Feb 27, 2011 | General
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (…) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (…) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (…) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
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Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Feb 14, 2011 | General
“Agricultura, ganadería y actividades conexas”, es el nombre del apartado referido al control de trabajo irregular realizado todos los años por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Durante 2010 la “informalidad” (también conocido como “trabajo en negro”) en el campo llegó al 50 por ciento, encabeza el ranking junto al trabajo doméstico. El último año se inspeccionaron 3290 establecimientos, el 1,03 por ciento del total de establecimientos agropecuarios del país (317.816 según el último censo agropecuario).
“La situación del trabajo rural en Argentina es preocupante, aunque en los últimos siete años bajó diez puntos”, sostuvo el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Guillermo Alonso Navone. El funcionario señaló que el trabajo no registrado en el campo aumentó durante tres décadas hasta 2003, cuando llegó al pico de 60 por ciento y, sostuvo, allí comenzó el descenso. Sin embargo, al momento de la entrevista, no pudo facilitar las planillas para corroborar los datos. Precisó que se entrecruzan datos del último censo (2001), las proyecciones en el tiempo de esos mismos datos (que indican la existencia de un millón de trabajadores rurales), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales) y cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La EPH releva 31 centros urbanos, no rurales.
El funcionario explicó que el Ministerio cuenta con 400 inspectores para todas las actividades. En 2008 realizaron 2987 fiscalizaciones, con un resultado de 54 por ciento de trabajo no registrado. En 2009 fueron 2681 las inspecciones, y la informalidad aumentó al 56 por ciento. En 2010 el índice de informalidad, en base al trabajo de los inspectores, fue del 59 por ciento. Curiosidades del último relevamiento: en San Luis se realizaron sólo 19 fiscalizaciones, en Santa Cruz 17, en La Pampa 13 y en Neuquén sólo dos inspecciones, entrevistados 28 trabajadores, es busca de trabajo no registrado.
Alonso Navone recordó que los trabajadores no registrados no tienen obra social, no cuentan con protección ante un accidente de trabajo, pueden ser despedidos sin que se les pague indemnización y no reciben asignaciones familiares ni jubilación. Explicó que cada provincia ejerce el poder de policía laboral en su territorio, sobre todo en lo referido a las condiciones generales del trabajo, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y las normas de los convenios colectivos de trabajo. De esta forma, el Ministerio de Trabajo no inspecciona las condiciones de explotación laboral o “esclavitud”, que corren por cuenta de las provincias.
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Explotación laboral y muerte
A lo largo y ancho del país
“Todas caras de una agricultura industrial”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) está conformado por unas 15.000 familias rurales de diez provincias. Y no tiene dudas: “En la gran mayoría de las actividades del campo bajo patrón hay explotación, es un tema endémico y generalizado en la agricultura argentina», lo vinculan directamente al modelo agropecuario y reiteran la necesidad de impulsar políticas activas que respeten y favorezcan a indígenas y campesinos.
“Represión a los Qom, Villa Soldati y trabajo rural esclavo: todas caras de una agricultura industrial” es el título del documento donde el MNCI vincula la feroz y aún impune represión en Formosa, los asesinatos en el Parque Indoamericano y las condiciones de trabajo de la pirámide de la población rural. “La concentración de la tierra y el agua en pocas manos, y la falta de apoyo a la agricultura familiar y campesina propician el trabajo esclavo en condiciones infrahumanas al que son sometidos miles de trabajadores en el campo”, denuncia, señala los casos conocidos a comienzo de año en San Pedro y Ramallo (desflore de maíz) y menciona como responsables del modelo a la Mesa de Enlace y a las “corporaciones transnacionales”, entre ellas Monsanto, Nidera, Dreyfus y Syngenta.
No apunta contra el gobierno nacional, pero contradice a algunos discursos oficiales al afirmar que la explotación en el campo “no son situaciones aisladas o excepciones, son consecuencias generales del modelo agropecuario instalado en Argentina”. Advierte que las injusticias y atropellos contra el trabajador rural “no pueden eliminarse sin una transformación profunda del modelo”.
