May 27, 2009 | 2009, General
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
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May 13, 2009 | 2009, General
El Comité de Ética del Ministerio de Ciencia solicitó la urgente creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del agrotóxico. Deberán ser científicos sin vinculación a empresas y ajenos a organismos del Estado. Dudas sobre quiénes integrarán la comisión.
En un hecho inédito, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) solicitó al ministro Lino Barañao la urgente creación de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los riegos del glifosato, químico indispensable del modelo de agronegocios actual. También pidió que los especialistas a convocar no tengan vinculación (ni pasada ni presente) académica ni económica con empresas del sector, insta que se abstengan investigadores en representación de institutos u organismos del Estado y abre el juego a especialistas de sociología rural, ecología y ciencias ambientales. Las comunidades afectadas por las fumigaciones, de una decena de provincias, se mostraron escépticas hasta tanto no se sepa quiénes integrarán la comisión. La recomendación del Cecte se produjeron luego de analizar la investigación del prestigioso especialista en embriología Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
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May 11, 2009 | 2009, General
Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.
El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
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May 3, 2009 | 2009, General
El investigador de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco confirmó hace veinte días, mediante ensayos de laboratorio, el efecto devastador del glifosato en embriones, aún en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. Desde entonces es blanco de una campaña de desprestigio, sufrió amenazas e intimidaciones, y presiones de funcionarios nacionales. Agrotóxicos, la corporación científica, los periodistas, las comunidades fumigadas, el Gobierno y la necesidad de nuevos estudios.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
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Abr 28, 2009 | 2009, General
En San Juan, y durante tres días, se reunieron organizaciones y asambleas de todo el país que resisten a mineras, pasteras, agronegocios y contaminación urbano-ambiental. Exigen la derogación de las leyes aprobadas en los ’90 y defensa de los bienes comunes.
«Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos, que privilegia negocios por sobre el ambiente y la salud de los pueblos.» Es la certeza que guía a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformado por un centenar de comunidades de todo el país, reunidas durante tres días en San Juan, una de las provincias emblema de la actividad minera. «Las UAC -como se las conoce en el espacio militante- son un espacio autónomo y asambleario, conformado por organizaciones que son la primera trinchera frente a la contaminación: pueblos en peligro por el avance minero, comunidades (rurales y urbanas) que padecen las fumigaciones, organizaciones sociales y familias víctimas de la contaminación urbano-industrial. En su noveno encuentro nacional, ratificaron el rechazo a los emprendimientos contaminantes, acordaron acciones directas (cortes de ruta, movilizaciones y escraches), denunciaron el veto a la ley que protegía los glaciares y advirtieron la creciente criminalización de la protesta. «Contra el saqueo y la contaminación», volvió a ser la frase que unificó el encuentro.
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Abr 16, 2009 | 2009, General
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
«Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan -agrotóxicos básicos de la industria sojera- en todo el territorio nacional.» El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
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Abr 13, 2009 | 2009, General
El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.
Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de «estudios serios» que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. «Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario», subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.
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Mar 30, 2009 | 2009, General
Una compañía líder, un modelo agrario y sus consecuencias sociales y sanitarias. Los secretos de la empresa, su poder ante los gobiernos y la ciencia. La investigadora francesa aborda todas las claves para contextualizar el monocultivo de soja y los agrotóxicos a nivel global.
-¿Cómo define a Monsanto?
-Monsanto es una empresa delincuente. Lo digo porque hay pruebas concretas de ello. Fue muchas veces condenada por sus actividades industriales, por ejemplo el caso de los PCB, producto que ahora está prohibido, pero sigue contaminando el planeta. Durante 50 años el PCB estuvo en los transformadores de energía. Y Monsanto, que fue condenada por eso, sabía que eran productos muy tóxicos, pero escondió información y nunca dijo nada. Y es la misma historia con otros dos herbicidas producidos por Monsanto, que formaron el cóctel llamado «agente naranja» utilizado en la guerra de Vietnam, y también sabía que era muy tóxico e hizo lo mismo. Es más, manipuló estudios para esconder la relación entre las dioxinas y el cáncer. Es una práctica recurrente en Monsanto. Muchos dicen que esto es el pasado, pero no es así, es una forma de obtener ganancias que aún hoy está vigente. La empresa nunca aceptó su pasado ni aceptó responsabilidades. Siempre trató de negar todo. Es una línea de conducta. Y hoy sucede lo mismo con los transgénicos y el Roundup.
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Mar 22, 2009 | 2009, General
La medida suspende la utilización del producto en la ciudad de San Jorge, corazón del monocultivo de soja, ante un recurso de amparo presentado por vecinos. Productores marcharon al juzgado en defensa de las fumigaciones.
Ailén tiene sólo 2 años, pero ya conoce la faceta más silenciada del cultivo de soja: cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agrotóxicos. Desde ese momento, cada fumigación es un camino directo al hospital, y todos los días recibe un cóctel de medicamentos para poder respirar. Ailén tiene los ojos color miel y la tez blanca, vive en San Jorge, centro-oeste de Santa Fe, pleno corazón del monocultivo, y su casa está a diez metros de una plantación de soja. Cada vez que las avionetas rocían los campos, se repiten las alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En base a estos padeceres y estudios médicos, la Justicia acaba de prohibir las fumigaciones con el agrotóxico Roundup, pilar de la industria sojera mundial y propiedad de la multinacional Monsanto. La medida privilegia la salud por sobre la actividad económica. Los productores agropecuarios santafesinos estuvieron lejos de aceptar el fallo: marcharon hacia el juzgado en defensa de las fumigaciones.
