Abr 2, 2015 | 2015, Campesinos, General
El 68 por ciento de la tierra cultivada de Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transformó en un símbolo de la lucha: disparó con su escopeta contra un tractor fumigador. Entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico.
Desde San Benito, Entre Ríos
Vida de campo. Cría de animales, quinta para autoconsumo, siesta y aire puro. Julio Ariza tuvo veinte años de vida tranquila en San Benito (Entre Ríos). Hasta que la agricultura “moderna” se instaló en el campo vecino. Soja, maíz y más soja. Y, claro, agroquímicos. Fumigaciones con avión, luego con tractor (esos que tienen largos brazos rociadores y se los llama “mosquito”). Sobrevinieron la muerte de animales. Primero los chanchos, las crías nacían con malformaciones, las preñadas sufrían abortos espontáneos. La principal fuente de ingreso de la familia comenzó a quebrarse.
Hablaron con el vecino. No hubo solución. Fueron al Municipio e hicieron la denuncia policial. Tampoco hubo respuesta.
Lo volvieron a fumigar, con viento hacia la casa (y al corral). Al día siguiente encontró más animales muertos. Veía con impotencia cómo se perdía el sustento familiar.
Visualizó el mosquito con agroquímicos, otra vez fumigando hasta el borde de su campo. Fue al interior de la vivienda. Agarró la escopeta y caminó despacio hasta el alambrado. Nunca en sus casi 70 años había hecho algo semejante, pero no lo dudó. Apuntó y apretó el gatillo. 37 perdigones dieron en la cabina del tractor. Ya nada volvió a ser igual.
Fue denunciado por el productor sojero y sindicado como un “símbolo de la violencia” por los promotores del agronegocios (desde empresarios y funcionarios, hasta medios de comunicación y vecinos). Y, en el otro extremo, recibió la solidaridad de las víctimas de los agroquímicos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales.
En Entre Ríos el 68 por ciento de la tierra cultiva tiene soja transgénico. Julio Ariza tiene dos certezas: no utilizará agrotóxicos y no se irá de su campo.
Vida tranquila
-¿Cuánto hace que viven acá?
-Vivíamos en la ciudad (Paraná). Soy perito mercantil, tenía oficina contable y fui martillero público. En 1992 vinimos acá. Nos entusiasmó vivir en el campo tranquilo, sano, respirar aire puro. Y luego comenzamos a pensar que también podíamos vivir del campo. Son 7 hectáreas y media. Poco después comenzamos a producir.
-¿Qué producían?
-Comenzamos con una chancha con cría y tres lechones. Teníamos cero experiencia, con corrales muy modestos, hecho con palos, sin puerta. Luego fuimos mejorando. También tuvimos cabras, ovejas y hasta alguna vaca. En un momento hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que con cinco chanchas puede vivir una familia como la nuestra, con producción propia. Y a un vecino le cedíamos parte de la tierra para producción de girasol, avena, alfalfa y de ahí sacaba el alimento para los chanchos. Compramos libros, estudiamos y todo fue prueba y error.
-¿Y cuánto llegaron a tener?
-Hicimos la chanchería con tablas de madera y techo de chapa. Y llegamos a quince madres y 100 lechones. Vivíamos tranquilos. Nuestro plan era tener 21 madres. Con eso podíamos vivir bien dos familias y hasta tener un empleado.
-¿Cuándo comenzaron los problemas?
-En 2006 sacaron todo una franja de monte que había entre el campo del vecino y nosotros. Y el mosquito pasaba y fumigaba. De a poco dejaron de verse las anguilas, tortugas, bichos que siempre hubo. Y un día no se preñaron las chanchas. Algo pasaba. Al poco tiempo, aparecen diez chanchitos muertos y chanchas con abortos. ¿Qué pasó? Recordamos que había fumigado, con viento, y con olor amargo que no llegó hasta la casa.
-¿Qué hizo?
-Fui a hablar con el vecino (Sergio Plez). Le dije si no será el glifosato el problema. Y él me fue sincero. Me dijo que podía ser, que el mosquito fue en día equivocado y fumigó con viento.
-¿Acordaron algo?
-Le dije de buscar la forma de arreglar. “Vos no va a ser más pobre ni yo mas rico por diez chanchos. Arreglemos”. Le propuse. Pero nunca quiso. Y siguió fumigando.
-¿Y qué pasó?
-Al tiempo vino la veterinaria a atender a una chancha preñada y sacó dos lechones con malformaciones. Ahí fui e hice la denuncia porque nos seguía fumigando, no respetaba la ley de agroquímicos que pone un límite para no fumigar, que sea un día sin viento, que tenga que notificar y cuente con orden y control de un agrónomo. Hice denuncia en la policía y el municipio.
-¿Y qué respuesta tuvo?
-Ninguna. Cuando desde el Juzgado llamaron al veterinario dijo que era por los agroquímicos. Y está probado que fumigó con un 250 por ciento más de lo recomendado. Eso figura en la receta del ingeniero agrónomo de ese día.
Modelo
-¿Sabe que químico usó?
-Glifosato, 2-4d y atrazina. El 2,4d es un veneno terrible. Agarré el instructivo de uso y entendí todo lo que nos pasaba. Tiene consecuencias en la salud y el ambiente. Está prohibido en un montón de países.
-¿Conocía de agroquímicos?
-No sabía mucho, pero acá se utiliza mucho y había escuchado cosas. Pero cuando pasó esto me puse a estudiar. He leído mucho, imprimí más de 2500 páginas y usé mucho internet, hasta tesis doctorales que explican los efectos del glifosato y otros químicos. Está probado que tiene efectos en ambiente y personas.
-¿Cómo es el modelo productivo en la zona?
-Acá en San Benito la mayoría hace soja. Todos usan glifosato. Los jueces lo saben pero no hacen nada.
-Ante sus reclamos. ¿Qué respuesta tuvo?
-La Secretaría de Producción nos toma de imbécil. Dice que no hace nada. ¿Por qué mienten? He leído mucho. No soy ni médico, ni ambientalista, pero sé que esto envenena y dentro 30 años no va a crecer nada.
-¿No se considera ambientalista?
-No lo soy. Los admiro porque son pacíficos. Se paran, reparten volantes. Van mil personas y son felices. Van dos personas y son felices. Yo no soy así. Pero les agradezco mucho el apoyo que me dieron.
-¿Y el rol del Poder Judicial? (en la actualidad mantiene una denuncia penal contra su vecino por contaminación y daño a la propiedad; y una causa civil por daños y perjuicios por la mortandad de aves y cerdos, y daños en la salud de la familia)
-Los jueces acá están comprometidos con el modelo sojero, o presionados, o no saben o… son estúpidos (sonríe). También hay que decir que acá no se denuncia las fumigaciones porque son todos parientes, o empleados, pero hay muchos afectados. Y así sigue la cadena y cada día usan más venenos.
Disparo
-¿Qué pasó en febrero de 2011?
-Veníamos viendo cómo se morían los animales, que la Justicia no hacía nada, que perdíamos nuestra forma de subsistencia. Y encima eso.
-¿Qué es eso?
-En febrero de 2011 fue cuando entró el mosquito (tractor fumigador) a las 7.30 de la mañana. Y me dije “este tipo está loco. ¿Qué hace?” Vi que estaba por fumigar y bue… agarré la escopeta. Caminé despacio, pensando qué hacer… Si tiro al aire se me ríe. Le tiro al tanque y hago desparramo. Le tiro a la cabina y se caga bien cagado. Y me dije que tenía pararlo ese día o no lo paraba más.
-¿Y qué hizo?
-Disparé. Le tiré a la cabina.
-¿Qué pasó?
-Le hice 37 agujeros. Tenías que ver al tipo (aplicador) el susto que tenía. Se fue.
-¿Y luego?
-Me denunciaron por abuso de arma de fuego. Ahí sí que actuó rápido la Justicia (se ríe). Vino el secretario del Juzgado a hacer allanamiento. Si fuera delincuente, escondía el arma y no la encontraban nunca. Pero no soy delincuente. Le di el arma y le conté cómo fue todo y los años que venía denunciando que me fumigaban.
-¿Siguieron las fumigaciones?
-El tipo se emperró en fumigar. Aparecía el mosquito, yo llamaba a la policía y dejaban de fumigar. Y yo no tenía ni una gomera… (sonríe). ¡Y no vas a creer que él contrató a policías para que lo custodien!
-¿Pudo hablar con el productor?
-Otro día quiso fumigar, con escribano, policías, todo. Nos encontramos ahí en la calle. Y ahí le dije, con la policía adelante, la próxima vez no le voy a disparar un tiro al que fumiga, sino a vos. Entro, te busco y te cago de un tiro a vos.
-¿Le respondió algo?
-Me dijo que me sabía capaz de eso pero que no me iba a dar plata. Y ahí nomás le dijimos que no queríamos plata, sino los animales, para seguir trabajando. Queremos los animales y que respete la ley cuando usa venenos. Alguien lo tiene que frenar o esto termina para la mierda.
Más muertes
-¿Luego sucedió lo de las gallinas?
-Con mi hijo que estudia para ingeniero agrónomo escribimos un proyecto muy detallado para cría de gallinas. Obtuvo el crédito de 10.800 pesos. Hicimos el galpón, comedero, bebedero y 500 gallinas, con apoyo del INTA y del municipio de Oro Verde. Venía todo muy bien, engordaban bien.
-¿Y qué sucedió?
-Las fumigaciones. Primero las gallinas dejaron de poner huevos. Llamé al INTA y no sabían qué pasaba. Hasta que un día fue la peor. Estábamos sentado acá y sentimos el olor amargo, fuerte. Mi esposa corrió a cerrar todo y yo me quedé acá, ya está, preparémonos para lo peor.
-¿Qué pasó?
-Algunas murieron ese día y el siguiente. Comenzaron a actuar raro, caminaban muy poco y se tiraban y quedaban al sol, como los perros. Y las gallinas no son así, andan siempre caminando. Y después sí, comenzaron a morir de a 50 por día. Era terrible. Estaba el campo alfombrado de gallinas muertas. Perdimos toda la producción.
-¿Pudieron acordar con el vecino algún arreglo?
-No hubo nada. Le dijimos que deje de fumigar. Y lo denunciamos.
-¿Cómo los afectó la muerte de los animales?
-Nos arruinó. No sacaron la forma de subsistencia. Mi hijo comenzó a cortar el pasto, hacer jardines, se la rebuscó. Y perdimos nuestro trabajo.
Propuesta
-Ustedes tienen una propuesta de otro modelo productivo.
-Hay que buscar cordones verdes. Los pueblos tienen que tener un ingeniero agrónomo, veterinario, cordones verdes y galpón como feria. Podemos producir alimentos sanos. Que los otros si quieren se sigan envenenando, pero que no nos impongan su basura a nosotros.
-¿También está pensando otra alternativa?
-(Sonríe) Estoy buscando el amaranto (planta que resiste al glifosato y que incluso puede avanzar sobre la soja o el maíz transgénico).
-¿Para qué?
-Si no nos dejan de envenenar los voy a bombardear con amaranto. Les voy a arruinar la cosecha. Será la venganza del amaranto.
Libertad
-¿Cómo sigue hoy su vida?
-Queremos volver a producir. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Chanchos, gallinas, incluso conejos. No me voy a ir de acá.
-¿Muchos vecinos se fueron?
-Muchos se van. La gente vieja queda viuda, y arriendan. Les hacen soja y ellos se van a una departamento a Paraná. A nadie le importa si el que se queda acá se muere. Los viejos mueres y los hijos venden. Así es que se acaban los productores chiquitos. Pero esos tipos no saben que nuestros nietos van a comer soja, más soja y luego ya no van a comer nada, porque esto va a ser arena, tierra. Y van a estar todos envenenados. Pero yo no me voy.
