por un investigar que había cuestionado al químico pilar del modelo agropecuario.
Barañao quería la cabeza de Carrasco.
Vainstok envió un correo electrónico el mismo lunes 4 de mayo,,con copia a los nueve integrantes del Comité de Ética. Decía así:
“Estimados colegas, esta tarde he recibido un pedido de que el Cecte considere las expresiones vertidas en artículos periodísticos por Andrés Carrasco con motivo de su investigación de los efectos del glifosato en embriones de anfibios. Adjunto también la bibliografía aportada por Lino Barañao, la entrevista a Carrasco y la entrevista al Ministro Barañao que sacó Clarín”.
El mail se filtró a la prensa. Y Carrasco se enteró de la operación de Barañao y Vainstok. El escándalo hubiera sido enorme. El Comité de Ética reculó y no juzgó a Carrasco, pero el camino estaba marcado.
Los de abajo
En agosto de 2010, en Chaco, estaba por dar una charla, pero empresarios arroceros y punteros políticos intentaron lincharlo. Había concurrido a una escuela de un barrio fumigado, y no pudo hablar. Lo sorprendió la violencia de los defensores del modelo.
Ese mismo agosto, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco. Lo que había sido un pedido-chicana de sus detractores, no sirvió para calmar las críticas. Continuó la difamación de los defensores del agronegocios. Pero fue un triunfo para los pueblos fumigados, las Madres de Ituzaingó y las asambleas en lucha. Y Carrasco comenzó a tejer diálogos con otros investigadores, de bajo perfil. Sentía particularmente respeto y cariño por jóvenes investigadores de Universidad de Río Cuarto y de la Facultad de Ciencias Médica de Rosario. Solía mencionarlos en las charlas y los señalaba como el “futuro digno” de la ciencia argentina.
Otro veneno
Solíamos cruzarnos en encuentros contra el extractivismo. Y periódicamente nos enviábamos correos con información del modelo agropecuario, alguna nueva investigación, viajes suyos a Europa para contar sobre su investigación, el juicio de las Madres de Ituzaingó, la nueva soja aprobada por el gobierno, los nuevos químicos. Un día recibí uno de sus mensajesl. “Hay un nuevo veneno”, fue el asunto de un mail. Alertaba sobre el glufosinato de amonio y lo mencionaba como posible sucesor del glifosato: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones y muerte celular en el cerebro. Con claros efectos teratogénicos (malformaciones en embriones). Todos indicios de un serio compromiso del desarrollo normal”, precisaba. Y recordaba que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) detalló en 2005 los peligros del químico para la salud y el ambiente. Destacó que desde 2011 el Ministerio de Agricultura había aprobado diez eventos transgénicos de maíz y soja de las empresas Bayer, Monsanto y Syngenta. Cinco de esas semillas fueron aprobados para utilizar glifosato y glufosinato.
¿Para qué y para quién investigan?
Otra tarde le envíe un correo electrónico contando de investigadores que confirmaron lo mismo que él, pero en sapos (muchas veces llaman los “canarios de la mina” porque pueden anunciar lo que le sucederá a humanos. Los investigadores tenían miedo a hablar, por las posibles represalias. De inmediato me llamó por teléfono. Fue tajante: “No quiero saber quiénes son. Sólo quiero que le preguntes para qué mierda investigan, si para criar sapos o para cuidar al pueblo que subsidia sus investigaciones. Preguntales eso por favor”. Y cortó.
Los investigadores nunca quisieron hablar y difundir masivamente sus trabajos.
Carrasco en Wikileaks
En marzo de 2011 se conoció que la embajada de Estados Unidos lo había investigado y había hecho lobby en favor de Monsanto. Documentos oficiales filtrados por Wikileaks confirmaban el hecho. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado. Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.
El otro Carrasco
En noviembre de 2013 le relaté que en Estación Camps (Entre Ríos) había entrevistado a una mujer que luchaba contra los agroquímicos. Era una trabajadora rural y ama de casa, muy humilde, que había enviudado. Su esposo era peón de campo, vivía rodeado de soja y fue fumigado periódicamente. Comenzó a enfermar, la piel se le desprendía y tuvo graves problemas respiratorios. Murió luego de una larga agonía. La mujer no tenía dudas de que habían sido los agroquímicos que llovían sobre la casa. Y los médicos tampoco tenía dudas, aunque se negaban a ponerlo por escrito. El nombre del trabajador rural víctima de los agroquímicos: Andrés Carrasco.
La viuda había escuchado en la radio sobre el científico homónimo de su marido y el glifosato. Y, entre llantos, contó que le daba fuerzas saber que alguien con el mismo nombre que su esposo estaba luchando contra los químicos que le arrebataron al padre a sus hijos.
Le conté la historia por teléfono. El Carrasco científico se conmovió, no podía seguir hablando. Y confesó que solía arrepentirse de no haber investigado antes sobre el glifosato.
La última maniobra
A fin del año pasado me llamó para contarme la última maniobra del Conicet. Había solicitado la promoción a investigador superior y le fue negada. La cuestión iba mucho más allá de la promoción. Lo enojaba el ninguneo de los científicos empresarios y obedientes del poder. Lo habían evaluado dos personas que no conocían nada de su especialidad y otro que es parte de las empresas del agronegocios. Me envió su carta de reclamo al Conicet y relató en detalla la reunión con el Presidente de la Institución. Estaba seguro que era un nuevo pase de factura por lo que comenzó en 2009. Y le dolía el silencio de académicos que respetaba, incluso de amigos de antaño de las ciencias sociales que le daban la espalda.
Le propuse un artículo periodístico e intentar publicarlo en Página12. Le tenía aprecio al diario, a pesar de que hacía tiempo habían dejado de darle espacio. Le avisé que pondría su versión de los hechos y la del Conicet y de Barañao. Me retruco rápido: “Te van a sacar cagando”.
Lo propuse al diario. Lo rechazaron sin la más mínima explicación. Cuando le avisé la negativa, ni se inmutó. Dijo que era previsible. “En estos años tuve un curso acelerado de lo que son los medios de comunicación”, resumió. Le respondí que estos años había aprendido que el Conicet no era para nada impoluto y que había demasiadas miserias en el mundo científico.
Reímos juntos.
Y me chicaneaba y recordaba que ahora éramos colegas. Tenía un programa en FM La Tribu donde nadie lo censuraba y daba gran protagonismo a las asambleas y organizaciones en lucha contra el extractivismo. El nombre del programa era todo un mensaje a sus enemigos: “Silencio cómplice”.
Quedamos en juntarnos a comer un asado y publicar la nota en medios amigos (la publicó lavaca en su periódico MU en marzo pasado).
Intenté para esa nota hablar con “la otra parte”. Barañao dijo que no tenía nada de qué hablar, desechó cualquier pregunta. El presidente del Conicet, Roberto Salvarezza, adujo problemas de agenda.
La última entrevista
Viajó a México al Tribunal Permanente de los Pueblos (tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental que evalúa la violación de derechos humanos). Volvió a México en enero. Se descompuso y fue trasladado de urgencia. Lo operaron en Buenos Aires y tuvo largas semanas internado, débil. Cuando le dieron el alta, llamó a casa. “Zafé”, fue la primera palabra. Y de inmediato preguntó: “¿Qué sabés del bloqueo en Malvinas Argentinas (Córdoba, donde se frenó la instalación de una planta de Monsanto)? ¿La tiene difícil Monsanto?” Él había estado en setiembre de 2013 cuando comenzó el bloqueo. Me explicó que tenía para varias semanas de recuperación, pero cuando estuviera mejor quería que vayamos a Córdoba, a Malvinas Argentinas y también a visitar a las Madres de Ituzaingó. Lo dejamos como plan a futuro.
Hablamos sobre su situación en el Conicet. Le dolía la indiferencia de compañeros del mundo académico, sobre todo de las ciencias sociales. Le pregunté por qué no recurrir a las organizaciones sociales. Se opuso. Argumentó que ya demasiado tenían en sus luchas territoriales como para preocuparse por él. Se ofreció para una entrevista. La hicimos. Algunas citas:
- “Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo”.
- “El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones”.
- “(Sobre la ciencia oficial) Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron?”
- “Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Sabía que la entrevista sería para un medio amigo, “no masivo”. Estaba contento, recuperando fuerzas, no iba a dar el brazo a torcer ante Barañao, Salvarezza, el establishment científico y las corporaciones del agro.
El 27 de marzo concurrió a Los Toldos, a una audiencia pública sobre agroquímicos. Estaba débil, pero no quiso faltar. Sucedió lo mismo en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Soberanía Alimentaria (el 7 de abril), donde habló de los alimentos transgénicos y los agroquímicos. No estaba bien, andaba dolorido, pero no quiso faltar. Entendía esos espacios como lugares de lucha, donde debía explicar los efectos de los agroquímicos. Solía decir que se lo debía a las víctimas del modelo.
