Mar 18, 2011 | General
Las arroceras San Carlos y Cancha Larga tienen como cara visible a Eduardo Michtry. El intendente de La Leonesa es José Carbajal y su esposa y diputada provincial, Elda Insaurralde. El apoyo mutuo es vox populi en la localidad y quedó explicitado el sábado 7 de agosto de 2010, cuando los científicos Andrés Carrasco y Raúl Horacio Lucero fueron amenazados, retenidos dentro de un auto y privados de dar una charla en la Escuela 35 de La Leonesa. Las filmaciones y fotos muestran a trabajadores de las arroceras, municipales y al intendente entre la patota. Una decena de asistentes fueron golpeados, entre ellos el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez. “Fuimos amenazados, golpeados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos, conocemos dónde viven’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederles a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. Aclaran que la violencia no cesó. “Hay vecinos que son asediados en forma constante por personas del entorno del intendente”, afirmó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.
Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. El 14 de enero fue cruzado por una camioneta de donde partió un mensaje claro: “Cuidate porque vas a desaparecer”. Denunciaron el hecho en la Legislatura provincial, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno. “Por cualquier daño que sufran los vecinos denunciantes, sus familiares y sus bienes se hará responsable al poder político y al empresario arrocero”, advirtieron los vecinos.
Nota Principal:
Primero la salud, después los negocios
Mar 10, 2011 | 2011, General
Página/12 reveló ayer los cables que muestran el lobby de la Embajada de EE.UU. a favor del herbicida y los cuestionamientos a Carrasco. Ahora, el investigador responde: “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel”.
Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco pasaba sus días entre experimentos, clases en la Facultad de Medicina y conferencias entre científicos. Sin mayores sobresaltos. Pero en enero de 2009 decidió investigar el efecto del glifosato, pilar del modelo sojero, en embriones anfibios. En abril de 2009 lanzó el alerta: “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión”. El trabajo fue publicado en Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio mediática, política y científica. Dos años después, ayer a la mañana, mientras desayunaba, se sorprendió: un cable de Wikileaks, también revelado por este diario, daba cuenta de que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tomó nota de su trabajo y ejerció lobby para defender el cuestionado herbicida y a la empresa productora, Monsanto. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado”, sostiene Carrasco y sonríe: “Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.
(más…)
Mar 9, 2011 | 2011, General
El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades en conflicto de todo el país.
En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
(más…)
Mar 9, 2011 | General
La violación del territorio mapuche por parte de la empresa Piedra del Aguila llegó en abril de 2010 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Destacamos la celeridad que acompañó todas las peticiones realizadas por la empresa, en contraposición a las demoras, que llegaron a meses, de los planteos de la comunidad”, denuncia el planteo de la comunidad Wentru Trawel Leufu y precisa la sistemática omisión de la legislación indígena por parte de las juezas (Graciela Blanco, Nancy Vielma y Carina Alvarez).
La presentación explica que durante los tres años de conflicto la empresa alteró la vida comunitaria, instaló puestos policiales dentro de la comunidad, atentó contra ella, ensanchó seis kilómetros de caminos, desmontó vegetación nativa, realizó zanjeos, destruyó viviendas y permitió la matanza de animales de la comunidad, que padeció pérdidas económicas que modificaron su forma de vida.
Piedra del Aguila cuenta con pocos antecedentes de trabajo. En los sitios especializados en la actividad petrolera sólo se señala que la compañía fue fundada en octubre de 2006 (sólo dos meses antes de que el gobierno de Jorge Sobisch le diera la concesión en Picún Leufú), opera sólo en Neuquén y la publicidad corporativa se ufana de poseer “uno de los mejores equipos de trabajo de exploración”. También remarca que se caracteriza “por su eficiencia y agilidad en sus operaciones”. Los teléfonos que figuran en su sitio de Internet están desactualizados. Los números de las oficinas en Buenos Aires y Neuquén ya no corresponden a la compañía. Tampoco responden los correos electrónicos.