-¿Por qué?
-Soy vasco. Ojo, no es que tengo apellido vasco. Yo me críe y pienso como vasco. Luego de cierta edad, ahora, casi 70 años, soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El Pueblo Vasco lucha por libertad. Los vascos llegaron a esa tierra antes que los españoles, antes que los catalanes. Y se les quita la tierra. Como acá sucede a los charrúas, a los mapuches. ¿Por qué te cuento esto? Porque este tipo me robó la libertad… la libertad de caminar en el campo, de tener animales, pero sabés qué… ese hombre se equivocó de campo, de vecino, de lugar, de todo. Como buen vasco, no me voy a retirar de esta batalla… la lucha continuará hasta el sol se apague.
* Por Darío Aranda. Publicado en el Periódico de la CTA de Marzo de 2015.
Mar 31, 2015 | 2015, General
Expertos que investigan el impacto en los humanos del herbicida se mostraron conformes con que la Organización Mundial de la Salud lo haya calificado de “probablemente cancerígeno”, aunque advirtieron que es una medida “tardía”. Quejas de Monsanto.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. Y afirmó que produce daño genético en humanos. Organizaciones sociales y científicos independientes sin vinculación con las empresas dieron la bienvenida a la decisión de la IARC-OMS. Monsanto, la creadora y mayor productora de glifosato, acusó a la Agencia de la OMS de hacer “ciencia basura”. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina se fumigan con el agrotóxico.
Luego de un año de trabajo de 17 expertos científicos de once países, el máximo espacio para el estudio del cáncer de la OMS categorizó al glifosato (el agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico) en la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer”, pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.
Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A” (segundo en una escala de 1 a 5), que significa para la OMS: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. La IARC-OMS afirmó que el herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (tiene relación directa con el cáncer y malformaciones) y detalló que se detectó glifosato en agua, alimentos y en sangre y orina de humanos.
Rafael Lajmanovich es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral, investigador del Conicet y cuenta con más de 85 investigaciones sobre agroquímicos. “La comunidad científica internacional advierte desde hace años, con estudios, que el glifosato en carcinogénico. Es bueno que la OMS lo haya reconocido”, evaluó. Y, a modo de ejemplo, precisó las pruebas: “La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (conocida como Medline) cuenta con más de 500 trabajos científicos sobre la toxicidad del glifosato”.
Fernando Mañas integra el Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace nueve años que investigan el efecto de los agroquímicos, realizaron más de quince publicaciones científicas y confirmaron la relación entre glifosato y el daño genético, que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “La reciente clasificación que la IARC-OMS es consecuencia de la creciente evidencia científica que se ha generado por diversos investigadores independientes. Esta evidencia, hasta el momento deliberadamente ignorada, implica que se han utilizado millones de litros de un herbicida con potencial carcinogénico con las regulaciones propias de una sustancia prácticamente inocua”, cuestionó el doctor en ciencias biológicas. Denunció que durante dos décadas poblaciones enteras fueron “sometidas” a exposiciones crónicas del plaguicida “basado en criterios elaborados por las mismas empresas que producen y comercializan” los agrotóxicos.
El glifosato se utiliza en los campos con soja transgénica, maíz, girasol, algodón, cítricos, manzana, pera, membrillo, vid, yerba mate, pinos y trigo. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Según la última estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año.
Raúl Horacio Lucero (biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, con sede en Chaco) y Damián Verzeñassi (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario) estudian el impacto de agroquímicos desde hace más de una década. Confirmaron malformaciones y cáncer (entre otras consecuencias). Coincidieron en lo tardío de la clasificación de la AIRC-OMS, pero al mismo tiempo señalaron lo importante de que, en una escala de cinco, lo hayan clasificado en la segunda categoría de productos cancerígenos. Ambos investigadores instaron a la aplicación “urgente” del principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, explicó que, por la nueva clasificación, “el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos y hoy prohibido) y el formaldehido, ambos miembros del Grupo 2A”.
Monsanto, la mayor corporación del agro y productora de glifosato, respondió con violencia inusitada a la agencia de la OMS. “Monsanto está en desacuerdo con la ciencia basura”, inicia el comunicado enviado por Victoria Manny, jefa de Asuntos Gerenciales. La gacetilla de la compañía, firmada por Robb Fraley, director de Tecnología de la compañía, reconoce: “Estamos indignados. El proceso de evaluación de la IARC no es transparente y su decisión es irresponsable”. Monsanto acusó de “sesgada” la evaluación y denunció a los expertos de no basarse en “ciencia de calidad”.
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Organizaciones sociales
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), integrada por 23 organizaciones de todo el país, aseguró que es una “práctica empresaria común” afirmar la inocuidad de un producto, utilizarlo y años después reconocer sus perjuicios. Citaron como ejemplos al endosulfan y al DDT. “Las compañías argumentan que no está demostrado que causa daño y los funcionarios de los gobiernos niegan las evidencias de científicos independientes”, denunciaron y reclamaron como “imperioso” en viraje a un modelo productivo sin agrotóxicos.
La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal) instó a aplicar la legislación vigente (“principio precautorio”) para limitar de inmediato el uso del glifosato y llamó a los ministerios de Agricultura, Salud y a la Secretaría de Ambiente a tomar medidas urgentes para “proteger la salud y prohibir el uso del herbicida”. Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba), recordó que los niños mueren a pequeña edad y sufren discapacidad. “¿Por qué la OMS esperó tanto para reconocer lo que hace el glifosato?”, preguntó y afirmó: “No pueden jugar con la vida de nuestros hijos. No experimenten más con nuestro pueblo”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 31 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Mar 23, 2015 | 2015, General
Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, asegura que las causas de la catástrofe cordobesa “no son naturales sino políticas”. Las consecuencias del desmonte y el desmanejo ambiental en la provincia.
Once muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.
–¿Por qué se inundó Córdoba?
–Córdoba está en una crisis ambiental muy seria. Agudizada en las últimas décadas por el avance de la frontera agropecuaria y urbana, que la han debajo sin la vegetación nativa que evita o mitiga este tipo de fenómenos climáticos extremos (lluvias torrenciales).
–¿Cómo la vegetación podría haber mitigado la inundación?
–Las sierras de Córdoba con su vegetación nativa son como el tanque de agua natural de la población. Cuando llueve, en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.
–¿Cómo fue devastada la vegetación?
–Los últimos gobiernos provinciales han permitido el avance de los intereses económicos particulares, sobre todo en zona de llanura por los agronegocios y en la zona serrana por los intereses inmobiliarios, con un boom de barrios cerrados. Esas zonas son importantes para presentar el efecto esponja, que se pierde. Y genera catástrofes como la que se ha vivido en Córdoba, con costos económicos, sociales y pérdida de vidas.
–¿En que momentos históricos se arrasaron los montes?
–En los últimos veinte años ha habido un descontrol y desmanejo absoluto en lo que hace a política ambiental.
–¿Cuánto incide el desmonte por el agronegocio?
–Córdoba es una de las provincias de mayor tasa de deforestación. Buena parte en zona de llanura, norte y noroeste, por el modelo agropecuario. Y es lo que explica las inundaciones en zonas llanas.
–¿Qué dice el gobierno?
–El gobierno hace oídos sordos a las voces de académicos, universidad y organizaciones sociales. Es dramático escuchar a funcionarios insistir en que fue una catástrofe natural. Ellos permitieron que avanzaran los grupos económicos sabiendo que ésta sería una de las consecuencias. Las causas de la tragedia de Córdoba no son naturales sino políticas.
–¿Hubo advertencias de que podía pasar una inundación de este tipo?
–Había muchos estudios que preveían esto. Estudios de riesgo, de deforestación y geomorfológicos que nunca fueron tenidos en cuenta.
–¿Se puede repetir la inundación y sus consecuencias?
–Soy pesimista por la reacción del gobierno, que no muestra interés en un cambio y esconde responsabilidades. Soy medianamente optimista por las reacciones de vecinos, que están comenzando a organizarse y se muestran firmes para evitar loteos y desmontes.
–¿Ve similitudes con otras provincias que están sufriendo lo mismo? (Tucumán, Santa Fe. Santiago del Estero).
–Este es un fenómeno que los argentinos vamos a tener que prever y acostumbrarnos. Tiene relación con el cambio climático global, que es modelo de desarrollo imperante en el planeta y que también tiene relación directa con los intereses económicos. La región del centro de Argentina será cada vez más húmeda y con eventos climáticos extremos más repetitivos. Antes pasaban cada 30 años, ahora cada cinco y puede llegar a suceder cada dos o un año. Si a eso se le suma una región que ha sido devastada, que no tiene la capacidad de amortiguar esa lluvia, la situación empeorará. Hay que dar un giro de timón urgente.
–¿Cómo?
–Hay que preservar lo poco que queda de vegetación y administrar de forma racional para brindar servicios ecosistémicos a la población.
–¿De qué manera?
–Es imprescindible realizar un ordenamiento territorial participativo en todas las regiones del país. Debiera ser un mapa de cada región, priorizando criterios sociales y ambientales. Definir dónde se van a desarrollar actividades productivas, dónde infraestructura, dónde urbanizaciones y dónde se deben preservar los sistemas naturales. Hoy existen muchos barrios cerrados y mucha soja, y sólo se tuvo en cuenta el criterio económico. Y eso nos ha llevado a la devastación ambiental actual que sufren muchas regiones del país.
–¿En algún lugar se hizo un ordenamiento territorial como el que propone?
–La verdad que no. En la Argentina prima el factor económico por sobre lo social y ambiental. Es urgente comenzar a revertir eso.
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Ley del desmonte
Usted fue parte de una comisión oficial que intentó frenar los desmontes en 2010. ¿Cómo fue esa experiencia?
–La Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) trabajó durante dos años, debatió un proyecto de ley de modo muy participativo. Estaban el sector académico, político, social, campesino. Era amplio y se presentó un proyecto en 2010 consensuado, entre muchos sectores, para proteger lo poco que quedaba de bosques.
–¿Y qué sucedió?
–El gobierno de Córdoba lo ninguneó. Y de la noche a la mañana votaron otra ley (9814), a pedido de sectores del agro, que fue bautizada la “ley del desmonte”, porque facilitó la devastación de los bosques de la provincia.
–¿Ve relación entre ese hecho y la inundación actual?
–Tiene mucho que ver. Si se hubiera adoptado la propuesta de la Cotbn, que se desechó para favorecer a sectores inmobiliarios y del agro, se podrían haber amortiguado las consecuencias del temporal reciente. Muchos sectores del agro que impulsaron esa ley hoy tienen sus campos inundados.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Mar 11, 2015 | General
Comunidades indígenas de Formosa marcharon por las calles de Buenos Aires. Entregaron petitorios en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional y en la Casa de Gobierno. Si no hay respuesta en 72 horas, cortarán la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.
Foto: Resistencia Qom
Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.
Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.
Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.
Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.
Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
Acampe
Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).
Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.
Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.
Qopiwini
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tiene tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.
Desde 2013, Félix Díaz redobló la recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.
Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.
“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.
Acampe II
El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.
Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.
Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.
Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.
Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.
10 M
No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.
La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.
A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).
La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.
Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.
Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.
Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.
Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.
Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.
Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.
El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.
Poder Legislativo
Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.
Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.
Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.
Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.
Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.
Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.
Poder Ejecutivo
El sol del mediodía ya castigaba duro. Se nota deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.
Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.
Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.
La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.
Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.
Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.
Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios. Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de marzo de 2015 en comambiental.com.ar
Mar 9, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Villa la Angostura movilizada por un proyecto vial. Pasarán 12.000 camiones por mes y cambiará la vida de la ciudad.
En la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.
Villa La Angostura está ubicada en el oeste de Neuquén, a 90 kilómetros al norte de Bariloche por la Ruta Nacional 40 y 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes. La ruta atraviesa el centro mismo del casco urbano y los camiones son uno de los problemas identificados desde hace décadas por la población y las autoridades municipales.
Solicitan la construcción de una ruta de circunvalación para el tránsito pesado, que pase por fuera del casco urbano. En 2013, Vialidad Nacional, provincia y municipio presentaron un megaproyecto de seis kilómetros que contempla cuatro carriles, puentes, rotondas y una infraestructura mucho mayor a la requerida. “Cuando vemos el plano parece que quieren hacer la avenida General Paz o la Panamericana en Villa La Angostura”, señaló Patricio Raposo, de la organización Vecinos Autoconvocados Angostura Sin Camiones.
El proyecto prevé desmontar más de 3000 árboles autóctonos, con un gran movimiento de suelo en una zona frágil y de derrumbes. Y se afectará dos mallines (especie de humedal que recarga las napas subterráneas, mitiga inundaciones y purifica el agua, entre otras funciones). El estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora Ungaro, Ale Ortiz Ingenieros Asociados SA) reconoce el gran impacto ambiental, pero no detalla cómo se mitigarán. Los Vecinos Autoconvocados detectaron irregularidades típicos del copiar/pegar informes de otros emprendimientos. El más notorio, cuando se indica media docena de veces que “se respetarán las leyes ambientales de Córdoba” (no de Neuquén).
Cuestionan también el “corredor bioceánico”, impulsado por cámaras empresarias y el gobierno de Río Negro, para el paso de camiones desde el este de Argentina, que atraviesa toda la provincia de Río Negro hasta Bariloche y asciende por Neuquén (vía Villa La Angostura) hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré. “El informe para la construcción de la ruta de circunvalación reconoce que la dimensión obedece al bioceánico para cargas pesadas”, afirmó Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.
El camino turístico que une Bariloche y Angostura tiene una extensión de 80 kilómetros, paisajes de postal, lagos, curvas y contracurva. “Turismo sí, camiones no”, es la consigna de los vecinos de Villa La Angostura. Afirman que, de construirse el corredor bioceánico, el hoy camino turístico por excelencia de la región mutará a una ruta atestada de camiones, con hasta 400 camiones por día. Los vecinos argumentan con una pregunta retórica: “¿A qué turista le agrada estar dos horas detrás de un camión?”
Ghioldi remarcó que la localidad vive del turismo y, con la gran cantidad de camiones, “cambiará su forma de vida”. Al momento de pensar el peor de los escenarios (construcción de la mega ruta de circunvalación y el corredor bioceánico), comparó: “El rechazo será mayor al de Gualeguaychú con las pasteras. Todo el pueblo saldrá a la calle”.
La propuesta de los vecinos, apoyada por distintos dirigentes políticos de Neuquén, es construir un circunvalación simple y que el corredor bioceánico de camiones sea por el Paso Pino Hachado (más al norte, cercana a la localidad de Las Lajas).
El intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, llamó a audiencia pública, por la ruta de circunvalación, para el 20 de febrero. Pero las organizaciones denunciaron que faltaba el estudio de impacto ambiental. La audiencia pública fue suspendida a pedido de Vialidad Nacional, que explicó que aún faltaban estudios requeridos a la Universidad Nacional del Comahue. Fijó nueva fecha para el 6 de abril.
La primera semana de febrero se realizó en la ciudad la Fiesta Nacional de Los Jardines. El día de desfile de carrozas los vecinos marcharon con pancartas de rechazo al bioceánico y a la planificada circunvalación.
Angostura Sin Camiones sugiere la realización de talleres participativos donde se informe el proyecto de ruta de circunvalación, pero también el proyecto macro (bioceánico) y propone un proyecto alternativo, con estudios multidisciplinarios y que priorice el perfil turístico y el ambiente de la localidad.
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La ciudad que avanzó sobre un pueblo originario
El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La cronología está detallada en el libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer). El proyecto de ruta de circunvalación tampoco respetó los derechos indígenas, que contempla la consulta libre, previa e informada por cualquier emprendimiento que pudiera afectar a las comunidades originarias.
La comunidad Paichil Antriao, reorganizada en 2003, sostiene en la actualidad reclamos territoriales en el cerro Belvedere, donde sufrió represiones e intentos de desalojo. Están denunciados por usurpación del territorio donde siempre vivieron y, en paralelo, tramita una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Mar 3, 2015 | General, Pueblos Originarios
La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) mantuvo un corte de ruta en reclama del cumplimiento de sus derechos. Y mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de compromisos que habían asumido Nación y Provincia.
Dos semana de acampe qom en Buenos Aires y un mes de corte de ruta en Formosa (que acaba de levantarse). Es la situación de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), que reclama el cumplimiento de los derechos indígenas, que se los consulte para realizar obras en la comunidad y exigen justicia por la represión de 2010 (en la que asesinaron al qom Roberto López). El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, denunció a los indígenas: “Son holgazanes con fines políticos”. Félix Díaz, autoridad electa por votación de la comunidad, afirmó que “en cuatro años no se cumplió ninguno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo (con Nación y Provincia)”. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La lista de reclamos qom incluye la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad), el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–), justicia por la represión de 2010 y asistencia sanitaria.
El 26 de enero comenzó el corte de la ruta nacional 86. El motivo que aceleró la decisión fue la llegada de maquinarias y cuadrillas de obreros. El Gobierno señaló que construirían viviendas. La legislación nacional e internacional obliga a los Estados a consultar y a tener el consentimiento de los pueblos indígenas por cualquier actividad que pudiera afectarlos. Félix Díaz y las autoridades de la comunidad (el Consejo de Ancianos, de Mujeres y de Jóvenes) exigieron que se cumpla el derecho a consultar a la comunidad. Afirman que las obras de la Provincia tienen como destino a los punteros políticos y provocarán la división de la comunidad.
El 11 de febrero se vivió el momento de mayor tensión en el corte de ruta. El titular del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Hugo Arsenio Arrúa, trasladó en camiones a integrantes de la misma comunidad para romper el piquete. “Quieren hacernos pelear entre nosotros”, lamentó Félix Díaz.
Amnistía Internacional emitió un comunicado. Explicó que el corte de ruta se debe a que “reclaman por susderechos y las promesas incumplidas del Gobierno” y recordó la represión del 23 de noviembre de 2010: “Este hecho no puede volver a ocurrir”. Amnistía solicitó que se cumpla la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2011), que obliga a proteger la integridad de los qom.La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) visitó la comunidad, se reunió con la jueza federal Claudia Fernández (interviene en la causa) y también alertó sobre la violencia contra los indígenas.
Ante la falta de respuesta, el 14 de febrero, Félix Díaz volvió a acampar en la ciudad de Buenos Aires. Como en 2010, se instaló en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Mantiene la misma lista de reivindicaciones que hace cuatro años. Reclama diálogo con el Gobierno y que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 ante la Mesa de Garantes (Centro de Estudios Legales y Sociales, APDH, Amnistía y Serpaj, entre otros).
Díaz y Laureano Sanagachi (segunda autoridad qom), brindaron una conferencia de prensa en la APDH. Repasaron los hechos de violencia impunes y resaltaron que quieren las obras, pero con participación de la comunidad y sin manejos de los punteros políticos. Nora Cortiñas afirmó: “Los derechos humanos son los del pasado y los del presente. Nuestros hijos luchaban para que estas injusticias no pasen”.Sobre la represión de 2010, Díaz recordó que “todos los policías fueron absueltos y sólo los qom estamos imputados”. Afirmó que la nueva estrategia del gobierno provincial es encabezada por el funcionario provincial Arrúa y los pastores evangélicos. “Les hacen una iglesia a cada uno que le obedece y les dan planes sociales para repartir”, denunció.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, suele actuar como vocero del gobierno provincial. Arremetió contra el corte de la ruta: “Es una acción planeada y creada por holgazanes con fines políticos”. Responsabilizó a Félix Díaz por cualquier “altercado” que pudiera producirse y lo acusó de ser “autor de un delito federal” (por cortar una ruta nacional).
El 26 de febrero, el Ministro de Gobierno, Jorge Abel González (mano derecha del Gobernador), y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, recibieron una delegación de Potae Napocna, acompañada por la APDH, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les entregaron las carpetas técnicas con información de las obras. El 28 de febrero, la comunidad qom anunció que levantaba el corte mientras analizaba las carpetas técnicas, reclamó que no intervengan los punteros políticos e informó que el acampe en Buenos Aires se mantiene hasta que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 en la Mesa de Diálogo (con Nación, Provincia y organismos de derechos humanos como veedores).
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Apoyos
Entre las primeras en apoyar a Félix Díaz en el acampe en Buenos Aires sobresalen Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la APDH, el Serpaj y la organización Resistencia Qom, entre otros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de la Iglesia Católica, visitó el acampe el 21 de febrero y emitió un comunicado. Exigió el “cese inmediato de las persecuciones y despojos territoriales”, reclamó la “urgente” aplicación de la Ley 26.160 (dispone el relevamiento de los territorios indígenas) y demandó el “juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de muertes y ataques a miembros de comunidades indígenas, en particular el de Roberto López, asesinado por fuerzas de seguridad en noviembre de 2010”. Está firmado por la coordinadora de Endepa, María Josefa Ramirez, y el obispo Ángel José Macín.
También visitaron y apoyan el acampe la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y el Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom (Facultad de Agronomía de la UBA), que trabaja junto a La Primavera desde 2011.
* Por Darío Aranda. Publicado el 3 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Feb 18, 2015 | 2015, General
Osvaldo Bayer cumple 88 años. Periodista, historiador y activista. Siempre compañero de las luchas sociales y reivindicador de los pueblos originarios. El anarquismo y la democracia, el Gobierno y el peronismo, Rodolfo Walsh y los periodistas de hoy, el genocidio indígena y el silencio de los organismos de derechos humanos, el pasado y el futuro soñado.
Camina el país, escribe sobre injusticias y resistencias, acompaña con su pluma a los que luchan. Periodista, historiador, documentalista, anarquista y militante de los derechos humanos. Crítico del poder económico y político, compañero de generación y oficio de Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti. Le duele tanto el genocidio de la última dictadura como el que padecieron los pueblos indígenas. Ni oficialista ni opositor, Osvaldo Bayer, autor del histórico libro “La Patagonia Rebelde”, no le escapa a ningún tema: los organismos de derechos humanos y su silencio ante el padecer indígena, el Gobierno con sus aciertos y errores, el periodismo actual y los caminos posibles, el peronismo, Montoneros, la democracia incompleta y la falsa opción de votar cada dos años.
Su austero departamento en el barrio de Belgrano sobresale desde lejos. Un colorido mural sobre pueblos indígenas en el frente de la casa. Un cartel fileteado en la puerta de entrada avisa “El Tugurio” (nombre propuesto por el también periodista y escritor Osvaldo Soriano). Un pasillo largo, repleto de libros y cuadros. Un pequeño jardín interno, plantas, algún rayo de sol se cuela, y columnas de más libros y diarios.
La tos lo tiene a maltraer. El teléfono no deja de sonar. Atiende. Mira un cuaderno que hace de agenda. Lo invitan a un viaje al sur. Se excusa. Explica que el médico lo instó a dejar las recorridas largas. Le cuentan que se trata del cambio de nombre de una escuela, sacarán el nombre de Roca. Duda unos segundos. Confirma que hará el viaje.
