Abr 18, 2011 | 2011, General
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
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Abr 12, 2011 | 2011, General
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
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Abr 11, 2011 | 2011, General
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
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Abr 11, 2011 | General
En rechazo a la actividad minera, y de igual forma que decenas de pueblos de zonas cordilleranas, nacieron en Neuquén la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam) y de Loncopué (Aval), las dos localidades más cercanas al yacimiento. Todos los martes se reunieron, se informaron y de allí nacieron movilizaciones, campañas informativas, volanteadas, cortes de ruta. Siempre junto con la comunidad mapuche Mellao Morales.
Maestros, pequeños estancieros, estudiantes, amas de casa, la Iglesia Católica local e indígenas comenzaron a articularse como nunca antes. La organización llegó a reunir a dos mil habitantes en una ciudad de cinco mil personas. En mayo de 2009 también hubo una gran marcha en el centro de Neuquén, pidiendo que se sancione una ley de prohibición minera (como existe en siete provincias). Y sobrevino la represalia: 21 personas procesadas judicialmente, referentes de las asambleas y trece de ellos de la comunidad mapuche por el “delito” de cortar una ruta.
Enfrentaron juntos a grupos de choque (que los asambleístas vincularon con el gobierno provincial). Conocieron de intentos de división, hubo ofrecimientos de dinero, empleos, colchones, promesas de trabajo en la mina. Hubo denuncias de persecución a docentes que participan de la asamblea y la radio FM Arco Iris, que cubrió de cerca la movilización, sufrió la destrucción de su transmisor.
“El Estado hostiga a los disidentes de las políticas mineras oficiales, pero los intereses extractivos no han podido ingresar a territorio mapuche”, explica el militante y abogado de la Asamblea de Loncopué, Cristian Hendrickse, y detalla quizás una de las claves de la lucha: “Se dio aquí un caso interesante de unión de sectores muy heterogéneos para defender el medio ambiente. En los cortes de ruta podían verse mapuches junto a estancieros, paisanos junto a docentes, nacidos y criados con venidos de otros lugares. Los idiomas eran distintos pero la voz era y es una sola: No pasarán”.
Nota Principal:
No a la mina en territorio Mapuche
Mar 31, 2011 | 2011, General
La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores.
El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.
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Mar 18, 2011 | 2011, General
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
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