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Feb 17, 2009 | 2009, General
Un día antes de la audiencia a la que convoca la Corte para determinar sobre la prohibición del desmonte en Salta, los wichí cuentan cómo se las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance permanente de las topadoras.
Desde Tartagal, Salta
La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta. Comienza en Tartagal y -170 kilómetros después- finaliza en la frontera con Paraguay. Monte nativo, árboles añejos y pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona más preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar, deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la realiza ningún gobierno, sino las comunidades wichí que resisten a base de acción directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado circunstancial: la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los desmontes autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para una audiencia de las partes. Mañana será ese momento, cuando escuchará a las comunidades y también a la provincia y el gobierno nacional, que deberán explicar por qué se continúa arrasando territorio indígena. Los referentes indígenas muestran expectativa y escepticismo, en partes iguales. Y reina una certeza: «La cuestión de fondo es la tierra, no el desmonte».
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Feb 15, 2009 | 2009, General
Organizaciones campesinas y pueblos originarios denuncian los efectos de la tala y la explotación petrolera.
Desde Tartagal, Salta
El departamento de San Martín, con Tartagal como cabecera, cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos y agua. Es la región más rica de Salta, pero también es la zona con más pobres de la provincia. Volvió a ser noticia nacional luego de que agua, barro y troncos arrasaran un cuarto de la ciudad y dejaran sin casa a un millar de familias. Funcionarios de primera línea, tanto de la provincia como de la Nación, responsabilizaron a la naturaleza, que se habría ensañado con los salteños. Campesinos y pueblos originarios advierten desde hace años sobre los efectos del desmonte, aseguran que el alud tiene directa relación con la tala indiscriminada y, como cuestión de fondo, responsabilizan al modelo extractivo, que privilegia la explotación de bienes naturales en lugar de la vida. Empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales. Los campesinos advierten que, de continuar la misma política extractiva, «habrá muchos Tartagal».
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Feb 12, 2009 | 2009, General
Cientos de vecinos intentaban sacar el lodo de sus casas; muchos de ellos perdieron todas sus pertenencias. Los habitantes de Tartagal coinciden en que el origen del desastre está en el desmonte. Hay diez mil afectados y 700 evacuados.
Desde Tartagal, Salta
«La culpa no es de la naturaleza», fue la respuesta recurrente de los vecinos más afectados de Tartagal, al norte salteño. Y culpaban a la mano del hombre y la complicidad política, que impulsa la deforestación en la región. Además de la demora de obras públicas, sobre el río, que ya debieran estar finalizadas. Ayer a la tarde aún sacaban el barro de sus casas, y con las marcas de agua hasta un metro de altura, los habitantes de Barrio Centro miraban al cielo por dos motivos: rogaban el cese de lluvias y veían pasar al gobernador Juan Manuel Urtubey, que sobrevolaba la zona en helicóptero. Millares de troncos que bajaron del cerro fueron la antesala del desastre: conformaron un dique natural que desbordó el río hacia las márgenes, cuatro cuadras de cada lado, sobre los sectores más humildes. Salta había sido rebautizada como la «capital nacional del desmonte» por comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que desde hace años advierten las consecuencias del maltrato ambiental. El lunes a la mañana la naturaleza comenzó a darles la razón. Urtubey reconoció que la situación se agravó por los troncos traídos por la creciente, pero negó que su origen fuera la tala (ver aparte).
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Ene 21, 2009 | 2009, General
Una organización que viene denunciando los efectos de los agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una decena de provincias.
El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la denuncia toma como uno de sus fundamentos la «emergencia sanitaria» del barrio cordobés Ituzaingó Anexo -saturado de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones-, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la Presidenta. «Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada», advirtieron.
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Ene 21, 2009 | 2009, General
El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años. Todos los gobiernos, sin diferencia de signo político, avalaron e impulsaron que Argentina hoy sea el tercer productor mundial de grano de soja y el primer exportador mundial de aceite de la oleaginosa. También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de agronegocios. No comenzaron con la Resolución 125 los desalojos compulsivos de campesinos y pueblos originarios. No nació en marzo pasado la judicialización y represión indiscriminada que se padece a diario en los ranchos rurales. Tampoco es nueva la expulsión violenta de familias numerosas, siempre de la mano de empresarios sojeros (muchos de ellos miembros de la Mesa de Enlace). Y mucho menos es nueva la contaminación ambiental y los desastres en la salud que ocasiona el modelo agropecuarios vigente, donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de la multinacional Monsanto) es sólo su cara más famosa.
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Ene 12, 2009 | 2009, General
Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo.
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban «las locas», pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa -por primera vez- acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.