Osvaldo Bayer, nacido en Santa Fe, cumple hoy 88 años.
Kirchnerismo, peronismo y América Latina
-¿Qué opina del Gobierno?
-Es lo mejor de lo peor. Pero realmente para una verdadera democracia falta mucho. Hay niños con hambre y hay villas. No pueden decir que vivimos en democracia.
-¿Cuáles son las acciones del kirchnerismo que reivindica?
-No soy kirchenerista, soy sólo un analista de la realidad, y reconozco que este Gobierno fue capaz de juzgar a militares y mandarlos a una cárcel común. He pasado trece dictaduras. Y siempre los dictadores murieron en sus residencias y cobrando sueldos de generales. Es la primera vez que veo que los dictadores mueren en cárcel común. Lo reconozco como una acción que impulsó el Gobierno, pero no quiere decir que está todo bien. Los pobres siguen igual de jodidos que antes.
-El Peronismo siempre tuvo como bandera la lucha contra la pobreza.
-El peronismo es cambiar algo para no modificar absolutamente nada. Seguimos con el mismo sistema. Los dejan a los pobres de lado. Nunca hubo una distribución justa de la tierra ni de la riqueza. Sí modificó leyes obreras, mejoró la situación de los trabajadores, pero siguió un sistema de clases injusto, con clases altas, medias y luego muchos pobres.
-Muchos gobiernos de América Latina tienen discursos progresistas o de izquierda, pero acentuaron el extractivismo, la minería, la soja, el petróleo. ¿Es una contradicción?
-Lo principal tiene que ser una sociedad en paz, con trabajo, sin pobreza. Y las empresas que explotan recursos naturales nunca trajeron nada de eso. Al contrario. En América Latina hay cada vez villas más grandes.
Walsh y el periodismo actual
-¿Cómo se informa?
-Compro todos los días Página 12 y Clarín. Son dos extremos e intento llegar a la mitad, al equilibrio, donde quizá hay algo de verdad.
-¿Qué opina de la Ley de Medios?
-Me alegró mucho la sanción de la ley, pero hasta ahora se hizo muy poco. Los medios de comunicación deben ser de las organizaciones sociales, que representen intereses sociales, cooperativas de periodistas. Y no de capitales extranjeros o grandes empresas nacionales como La Nación o Clarín. Se tienen que impulsar medios en manos de los trabajadores, que traten información desde distintas miradas.
-¿Cuáles son sus referentes en periodismo?
-Fui compañero de muchos grandes referentes. Paco Urondo, Haroldo Conti, Walsh. Somos de la misma generación. Hicimos cosas para que la prensa sea de cooperativas de periodistas, con ideologías distintas. Por eso luchamos mucho y no lo logramos. Las pocas cooperativas de periodistas de nuestra época tuvieron poca vida, pero ese es un camino que hay que seguir intentando.
-A Walsh usted lo describe como “el escritor sin medallas”. ¿Por qué?
-Nunca se le dio un premio en vida. Walsh sí que era un periodista de línea independiente, escribía sobre lo que sentía, fue un mártir de la libertad de prensa. Siempre se manejó con libertad, no perteneció a partidos políticos… entró en Montoneros, para mí una equivocación. Pensó que se iba a llegar a la revolución. La última vez que lo vi le dije que me sorprendía que “vos que siempre fuiste marxista te hayas hecho peronista”. Me respondió: “No te equivoques. Sigo siendo marxista, pero el pueblo es peronista”. Le dije que el pueblo era peronista, pero no los iba a acompañar. Él tenía confianza en que el pueblo seguiría a Montoneros en la revolución.
-En la actualidad muchos reivindican a Rodolfo Walsh, pero al mismo tiempo pueden ser condescendientes con el poder económico o con el poder político.
-Intentan quedar bien. Saludan a un luchador como Walsh pero no hacen nada para seguir ese ejemplo, ni en la vida privada ni en el periodismo. Walsh siguió una línea heroica. Escribía terriblemente bien, podría haber ganado mucho dinero escribiendo libros, pero prefirió luchar junto al pueblo. Pocos siguen ese ejemplo.
Roca
-El año pasado se cumplieron 100 años de la muerte de Roca y desde muchos sectores lo reivindicaron. Usted tiene otra evaluación de Roca.
-Tuve una discusión por radio y TV con el historiador Félix Luna, sobre Roca. Hablé del genocidio con los pueblos originarios. Roca propuso el exterminio de los pueblos originarios. Un genocidio que aún no fue juzgado. Hay que llamar a un congreso de historiadores y juzgar. Félix Luna se molestó mucho. Dijo que “está bien, habrá matado algunos miles de indios, pero hizo muchas cosas, el edificio de Obras Públicas, Casa de Gobierno, muchas medidas de bien para el país”. Le dije que es lo mismo que cuando hablan mal de Hitler porque mató seis millones de judíos, pero hizo autopistas y en Alemania había pleno empleo. Es exactamente lo mismo, pero claro… eran indios… Lo que vale en la vida es la ética.
-¿Por qué se lo sigue reivindicando a Roca?
-Benefició a los poderosos. La Campaña del Desierto fue por iniciativa de la Sociedad Rural, está todo en sus propias actas. Cofinanció la Campaña del Desierto, cuatro pesos por hectárea. Después de la Campaña se repartieron 40 millones de hectáreas entre 3.800 estancieros. De ahí viene el poder. Esa acción se suele juzgar como un hecho progresista y no como una verdadera masacre de indios. Nunca se enseñó que Roca y el presidente Avellaneda restablecieron la esclavitud, que había sido abolida por la Asamblea de 1813. Eso no se puede negar. Está en todos los diarios de Buenos Aires de aquellos años. Decía en enero de 1879: “Hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo solicite se entrega un indio varón como peón, una china como sirvienta y un chinito como mandadero”. Hasta impusieron la esclavitud de los niños.
-Pasó más de un siglo. ¿Por qué el Gobierno no habla del genocidio indígena?
-Se pondría en contra de una fracción poderosa de la Argentina. El poder económico defiende a Roca.
-Usted es uno de los impulsores de retirar las estatuas de Roca. ¿Cómo está esa campaña?
-Somos muchos los que exigimos que se retiren las estatuas de genocidas, pero los gobiernan se oponen. Macri se opone, es de derecha. En Bariloche no son del Pro pero tampoco quieren tocar a Roca. Y el gobierno nacional se calla la boca, no interviene.
-¿Por qué?
-Porque no quiere meterse en la discusión.
-¿Quiénes son los Roca de hoy?
-Los Roca de hoy son las grandes estancias y las empresas transnacionales.
Pueblos indígenas y derechos humanos
-Suele decir que los indígenas eran anarquistas. ¿Por qué?
-No tienen sentido de la propiedad. Todo es de todos. Alsina, Ministro de Defensa del presidente Avellaneda, decía que era imposible enseñarles el derecho a la propiedad. No tienen sentido de la propiedad. Toman de la naturaleza lo necesario para vivir, pero es de todos. Y no toman más de lo necesario. Los indios resolvían todo entre todos, en asamblea. Eso es anarquismo.
-¿Cómo ve hoy a los pueblos indígenas?
-Los veo mejor que décadas atrás, pero no gozan de todos los derechos constitucionales. Formosa es un claro ejemplo. Se sigue talando bosques donde ellos han vivido durante siglos, se los persigue, están en constante peligro.
-Se avanzó mucho en la denuncia de los derechos humanos violados en la última dictadura. Pero no en los derechos indígenas…
-No se avanzó en nada. No se les da valor a los pueblos originarios, no se les reconoce nada.
-¿Por qué?
-Los argentinos están acostumbrados a no reconocerles nada a los pueblos indígenas. Desde el origen de la Argentina, se los echó de todos lados, nunca se les reconoció nada. Roca pareciera un héroe para muchos argentinos, siguen creyendo que la Campaña del Desierto fue un progreso.
-¿Qué responsabilidad tiene la sociedad?
-Todos miran para otro lado. Formosa es el ejemplo. El Gobernador les quita la tierra, les hace juicios y nadie dice nada. La Corte Suprema se calla la boca, el Gobierno, la Iglesia lo mismo. Y las organizaciones de derechos humanos no intervienen porque son indígenas.
-¿Por qué cree que muchas organizaciones de derechos humanos no se involucran con la violación de derechos de pueblos indígenas?
-No hay explicación. No se entiende el silencio de muchos organismos de derechos humanos.
-¿Conoce a Félix Díaz?
-Me considero amigo de él. Tengo el mejor de los conceptos sobre Félix. Lo he visto en asambleas de su pueblo, es un ser muy querido, vive muy humildemente. No ha pactado con políticos y lucha por su pueblo. Es una gran persona.
Anarquismo y democracia
-¿Qué es ser anarquista hoy?
-Es soñar con un socialismo en libertad. Repartir las riquezas del mundo, cuidarlas para las generaciones futuras, gobernar con mayorías de asambleas, con voz y voto de todos. No es democracia un papelito en la urna cada dos años. Las grandes medidas deben ser con la participación de todos. Tener mandatarios pero no más de un año de mandato y que vuelvan a sus trabajos. Y sean reemplazados por otros.
-¿Por qué no vota?
-No tiene sentido votar. ¿A quién votamos? Se reparten el poder, acá entre radicales y peronistas. Pueden ser más conservadores o más de izquierda, pero son los mismos. Llamaría a todos a no votar.
-¿Cómo evalúa la democracia actual?
-Tenemos la libertad del papelito en la urna, pero es una sociedad con mucha injusticia. Basta ver la Villa 31 en Retiro. La falla de la democracia queda a la vista en las villas y en la pobreza. Y también los contrastes, ves Barrio Norte y parece otro mundo.
-¿Qué futuro sueña?
-Sueño con un socialismo libertario. Una sociedad sin clases ni pobreza. Ninguna dictadura, ni siquiera la del proletariado. Es un sueño… y en la vida hay que luchar para lograrlos. En eso estamos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 18 de febrero de 2015 en comabiental.com.ar
Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Ene 26, 2015 | Asambleas Socioambientales, General
Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.
Andalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.
El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.
En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.
En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.
En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.
“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo
(que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.
La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.
El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.
“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.
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El informe ambiental
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Minera Alumbrera tiene más de 500 carillas. Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, estudió el IIA y destacó que sólo hay una descripción de la flora, fauna, el aspecto económico y social, pero no hay nada respecto de las consecuencias de la actividad minera. “Además de la falta de audiencia, algo obligatorio por ley, no se analiza el impacto que tendrá todo el proceso minero, y tampoco está la evaluación que debiera haber hecho el organismo de control estatal sobre el documento presentado por la empresa”, explicó. El investigador Fernando Berdugo definió el informe como un “disparate total”. Señaló que ni siquiera precisa dónde está el yacimiento a explotar y la compañía lo describe como una “ampliación de Alumbrera” cuando en realidad se trata de yacimientos distintos. “La empresa debe presentar informes de impacto ambiental de exploración, prospección y explotación, pero no presentarán el impacto de la explotación porque dicen que ya lo hicieron por Alumbrera. Un disparate”, afirmó. Y cuestionó que en el informe haya participado la empresa Corplab. “Hay conflictos de intereses. Se trata del zorro cuidando a las gallinas”, denunció.
* Por Darío Aranda. Publicada el 26 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ene 14, 2015 | General, Pueblos Originarios
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Denuncia en Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ene 10, 2015 | General, Pueblos Originarios
El pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.