Al fines de abril avisó por correo electrónico que lo habían vuelto a internar. Esperaba que sea algo rápido. Quería volver a su casa, recuperarse y hacer el viaje pendiente a Córdoba, al acampe contra Monsanto.
Su legado
Fui testigo de sus últimos seis años. Tiempo en el que decidió alejarse del establishment científico que vive encerrado en laboratorios y sólo preocupado por publicaciones que sólo leen ellos.Se transformó en un referente hereje de la ciencia argentina. No tendrá despedidas en grandes medios, no habrá palabras de ocasión de funcionarios ni habrá actos de homenaje en instituciones académicas.
Andrés Carrasco optó por otro camino: cuestionar un modelo de corporaciones y gobiernos y decidió caminar junto a campesinos, madres fumigadas, pueblos en lucha. No había asamblea en donde no se lo nombrara.
No existe papers, revista científica ni congreso académico que habilite a entrar donde él ingresó, a fuerza de compromiso con el pueblo: Andrés Carrasco ya tiene un lugar en la historia viva de los que luchan.
*Artículo publicado en mayo de 2014 en La Vaca.
Jul 25, 2020 | 2020, Asambleas Socioambientales, megaminería
La Asamblea de Vecinos de Esquel y pueblos originarios denuncian que el millonario Eduardo Elsztain impulsa un emprendimiento pese a que la ley prohíbe la megaminería. También se mantiene el rechazo a la multinacional Pan American Silver.
El multimillonario Eduardo Elsztain llamó a invertir en oro y adquirió acciones del proyecto minero Suyai, en Esquel, donde la población rechaza el extractivismo desde hace 17 años. Pueblos indígenas y asambleas socioambientales cuestionaron la nueva avanzada minera, de la mano de Elsztain, y rechazan también a la multinacional Pan American Silver, que intenta explotar plata y plomo. En Chubut, que atraviesa una crisis económica (trabajadores estatales aún no cobraron el sueldo de mayo), sectores políticos impulsan la cuestionada actividad como forma de “desarrollo”, a pesar de que una ley provincial lo prohíbe.
Eduardo Elsztain es presidente del Grupo IRSA (una de las mayores empresas inmobiliarias de Argentina), accionista del Banco Hipotecario y de Cresud (empresa referente del agronegocio local). En abril escribió una carta para los especuladores de Wall Street. Llamó a invertir en oro. “Cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa, el oro (…) El valor actual sólo expresa el punto de arranque de lo que podría ser la mayor suba del metal de la historia”, señaló.
Una semana después se hizo público que Elsztain junto a Saúl Zang habían adquirido el cinco por ciento (con opción a ampliación) de la mina llamada “Suyai”, de la multinacional canadiense Yamana Gold.
El rechazo a la megaminería en Chubut se remonta a 2002, cuando en plena crisis económica la canadiense Meridian Gold anunció el avance en su proyecto minero. La comunidad se organizó y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. El 23 de marzo de 2003 votaron y el 81 por ciento rechazó el extractivismo. También se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en todo Chubut.
A pesar de la ley vigente, los distintos gobiernos intentaron avanzar con la megaminería en la provincia, sobre todo en la meseta (centro geográfico), con un proyecto llamado “Navidad”, de plata y plomo en manos de la multinacional Pan American Silver.
Viviana Moreno, de la Asamblea de Esquel, destacó que el rechazo a la megaminería sigue intacto, repudió el accionar de Elsztain, Saúl Zang Yamana Gold (empresa a cargo del proyecto) y de los gobiernos, que impulsan una actividad a pesar del rechazo social que genera. Yamana Gold también es accionista de Minera Alumbrera (Catamarca), donde acumula denuncias de contaminación, afectación a la salud y perjuicios sociales a la población. Y es la misma compañía que impulsa el cuestionado proyecto Agua Rica (en Catamarca), denunciada por la afectación de fuentes hídricas (ríos, acuíferos y glaciares).
“En el contexto de la pandemia, el Gobierno determinó que la minería metalífera a gran escala era una actividad esencial. Por lo tanto, nunca se detuvieron las exploraciones, las explotaciones y los nuevos acuerdos mineros, como es el caso Yamana. Hace 17 años dijimos ‘no’, lo sostenemos, estamos en alerta permanente y decididos frente a cualquier intento extractivo en nuestra provincia”, afirmó Moreno. Y alertó que los políticos utilizan “las falsas promesas de la mgaminería” como posible salida a la crisis provincial.
La Asamblea de Vecinos de Esquel elaboró un proyecto de declaración para el Concejo Deliberante, presentado bajo la figura de “banca del vecino”, para rechazar la alianza entre Eduardo Elsztain y Yamana Gold. En una sesión especial, los concejales de Esquel votaron el 28 de mayo. Y por unanimidad ratificaron que no existe consenso social para la megaminería. Recordaron que una de las normas que hace inviable el desarrollo del proyecto Suyai es la ordenanza 33/2003 que declara prohíbe el uso de explosivos o sustancias tóxicas en las actividades mineras.
Una de las mayores amenazas de Chubut está en la meseta, centro geográfico de la provincia, donde la multinacional Pan American Silver intenta explotar plata y plomo desde hace diez años.
A inicios de marzo, organizaciones sociales a nivel internacional presentaron un mapa interactivo sobre el accionar de Pan American Silver en América Latina. La corporación cuenta con nueve proyectos en Guatemala, México, Argentina, Perú y Bolivia. «La compañía obtiene ganancias en áreas donde las comunidades circundantes han enfrentado militarización, criminalización, violencia, acoso y amenazas», denunciaron las organizaciones Atlas de la Justicia Ambiental, MiningWatch (Alerta Minera), Earthworks y el Programa de Economía Global del Instituto de Estudios sobre Políticas.
El mapa describe en detalle el caso del proyecto Navidad en Chubut. “Comunidades indígenas y pobladores organizados de la meseta se oponen y manifiestan su preocupación por el uso del agua en un territorio semi desértico”, describe.
El 6 de mayo se realizó en Canadá la reunión anual de los accionistas de Pan American Silver. Estaban presentes todos los altos directivos de la multinacional. Comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut participaron mediante videoconferencia, exigieron el respeto a sus derechos consagrados en normativas nacionales e internacionales y dejaron sus preguntas. “¿Por qué Pan American Silver insiste en imponer una mina a comunidades en donde miles de personas ya votaron en su contra? ¿Por qué invierte en Chubut, donde la minería a cielo abierto está prohibida por ley?”, fueron algunas de las preguntas de las comunidades indígenas.
Los jerarcas de Pan American Silver no respondieron.
Oct 2, 2019 | Asambleas Socioambientales, General, Pueblos Originarios
El litio se transformó en la nueva obsesión minera y es elogiado por todo el arco político, académicos y periodistas. En enero se conoció el rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy a una minera, pero también hay casos de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Promesas de “progreso” y sacrificio de territorios. Intelectuales críticos y, otros pocos, cómplices. La situación en Bolivia y Chile.
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Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. «Recurso natural» llaman empresas y políticos. «Recurso estratégico» los académicos progresistas que llaman a «exprimirlo». Pueblos indígenas resumieron «litio para hoy, hambre para mañana».
El rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy, de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Empresas, gobiernos y las promesas de «progreso». La situación en Bolivia y Chile. Propuestas verdes del Norte global que arrasan territorios del Sur.
¿Oro blanco?
El litio es un mineral esencial para las baterías de autos eléctricos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes. Y las mineras las encargadas de la explotación.
A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos «open pit») y gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie), pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.
Otro punto en común: el mercado está dominado por grandes multinacionales de primer mundo y la explotación, se realiza en su mayoría en países periféricos, dependientes.
El comienzo de la minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”. El 1 de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y tenemos Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas».
Pueblo Kolla
Uno de los lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.
Desde hace diez años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a en todas las ferias mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia, cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios para rechazar la actividad.
Un logro histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de comunidades. Exigen se respete la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El asedio de las mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. «Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.
En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respeta la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: «“Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.
Organización y acción directa
Las comunidad indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y exigieron el respeto a los derechos indígenas.
A inicios de febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes informativos en la ruta nacional 52. Llegaron hasta el área donde exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Liimited. Lograron que los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía paralice sus actividades.
«Logro histórico del Pueblo Kolla. Que sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.
Denunciaron que el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a referentes indígenas y propone «mesas chicas» para «convencer» dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.
El comunicado finalizó: «La vida y el agua valen más que el litio».