A lo largo del documento el MNCI remarca la contradicción de denunciar el “trabajo esclavo” y al mismo tiempo sostener el modelo que lo posibilita. Hace un llamamiento a modificar el rol del Estado, puntualiza una serie de medidas imprescindibles para fortalecer al sector rural en las antípodas de la Mesa de Enlace, y solicita al Gobierno que “transfiera los subsidios que se otorgan al agronegocio hacia la agricultura familiar”.
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Gobierno: “Una situación preocupante”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
-“En Corrientes es conocida la explotación en las zonas de cítricos, sobre todo en la época de cosecha. Y desde hace unos años surgió el cultivo de arándanos, que busca captar a chicos y mujeres porque el cultivo es delicado y se necesitan manos chicas por el tamaño de la fruta”, explica Fabiana Janin, del Foro por la Tierra del Chaco, espacio multisectorial que actúa en la región. Y también apuntó a un rol ya naturalizado: “Es muy común la explotación del peón de estancia, la persona que vivió toda la vida en un campo enorme de un terrateniente y es un ‘esclavo sin saberlo’, sujeto a los humores e injusticias del patrón de estancia”. Rolando Nuñez, de la ONG de derechos humanos Centro Nelson Mandela, complementa: “Se encuentra muchos casos de trabajo semi esclavo o esclavo en todo el campo chaqueño. Un solo ejemplo: en la zona del Impenetrable el peón rural no tiene salario”.
-El Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) denunció en enero último “situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales” en establecimientos ganaderos al margen del río Pilcomayo. “La mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayo que son reclutados en su país por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos, alertó y precisó que los trabajadores se dedican al desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales, galpones.
-La Rioja es una histórica provincia con producción de aceitunas. En Aimogasta, a cien kilómetros al norte de la capital provincial, fueron rescatados casi mil trabajadores en febrero de 2007. Todos provenían de las provincias norteñas, dormían en carpas sobre las mismos cajones de la cosecha, no contaban con agua, electricidad ni baños. La paga era incierta.
-De Santiago del Estero migran cada año miles de personas para trabajar en distintas cosechas. Desde el Movimiento Campesino santiagueño (Mocase) señalan que los departamentos que más migración padecen son Atamisqui, Salavina y Loreto (viajan a la cosecha de papa y el desfore de maíz). Y Copo, Alberdi y Pellegrini, que viajan a la caña en Tucumán y a la aceituna en Catamarca y La Rioja. Desde hace décadas se instaló la práctica que los hombres abandonen sus comunidades durante meses. Cuando los hijos crecen, replican la vivencia del padre. El Movimiento aporta dos consecuencias silenciadas de esta migración: las comunidades quedan desprotegidas y los empresarios aprovechan esos meses para aumentar sus ataques sobre los territorios campesinos. En segundi lugar, la ausencia de campesinos impacta negativamente en las comunidades, ya que caen los stocks físicos de maíz, zapallo, sandía y animales, entre otros. La consecuencia es la pérdida de la soberanía alimentaria de los comuneros y el ingreso a un círculo de pobreza con cada vez mayor dependencia de los trabajos en condiciones de explotación, por monedas, o los deja a merced de las dádivas clientelares de la política.
-Las plantas de celulosa son muy cuestionadas desde su consecuencia ambiental, pero poco se sabe de sus primeros eslabones: los motosierristas de Misiones y Corrientes, hacheros del Siglo XXI, que cortan y apilan los árboles que luego serán las hojas de las impresoras. Trabajan para terceridas al servicio de grandes empresas, duermen bajo lonas y plásticos viejos, donde sobreviven de lunes a sábado. Son trasladados hacinados, cientos de kilómetros, en camiones destruidos. Soportan jornadas de hasta catorce horas de trabajo, paga mínima, maltratos y accidentes constantes.