Esteban Rolando Medina fue encontrado muerto el sábado 3 de enero. Estaba a la vera de la ruta 86, en la zona de conflicto territorial con familias criollas y cerca de donde también habían encontrado muerta a su tía, Norma Artaza, el 12 de diciembre pasado. La policía caratuló la muerte como “paro cardíaco”. Félix Díaz aseguró que “siempre las muertes qom son por paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan que haya peritos por parte de la comunidad” en las autopsias. La comunidad cuestionó que no se continuara con la investigación judicial de las muertes qom.
Dos semanas antes, el 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de la provincia por la ocupación que realizó un criollo (de apellido Saucedo) en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo denuncian por continuos hechos de violencia contra los integrantes de La Primavera. La asamblea qom barajó la posibilidad de realizar el desalojo de criollos ellos mismos. Pero, para evitar una escalada de violencia, volvieron a hacer el reclamo al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para que cumpla con el compromiso de reubicar al criollo.
En la asamblea también se denunció la muerte, el 12 de diciembre, de la qom Norma Artaza, encontrada sin vida a la vera de la ruta 86, frente al campo en disputa con la familia criolla Celía. La comunidad explicó que la policía sostuvo que fue “muerte natural” y que el acta de defunción precisa “broncoaspiración e ingesta alcohólica”. Félix Díaz denunció que la mujer tenía golpes en el rostro y remarcó que no cree en la “misma policía que nos reprimió” (el 23 de noviembre de 2010).
El 29 de diciembre, el nuevo comunicado qom alertaba: “Crítica inseguridad en nuestra comunidad”. Señalaba la presencia de criollos (precisaron nombres y apellidos) armados que ingresan al territorio con complicidad política, cortan árboles, roban y faenan animales. Denunciaron el ataque al hijo de menor de Díaz (Rolando), que fue golpeado y sus ropas tajeadas con cuchillos. Y alertaron sobre disparos por la noche, cerca de la zona en conflicto con los Celía.
Responsabilizaron por la violencia a la “manipulación política del gobierno provincial” y la complicidad de la Gendarmería y la policía. La comunidad precisó que habían informado la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lleva las causas judiciales de la comunidad, a la Defensoría General de la Nación y a Julián Langevín (defensor oficial ante la Corte Suprema). “Nos preocupa este silencio, nos genera mucho miedo. Queremos que la Justicia funcione, que nuestras denuncias no sean un mero documento que se firma y se deja archivado hasta que haya otra muerte”, dijo Félix Díaz.
La respuesta provino del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Acusó a Díaz de “fantasear persecuciones” y argumentó que se trata de “hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar”.
Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La Primavera en los últimos cuatro años. En todos los casos hubo dos versiones contrapuestas. El gobierno de Formosa habló de accidentes de tránsito y causas naturales. La comunidad qom dio otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado. Desde que el conflicto territorial tomó repercusión nacional también hubo una docena de agresiones a miembros de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales.
El Grupo de Estudio y Trabajo Junto a las Comunidades Qom (de la Facultad de Agronomía de la UBA) realizó una denuncia pública el 5 de enero. Confirmaron las agresiones con la comunidad y la destrucción de obras que los universitarios realizaron en La Primavera. “Nos solidarizamos con la comunidad qom, repudiamos la situación de violencia e inseguridad y exigimos se tomen efectivas medidas para una urgente solución”, reclamaron. El 5 de enero, el CELS informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la vigencia de una medida cautelar para proteger la vida de los habitantes de la comunidad qom. Fue una respuesta al pedido del Estado, que había solicitado el levantamiento de la protección a los qom de La Primavera.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de enero de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | General, Pueblos Originarios
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas y el kirchnerismo. “Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno”.
Cumbre indígena en Formosa. Junio de 2013. El hombre pide la palabra en la asamblea y fija posición. “No somos ni opositores ni oficialistas. Somos pueblos originarios y exigimos que se respeten nuestros derechos”.
Wiñoy Xipantv (“vuelta del año”) en la Patagonia. Una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mapuche. El mismo referente. “Como en época de Roca, vienen por nuestro territorio. Ahora vienen con mineras y petroleras”.
Tercer encuentro. En Buenos Aires. Grabador encendido. “Es una hipocresía hablar de derechos humanos, no reconocer el genocidio indígena sobre el que se construyó la Argentina y encima negar el derecho a los territorios”.
Los tres momentos corresponden a Coike Pvrafilu (nombre mapuche, o Ignacio Prafil según el DNI), 45 años, werken (vocero) y secretario ejecutivo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro e integrante de Consejo Plurinacional Indígena.
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas, el kirchnerismo y los derechos humanos.
Comunidad
Nació en la comunidad mapuche Fvta Anekon. Se presenta con su nombre mapuche, Coike Pvrafilu. Choike es el ñandú, animal característico de esa región mapuche, que siempre vive en comunidad y presente en el arte, cultura, ceremonias. Pvrafilu refiere al origen del Pueblo Mapuche.
A los 7 años fue junto a sus nueve hermanos a Ingeniero Jacobacci. “Los mayores estaban enfermos y en el pueblo estaban los médicos. Ahí comencé la escuela, conocí el idioma español”, recuerda.
-¿Qué es ser mapuche?
-Ser mapuche es ser gente de esta tierra, de este territorio. El Pueblo Mapuche es uno, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina), con diferentes identidades territoriales, pero un solo pueblo. Nuestra vida es colectiva y está ligado al territorio, los ríos, montañas, animales.
-¿Cómo es la historia de su comunidad?
-La comunidad Fvta Anekon siempre vivió en el territorio, en cercanías de Jacobacci para ubicarlo. En 1903, por decreto presidencial, se le reconoció a la comunidad la posesión de 100 mil hectáreas. En la actualidad sólo posee 12.555 hectáreas.
-¿Qué pasó con las 87 mil hectáreas restantes?
-Fueron robadas por los terratenientes.
-¿Cómo?
-No podemos dejar de mencionar el primer robo, cuando nuestro pueblo fue avasallado por dos campañas militares muy grandes. Del “Desierto” se llamó en Puelmapu y “Pacificación de la Araucanía” en Gulumapu. La idea de los Estados era desaparecer al pueblo mapuche. No pudieron. Desde aquella época que los Estados, y ahora con multinacionales, invaden nuestro territorio.
En la comunidad el achicamiento arrancó en 1937 con Gendarmería, jueces, policías. Los mayores estuvieron peleando para que no les pongan alambrados. Hasta el 69, cuando asesinan a uno de mis tíos de 50 puñaladas. En esos días de velorio y autopsias, aprovecharon y metieron alambre, nos cerraron el territorio. Luego pasó algo similar con la dictadura.
-¿Cómo influyó la pérdida del territorio?
-En algún momento perdimos algunas de nuestras prácticas, pero siempre mantuvimos viva nuestra cultura y la enseñamos a los más chicos. Sí es cierto que frente al despojo y al no cumplimiento de derechos mucha de nuestras familias tuvo que emigrar. A Fiske Menuco, Bariloche, Esquel, Ñorquinco, Buenos Aires. A pesar de eso seguimos en el territorio.
Cómo se reorganiza un pueblo
-¿Cómo se dio el proceso reorganizativo del Pueblo Mapuche?
-Un punto de reencuentro se dio en 1976, en Neuquén, cuando se crearon las primeras organizaciones. Había coincidencia en reunir al Pueblo Mapuche, era necesario organizarse y enfrentar el avasallamiento del Estado. Estuvieron comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. Luego hubo otra reunión en 1982, en Bariloche. El retorno de la democracia también ayudó. En el ’84 se dio la conocida “gran nevada”, nos quedamos sin animales, y ahí la Iglesia Católica, el obispo Miguel Hesayne promovió la campaña “una oveja para mi hermano”. Se conformaron “centro mapuches” en varias ciudades y surgieron nuevas comunidades. También influyó a nivel nacional la discusión y sanción de la Ley 23.302 (sobre política indígena).
-¿Y también la Ley de Río Negro?
-En la provincia se dio la discusión y movilización por la Ley Integral 2287, que reconoce derechos indígenas y era de avanzada. Ya se había formado el CAI (Consejo Asesor Indígena), muy fuerte y que reunía a parajes, cooperativas, campesinos y comunidades. El lugar donde hacíamos todo era la Iglesia.
-¿Influyó la conmemoración del V Centenario?
-Fue muy importante. Se dio toda una movilización continental en el 92 y también en el 93 por el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En el 92 nos juntamos los mapuches de cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires) y de Gulupamu (Chile). Conformamos la bandera mapuche, retomamos conceptos y prácticas, nos fortalecimos como Pueblo Nación Mapuche.
-¿En esos años nace la Coordinadora Mapuche de Río Negro?
-En esa misma época comenzaba a tomar forma el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), comenzamos a reunirnos por regiones y veíamos que éramos todos conocidos. Nos propusimos dejarnos de mezquindades, debíamos trabajar en algo común para todos. En el 97 nos juntamos entre comunidades y el CAI a delinear una política de Pueblo Nación Mapuche en Río Negro. Ahí nace la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, es una coordinación en la acción. Ese proceso se sostiene hasta hoy día.
-¿Cómo funciona la Coordinadora?
-En asamblea. Cada comunidad participa con sus autoridades, plantea cuestiones, se debate, se decida. Y se eligen a las autoridades.
-¿Cuántas comunidades hay en Río Negro?
-Los gobiernos decían que había trece comunidades. Mediante el proceso organizativo van tomando forma las comunidades. Hoy existen 102 comunidades y si contamos las que aún no tienen personería o están organizándose son 138.
-¿Cuántas comunidades de las 102 participan en el Parlamento?
-Unas 60 comunidades.
-¿El resto?
-Otras están influidas por la política del Estado. Todos sabemos que el Estado tiene influencia con distintos mecanismo de captarte, llevarte para donde quieren y las forma de cómo decir las cosas.
-¿Son comunidades “oficialistas”?
-No sé si oficialistas, pero si más acorde a lo que los Estados hacen y dicen, tanto Provincia como Nación.
-¿Cuál es la mayor diferencia con ustedes?
-Nosotros nos plantamos como pueblo, no como comunidades ni como individuos.
-¿Cuál es el planteo principal como Pueblo?
-Pasa por la defensa del territorio y el rechazo al extractivismo. No permitimos ni petroleras ni mineras. El Gobierno insiste en que se explote pero viola todos nuestros derechos.
-¿Cómo definiría la situación del Pueblo Mapuche en Río Negro?
-El Pueblo Mapuche sigue estando en pie. Y hoy sigue con esperanza de abrir nuevos canales, con otros pueblos y también con no indígenas, docentes, médicos, periodistas, ONG. Lo negativo es que los gobiernos no tienen en cuenta lo que decimos ni nuestros derechos. Tanto de la Provincia, algunos municipios y de organismos del gobierno nacional, como Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura Familiar, que saben de la necesidad de la gente y juegan con esa situación, te bajan con subsidios y te desarman procesos organizativos.
Nación
-A nivel nacional participan del Consejo Plurinacional Indígena.
-Es un espacio de articulación, de encuentro. Con sus limitaciones porque no tenemos la estructura que quisiéramos, no podemos vernos muy seguido con hermanos de otras provincias que quedan lejos, pero vamos articulando.
-¿Cuál es la evaluación actual a nivel país?
-Muy áspera. Este gobierno y este modelo que se dice progresista va a meter todo lo que le queda para avanzar en los territorios, ya sea con petroleras, mineras o sojeras. Y al mismo tiempo bajan recursos a los territorios para debilitar a las organizaciones indígenas. Pasa en Formosa, Misiones, Salta, Río Negro y en todas las provincias. Bajan recursos a quienes les dicen todo que sí. Si hacés una crítica, te marcan y te tildan de enemigo.