“El anterior gobierno (de Jorge Sobisch) y el actual (de Jorge Sapag) están del lado de la empresa, son sus cómplices y trabajan junto a empresas y estancieros”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu, y afirmó que el “poder político y el Judicial impulsan la mano dura contra el pueblo mapuche”. Desde el gobierno de Neuquén no aceptaron referirse al tema.
Subnotas anteriores:
Benetton deberá esperar
Un Carnaval contra la mina
Nota Principal:
Plantar bandera
Mar 9, 2011 | General
La meseta de Chubut es el centro geográfico de la provincia, de clima seco, rutas solitarias y clima inhóspito. Allí viven desde hace generaciones indígenas, puesteros y también descendientes de inmigrantes. La cría de animales es la tradición, aunque en la década del ’80 fue noticia nacional porque la dictadura militar intentó instalar en el lugar el primer basurero nuclear del mundo. La movilización popular lo rechazó. Treinta años después, la región experimenta un déjà vu: pretenden instalar una mina de plomo y plata (llamada Navidad), a pesar de que una ley provincial prohíbe la actividad. Las comunidades indígenas, que ya sufrieron la profanación de un cementerio por el avance minero, anunciaron el rechazo a la actividad y, junto a las asambleas socioambientales de la provincia, realizaron el fin de semana una marcha de dos días hasta el cuestionado yacimiento. La empresa, Pan American Silver, aseguró que no tiene “nada que ocultar” y anunció que mantendrá con la comunidad una política de “tranqueras abiertas”.
Desde Chacay Oeste, Laguna Fría, Blancuntre, Pire Mahuida, Sacanana y Gan Gan comenzaron el domingo a la madrugada una lenta cabalgata por la ruta provincial 4. Se detuvieron en cada vivienda rural e informaron sobre los perjuicios de la minería. El lunes al mediodía se encontraron en la tranquera del emprendimiento minero con los asambleístas del oeste de la provincia (Esquel, Pueblo, Bolsón) y del este (Trelew, Comodoro Rivadavia y Madryn). Por la tarde hubo una caminata en Gan Gan, donde los Vecinos Autoconvocados celebraron el “Carnaval de la resistencia”, con música y comidas. También estuvieron los integrantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
A pesar de la prohibición, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 el yacimiento Navidad.
Desde la Asamblea de Esquel afirman que, luego de las elecciones, el gobierno provincial buscará modificar la ley y habilitar la minería en la meseta, donde viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que obligan a “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Argenta (filial local de Pan American Silver), Fernando Muratore, señaló que la compañía respeta toda manifestación pacífica, sostuvo que la marcha es una “buena oportunidad para que se acerquen y conozcan el área del proyecto”.
La compañía tomó nota del tema más preocupante para la población (el agua). En febrero último difundió un informe que tuvo amplia cobertura en los diarios provinciales. Informó que detectó “importantes recursos de agua subterránea en el área de la mina y sus alrededores (…) Se trata de recursos de gran tamaño que no habían sido identificados previamente”.
Las asambleas ambientales descreen del anuncio, sobre todo porque la compañía no hizo público el supuesto estudio hidrológico. Muratore dijo que todos los estudios están a disposición de la provincia, pero solicitó tiempo para hacerlos públicos.
Desde el Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia afirmaron en 2009, y aún sostienen, que en la meseta no hay agua en cantidad suficiente para la minería y advierten que se secarán las aguadas y mallines. A la crítica se sumaron las asambleas socioambientales y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
Subnota:
La historia de la empresa
Subnota anterior:
Benetton deberá esperar
Nota Principal:
Plantar bandera
Mar 9, 2011 | General
La comunidad Santa Rosa apelará la orden de desalojo y advirtió que resistirá cualquier intento de expulsión. Los abogados dicen que no se respetó el derecho indígena.
La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.
“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.
El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.
“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.
Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.
El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.
En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.
El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.
Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.
Subnotas:
Un carnaval contra la mina
La historia de la empresa
Nota Principal:
Plantar bandera