-Bahía Blanca, Patagones, Pedro Luro e Hilario Ascasubi, todas localidades del extremo sur de Buenos Aires, zona de siembra de cebolla. En noviembre y diciembre llegan gran cantidad de migrantes del norte del país y de Bolivia. En esa época del año se requiere mano de obra para la limpieza (“desyuyado”). En enero comienza la cosecha (“arrancada”) y apilada. En marzo y abril es periodo de empaque. “Los casos de trabajo esclavo son excepcionales, muy poco, pero sí hay mucha explotación, hacinamiento, eternas jornadas y mala paga. Ese tipo de condiciones se da en el 90 por ciento de los casos. Es un fenómeno que hace 150 años espera respuestas del Estado”, explicaron desde la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Migratoria de Bahía Blanca
-En la zafra lanera de la Patagonia funcionan “comparsas” de esquila, cuadrillas de veinte personas que se reparten roles: agarradores, esquiladores, enfardadores, clasificadores, cocineros. Son llevados de estancia en estancia, duermen en galpones fríos o dónde pueden, entre agosto y enero. “Es un trabajo muy exigente. Algunas veces, las menos, trabajan en blanco, casi siempre en negro. Es muy duro desde lo físico, los esquiladores hablan que quienes tienen diez campañas sobre el lomo tienen problemas físicos, de columna, cintura, dolores variados”, explica Carlos Irasola, delegado en Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
-El carbón que usan en las ciudades para el asado del domingo proviene de la explotación laboral. Familias enteras recolectan leña, la cortan y acumulan ordenada dentro de un gran horno de ladrillo. Cierran el horno y se prende fuego, que no debe apagarse durante 15 días para que se logre la carbonización de la leña. “Son condiciones absolutamente insalubres, se le paga 20 pesos por jornada de diez a doce horas. Muchas veces trabaja toda la familia. Los menores trabajan de noche, cuidando que no se apague el horno”, afirma Rolando Nuñez, de la ONG Nelson Mandela de Chaco.
-La caña de azucar en Tucumán y el algodón en Chaco fueron dos actividades referentes en el trabajo en condiciones de explotación. Requerían gran cantidad de mano de obra. Con la tecnificación de la cosecha, descendió notablemente la necesidad de trabajadores. Sin embargo, aún persisten establecimientos donde se mantienen los regimenes irregulares.
-Otras actividades y lugares del trajo precario: tabaco en Jujuy, cebolla en San Juan, fruta fina en Chubut y Río Negro, rosa mosqueta en Río Negro, arándanos y cítricos en Corrientes y Entre Ríos, limón en Tucumñan.
-En todo el campo se registra empleo de mano de obra, pero suele haber diferencias en cómo lo entienden los organismos internacionales, funcionarios o académicos y cómo lo practican desde hace generaciones las familias del campo. Todos rechazan el empleo explotador de los niños por parte de privados, a destajo, pero los campesinos diferencian claramente en la actividad que consiste en ayudar a la economía familiar: alimentar los animales propios, ayudar en la chacra familiar, ordenar las cabras y vacas, y otras tareas propias de la tierra campesina o indígena. El trabajo infantil en el campo, al igual que la legislación laboral (insuficiente e incumplida), amerita toda una producción especial aparte.
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Gobierno: “Una situación preocupante”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
Hombres, mujeres y niños. En total, 114 personas. Todos en condiciones de servidumbre, maltratados y golpeados para que cosechen aceitunas. Fue en marzo de 2010 en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. Habían sido trasladados, engañados, desde Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y, sobre todo, de Chaco. Les habían prometido 150 pesos diarios, pero sólo les pagaban 30. No sabían dónde estaban y, sin dinero, no podían dejar el lugar. Fueron rescatados por la División Trata de Personas del Chaco.
“Desde siempre los indígenas fueron llevados a trabajar en situación de esclavitud. Trabajar hasta 18 horas consecutivas, sin alimentos en algunos casos, dormir poco, hacinados en galpones donde sólo tienen pastos para acostarse. La mayoría son hombres,aunque siempre había algunas mujeres y niños.
Se regresa cuando terminaban de levantar la cosecha, por lo general por sus medios, ya que son abandonados por los empresarios”, afirmó Julio Bernio, del Instituto de Cultura Popular (Incupo), que trabaja junto a pueblos indígenas de Chaco.