-¿Qué papel juega el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)?
-Para el INAI nosotros somos un “asunto”, no somos personas con derechos, somos un “asunto” social más. Y en los territorios lo llenan de técnicos elegidos por ellos, que son de La Cámpora, el Movimiento Evita, Miles (Luis D’Elía) y Kolina (Alicia Kirchner). En todo el país pasa lo mismo.
-¿Cómo está el relevamiento territorial que obliga la Ley 26.160 en la Provincia?
-Falta el 50 por ciento de las comunidades. Hay que remarcar que el relevamiento no te soluciona nada. En mi comunidad por ejemplo la 26160 reconoce las 12.555 hectáreas, pero nosotros exigimos las 100 mil originales reconocidas por el decreto de 1903. Entonces tendremos que litigar contra el Estado.
-¿Qué opina de las organizaciones indígenas que hoy están alineadas con el Gobierno?
-No puede haber organizaciones indígenas que no luchen por el territorio. Y, si las hay, están prendidas en algo raro. Siempre ha habido gente buena y también gente que nos ha vendido al Estado. Sabemos que hay hermanos que privilegian a una bandera política por sobre su propio pueblo. Es lamentable pero es así.
-¿Piensa en alguien en particular?
-Todos los conocemos, muchos están en el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios). Es lamentable que algunos hermanos ataquen a un luchador como Félix Díaz y que esos mismos no denuncien a los gobiernos que privilegian a Chevron. Los que hacen eso han traicionado a su pueblo.
-A ustedes los han criticado como opositores al Gobierno y que le “hacen el juego a la derecha”.
-Jamás hemos estado en contra de los gobiernos, pero tampoco somos oficialistas ni obsecuentes. No le debemos favores ni a presidentes, ni gobernadores ni legisladores. Tenemos políticas propias. La lucha de los pueblos originarios tiene como principio básico luchar por el territorio y cuidarlo. Sin territorio no somos.
-¿En qué tema están haciendo hincapié como Consejo Plurinacional?
-En el tema de la consulta (a las comunidades por las cuestiones que pudieran afectarlas, vigente en legislación nacional e internacional) y consentimiento libre, previo e informado. Hay una propuesta a la Comisión de Población del Congreso Nacional. Queremos que se hagan debates en territorios, escuchar a todos los pueblos y concluir en Buenos Aires, pero es un proceso, no puede hacerse en pocos meses.
-¿Qué sería el “consentimiento”?
-El Estado debe tener el consentimiento de los pueblos indígenas en toda política que nos afecten, en trabajo, salud, educación y, claro, en los territorios.
-¿Cómo un gobierno que impulsa minería y el petróleo puede aprobar algo que pueda ser un freno?
-Sabemos que es muy difícil con los gobiernos de turno. A los gobiernos les importa poco lo que pensamos los pueblos indígenas, pero creemos en la conciencia de la sociedad, en la alianza de actores. Mucha gente sabe que de la cuestión territorial depende la vida de las futuras generaciones, no sólo de los PPII. Quizá lleve 20 o 30 años, pero tenemos esperanza.
Derechos humanos
-Argentina es vista a nivel internacional como un paradigma de los derechos humanos por el juzgamiento del genocidio de la última dictadura cívico militar. ¿Cuál es su mirada?
-Reconocemos que este Gobierno ha avanzado respecto a enjuiciar a culpables del genocidio de la dictadura. Pero esa dictadura la hizo un Estado. Y ese Estado primero nos masacró a nosotros, con desaparecidos, asesinatos, e hijos y nietos que han sido desaparecido y nunca recuperamos. Intentó eliminarnos y nunca hubo justicia. Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno. No pueden ser tan hipócrita de no reconocer que la primera violación de derechos humanos de Argentina fue con los pueblos originarios, desde la misma creación del Estado.
-En la marcha de 2010, del Bicentenario, tuvieron una reunión con la Presidenta y plantearon esa situación.
-Teníamos esperanza en el Bicentenario de que iba a ser un reconocimiento de ese genocidio y habría una reparación histórica.
-¿Por dónde pasa la reparación?
-No queremos indemnización, no queremos dinero. Queremos nuestros territorios.
-¿Cuál fue la respuesta de aquella reunión?
-La Presidenta nos dijo que si venían las petroleras iban a tener prioridad. Y que no nos opongamos. Ahí se terminaron los derechos humanos.
-¿Cuál es el balance desde 2003 referidos a pueblos indígenas?
-Para la mayoría de los hermanos estos diez años han sido terrible. Este modelo nacional y popular se llevó la vida de muchos hermanos. Te doy sólo dos ejemplos, bien claros, Javier Chocobar en Tucumán y Cristina Linkopan en Neuquén. Y no hubo justicia para ellos. ¿Sabés por qué? Porque para este Gobierno primero están sus gobernadores feudales y las multinacionales como Chevron. Ni el más oficialista te puede negar esa realidad.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en lavaca.org
Dic 9, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.
La Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.
El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.
En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.
La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.
En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.
Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.
Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.
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Denuncia por otra disputa
La Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Wirkalew denunciaron al comisionado (una suerte de intendente) del pueblo de Sauzal Bonito, Vicente Zenón Sandoval, por amenazas y lo responsabilizaron por la llegada de una patota que golpeó a integrantes de la comunidad y realizó disparos al aire para intimidarlos. El motivo es una disputa territorial.
Sauzal Bonito está ubicado en cercanías de Añelo, zona petrolera. La comunidad Wirkalew se reunió para una reafirmación territorial en un predio que utiliza y reivindica como propio. “Sandoval gobierna con mano dura a través de la coerción, del amedrentamiento y poniendo toda la institucionalidad del Estado al servicio de sus intereses personales. Cuenta con un gabinete de lujo, que llegó a insultar y agredir a las familias mapuches”, denunció por medio de un comunicado. Señaló que el comisionado pretende ese espacio con el fin de “lotearlo para sus familiares directos”. Alertaron que la comunidad fue rodeada por “un grupo de matones” que realizaron disparos al aire. “No hubo un muerto solo porque la comunidad mantuvo una actitud que evitó responder a esas provocaciones”, explicó la Confederación Mapuche y avisó que no abandonarán el territorio comunitario.
Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en el diario Página12.
Dic 6, 2014 | Asambleas Socioambientales, General
“Andalgalá de pie. En defensa del agua” es el cartel en letras grandes escrito en una carpa blanca, frente a los tribunales porteños. Observan con sorpresa hombres trajeados y mujeres con vestimenta típica de oficina. Chela Ignes, nacida y criada en Catamarca, se acerca y les da un folleto que explica por qué acampan en Plaza Lavalle: “La minería quiere desaparecer un pueblo de 20 mil personas. Le pedimos a la Corte Suprema que dé tratamiento al amparo ambiental que espera sentencia desde hace dos años”. Asambleístas catamarqueños estuvieron trece días acampando, vincularon la megaminería con la violación de derechos, reclamaron derogar las leyes del menemismo y prometieron volver si el Poder Judicial no da respuesta.
Andalgalá es la ciudad catamarqueña pionera de megaminería en Argentina. Desde hace 18 años extrae oro y cobre (entre otros minerales) Minera Alumbrera, un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo yacimiento, llamado Agua Rica (Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y se ubica más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen de agua a la población.
En 2009 las asambleas socioambientales y ciudadanos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal de Andalgalá y nació la Asamblea el Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo (ya realizaron más de 260 caminatas) y realizan campañas informativas y acciones directas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental. Estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia.
“Venimos a manifestarnos porque el amparo ambiental es fundamental para la vida de Andalgalá. Y no puede ser que esté dormido desde hace tanto tiempo aquí. Los catamarqueños necesitamos una respuesta”, reclamó desde Plaza Lavalle Chela Ignes.
El amparo ambiental hace hincapié en el ambiente sano como un derecho fundamental y solicita la suspensión del proyecto minero Agua Rica. Se fundamenta en que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros) y, previo a la autorización de la provincia, no se contó con la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.
La acción de amparo fue presentada en 2010. Solicitaron entrevista en la Corte Suprema pero no fueron recibidos. Sí tuvieron un encuentro en la Procuración General de la Nación. “Nos recibió una secretaria de (Alejandra) Gils Carbó. Reconoció que no sabía de nuestro amparo y dijo que antes de fin de año habrá dictamen”, señaló Alejandro de las Cuevas, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.
Otro dos aspectos son la judicialización de la protesta. Aníbal Núñez, de San Fernando del Valle de Catamarca, precisó que hay un piso de 110 activistas judicializados por oponerse a la megaminería (50 de Andalgalá y 60 de Tinogasta). También denuncian el incumplimiento de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, daba 180 días para relevar los cuerpos de hielo. Las montañas del oeste catamarqueño fueron incluidas recién en septiembre de 2013. “No hicieron un relevamiento completo. Dejaron muchas zonas grises con la clara intención de dejar abierta la posibilidad a las mineras”, acusó Alejandro de las Cuevas.
Durante el acampe en Buenos Aires recibieron la visita de la Comisión de Población del Congreso Nacional y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Reiteraron que la puesta en marcha de Agua Rica sería la “desaparición de Andalgalá” y pidieron un debate de fondo sobre las leyes mineras sancionadas durante la década del noventa.
En septiembre pasado, el gobierno provincial autorizó la puesta en marcha de otro proyecto en los departamentos de Andalgalá y Belén, llamado Bajo el Durazno, también en manos de Minera Alumbrera. Extraerá oro y cobre.
El miércoles pasado levantaron el acampe de Plaza Lavalle. Esperarán el dictamen de la Procuración General de la Nación y el fallo de la Corte Suprema. En caso de que sea negativo, prometieron volver a la Ciudad de Buenos Aires, con una medida por tiempo indeterminado.
* Por Darío Aranda. Publicado el 6 de diciembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).
Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.
El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.
Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.
Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura provincial tratará mañana un proyecto para poner un freno a las explotaciones mineras a cielo abierto. La propuesta fue presentada por una “iniciativa popular”.
En un hecho inédito para la democracia argentina, los legisladores de Chubut tratarán mañana un proyecto de ley presentado por una “iniciativa popular”, un mecanismo de democracia semidirecto que consiste en un proyecto impulsado por los ciudadanos y avalado por el tres por ciento del padrón electoral. La propuesta de ley consiste en la prohibición total de la megaminería (metalífera y nuclear) y la protección de las fuentes de agua. Impulsado por asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas, el proyecto resalta en los fundamentos la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irreversible es necesario tomar medidas protectoras) y el artículo 41 de la Constitución nacional (derecho al ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras).
Chubut fue el germen de la resistencia a la megaminería en la Argentina. En 2003 se realizó en Esquel el plebiscito que rechazó (con el 82 por ciento de los votos) la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego nacieron decenas de asambleas en toda la cordillera, y también espacios de resistencia en la costa de la provincia (Puerto Madryn, Trelew y Rawson, entre otros) y también la unión de organizaciones sociales y el pueblo mapuche-tehuelche en el centro geográfico de Chubut (llamado la meseta). También se sancionó la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera, pero no prohíbe la exploración, no legisla sobre las fuentes de agua y menciona la posibilidad de “zonas de sacrificio” (regiones donde se podría hacer minería).
La multinacional Panamerican Silver (una de las mayores corporaciones mineras) fijó sus ojos en la meseta, en el yacimiento llamado Navidad (un gran reservorio de plata y plomo). Los distintos gobiernos provinciales insisten, desde 2003, en avanzar en la explotación minera en el centro de la provincia. Las asambleas responden con una frase: “Si la minería no es buena para la cordillera (Esquel), tampoco lo es para la meseta (Gastre o Gan Gan)”. Y también recuerdan la frondosa legislación indígena que obliga a tener el consentimiento de las comunidades mapuche-tehuelches.