San Luis y Córdoba
Las asambleas y organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en 2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior, modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la provincia) se enteraron que las mineras Latin Resources (Canadá) y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.
Cecilia Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades de agua. «Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad», afirmó Sustersic.
Durante enero realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos en rechazo a la actividad.
En la localidad de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad (nunca un Gobierno que informe a la población) de la presencia de la minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo, de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental de Traslasierra.
Asambleas, marchas, jornadas informativos y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso.
«Es un un gran avance, pero no es suficiente», explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el Intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.
Continúan con la campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.
«Exprimir el recurso»
Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan, sus consecuencias. El modelo sojero cuenta con Ráquel Chan, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral que impulsa una variedad de soja resistente a la sequía y con uso del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.
En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.
También existen casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de «desarrollo nacional», desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el llamado «Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales», integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco, Martina Gamba y Elaine Santos.
Tienen diálogo con académicos críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta se presentan como «militantes» o «compañeros» de las asambleas socioambientales. Se consideran a si mismos, dentro del mundillo académico, la «izquierda» del tema litio.
Publicaron en 2015 el libro «Geopolítica del litio», como parte de la «Colección Chico Mendes» de la Editorial El Colectivo. «Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene», afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.
Fornillo, porteño que suele presentarse como «doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París», es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama «bienes comunes») con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo, «del salar a la batería» insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de «fabricar baterías» como camino al desarrollo de la Argentina.
«No hay dudas de que los beneficios que podrían cosecharse de la posibilidad de fabricar baterías de litio en la Argentina son múltiples», promete Fornillo. Reivindica el «desarrollo» de Ernesto Calvo para «extraer el litio con una muy baja utilización de agua». En dos apartados de su libro Fornillo refiere al debate necesario de todos los «actores involucrados», pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que viven en los territorios que el académico propone «exprimir».
En su artículo no aparecen las palabras «indígenas» ni «pueblos originarios». Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían «una transición energética verde y limpia».
Ariel Slipak es uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía, becario del Conicet, pero avisa que se siente más cómodo como se identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre de 2018 participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires. Florencia Puente, del mismo grupo de académicos y también parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, facilitó el audio de la charla pública (el grupo de académicos suele molestarse si no se cita ese hecho irrelevante). Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado. Mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades.
«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de «los Chicago boys», tiene una «muy importante» apropiación de renta por parte del Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir «el modelo boliviano», donde, dijo, se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».
Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y también reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y que «sea menos contaminante».
Slipak también compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota, Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino de Bolivia: «(Se requiere) Un modelo estatal con participación popular».
Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas socioambientales por decir «no» al extractivismo. Y de forma despectiva suelen llamarlos «fundamentalistas». Slipak se hizo eco de ese término y tomó postura: «No estoy diciendo ‘litio no’ de manera fundamentalista».
En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación. Están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.
Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: «Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades».
Falacias y discurso colonial
Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.
Explica que hay un «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña que es propio de la fase noeliberal extractiva», afirma Machado Áraoz.
Y alerta sobre rasgos aún más graves, sobre todo por el discurso ambiental que impulsa la explotación del litio, de «transición energética» y de supuesta industrialización local. Afirma que «hay toda una lectura reduccionista y sesgada» de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una «transición energética» cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. «Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos».
Horacio Machado cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca.
Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.
También llamó «falacia» y «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobro o el oro, el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.
Chile y Bolivia
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a seguir:
-No existe información respecto que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.
-Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la «Planta Industrial de Carbonato de Litio» de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).
-Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.
-El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
-El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. No conocen una experiencia previa exitosa en ese sentido.
-El litio no es parte de de un modelo «sustentable ni de energías limpias». Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.
-En Bolivia no se industrializa en litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).
-Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación de las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.
Bárbara Jerez Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018 publicó el informe «Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur», donde analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina.
Destaca que los salares de Chile están «pagando un alto precio» ambiental, «un desastre ecológico» por la explotación de litio, los niveles de agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una comisión de la Cámara de Diputados).
Recuerda que la minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas, erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las zonas mineras se repiten algo índices de cáncer). «No genera desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías locales, desde la ganadería hasta el turismo», afirma.
Jerez Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales estratégicos «para la transición verde que plantean los países industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de acumulación, consumo y producción».
Los países más poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles (central en el cambio climático). Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que significa en las comunidades donde se explotan los territorios.
«El reemplazo tecnológico (autos eléctricos) es una solución eco-técnica, un parche, que significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del Sur», afirma.
La investigadora reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos. Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). «Es el extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático», resume.
*Por Darío Aranda. Artículo publicado en marzo de 2019 en revista MU.
Sep 28, 2019 | Pueblos Originarios
Derrames, fugas de gas e incendios se repiten en Neuquén. El último hecho fue protagonizado por YPF y, luego de 15 días, aún no pudieron controlar el fuego. El gobierno nacional ordenó que Gendarmería «custodie» la zona.
«Cero impacto ecológico», prometió en 2013 el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, al asegurar que en Vaca Muerta no habría contaminación. Lo mismo hicieron petroleras internacionales, funcionarios, periodistas y el poderoso IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). Organizaciones socioambientales y comunidades mapuches alertaban lo contrario: explotación petrolera y desastre ambiental irían de la mano. Desde el domingo se incendia un pozo petrolero de YPF, en territorio de la comunidad mapuche Wirkaleu. El último de una seguidilla de hechos de contaminación. Críticas al fracking y rechazo a la llegada de Gendarmería para «custodiar» el área.
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Se encuentra en la cuenca neuquina (que incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa) con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de «fractura hidráulica» («fracking»). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales en profundidad, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía, Mercuria y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
En su corta vida en Argentina el fracking acumula derrames, explosiones de pozos y «pérdidas» de pastillas radioactivas (se utilizan para «perfilajes», radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches, primeras afectadas pero no las únicas, mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo que afectó al menos 47 hectáreas en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo «algunas hectáreas». YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Neuquén en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 «incidentes ambientales», eufemismo para evitar mencionar la palabra contaminación. En 2018 hubo 934 hechos (aún no se difundieron los de 2019).
El sábado 14 de septiembre pasado, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendió en un pozo de fracking de YPF. Ni la empresa ni el gobierno provincial lo reconoce, pero la Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de petroleras.
En Argentina no se ha capacitado a trabajadores para afrontar incendios como el de Loma La Lata. Dos días después de iniciado el fuego llegaron especialistas desde Estados Unidos para intentar controlarlo. El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
El incendio se da en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, de donde se obtiene agua para las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario. Como alertaban los mapuches en 2013, al inicio de Vaca Muerta, la contaminación no será solo para los pueblos originarios o poblaciones rurales. «El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este ‘accidente’ lo demuestra una vez más», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
La organización indígena presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Ambientales, que conduce Maximiliano Breid Obeid. Plantean la «urgente intervención» del Ministerio Público Fiscal por la falta de información (por parte de YPF y del gobierno provincial) y ante «el riesgo latente para la población y el ambiente» que implica la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. La denuncia afirma que existe una «contaminación objetiva y real» del aire, la tierra y el agua. Y toma como base la Ley Nacional 24.051 (de residuos peligrosos). Exige se implemente de forma urgente un plan de mitigación para la comunidad.
«El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. No hay ‘accidentes azarosos’, más bien es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente», denunció la Confederación Mapuche.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el «fracking seguro»: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los medios de comunicación. «Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las bondades de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta. Lejos de tener pruebas reales de posibles atentados, apunta a intimidar a organizaciones sociambientales y comunidades mapuches, que ya han realizado movilizaciones en las zonas de explotación petrolera. Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado.
«Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural», denunció la Confederación Mapuche.
En septiembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la comunidad mapuche Campo Maripe (de Loma Campana, Vaca Muerta) y le ordenó a la Gendarmería Nacional que se abstenga de intervenir sin orden judicial dentro de su territorio. La resolución de Bullrich contradice el fallo está vigente.
* Por Darío Aranda. Versión ampliada del Artículo publicado el 27 de septiembre de 2019 en el diario Página12.
Sep 21, 2019 | Asambleas Socioambientales, Campesinos, Destacados, General, Pueblos Originarios
Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.
Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.
Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.
El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado
Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.
El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio
El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.
Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.
En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (…) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.
El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).
Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta
Publicitada como la clave para la «soberanía energética», de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en «accidentes» (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).
En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que «sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad», aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).
Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.
De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.
De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de «publinotas» sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de «polémica» y «preocupación» de las compañías.
El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: «Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo», dijo y agregó: «Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron».
El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.
La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería
Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.
“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.
Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.
Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.
Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo
El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.
Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado «no votamos a Macri». El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.
El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. «Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández», comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.
Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.
“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.
Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta?
Los funcionarios kirchneristas inpulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el «es necesario para el desarrollo del país», un intermedio «es una contradicción secundaria» (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible «le hacen el juego a la derecha», utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.
Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción primaria, causante de la injusticia social, y que se cobra vidas.
Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.
“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.
Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado en la revista MU 139. Septiembre de 2019.
Jun 5, 2019 | Asambleas Socioambientales, Destacados
Contra el agronegocio y en defensa de la salud. Asambleas socioambientales y campesinos se movilizan en Rosario. Académicos críticos al extractivismo se reúnen para fortalecer una ciencia junto al pueblo y cuestionar el modelo hegemónico.
“Marcha plurinacional de los barbijos”, es el nombre de la movilización que se desarrollará hoy en Rosario, donde asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y productores agropecuarios que no utilizan venenos denunciarán las fumigaciones con agrotóxicos, el modelo transgénico y reivindicarán del derecho a la salud por sobre el dinero del agronegocio. También se desarrollará durante tres días el Congreso Internacional de Salud Socio-Ambiental, donde confluyen movimientos sociales y científicos críticos al extractivismo. El gobierno de Mauricio Macri aprobó veinte transgénicos con uso masivo de peligrosos agrotóxicos.
En el marco del Día Mundial del Ambiente y con la consigna “¡Basta de negocios con nuestra salud!”, numerosas organizaciones se reunirán al mediodía en la Plaza San Martín, donde habrá feria de alimentos sanos. Habrá actividades culturales y a las 17 comenzará la marcha hasta el Monumento a la Bandera. Los barbijos, que ya fueron utilizados frente a concejales que pretendían legislar en favor de las fumigaciones, serán la marca distintiva de la movilización.
“Este sistema extractivista viene arrasando con la biodiversidad, la soberanía alimentaria y energética de los pueblos y, por ende, atenta contra la salud y provoca daños irreparables”, afirma la convocatoria a la marcha. Entre las decenas de organizaciones convocantes están El Paraná no se toca, Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo (lugar del puerto sojero más grande del país), la ONG Muyuqui y la campaña Paren de Fumigarnos (de Santa Fe).
La movilización se da en un contexto de creciente denuncia al agronegocio y fallos judiciales contra los efectos de los agrotóxicos (glifosato, atrazina, 2-4D, endosulfán, entre otros). En Estados Unidos se produjeron tres fallos millonarios en ocho meses contra la multinacional Monsanto (desde 2018 en manos de la alemana Bayer) por su producto estrella: el herbicida glifosato. Y hay más de 13.000 juicios en espera.
En Argentina ya se lograron más de 25 fallos que prohíben las fumigaciones en cercanías de escuelas, cursos de agua y barrios. El que más resuene en las últimas semanas es la sentencia lograda de Entre Ríos por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer, que obtuvieron una sentencia inédita: no se puede fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas (y 3000 si se realiza con avionetas).
Jeremías Chauque vive en Desvío Arijón (Santa Fe), trabaja en lo que define como “agricultura ancestral” (sin venenos, sin transgénicos). “La salud de nuestras familias y de la Madre Tierra no se negocia. Este modelo productivo es un ataque permanente a la vida y a la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, ganar la calle es ser semilla, ser monte, ser río, ser memoria, identidad que anda y lucha”, explicó.
Ya confirmaron su presencia organizaciones y activistas de distintas ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires. Finalizará con un festival musical, con el folklorista mapuche Rubén Patagonia (entre otros).
La marcha se da en el marco del Quinto Congreso Internacional de Salud Socioambiental, entre el miércoles y hasta el viernes 7. Impulsado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reúne a científicos de una decena de países y movimientos sociales que cuestionan el modelo extractivo y sus consecuencias. Se realizará en la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065) y la programación se encuentra en el sitio http://www.saludsocioambiental.net.ar/
“La ciencia no es neutral”, afirma Alicia Massarini, bióloga e investigadora del Conicet, que disertará en Rosario. Y ejemplifica: el académico que desarrollo transgénicos o fomenta la explotación de litio tiene responsabilidades con las consecuencias que esas actividades producen en los territorios y poblaciones. “Estamos intentando una ciencia digna en diálogo con las comunidades, caminando juntos”, explicó la investigadora. Al definir al modelo minero, sojero, petrolero, es tajante: “El capitalismo extractivista es un modelo ecocida e inviable”.
Entre la veintena de mesas de debate estarán “Ciencia, extractivismo y territorios”, “Comunicación, educación y ciencia digna”, “Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra”, “Territorios sanos, alimentos sanos, pueblos libres”. Entre los organizadores también están ReAct Latinoamérica (entidad que investiga sobre resistencias bacterianas) y la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
También se realizará en el mismo lugar la 3° Reunión de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), que nuclea a académicos críticos con el extractivismo pero que también cuestionan el modelo científico hegemónico, vinculado a las empresas. El presidente honorario de la Uccsnal es Andrés Carrasco, el investigador argentino que en 2009 dio a conocer su estudio sobre el impacto letal del glifosato en embriones anfibios.
Desde que asumió Mauricio Macri se aprobaron 20 transgénicos (55 desde 1996): soja, maíz, papa, alfalfa, cártamo y algodón. Cultivos con uso masivo de glifosato, glufosinato de amonio y 2-4D, entre otros agrótoxicos. Las empresas beneficiadas: Monsanto-Bayer, Bioceres-Indear, Dow, Basf, Tecnoplant, Syngenta y Pioneer. Los “estudios” y expedientes de aprobación son confidenciales.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 5 de junio de 2019 en el diario Página12.
Dic 22, 2018 | 2018, General, Pueblos Originarios
«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
Por Darío Aranda
Salinas Grandes, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos Kolla y Atacama (Foto de Iwgia)
«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triangulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.
«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».
Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Entrevista a Slipak.
-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?
-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.
-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?
-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.
-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.
Lucha
Las comunidades indígenas ya dijeron «no a la minería de litio». Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».
* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.
Sep 17, 2018 | 2018, Asambleas Socioambientales
Foto de Juan Alaimes
«Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.
«El agua vale más que oro», se escuchó en Esquel en lucha contra las mineras y se esparció por todo el país. Grafica la importancia del recurso vital ante el avance de industrias extractivas. En Catamarca opera Minera Alumbrera, que tiene un permiso de uso 1100 litros de agua de por segundo. Las asambleas socioambientales tienen larga experiencia en rechazo a la actividad, acciones de lucha, represiones frente a la contaminación de Alumbrera y el nulo cumplimiento de las promesas de trabajo y progreso.
Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del Pueblo Diaguita y un pionero en la lucha contra la megaminería hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.
«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.
Recordó que otra forma de vida es posible, el «sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.
Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hizo una lectura en clave latinoamericana, «son momentos difíciles» y con la derecha en avance. «No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía», aclaró. Definió a la megaminería como «un saqueo colonial».
«Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia», afirmó Pérez Esquivel.
El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la expansión de la frontera urbana, la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.
El trabajo en comisiones luego fue puesto en común, se debatió y buscaron consensos en plenarios el domingo. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana y también se dará a conocer dónde se realizará la segunda cumbre del agua.
Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales, sobre todo luego de 2001, es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, los «límites conservadores de la democracia actual», el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del centro del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.
Otro eje es enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje que en la apertura de la cumbre hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.
La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Durante los dos días fue evidente la necesidad de articular luchas, sostener la resistencia con alegría y la construcción por fuera de los partidos políticos. «Dejamos la catarsis de lado y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos», advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también estuvo en la jornada de apertura. «No tenemos miedo (a luchar). El agua vale más que el oro», comenzó su discurso y ya arranco una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel «y a todos los muertos que no aparecen en los diarios».
Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina «muchos se enteren tarde» de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a «transformar la protesta e propuesta» y a «no dejar nunca las calles».
El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.
Defender la vida
«No se vende, el agua se defiende», fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. «Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida», afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.
* Por Darío Aranda. Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 17 de septiembre de 2018.
https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua
May 21, 2018 | 2018, Asambleas Socioambientales, General
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
Por Darío Aranda
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.
https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio
Nov 13, 2017 | 2017, Asambleas Socioambientales, General
Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo. Acumula denuncias en una decena de países. Derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de acopio de América (Buenos Aires).
La empresa Glencore, la mayor compañía de materias primas del mundo, acumula variadas denuncias por violación de derechos, contaminación y corrupción. Acaba de sumar una mancha más: un derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de América (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compañía, de origen suizo, minimizó el hecho, tardó cinco días en emitir un comunicado y se ganó el repudio de la comunidad bonaerense. Sí reconoció que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los químicos que ardieron. A nivel internacional, es denunciada por «altos niveles de contaminación, impactos en la salud y ocasionar alta conflictividad social».