El 19 de julio de 1924, en el Chaco se ejecutó la “Matanza de Napalpí”, más de 200 muertos, incluidos ancianos, mujeres y niños. A los indígenas se le pagaba jornales muy inferiores a los del resto del país, por lo cual los indígenas se resistieron a levantar el algodón, y el gobernador Centeno prohibió que los originarios dejen suelo chaqueño. El indígena no podía trabajar su propia tierra, su única alternativa era seguir cosechando como esclavo. Al pretender emigrar a otras provincias, los aborígenes fueron masacrados. La Matanza de Napalpí tuvo directa relación con la decisión del gobierno de ampliar las zonas de cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en pequeñas reservas.
La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política y económica, tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado, en fuerza de trabajo.
En septiembre de 2008, dieciocho peones rurales, la mayoría de la etnia toba, escaparon de una finca en San Ramón de la Nueva Orán (Salta) y denunciaron que eran esclavos de un empresario maderero. Los hacían trabajar largas jornadas, no les pagaban, los amenazaban, les secuestraron los documentos y eran obligados a dormir a la intemperie. Luego de cuatro días sin comida ni agua, y pese a la amenaza del capataz, escaparon. Diez días después, con la ayuda de los vecinos, volvieron a sus comunidades, en Formosa. No hubo detenidos ni procesados.
“Hay muchísimos casos que nunca llegan a conocerse. Las condiciones de trabajo infrahumanas se repiten a cada caso, los campamentos son de una precariedad extrema, nadie parece ocuparse de la situación social de los trabajadores y sus familias. Los dueños de las fincas deslindan responsabilidad, trabajan con contratistas que casi nunca cumplen las condiciones pactadas al momento de llevar a la gente. Nadie se ocupa de controlar. Los trabajadores deben aceptar sobreprecios en los alimentos porque se encuentran obligados a vivir de lo que les venden sus contratistas. Muchas veces quedan endeudados con lo que deben aceptar otros trabajos con el mismo contratista y es una rueda que no para”, explicó Ana Alvarez, de la ONG Asociana, con trabajo en el norte de Salta.
En la zona hay dos principales actividades que explotan trabajadores. La cosecha de poroto y, el desmonte para luego sembrar soja. La tierra para monocultivo requiere el “deschampe”, que es el desraizado y limpieza de lotes luego del paso de la topadora. En general el dueño de la finca acuerda con un contratista. Los trabajadores son trasladados en camiones y rara vez saben dónde están trabajando. Viven bajos plásticos, la paga nunca es clara, muchas veces con alimentos sobrevaluados, alcohol y hojas de coca. Finalizado el trabajo, suelen ser abandonados, deben mendigar para volver a sus casas.
En octubre de 2008, Albertina Díaz, wichi oriunda del paraje Misión La Paz, se encontraba junto a su familia trabajando en un desmonte en el departamento de San Martín. Estaba embarazada. Se descompuso, pero no recibió atención médica. Falleció ella y su bebé.
En la misma semana, en la finca Caraguatá, a 120 kilómetros de Tartagal, fallecieron dos niños wichi mientras sus padres, Gerardo Negro y Antonia Ceballos, eran mano de obra explotada en el desmonte. La Agencia de Noticias Copenoa precisó que los fallecidos tenían sólo un mes y dos años, padecían una infección, no tuvieron atención médica y hacía tres días que no ingerían alimentos ni agua. Sus cuerpos fueron enterrados bajo los árboles de la misma finca que ofició de verdugo. La familia pidió justicia, pero no hubo gremio, funcionario ni juez que investigue el crimen.
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Gobierno: “Una situación preocupante”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | 2011, General
Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.
“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal (…) He visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría (…) el trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha”. Fechado el 30 de abril de 1904, escrito por Juan Bialet Massé, en su histórico “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. Radiografía del trabajo rural, un círculo de pobreza e injusticias que se repite desde hace más de un siglo. De sol a sol. Es la carecterística del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres «tachan», que implica el cargado del recipiente y lo descargan en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, donde –si no hay despido antes– se cobra. Todo depende de la pericia, y suerte. En un día muy bueno (los menos) se pueden reúnir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las provedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
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