En 2012 y 2013, hubo un fuerte lobby de las corporaciones mineras (encabezado por la Panamerican Silver) para derogar la Ley 5001. La respuesta provino de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-Ch), que presentó en agosto de 2013 “la otra campaña”, para implementar por primera vez la “iniciativa popular”, una acción ciudadana contemplada por la Constitución de Chubut que obliga al Parlamento provincial a tratar un proyecto de ley presentado por la ciudadanía. La campaña fue lanzada de manera simultánea en una decena de ciudades. Como primer paso, debían juntar 11 mil firmas (el tres por ciento del padrón electoral), con nombre, apellido y número de DNI.
“El proyecto de ley fue hecho por y para el pueblo de Chubut, porque estamos cansados de vivir en este estado de zozobra, constantemente asediados por la embestida de las corporaciones mineras y por los gobiernos que viran sus políticas y que siempre están haciendo jugarretas para tratar de traicionar la voluntad del pueblo”, explicó Corina Milán, de Esquel.
El proyecto amplía los alcances de la Ley 5001, busca prohibir la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio) en todas sus etapas. La recolección de firmas se realizó en toda la geografía provincial. El 4 de abril de 2014 se presentó la primera “iniciativa popular” en la historia de Chubut. Con 13.007 firmas, los chubutenses avalaron el “proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”. La Legislatura tiene la obligación de tratarlo.
Los diputados por el oficialismo intentaron frenar la iniciativa. El primer argumento fue la supuesta invalidez de las firmas recolectadas. Pero el 16 de julio el Tribunal Electoral ratificó la legitimidad de las 13.007 firmas. Los legisladores luego impulsaron una proyecto de ley de zonificación, para habilitar el proyecto Navidad (en la meseta) y el proyecto Suyai (en Esquel). El 29 de octubre la Legislatura vivió un día de escándalo provincial al hacer esperar durante cuatro horas a Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Espen tenía pautada una entrevista con los legisladores e iba acompañada de asambleístas por el no a la mina. No fue recibida.
Al día siguiente, los legisladores dieron la entrevista esperada a las asambleas y organizaciones sociales. Y fijaron fecha de tratamiento al proyecto de ley para mañana. Será la primera vez que una iniciativa de este tipo, de democracia semidirecta, llegue a un Congreso provincial. Los votos están divididos. Los partidos Modelo Chubut (PJ), la UCR y el Polo Social aprobarían la ley. La duda es el Frente para la Victoria (FPV) que, a excepción de Vicente Jara, impulsa la megaminería. Vecinos de toda la provincia marcharán en caravana hacia la Legislatura exigiendo la aprobación del proyecto de ley. La consigna es una: “Por el futuro de Chubut, por trabajo y producciones sustentables. ¡No a la megaminería metalífera y nuclear en toda la provincia!”.
La Argentina cuenta con leyes provinciales que prohíben etapas de la megaminería o el uso de cianuro en la actividad extractiva en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Lo propio sucedía en Río Negro y La Rioja, pero los gobernadores vetaron las leyes. También existen prohibiciones en Montana y Colorado (Estados Unidos), República Checa, Costa Rica y Alemania, entre otros países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 19, 2014 | 2014
Las leyes clave del modelo extractivo que reclamaron las corporaciones. El Gobierno, una nueva soja y una ley a pedir de las petroleras.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
- La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de noviembre en lavaca.org
Nov 11, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Unas 120 mil misioneros participaron de manera voluntaria de una consulta popular convocada por organizaciones sociales: el 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en su territorio. “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas. Exigen que el gobierno provincial “cumpla la ley” y llame a votación obligatoria y vinculante. En los últimos veinte años se realizaron en Argentina cuatro votaciones referidas al extractivismo. En todas ganó ampliamente el rechazo a represas y mineras.
En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas (dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) y desalojará a 2500 familias. En Misiones está vigente la ley 56, que obliga al gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero desde hace tres años que el gobernador Maurice Closs rechaza convocar a las urnas.
La Mesa Provincial No a las Represas reúne a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. La semana pasada se conocieron los cómputos finales. Votaron 120.418 personas. El 96,82 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas) y 2,91 por el sí (3506). 323 sufragios (0,27 por ciento) fueron anulados por irregularidades.
Las localidades con mayores votos fueron Posadas (47.590), Oberá (10.390), Eldorado (9272), Puerto Rico (5746) y Puerto Iguazú (5538). En las localidades de Alba Posee y Azara –ambas serán directamente inundadas por la represa proyectada– concurrió a votar más del 80 por ciento del padrón electoral (el porcentaje más alto del que participa en esos lugares para elecciones de presidente o gobernador). En ambas localidades, más del 90 por ciento rechazó la construcción de represas.
Desde la Mesa Provincial No a las Represas hicieron entrega de carpetas con información detallada de la votación a las fuerzas políticas provinciales, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos (provincial y nacional). Y solicitaron que el pueblo misionero pueda decidir en un plebiscito “urgente, obligatorio y vinculante”.
En Misiones está vigente la ley IV-56. El artículo 6 es muy claro: “Para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.
En 1995, los gobiernos de Argentina, Paraguay y Misiones impulsaron la represa llamada Corpus Christi. Luego de un largo proceso de debates y marchas, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento de los misioneros dijo “no” a la construcción de la represa binacional. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas de la provincia.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 1, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
“En este mismo momento hay un niño en una escuela que está siendo fumigado con veneno”, denunció Jorge Bevacqua, entrerriano de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Sucedió en la primera audiencia pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con agrotóxicos. Se escuchó una veintena de relatos de trabajadores de la educación y detalles sobre alumnos y maestros afectados por químicos. Reclamaron un mínimo de 1000 metros de distancia entre las fumigaciones y las escuelas, cuestionaron el modelo agropecuario y denunciaron la “inacción” del Ministerio de Educación de la Nación.
El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.
Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.
Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.
Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.
La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Area de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).
Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.
La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.
Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.
El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.
Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
* Por Darío Aranda. Publicado el 1 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Oct 23, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y de DD.HH. llevan adelante esta semana una consulta para protestar contra las represas hidroeléctricas proyectadas.
Misiones está de votación. Esta semana, en más de 1000 urnas en toda la provincia, los mayores de 16 años deciden el rechazo o la aceptación de represas. Una sola de las hidroeléctricas proyectadas (Garabí) inundará 40 mil hectáreas (dos veces la ciudad de Buenos Aires) y de-salojará a 2500 familias. “Las represas son parte del modelo productivo perverso que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”, explicó el activista socioambiental Juan Yahdjian y llamó a votar: “La democracia actual no suele darnos muchas posibilidades de participar, pero ahora tenemos una oportunidad concreta para decidir nuestro futuro”. Por ley provincial, el plebiscito debe organizarlo el gobierno de Misiones, pero ante la negativa a convocarlo fue instrumentado por organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos e iglesias.
El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina que tiene su origen en la década del 80. Consiste en realizar una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y relanzaron formalmente el proyecto. Otros dos proyectos en carpeta son Panambí y Corpus.
La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a 46 organizaciones. Indígenas, campesinos, organizaciones sindicales y de derechos humanos, iglesias (evangélica, luterana y católica). Un amplio abanico y diversidad de posicionamientos políticos, con la coincidencia de rechazar las represas. Denuncian los efectos sociales (masivos desalojos forzosos), sanitarios (enfermedades), ambientales (inundación de extensas superficies y pérdida de biodiversidad) y el “maldesarrollo” (sacrificar territorios y producir energía de forma no sustentable).
La Mesa Provincial exige que se cumpla la Ley IV-56 vigente en Misiones. El artículo 6 señala que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”. El gobernador Maurice Closs, desde hace tres años, rechazó llamar a votación.
Las organizaciones sociales realizan actividades informativas desde 2011, exigen que se cumpla la ley y poder votar. Ahora, la Mesa Provincial No a las Represas organizó la consulta popular. “Que no represen tu voz. El pueblo decide. Vos decidís”, es la consigna que convoca desde el lunes hasta el domingo 26 para votar en toda la provincia. Hay mil urnas en plazas, escuelas, centros comunitarios, sedes de organizaciones sociales y sindicales, universidades, centros culturales y comunidades indígenas. La pregunta que convoca es: “¿Está usted de acuerdo con la construcción de nuevas represas que afecten territorio misionero?”. Hay dos boletas, una con el “Sí” y otra con el “No”. Votan todos los misioneros mayores de 16 años, deben concurrir con DNI y cuentan con planillas y un sistema informático que permitirá el control y que nadie vote más de una vez. Las jornadas contarán con fiscalización de ONG y veedores nacionales e internacionales. El lunes 27 se contabilizarán los sufragios.
Raúl Aramendy, integrante de la Mesa Provincial, explicó que las represas ocasionaron en Misiones “un conflicto profundo de aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales”. Detalló que la más publicitada es Garabí (que inundará 40 mil hectáreas), pero son al menos cinco los proyectos en carpeta. Alertó que la instalación de represas sin participación ciudadana “viola la ley, no es justo y con injusticia no puede haber paz”. Llamó a votar para “ser escuchados y enseñar democracia practicándola en las calle”.
La Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los efectos sanitarios. Los lagos que generan las represas son el hábitat de vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad de las represas”, explica la organización misionera Cemep-Adis, parte del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). La Mesa Provincial propone un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que apueste a energías renovables.
Nora De Dieu, de ATE Misiones, se preguntó para quién será la energía producida con las represas: “Necesitan más energía para asegurar las políticas extractivistas de multinacionales que avanzan sobre territorios y vidas”. Juan Yahdjian, 80 años, médico e histórico activista socioambiental de Eldorado, recordó la vinculación directa entre represas y enfermedades y citó al pueblo guaraní: “Nos enseñan que el río es para el ecosistema como la sangre para el cuerpo. Si la sangre no llega, esa parte del cuerpo enferma. Donde el río no llega, esa zona morirá”. Y vinculó las hidroeléctricas y las “hidrovías” (profundización de ríos para grandes barcos) al modelo extractivo vigente en Latinoamérica y que fue formalizado en el 2000 por doce gobiernos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Oct 20, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Foto: Negro Ramirez
Un documento firmado entre el Ministerio Público Fiscal neuquino y las comunidades mapuches reconoce la forma de resolver conflictos de los pueblos indígenas. En Chubut, un fallo judicial frenó un proyecto turístico por no consultar a los pobladores.
En un hecho inédito para la Argentina, comunidades indígenas ya tienen su propio sistema de justicia para resolver conflictos referidos al derecho penal (e incluso pueden aplicar penas). Sucede en Neuquén, y es el primer paso hacia la “justicia indígena”, derecho vigente en tratados internacionales de derechos humanos. “Es una vieja deuda del Estado que comienza a ser reparada por acción de los propios pueblos indígenas”, afirmó Daniel Salazar, del Consejo Zonas Pewence (del departamento de Aluminé). En Chubut, un fallo judicial frenó un emprendimiento turístico por no haber consultado y dado participación a las comunidades indígenas afectadas.
En agosto pasado, se firmó en Aluminé el documento llamado La Declaración de Pulmarí. Suscribieron el Ministerio Público Fiscal (MPF, de donde dependen los fiscales), el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP, espacio de 113 mil hectáreas cogestionado entre provincia y Nación, con participación indígena) y el Consejo Zonal Pewence (comunidades mapuches). El documento precisa: “Reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente”.