El derrame e incendio sucedió el sábado 4 de noviembre a la mañana, en su planta de América, ruta nacional 33, en el extremo oeste bonaerense. La nube tóxica negra se hizo visible a kilómetros a la redonda durante todo el día. Además de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.
Glencore acopia en América granos y agrotóxicos. El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: «Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario».
Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligro agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal y la policía local detectaron 2-4D en otro galpón de Glencore (enfrente de donde fue el incendio) y fue clausurado.
El incendió fue extinguido a las 17 del sábado. Se pudo observar a bomberos intoxicados (trabajaron sin máscaras, a pesar de la nube tóxica). Esa misma tarde circuló por internet una convocatoria vecinal para reunirse. “Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro”, invitaba el texto.
Al día siguiente, domingo 5, se realizó la primera reunión de vecinos en la Plaza Colón. Dominaba el enojo con la empresa, pero también con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la población. Exigieron explicaciones y la reubicación de las plantas de acopio de cereales, de agrotóxicos y de las empresas de fumigaciones.
El lunes 6 hubo una segunda reunión de vecinos autoconvocados. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. «Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube tóxica que afectó, puso y pone en riesgo la salud de toda la población de América. La salud es lo primero», resaltaron.
Como sucede ante cada desastre ambiental (derrame de Barrick Gold en San Juan, explosión de YPF-Chevron en Vaca Muerta, fumigaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales), las autoridades relativizaron lo sucedido. El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argumentó que «los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos». El Secretario de gobierno municipal, Mauro Mercado, pidió «no desesperarse, no hay que exponerse al humo y no ventilar las casas hasta que la nube pase».
El diario regional Tiempo del Oeste realizó una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribió un artículo: «¿Si es grave? Me preguntan. Claro que es grave, pero ya lo era, solo que nuestra indiferencia no nos lo dejaba ver. ¿Qué otro destino que sumarlos a los más de 3.000.000 de litros de tóxicos que se vierten todos los años en el partido de Rivadavia? Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, químicos cuya acción en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar». Y recordó la enorme cantidad de casos de cáncer «encubiertos en estadísticas mentirosas y publicidad ostentosa que a diario ocupa los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos».
Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminación y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local. Andalgalá, Santa María y Belén (las ciudades cercanas a Alumbrera) siguen siendo igual de pobres que antes de la minería. La semana pasada se confírmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).
Glencore fue fundada en 1974 y acumula denuncias y condenas variadas. En 1994 se conformó como Glencore International S. A. y el crecimiento fue exponencial. En 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, energéticos y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio de zinc del mundo, 50 por ciento de cobre y 45 por ciento de plomo. Maneja un valor estimado de negocios de 239.000 millones de dólares.
El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América Latina y Europa se conformaran en 2012 en la denominada «Red Sombra Observadores de Glencore» para compartir experiencias y confirmar que todas las regiones donde opera la empresa tienen consecuencias comunes. «Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países. La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades», denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas publicado en abril pasado.
Recién cinco días después del derrame e incendio, la empresa emitió un breve comunicado. «En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio con éxito y sin víctimas ni personas lesionadas», señaló.
El sector agro de Glencore en Argentina cuenta con puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca; fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes; plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar; y una red de acopio en toda la Pampa Húmeda. Su lema es «cultivamos confianza».
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Prontuario
La investigación «Informe sombra de las operaciones de Glecore en América Latina», precisa la situación de Minera Alumbrera (Argentina), las empresas Illapa S.A. y Sinchi Wayra S.A. (Bolivia), el Grupo Empresarial Prodeco (Colombia). Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Perubar (Perú). «Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas», denuncia el informe de la Red.
Detalla el accionar de la compañía en los países de la región, con datos precisos y testimonios de afectados. Entre las conclusiones sobresalen: América Latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.
*Versión extensa de artículo publicado el 13 de noviembre en el diario Página12
Abr 27, 2016 | 2016
El incremento de los cultivos agrícolas, principalmente de soja, produce un acercamiento de la napa freática a la superficie, reveló una investigación del INTA. Esto explica por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves.
Por Darío Aranda
El monte nativo infiltra 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Una investigación del INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. «No estamos de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente», afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez (Córdoba). También apunta a las responsabilidades del poder económico del agronegocios.
Misiones sufrió una gran inundación en 2014. A inicios de 2015 fue el turno de Córdoba y Santiago del Estero. El segundo semestre sufrieron el Litoral y Buenos Aires. Este año fue el turno de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y noroeste bonaerense. «Fue un tsumani que vino del cielo», había dicho en 2015 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. En línea similar, responsabilizando a la naturaleza, argumentaron otros mandatarios.
Nicolás Bertram, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, estudia desde hace diez años los «excesos hídricos». Su trabajo académico fue titulado «Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?» (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables.
«El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región pampeana, y que en la actualidad se acerca demasiado a la superficie, conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícola-ganaderas, sino también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones de inundaciones», alertaba el trabajo, presentado en el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua 2015) en Paraná.
Bertram explica en lenguaje gráfico: «La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua».
La investigación explica que se observaron dos tipos de efectos en el comportamiento de la napa, a corto plazo (asociado a precipitaciones) y largo plazo (relacionados con los cultivos y el consumo que generan). Luego del procesamiento de datos (donde confirmaron que las lluvias se mantuvieron dentro de sus promedios anuales) aseguran: «A partir de datos históricos se puede observar una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas (de soja principalmente) y el acercamiento de la napa freática a la superficie».
El trabajo señala que buena parte de la región pampeana la napa freática se encuentra a un metro de profundidad (o menos) y recuerda que diez millones de hectárea pasaron de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola, con preponderancia de la soja. «Millones de hectáreas de pasturas y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1500-2000 milímetros a 500-800 milímetros», precisa el trabajo como explicación del ascenso de la napa casi a la superficie.
El trabajo estuvo focalizado en Marcos Juárez, zona de la Pampa Húmeda y núcleo sojero. Bertram asegura que la investigación es extrapolable a toda esa región e incluso a zonas extrapampeanas, como San Luis (donde se generaron nuevos ríos), Santiago del Estero, y regiones del norte de Santa Fe y Buenos Aires (zonas que fueron monitoreadas con freatímetros).
Sobre la actual inundación, que afecta a 40 mil personas (11 mil evacuados), el investigador del INTA señala que «llovió por encima de la media, pero de ninguna manera eso explica la magnitud del desastre; la clave está en el ascenso de la napa y que arrasaron el monte que retenía agua».
Bertram cuestiona la propuesta de políticos y empresarios. «Ninguna obra va a solucionar las inundaciones», afirma. Y llama la atención sobre los «responsables» de los anegamientos. «Muchos medios de comunicación cuestionan siempre a los políticos y en parte no está mal, pero esos medios nunca vinculan la inundación con el poder económico del modelo agropecuario, desde los Grobocopatel a Monsanto, Bayer, Cargill, Dow y una lista larga. Quizá porque esas empresas son los anunciantes de esos medios».
La investigación también cuestiona el modelo. «Pese a este escenario, se continúa en una carrera por lograr mayores y más estables rendimientos de los cultivos agrícolas, en la supuesta búsqueda de alimentar a un mundo que sigue padeciendo hambre, en donde muchas veces no existe el tiempo para pensar para quién y qué se está produciendo», afirma el trabajo del INTA.
La investigación concluye que «si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento». Afirma que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos, mejor manejo de agua), pero debe primar una «mirada amplia», interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales.
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Siembra directa y soja
Por D. A.
La investigación del INTA recuerda que la técnica de «siembra directa» (no arar la tierra) y el uso del «paquete tecnológico» (transgénico y agrotóxico) fueron claves en el avance del modelo agropecuario que impulsó desmontes y ascenso de la napa freática. Precisa que el 80 por ciento de la región cultivada del país se realiza con esa técnica. Datos oficiales del Ministerio de Agroindustria confirman el avance transgénico en las últimas dos décadas en todas las provincias que hoy padecen inundaciones. Entre 1994 y 2014, Buenos Aires aumentó un 460 por ciento la superficie con soja, Córdoba incrementó 331 por ciento y Santa Fe un 133 por ciento. Aunque en superficie menor, los incrementos fueron desproporcionados en Chaco (aumentó el 430 por ciento el área con soja), en Entre Ríos el incremento fue del 1270 por ciento y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000 por ciento. En paralelo, en todas estas provincias aumentaron las hectáreas desmontadas.
