Oct 11, 2012 | 2012, General
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.
Por Darío Aranda
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
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Sep 19, 2012 | 2012, General
Por Darío Aranda
La multinacional italiana Benetton posee en la Patagonia Argentina 970 mil hectáreas, el equivalente a 48 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es el mayor terrateniente del país. En 2007, un matrimonio del Pueblo Mapuche (Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir) decidió recuperar su territorio ancestral y, en una acción inesperada para el poder político y empresarial, se instaló en 535 hectáreas en el corazón de las estancias de los hermanos Carlo y Luciano Benetton. En la década reciente, los pueblos originarios de Argentina han recuperado –mediante la acción directa– 240 mil hectáreas de territorios ancestrales. Estaban en manos de la multinacional Benetton, empresas mineras, grandes estancieros, Ejército y Gendarmería Nacional.
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Sep 19, 2012 | 2012, General
Por Darío Aranda
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
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Sep 19, 2012 | 2012, General
Por Darío Aranda
El Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a organizaciones indígenas de once provincias–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones, cuestionan que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios. Exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que (de aprobarse como fue enviado por el Poder Ejecutivo) es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial.
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Sep 19, 2012 | 2012, General
El Consejo Plurinacional Indígena y organismos de derechos humanos denunciaron que el proyecto de Código Civil se contradice con toda la legislación indígena vigente. Exigen que se respete el derecho a consulta y advierten que se equipara a las comunidades indígenas con los consorcios de edificios.
Por Darío Aranda
“El nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”, denunció Ignacio Prafil, werken (vocero) de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro e integrante del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), que se reunió en la puerta del Congreso Nacional para rechazar la reforma del Código Civil. Mientras en el Congreso se desarrollaba la audiencia pública para opinar sobre el proyecto, Prafil advirtió desde las escalinatas de ingreso al histórico edificio: “Desde el actual Estado se habla de derechos humanos, pero a la hora de los pueblos originarios parece que se acabaron los derechos humanos. Legislan sobre nosotros, pero no respetan nuestros derechos”. Acompañaron el reclamo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ya habían expresado sus cuestionamientos al proyecto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Exigen que los artículos vinculados a pueblos indígenas sean tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos.
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Sep 19, 2012 | 2012, General
Fumigar con agrotóxicos es un delito y tiene condena condicional, sin cumplimiento en cárcel. Así lo determinó ayer la Cámara I del Crimen de Córdoba en el juicio por fumigaciones en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo. Para las Madres de Ituzaingó el fallo fue “un golpe”. Pero los abogados lo valorizaron como inédito. La última jornada del juicio y las voces tras la sentencia.
Por Darío Aranda
Desde Córdoba
Luego de más de dos meses de juicio, y en el primer caso que llega a juicio penal, un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional –no es de cumplimimiento en cárcel-). Las Madres de Ituzaingó, organización nacida a medida que sus hijos enfermaban, cuestionaron el fallo: “Nos enferman, nos matan a nuestros hijos y no van a la cárcel. Es otro golpe más que nos dan, pero seguiremos luchando contra este modelo que enferma nuestros hijos, este modelo del gobierno nacional, el provincial y el municipal, siempre en beneficio de las corporaciones”.
En cambio la organización Paren de Fumigar de Córdoba y el denunciante, Medardo Avila Vásquez, revalorizaron el valor del fallo: “Es el primero en Argentina. Teníamos razón, las fumigaciones son delito y tienen condena”.
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