En septiembre pasado, el fiscal general José Ignacio Gerez (a cargo del Ministerio Público), firmó el “Instructivo para el reconocimiento y el respeto de las costumbre y métodos de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos”. En cinco carillas reglamenta la justicia indígena.
Refiere a casos de conflictos de derecho penal intracomunitario (robos, lesiones leves, amenazas). Entre los requisitos figura que involucre sólo a miembros de comunidades, que haya ocurrido en territorio indígena reconocido, que “el hecho no afecte gravemente el interés público” (asesinatos), que sea resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las propias comunidades, y que la sanción aplicada respete los derechos humanos. También señala que pueden aplicarlo las comunidades mapuches que tengan personería jurídica. Este último punto es cuestionado por la Confederación Mapuche de Neuquén, porque el gobierno provincial no otorga personerías desde hace catorce años (hay decenas de pedidos de inscripción).
Daniel Salazar, uno de los firmantes del documento de Pulmarí, explicó que el pueblo mapuche tiene su sistema de justicia milenario (llamado Nor Feleal), y resumió la gran diferencia con las penas impartidas por el Poder Judicial: “No castigamos, no mandamos a la cárcel. Mediante el consenso buscamos la reparación”.
Micaela Gomiz, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), afirmó que se trata de una medida “acertada y alentadora” y la definió como la “aplicación concreta del derecho a la libre determinación”.
El artículo Nº 1 precisa que “el fiscal general instruye a los fiscales, que deberán reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos”. El artículo Nº 2 señala que los fiscales “podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla”.
La Confederación Mapuche de Neuquén recordó que hace diez años (cuando se debatía la reforma al Código Penal) “proponíamos nuestro sistema de justicia y nos llamaban separatistas”. Dio la bienvenida a la justicia intracomunitaria y señaló que “el complejo camino hacia un Estado plurinacional va dando sus pasos, poco a poco el Estado se pone a la altura de la realidad”.
El Ministerio Público Fiscal fundamentó el reconocimiento al pueblo mapuche en la Constitución Nacional, Constitución de Neuquén, el Código Procesal Penal y el Convenio 169 de la OIT.
En Chubut, el Juzgado de Lago Puelo, a cargo de Guillermo Gregorio, falló a favor de las comunidades mapuches Cañio, Ñiripil y Sepúlveda, y suspendió el trámite administrativo de habilitación de un centro de esquí. Las comunidades mapuches presentaron una medida cautelar, porque no se habían respetado sus derechos. “El convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan”, señala el fallo del juez, fechado el 19 de septiembre. Y el juez aclaró que “la consulta efectiva es aquella en la que los interesados (pueblos indígenas) tienen la oportunidad de influir en la decisión adoptada. Una simple reunión informativa no constituye una consulta real”.
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Un convenio supralegal
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el juez Guillermo Gregorio de Chubut fundamentaron sus acciones en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Congreso Nacional aprobó el Convenio en 1992 mediante la ley 24.071 y fue ratificado internacionalmente en el 2000. Tiene rango supralegal (por encima de las leyes nacionales), establece numerosos derechos de los pueblos originarios y obligaciones a los Estados. “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…). Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. No deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”, son algunos de los derechos vigentes en sus 44 artículos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 20 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Oct 12, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.
En una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como “crucial y prioritaria” la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes” es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. “Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década”, resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la “autoidentificación” (quienes comenzaron a autorreconocerse).
Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).
En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).
La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).
En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la “evolución notable” del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. “En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas”, explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: “Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva”. Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.
“Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos”, destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es “una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina”, recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: “Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios”.
El organismo de Naciones Unidas remarca que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena”, vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe precisa que la “mala nutrición” es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: “Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas”. Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.
En la página 27 puntualiza: “El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones”. Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: “Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas”.
El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los “desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades” y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.
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Los recursos naturales
“El crecimiento económico registrado en la región es altamente dependiente de los recursos naturales. La reprimarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas y desencadenado numerosos conflictos”, explica desde el prólogo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y llama a revalorizar los conocimientos y las prácticas indígenas para “la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad”.
La Cepal reivindica la importancia del conocimiento tradicional indígena para enfrentar al cambio climático y señala que las resistencias de los pueblos originarios señala un camino que es necesario transitar: “Las luchas también consisten en proponer un nuevo modelo de sociedad en que se cuestiona el paradigma del desarrollo y se plantea el ‘buen vivir’ como alternativa”. En un hecho con pocos antecedentes para un organismo de Naciones Unidas, dedica un apartado al concepto indígena del “buen vivir”, que lo define como la memoria histórica de lucha, el respeto a los territorios, identidad, idioma, freno al extractivismo y puesta en práctica de la soberanía alimentaria.
Llamó la atención a organizaciones indígenas, organizaciones socioambientales, activistas y académicos el informe de la Cepal, ya que la organización se caracterizó por su posicionamiento favorable al extractivismo. El nuevo documento afirma que el actual paradigma de desarrollo, de extractivismo y consumismo, carga con “una serie de lastres y deficiencias que serían parte de su misma esencia, como el aumento de las desigualdades, la homogeneización cultural y la degradación medioambiental”.
Por Darío Aranda. Publicado el 12 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Oct 6, 2014 | 2014
Después de ocho años de investigaciones, el grupo GEMA de la UNRC elaboró un informe en el que confirma la vinculación “clara” del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.
Ocho años de investigación, quince publicaciones científicas y una certeza: los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. La afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina y clorpirifós son algunos de los agroquímicos perjudiciales. “La vinculación entre daño genético y cáncer es clara”, remarcó Fernando Mañas, investigador de la UNRC.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas” lleva como título la investigación publicada en la revista científica Toxicología Ambiental y Farmacología (de Holanda). El trabajo detalla el efecto genotóxico (el daño sobre el material genético) del glifosato en células humanas y de ratones. Incluso confirmaron daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta veinte veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo.
Otra de las investigaciones se llama “Genotoxicidad del AMPA (metabolito ambiental del glifosato), evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”. Publicado en la revista Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (de EE.UU.). El AMPA es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA). Confirmaron que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana. “El AMPA ha demostrado tener tanta o mayor capacidad genotóxica que su molécula parental, el glifosato”, afirma la investigación de la universidad pública.
“En diversas investigaciones confirmamos daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño cromosómico que vimos indica quién tiene más riesgo de padecer cáncer, a mediano y largo plazo. También otras enfermedades cardiovasculares, malformaciones, abortos”, explicó Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de la UNRC.
Mañas trabaja junto a Delia Aiassa y coordinan juntos desde 2006 el grupo de investigación. Al inicio era cinco investigadores. En la actualidad son 21 con enfoque multidisciplinario (biólogos, veterinarios, microbiólogos, psicopedagogos, veterinarios y abogados). El eje común son los efectos de la exposición a sustancias químicas sobre la salud humana, ambiental, animal. Trabajan junto a poblaciones expuestas a agroquímicos, estudian los cromosomas, el ADN y el funcionamiento del material genético.
En sus quince artículos científicos los investigadores confirmaron el efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral e involuntariamente a las sustancias químicas. La última investigación, de 2014, se realizó en niños de entre 5 y 12 años de Marcos Juárez y Oncativo (Córdoba), donde también se encontró un aumento en el daño en el material genético de los niños.
Explican que los estudios en cromosomas son sobre material genético. Hallaron altos niveles de daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño en cromosomas (material genético) alerta que la persona está en riesgo de desarrollar algunas enfermedades. “A mayor daño genético, mayor probabilidad de cáncer”, afirmó Mañas.
A lo largo de sus quince investigaciones utilizaron distintas técnicas. En todas confirmaron daño genético. “Los agroquímicos y el daño que provocan está absolutamente vinculado al modelo agropecuario vigente”, afirma Mañas, aunque aclara que es una opinión a título individual y no una postura de todo el equipo de investigación. Primero trabajaron con una muestra de veinte personas, de la periferia de Río Cuarto. Profundizaron con 50 personas en otras localidades y, luego, con 80 de Las Vertientes, Marcos Juárez, Saira, Rodeo Viejo y Gigena. Los productos más encontrados y que provocan más daño son el glifosato, atrazina, cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.
“Estrés oxidativo y ensayo cometa en tejidos de ratones tratados con glifosato y AMPA” es el título de otra de las investigaciones publicadas en la revista Genética Básica y Aplicada de Argentina. Confirmaron “incremento significativo” en el daño del ADN en hígado y sangre. En la revista científica Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología (de Estados Unidos) confirmaron el daño genético en trabajadores rurales. “Estos resultados muestran que la exposición humana a mezclas de agroquímicos puede incrementar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la genotoxicidad (cáncer, problemas reproductivos y/o en la descendencia)”, precisa la publicación científica.
Buena parte de las investigaciones del grupo académico está presente en el libro Plaguicidas a la carta. Daño genético y otros riesgos que trata las características de los plaguicidas, los efectos sobre el material genético humano y de animales silvestres, la susceptibilidad de las personas y los efectos del glifosato, entre otros agrotóxicos.
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Llamado de atención
“Se han publicado muchas investigaciones en Argentina. Entre evaluaciones sobre la salud humana y animal, determinación de niveles de contaminación y evaluación de efectos ambientales, probablemente se hayan publicado sólo en nuestro país más de cien artículos científicos que indican claramente que el uso de plaguicidas genera consecuencias que siguen siendo, en muchos casos, sistemáticamente ignoradas”, alertó Fernando Mañas, de la UNRC. El doctor en Ciencias Biológicas explicó que las mismas “empresas productoras de esos agroquímicos, investigadores y funcionarios suelen ignorar o descalificar las investigaciones cuyos resultados les resultan inconvenientes, y que son realizadas por investigadores independientes en todo el mundo. Deberíamos preguntarnos si es racional afirmar ciegamente que la información generada por la industria de los agroquímicos es confiable, y que aquella producida por investigadores no vinculados con la industria carece de valor científico”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 6 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Sep 25, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Primera Conferencia Mundial estableció, entre otros puntos, que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en toda decisión que los afecte.
Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. “Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente”, afirmó Cayuqueo.
Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas”(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.
Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: “Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. “El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de “convención” (de cumplimiento vinculante).
Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. “Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina”, afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: “En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas”.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.
El apartado veinte del documento aprobado insiste: “Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios”. El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: “Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables”.
Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un “plan de acción” para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure “aumentar la coherencia” para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.
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Un gran paso
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, evaluó que la declaración aprobada en la Conferencia Mundial es “un escalón y un gran paso”. Su antecesor (hasta mayo pasado), James Anaya, afirmó que uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de los derechos indígenas es “la ignorancia de los funcionarios nacionales”.
El mexicano Marco Matías Alonso, ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, resumió el pasado, presente y futuro de los pueblos indígenas: “La situación indígena contemporánea ha sido una historia de agravios y vejaciones interminables. Hay millones de indígenas en el mundo con pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida. La pobreza y la miseria se han expandido en los territorios indígenas. Aliviar, disminuir o anular la situación de pobreza indígena demanda políticas de Estado y firme compromiso de los gobiernos”.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, reclamó que “los compromisos que se adopten en ONU deben aplicarse a nivel nacional” y exigió que “termine la represión a los defensores de las tierras y derechos de los pueblos indígenas”. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, rindió homenaje a los “miles de indígenas que perdieron la vida” en la lucha por sus derechos y llamó a una “lucha frontal contra el racismo y la discriminación”
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los pueblos indígenas “son fundamentales para nuestro discurso de los derechos humanos y el desarrollo global, y tienen un papel importante en el impulso de un uso más sostenible de los recursos naturales”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 25 d septiembre de 2014 en el diario Página12.