*Artículo publicado el 27 de abril de 2016 en el diario Página12.
May 27, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Derechos consagrados en legislación nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista, derechos humanos y territorios son algunos de los temas que se abordarán en la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que comienza hoy y se desarrollará hasta el viernes próximo en la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de un centenar de autoridades originarias de todo el país, será también un respaldo a los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios como espacios para explotar, sacar riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos nosotros. Por eso nos organizamos para que se cumplan nuestros derechos”, explicó Jorge Palomo, wichí de Formosa.
El encuentro indígena se desarrollará en la Iglesia de la Santa Cruz (Carlos Calvo 3121), espacio emblemático de los derechos humanos y resistencia a la dictadura cívico-militar. Ayer comenzaron a llegar los referentes y voceros de las comunidades. A las 9 de hoy será el acto de apertura, encabezado por las comunidades indígenas de Formosa nucleadas en la organización Qopiwini Lafwetes (reúne a los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé), que acampan desde febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio en reclamo de sus derechos.
Se conformarán diez grupos de trabajo que harán un panorama de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los temas serán el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.
También se abordará la minería de litio (elemento vital para las baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos) que avanza en Salta y Jujuy, en territorios de comunidades kollas y atacama que ven vulnerados sus derechos. En el mismo sentido, todos los pueblos originarios exigen el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en tratados internacionales de derechos humanos, que implica la participación indígena ante cualquier hecho que pueda afectarlos).
Se hará hincapié en el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, aprobada en 2006. Ordenaba revelar en tres años todos los territorios indígenas del país. En 2013, un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) precisó –en base a información oficial– que sólo se había finalizado los trámites administrativos del 13 por ciento de las comunidades originarias y se había gastado el 76 por ciento del presupuesto. En el encuentro se hará un análisis actualizado del relevamiento territorial.
Un tema que se sumó a último momento es un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena que se analiza en el Congreso Nacional y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero que aún no fue puesto a consulta (como obliga la legislación vigente) de las organizaciones de pueblos originarios. “También tenemos reclamos por falta de la salud, de educación, agua, pero lo principal es el territorio”, aclaró Jorge Palomo, wichí de Formosa.
Confirmaron su presencia líderes indígenas de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias. Y cuentan con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. También estará presente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización originaria del continente.
El viernes por la mañana será el plenario general de la Cumbre, donde se consensuarán la declaración final y las acciones directas. El objetivo es planificar acciones concretas, desde denuncias en tribunales hasta encuentros y movilizaciones, tanto por regiones como a nivel nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 21, 2015 | 2015, Campesinos, General
El Gobierno había comprometido 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, pero los fondos no fueron asignados. Organizaciones campesinas denuncian “traición”, “aprietes” y “desmanejos” en el Ministerio de Agricultura. Y cuestionan que el Gobierno sí asignó recursos (2.500 millones) a los productores de soja. Mañana se reúne el Consejo de la Agricultura Familiar.
“La Presidenta nos ha instruido muy concretamente para que podamos no solamente sancionar la ley (de agricultura familiar), sino aplicarla, y para ello tenemos que asignar los recursos”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el 15 de diciembre de 2014. Fue en Casa de Gobierno, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. El encuentro se repitió el 5 de enero. La gacetilla de prensa del Gobierno precisa: “Contará con una partida presupuestaria de 1.500 millones de pesos (…) no solamente hay que trabajar bien, sino que tenemos que hacerlo rápido».
A cinco meses de ese hecho, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico reconoció que este año no se contará con el presupuesto prometido. Las organizaciones campesinas, todas con muy buena sintonía con el kirchnerismo, descargaron duras críticas al Gobierno: aprietes, exigencias de alineamientos acríticos, manejos discrecionales, promesas incumplidas y dobles discursos.
Donde si apareció el presupuesto es para los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). El Gobierno asignó 2.500 millones de pesos (en marzo pasado, con la creación del «Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos»). Ya hizo depósitos por 320 millones de pesos.
“Reparación histórica”
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 13 de noviembre de 2014, a la ley bautizada de “reparación histórica para la agricultura familiar”. Define a la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Aunque es una ley “de adhesión” (las provincias deben suscribirla para que sea efectiva en los territorios), fue calificada como un gran logro por las organizaciones.
Pero la mala noticia fue que los diputados de oficialismo retiraron, a último momento, el artículo 33, que especificaba un presupuesto anual de 1500 millones de pesos. Todas las entidades campesinas cuestionaron la maniobra, se movilizaron y emitieron comunicados de repudio. “Sin presupuesto, no hay ley”, fue el título del escrito conjunto de las organizaciones de la agricultura familiar, y afirmaron: “Ante esta exclusión del articulo tratado en la Cámara de Diputados, exigimos urgente la restitución del artículo 33 de la ley en el tratamiento que resta en el Senado (…) Nos encontramos en estado de asamblea permanente en los territorios para seguir movilizados y reclamando la asignación presupuestaria en la ley”.
Negociaciones mediante con legisladores del oficialismo y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a la asignación del presupuesto luego de la sanción de la ley. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron hoy que el presupuesto al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que ya tiene media sanción en Diputados, será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, una vez que obtenga la sanción del Congreso”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre.
Dos días después, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “reparación histórica de la agricultura familiar”.
“No sirve aplaudir todo”
“Situación complicada”. Así resume el panorama José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación (MCL). Explica que, en abril, fue Emilio Pérsico (secretario de Agricultura Familiar y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita) quien sinceró que el presupuesto prometido (de 1.500 millones de pesos para este año) se había esfumado. El mensaje que bajó del Gobierno fue que, al no haber reglamentado la ley, no se pudo asignar el presupuesto.
Livolti descree en ese argumento. “¿Quién garantiza que con reglamentación habrá presupuesto?”. Y aporta otro elemento. “Los sojeros no tiene ley y no tienen reglamentación, pero les dan 2.500 millones de pesos”, acusa.
Refiere al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina. Firmado en en marzo pasado. “Si tiene ojo de gato, pata de gato y maúlla como gato… es gato. Ya no creemos cualquier cosa”, se enoja. Y recuerda que la ley tenía presupuesto y, sin previo aviso, lo sacaron los propios diputados oficialistas.
No sabe si existe una interna entre Aníbal Fernández, el Ministro de Agricultura (Casamiquela), Pérsico y el Ministerio de Economía. Pero acusa que el Secretario de Agricultura Familiar “te hace la cruz si mostrás algo de autonomía de ellos”. Y lo señala como uno de los responsables de que organizaciones campesinas participen de “mesas de diálogo” con Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los empresarios que impulsaron los transgénicos) y empresas del agronegocios. “Me hablan de socialismo, agroecología y reforma agraria pero luego se sientan a hablar con el enemigo. Es vergonzoso, una barbaridad”, dispara.
Avisa que el MCL no se va a disciplinar ante el Movimiento Evita ni ante ningún funcionario. Pide que abren el diálogo, respetando autonomías y que se apuntalen cambios estructurales, para lo que es “imprescindible” el presupuesto.
Avisa que el viernes 22 de mayo habrá una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, donde se verán las caras más de una decena de organizaciones y funcionarios. Informa que desde el Ministerio de Agricultura se los invitó a montar carpas y stand (frente al Cabildo) con productos en las vísperas del acto oficial del 25 de mayo. Adelanta que no participarán de esa movilización. “No vamos a romper con el Gobierno, pero sí a criticar lo que creemos que está mal. No sirve aplaudirle todo ni a Pérsico ni a ningún funcionario”, afirma.
“Llamó para apretarme”
Benigno López se identifica como aliado del Gobierno y reafirma que siempre votó por el kirchnerismo. Recuerda que el Frente Nacional Campesino (FNC) nació en pleno conflicto por la Resolución 125 y en claro apoyo al kirchnerismo. Pero avisa que “hay cosas que no se pueden callar”. Y apunta a Pérsico. “Me llamó dos veces para putearme y apretarme porque estábamos haciendo críticas por la falta del presupuesto y denunciando favoritismos en la Secretaría”, asegura.
Cuestiona que entre fines de enero y principios de abril no se convocó y se hizo el vacío, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, a las organizaciones rurales. “Exigimos reglamentación de la ley y el presupuesto de 1.500 millones. Y lo hacemos público aunque funcionarios de segunda línea nos llamen para apretarnos”, advierte. No quiere dar nombres, pero desliza que se refiere también a segunda líneas de la Secretaría.
Denuncia que en las delegaciones provinciales no hay recursos. Da como ejemplos a Chaco y Formosa. “Los pocos fondos que hay se destinan a la campaña del Evita, no a los productores. Está todo muy podrido”, afirma.