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Ene 2, 2009 | 2009, General
Organizaciones rurales denuncian el incumplimiento de la norma, el avance de los desmontes y la complicidad entre empresarios sojeros y la dirigencia política de las provincias involucradas. Como en Salta, donde acaban de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas.
Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas (ver recuadro), justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente.
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Dic 1, 2008 | 2008, General
El jefe de fiscales federales del NOA, Antonio Gustavo Gómez, impulsó un centenar de causas por contaminación y fue fundamental para lograr, por primera vez, el procesamiento de un alto ejecutivo minero. Cuestiona las industrias extractivas, reconoce la impunidad de cuello blanco y denuncia que quieren destituirlo.
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza cuatro millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico–, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación, aportó las pruebas más comprometedoras y tiene un discurso ajeno al protocolo. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
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Nov 14, 2008 | 2008, General
Con una carpa frente al Congreso, ayer terminó la semana de protesta y difusión sobre los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria extractiva. Organizaciones sociales piden derogar las leyes mineras y proteger los recursos naturales.
Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una certeza: «El agua vale mucho más que el oro». Impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones, militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan la actividad. «El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la minería», advierten desde la UAC.
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Nov 14, 2008 | 2008, General
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una «caza de brujas», la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. «Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos», denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
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Nov 13, 2008 | 2008, General
Entrevista – Eugenio Raúl Zaffaroni: pueblos originarios, Justicia y discriminación.
El juez de la Corte Suprema equipara las matanzas indígenas con el holocausto judío, señala que la sociedad argentina discrimina a las comunidades por una cuestión de clase social, afirma que el genocidio aborigen continua aún hoy y advierte que el derecho ambiental socava las bases de la jurisprudencia actual.
Frío, oscuro y con pasillos que parecen laberintos. Es el Palacio de Tribunales, pilar del Poder Judicial de la Nación, plagado de hombres de saco y corbata y mujeres de vestir sobrio, un micromundo con idioma propio, indescifrable para visitantes. En el segundo piso, una oficina amplia, luminosa y austera, un escritorio con pilas de papeles y el teléfono que no deja de sonar. Escenario de un hecho inédito, un juez de la Corte Suprema dispuesto a focalizar en la situación de los pueblos originarios, presentes en 19 provincias y, según las propias comunidades, con una población aproximada de 1,5 millón de personas. Treinta minutos de charla y definiciones lejos del protocolo. El genocidio indígena como antecedente del holocausto judío. Una sociedad que discrimina a las comunidades por una cuestión de clase y etnia. La necesidad de una reparación histórica. Un Estado que deja morir a pobladores originarios. El derecho ambiental como una matriz que conmueve toda la jurisprudencia. Todas afirmaciones y denuncias recurrentes en el mundo indígena, pero si las afirma Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro del máximo tribunal del país, funcionan como un llamado de atención para una corporación que suele negar, por acción y omisión, el derecho indígena.
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Oct 13, 2008 | 2008, General
El Congreso sancionó en 2006 una norma que prohíbe los desalojos indígenas y fija tres años para un censo catastral. Pero la expulsión de pueblos originarios siguió adelante y, a sólo un año de expirar el plazo, aún no se inició el relevamiento de tierras.
En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país. El Gobierno la presentó como una «reparación» para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Según consta en la legislación, sólo resta un año para finalizar el censo territorial que aún no comenzó.
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Oct 1, 2008 | 2008, General
Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla loas no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera -el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación-, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por «contribuir a las mejoras educativas». Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.
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Sep 22, 2008 | 2008, General
Cuestionado megaproyecto metalífero avanza en la Patagonia. La compañía canadiense Aquiline Resources y el gobierno provincial impulsan en plena meseta de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. Con reservas por diez mil millones de dólares, vulnera media docena de leyes, avanza sobre pueblos originarios y desoye el reclamo de las comunidades afectadas.
Por Darío Aranda y Luis Manuel Claps
Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de ripio. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. «Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?», increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero «Navidad», de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario, violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: aproximadamente 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día durante los quince años de vida del yacimiento y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido, calificó al proyecto como «una experiencia fantástica».
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Sep 22, 2008 | 2008, General
En el Día Internacional de los Derechos Indígenas, representantes de comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén relatan los conflictos que mantienen a más de un siglo de las campañas de exterminio. La disputa incluye trece mil hectáreas, donde viven 2800 familias.
Desalojos con quema de viviendas, matanza de animales y centenares de familias golpeadas. Operativo con cien soldados en plena dictadura, con robos y la detonación con explosivos militares de hogares indígenas. Prácticas de tiro y ejercicios de combate sobre cementerios de comunidades originarias. Esas son algunas de las acciones ejecutadas por el Ejército desde su llegada a Puelmapu (espacio ancestral mapuche al este de la Cordillera), cuando la región ya estaba habitada por el pueblo originario. Un siglo después de la Campaña al Desierto, comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén aún mantienen conflictos territoriales con el Ejército. El enfrentamiento incluye 2800 familias, trece mil hectáreas y una reparación histórica por los crímenes cometidos. Un dato del mundo al revés: todas las comunidades están denunciadas por «usurpación» del espacio donde siempre vivieron.
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