Señala que hay intenciones de movilizar al Ministerio de Economía y al de Agricultura, pero aclara que antes debe definirse claramente, y con participación de las organizaciones, cómo se asignará el presupuesto. “No queremos desmanejos”, advierte. Puntualiza que la prioridad debe ser la regulación dominial de los territorios, la provisión de agua, la producción campesina y la comercialización.
Remarca que apoya y coincide con el gobierno nacional, pero quiere explicitar las críticas. “No podemos dejar de cuestionar la concentración de la tierra en pocas manos, la entrega de los recursos naturales, es un desastre el avance empresario. Es una realidad. Y hay que decir que no se avanzó nada para que campesinos e indígenas se queden en su territorio. Claro que si decís esto… cae mal”.
-¿Marcharán el próximo 25 de mayo a Plaza de Mayo?
Responde un largo “nooooo”. Y explica que sí movilizaron el 25 de mayo de 2013, por los diez años de kirchnerismo: “Pasamos frío y hambre para venir a aplaudir. Después no podíamos volver. No pagaron el micro que se habían comprometido, lo tuvo que pagar nuestra organización… y luego nos enteramos que la plata se perdió en el camino. Ahí aprendimos. No venimos más a los actos”.
“El Gobierno es víctima”
Daniel Bareilles es un referente de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). Desde el inicio de la entrevista descarta estar enojado o molesto con el Gobierno por la falta de presupuesto para el sector. Si reconoce algo de “tristeza”. Pero rápidamente retoma: “Necesitamos un esfuerzo más”. Remarca que en los últimos años se han logrado “muchas cosas”. Y precisa la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y luego el paso a Secretaría. Y valora la ley aprobada en 2014.
“No te podés enojar por la no asignación de presupuesto. No se puede perder el hilo de la realidad”, asegura.
Explica que hicieron una nota al Ministerio de Agricultura señalando que “no es aceptable” la falta de recursos. Reconoce que no tuvieron respuesta. Tiene expectativa con la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar. Espera alguna buena noticia.
Ante la avanzada del agronegocios, 12 millones de hectáreas con soja en 2003 y 22 millones en la actualidad, Bareilles no duda: “No me puedo enojar con el Gobierno. El modelo es una realidad en América”.
-¿Y quiénes son los responsables? (pregunto)
“Felipe Solá en el ’96 abrió la puerta al modelo”, responde.
-¿Y el Gobierno actual?
Bareilles responde: “El Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en contra de este modelo… dura quince días”.
Pide que las organizaciones tengan una táctica común para avanzar con otro modelo agropecuario e insiste: “No hay que perder de vista la realidad”.
Evita
El Movimiento Evita llegó a la (entonces) Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012. Y estableció buen diálogo con la mayoría de las organizaciones rurales. De hecho, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se sumó al Ministerio con cuadros técnicos y políticos y estableció alianza electoral con el Movimiento Evita (se movilizó el año pasado en apoyo a la candidatura de Jorge Taiana, que fue declinada hace pocos días).
Cuando Norberto Yauhar era ministro de Agricultura, Pérsico se opuso a la aprobación de una nueva ley de semillas (que era reclamada por las grandes corporaciones del agro). Intervino a favor de la agricultura campesina.
Cuando asumió Casamiquela al frente del Ministerio, Pérsico fue uno de los pocos que permaneció en el cargo. Y ya comenzaba el armado, desde la misma Secretaría de Agricultura Familiar, del Frente Agrario Evita, brazo rural del Movimiento Evita.
Pérsico suele proponer la vuelta de un millón de personas al campo. Y también señala la posible “convivencia” entre el agronegocios y el campesinado. Este postulado suele ser cuestionado por otros sectores campesinos, organizaciones sociales y algunos sectores de la academia que sostienen que no hay convivencia posible entre ambos modelos.
ComAmbiental intentó entrevistar a Pérsico. Pero no respondió los pedidos de reportaje.
MNCI
El Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) tiene bases en siete provincias y desde 2012 forma parte del Gobierno en la Secretaría de Agricultura Familiar. Son públicos sus comunicados de apoyo al oficialismo y movilizaciones (al inicio de sesiones en el Congreso Nacional y los 25 de Mayo). Cuestionan claramente el modelo extractivo y focalizan sus críticas en las transnacionales. Forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina (movimiento internacional de organizaciones rurales).
Este periodista intentó entrevistas con Diego Montón (uno de los referentes del MNCI y coordinador de la CLOC) y con Ramiro Fresneda (del MNCI de Córdoba y subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar), pero no fue posible. Quedó abierto el ofrecimiento de próxima entrevista.
“Nos traicionó”
La Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) son los campesinos del agua. Sector productivo de mares y ríos, que debe luchar contra las grandes empresas y que sufren las falta de políticas públicas para el sector. Una de sus bases organizaciones está en Chubut. Pedro Oroquieta es uno de sus referentes. “Pérsico nos traicionó. Nos vino a buscar para trabajar juntos, le creímos, pero solo buscaba dividirnos y cooptar organizaciones”, denuncia.
Marca un quiebre cuando se fue Capitanich de la Jefatura de Gabinete. Aclara que no hay diálogo con Aníbal Fernández ni con Casamiquela. Precisa que tanto el Héctor Espina (jefe de Gabinete de Agricultura) como Pérsico les reconocieron que no están ni estarán este año los 1.500 millones que el Gobierno había comprometido. “Somos participes de este Gobierno y lo apoyamos, pero no somos obsecuentes. Si desaparece el presupuesto para nosotros y le dan 2.500 millones a Federación Agraria y sojeros… es una decisión política y la denunciamos”, sostiene.
Define a la situación como “muy complicada”, avisa que muchas organizaciones (oficialistas) están cansadas de reuniones y debates, sin medidas concretas en los territorios.
Menciona a Osvaldo Chiaramonte (hombre de confianza de Pérsico, segundo el el organigrama del área). “Nos prometió muchas cosas, pero nos mintió descaradamente”, denuncia.
Precisa que a su organización le pidieron planificar tres talleres de pescadores de todo el país. UAPA avanzó con los tres encuentros. “A último momento nos cancelaban los talleres”, recuerda Oroquieta. “¿Sabés que hicieron? Nos sacaron información para crear una organización paralela de pescadores que se pone la camiseta del Movimiento Evita”, asegura. Y define: “Pérsico toma agricultura familiar como un partido político, logran mejoras solo para ellos y para las organizaciones alineadas”.
Afirma que los pescadores, como organización, no se pondrán la camiseta de ningún partido ni de ningún Gobierno. “Tenemos nuestra propia camiseta y no la vamos a cambiar. Y mucho menos nos vamos a poner la camiseta de quienes dicen que el agronegocios puede ‘convivir’ con la agricultura familiar (dichos de Pérsico). Esa es la mayor traición a los pequeños productores y campesinos”.
“Sin recursos, la ley no sirve”
José Luis Castillo tiene un doble rol. Es unos de los referentes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) y director de Fortalecimiento en la Secretaría de Agricultura Familiar. “No estamos nada contentos”, resume. Y recuerda que en enero se habían reunido con Jefatura de Gabinete y Ministerio de Agricultura. Parecía que marchaba todo bien, incluso se habían definido los tres desembolsos que hacían un total de 1.500 millones de pesos para 2015. “Estamos a mayo y no hay nada. Nos dicen que hace falta la reglamentación de la ley y que estaría la plata para 2016, pero son cosas distintas, van por separado… Están muy bien los discursos, pero también hay que verlo en los hechos. Y eso no está pasando”, explica.
Reconoce que nadie asegura que en 2016 esté el presupuesto. Y menos con un cambio de gobierno mediante. “Espina y Pérsico dijeron que agotaron todas las posibilidades de gestión. Que depende del Ministerio de Economía. No sabemos qué creer, hay cosas que no cierran”, sincera.
Recuerda los comunicados de fines de 2014, de varias organizaciones rurales, que alertaban “sin presupuesto no hay ley”. Lo sostiene: “Sin recursos, la ley no sirve”. Explica que la norma debe contar con la adhesión de las provincias. Y, por ahora, sólo adhirió Jujuy. Y define la situación de muchos dirigentes campesinos: “Es todo muy triste”.
No pierde la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar haya alguna buena noticia, aunque también anuncia que son varias las organizaciones que proponen una movilización campesina en Buenos Aires.
Reconoce que “la mayor calentura” sucedió el día del anunció de los 2.500 millones para los productores de soja. “Muchos sentíamos que las reivindicaciones del sector campesino se estaban por plasmar. Era ahora o nunca. Y ahora sentimos que otra vez están postergando a la agricultura familiar”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 21 de mayo de 2015 en http://www.comambiental.com.ar/2015/05/sin-presupuesto-para-los-campesinos.html
May 18, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Tres meses de acampe indígena en la Ciudad de Buenos Aires
Los pueblos indígenas de Formosa llevan casi tres meses de acampe en el centro porteño en reclamo de agua, salud, educación, cumplimiento de los derechos indígenas y territorio. Solicitaron audiencias ante los tres poderes del Estado, cortan la avenida 9 de Julio (por las tardes) y denuncian espionaje ilegal de la policía de Formosa. “Les han mentido a nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora a nosotros. Estamos cansados. Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclamó Aldo Coyipé, originario de la comunidad Namqom.
Qopiwini Lafwetes es la organización que reúne a 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé. Acampan desde el 14 de febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Héctor Rojas tiene 32 años, es wichí de Las Lomitas, centro de la provincia. “Tenemos muchos problemas de tierras, no respetan nuestros derechos, nos sacan lo poco que nos queda”, explica. Agustín Santillán es wichí de Ingeniero Juárez, extremo oeste de Formosa. El 24 de marzo fueron reprimidos cuando estaban al borde de la ruta 81, pedían atención de salud, agua, educación, luz eléctrica. Cien policías avanzaron sobre hombres, mujeres y niños. Tres heridos de bala. Santillán recibió tres disparos. “No queremos que nos manejen los punteros. Exigimos que dejen de alambrar nuestros territorios”, afirmó y pidió que los reciba la Presidenta.
El 10 de marzo marcharon por el centro de Buenos Aires. Solicitaron audiencias, y dejaron sus reclamos por escrito, ante la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabilizaron por el incumplimiento de la legislación indígena. También llegaron hasta la puerta del Congreso Nacional y acusaron a los legisladores de ser indiferentes ante la muerte de niños indígenas por desnutrición y falta de adecuada atención médica. Y finalizaron en Plaza de Mayo, donde pidieron ser recibidos. “Nos sacan las tierras a los indígenas para dárselas a las multinacionales”, señaló Félix Díaz, autoridad qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
A principios de marzo se difundió en los medios de Formosa cientos de correos electrónicos de la policía que confirmaban el espionaje ilegal sobre partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Entre ellos, aparecen reportes policiales que dan cuenta del seguimiento a Félix Díaz, tanto en Formosa como en Buenos Aires. “Es una prueba más de que en Formosa siguen pasando cosas de la dictadura militar”, resumió Díaz.
Al cumplirse un mes de acampe y sin respuesta, comenzaron los cortes en la 9 de Julio. Dos o tres veces por semana, desde la tarde y hasta la noche. “A nadie le gusta cortar. Lo hacen porque no les queda otra opción. Hay incumplimiento de derechos básicos en sus comunidades y hay violación de derechos humanos”, afirmó Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en los cortes junto a otras dos madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen.
Un grupo de legisladores nacionales de Unidad Popular, Libres del Sur, Frente Progresista (CC-Ari), Proyecto Sur, Frente de Izquierda, GEN, Frente Cívico, Frente de Izquierda, Frente Amplio Progresista (FAP) y el Partido Socialista recibieron a los indígenas y solicitaron por escrito a Cristina Kirchner y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que reciban a los pueblos originarios de Formosa.
* Por Darío Aranda. Publicado el 18 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.
El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.
Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.
Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.
Estadísticas
El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).
“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.
Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Potae
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
May 11, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.
También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.
La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.
El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.
Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).
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Prohibición en Santa Fe
Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.
El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 4, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.
El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.
En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.
El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.
El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.
La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.
El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.
Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.
Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.
Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.
Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.
Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.
Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.
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Apoyos al docente
En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.
Abr 23, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de Chubut, sobre la Ruta nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal.
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).
El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.
El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de grandes empresarios.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El Hoyo.
Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie, volviendo a nuestro lugar”, afirmó.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche.
Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton.
En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos”.
Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio. Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.
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Reclamo por agua
La comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de Gan Gan (centro geográfico de Chubut), denunció penalmente al propietario de la estancia Aguada Tibia, Roberto Rial, por el delito de usurpación de agua al desviar un arroyo. “La comunidad se ve afectada desde hace más de dos meses. Los animales no tienen agua. Se torna dramática la situación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que acompaña a los pueblos indígenas. “Esperamos que la Justicia de una vez actúe y podamos volver a ver correr el agua en el arroyo”, reclamó en un proclama pública la comunidad originaria.
La comunidad mapuche-tehuelche Cual pidió soluciones ante la estancia y en la comisaría de Gan Gan, pero no obtuvo respuesta. Endepa denunció la inacción de la Fiscalía de Puerto Madryn y del gobierno de Chubut. “Aquí hay un delito que debe ser investigado y debe ser reparado, porque nuestro derecho al agua está violentado y se pone en peligro la economía y subsistencia familiar”, denunció la autoridad de la comunidad originaria, Gabriela Cual.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de abril de 2015 en el diario Página12.
Abr 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemático para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno Nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta”, explica Félix Díaz, qom de Formosa.
Acampe
El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, también, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010).
Pero se sumaron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de Formosa había reclamado de ese modo tan lejos de sus comunidades. Recorrieron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recuperado”.
En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y escasos alimentos. “Nuestros hijos toman agua de charcos”, denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: “¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre”. Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: “Le sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales”.
Racismo
Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de verde y su familia. “No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nuestros derechos”, explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
Alegre recuerda que presentaron petitorios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Casa de Gobierno). “Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclama y recuerda que el gobernador, Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tener una respuesta. “Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.
Voces
Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comunidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le es insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que los obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. “No podemos seguir viviendo así. En injusto”, resume.
Un hombre observa desde lejos. Aparente unos 50 años. Se acerca y presenta. “Castro José. Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa”, dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formosa: “Estamos olvidados”.
Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visita y, cuando lo hacen, prometen mejoras y luego nunca se cumplen. Viven al borde del río Bermejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. También menciona los caminos, donde solo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece que finaliza la lista de derechos incumplidos, agrega otra: la escuela rural no funciona.
Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gobernador y la Presidenta, “pero luego nos olvidan, ni nos miran”.
Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patiño), de 400 familias en 900 hectáreas. Hablar fluido, no le gana la timidez. Lamenta que ya casi dos meses en Buenos Aires y no tienen respuestas. “Solo nos citaron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta”, acusa.
Señala que se están sumando comunidades de Salta, Tucumán y de la Patagonia. “Los indígenas de todos el país estamos pasando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas”, denuncia. Y afirma que en su región están avanzando las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.
Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, “que cumpla las leyes”. Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Buenos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo: “Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros”.
DDHH
El 24 de marzo, en la tradicional marcha por memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue “nunca más”.
Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hombres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste provincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Estaban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. “Nos reprimieron con palos y balas de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos», afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de Formosa.
Esa misma semana se conoció en Formosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electrónicos que confirman el seguimiento y reportes diarios, al estilo de la dictadura militar, de la policía de Formosa.
Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo.
Los de abajo
El sol se hace sentir en el acampe. Golpea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco litros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta.
Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampantes y bajan bolsones con alimentos. “Fuerza”, los arenga. Y se retira tan rápido como llegó.
En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que avalan sus reclamos. “Por la falta del debido cumplimiento del derecho indígena nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años”. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación (su propio gobierno, autoridades y políticas) y el cumplimiento del derecho al “consentimiento libre, previo e informado” para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organización Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: “Pueblo indígena de pie en defensa de sus derechos”.
Algunos transeúntes paran, miran, preguntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de paisaje o, peor, no existiera.
La Wiphala (bandera multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.
“Jamás he sido dura con los de abajo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de marzo, en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.
Corte
Ante la falta de respuesta, las comunidades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indiferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la medianoche. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta.
Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas manos. Luego en Avenida de Mayo. La policía estaba al tanto y desvía el tránsito.
En Radio Continental (AM 590) la periodista María O’Donnell, cuestiona. “El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo”. En TN, Nelson Castro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar “el derecho de circulación”.
Ninguno de los dos periodistas menciona el motivo del corte. Mucho menos precisa los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la represión del 24 de marzo a los wichí.
Madres y organismos
Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Está sentado en la 9 de Julio, junto a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. “No queremos cortar el tránsito, pero nadie nos escucha”, explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una respuesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básico que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respeto al territorio.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acampe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata, pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: “Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman”. También llegan otras madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen. Y Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: “¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Familiares de Desaparecidos? Trabajamos juntos durante casi 40 años por los derechos humanos y ante esto tan grave no aparecen”.
Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno “intenta ignorar” a los pueblos pueblos indígena, pero avisa: “Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigimos que se cumplan”.
* Por Darío Aranda. Publicada en el Periódico VAS en abril de 2015.
