Abr 22, 2010 | 2010, General
Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una “sistemática violación” de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.
“Exigimos respeto” es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe “la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas”. Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia “la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas”. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
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Mar 29, 2010 | General
La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
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Contra el Bicentenario
Un plebiscito para decidir el futuro
Agua en peligro
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Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
Publicado en Página 12 el 29 de Marzo de 2010.
Mar 29, 2010 | General
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
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Un estudio con dudas
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Un plebiscito para decidir el futuro
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Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
Publicado en Página 12 el 29 de Marzo de 2010.
Mar 29, 2010 | General
“Agua Rica es la mina de la muerte porque matará los ríos y sabemos que sin agua no hay vida. De funcionar Agua Rica, morirá el pueblo, podrán hacer Pilciao 16 y todo lo que quieran”, explicó Graciela Chayle, de la Asamblea Vecinos por la Vida. El yacimiento se encuentra momentáneamente detenido (luego de la dura represión de febrero pasado), pero cuenta con la aprobación de la provincia. El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el próximo 25 de mayo, si acepta o rechaza el emprendimiento. Los gobiernos provincial y municipal ya adelantaron su rechazo a la medida y la declararon inconstitucional. Desde Yamana Gold (a cargo de Agua Rica), coincidieron con la postura de la provincia, advirtieron que la compañía se sujetará a la ley y rechazó las acusaciones sobre el uso masivo de agua.
En diciembre pasado, los Vecinos por la Vida resolvieron cortar el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo (tomaron el nombre del árbol que les daba cobijo en las noches), que fue duramente reprimida el 15 de febrero pasado por la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica.
A la represión le siguieron la movilización, el reclamo y el escrache. Al día siguiente, y motivado por “la alteración de la paz social y porque se han visto comprometida la seguridad de las personas y bienes”, el juez de Minas Guillermo Cerda suspendió la actividad de Agua Rica “hasta que esta situación se encarrile dentro de la normalidad”.
El titular de Yamana Gold, Hernán Vera, señaló a Página/12 que no puede “ni afirmar ni negar que hubo represión” y sí resaltó que “destruyeron las oficinas de la empresa, la Municipalidad y los empleados de la compañía tuvieron que huir de la ciudad con sus familias por temor a la violencia desatada”.
El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante el 25 de mayo para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica. El intendente José Perea –que rechazó hablar con este diario– debe promulgar o vetar la medida. En caso de vetarla, los concejales pueden tratarla nuevamente. “Si no hace nada, vencido los diez días, se autopromulga”, explicó el concejal Alejandro Páez.
El secretario de Minería, José Sinner, salió al cruce. Denunció que el referéndum “es ilegal” porque “el municipio no tiene competencia para poner en el debate el tema” y recordó que los recursos mineros son de la provincia. Vera consideró “inconstitucional” la medida y resaltó que Agua Rica ya fue aprobada.
Tampoco se mantuvo al margen la Secretaría de Minería de Nación. El lunes 15 de marzo fueron convocados los siete concejales por el secretario Jorge Mayoral. Tres de ellos –Alejandro Páez, Edgardo Bernal y Jorge Ramos–- propusieron concurrir con un vecino como asesor, pero se les denegó la propuesta. “Desde Nación nos advirtieron que la explotación de Agua Rica es un hecho. Nosotros creemos que el pueblo debe decidir”, explicó Páez. Este diario llamó a la Secretaría de Minería de Nación, no quisieron hablar sobre el tema pero confirmaron que cuatro concejales de Andalgalá estuvieron reunidos en esa dependencia.
La Asamblea Vecinos por la Vida no rechaza el plebiscito, pero tampoco lo considera su mejor carta. “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”, afirman. En el sitio de Internet de la Secretaría de Minería de Catamarca aún hoy puede leerse: “Agua Rica: La gran esperanza”.
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Un estudio con dudas
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Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
Publicado en Página 12 el 29 de Marzo de 2010.
Mar 29, 2010 | General
Asambleas de todo el país cuestionaron en Esquel las actividades extractivas, fortalecieron su red y anunciaron un acampe frente al Congreso nacional para repudiar los festejos del Bicentenario.
Desde Esquel, Chubut
Empresas mineras, compañías de hidrocarburos, negocios inmobiliarios que avanzan sobre bosques nativos, monocultivo de árboles, estancieros que cierran los caminos a los lagos, intentos de instalar represas con desalojos a cuestas y, como novedad, agrocombustibles. Todas las actividades, cada una con diversos cuestionamientos socioambientales, están presentes en las provincias del sur del país. “Se logró una mayor articulación entre las distintas luchas que damos en la Patagonia, se planificaron acciones conjuntas y más que nunca sabemos que la lucha es una sola”, explicaron desde la organización del XII Encuentro Unión Asambleas Ciudadanas (UAC), que durante tres días reunió a organizaciones sociales y activistas de todo el país. Entre las conclusiones se destacaron la mayor articulación entre las asambleas de todo país y la visibilidad de un cuestionado proyecto minero en el centro de Chubut. El próximo encuentro, espacio que reúne a buena parte de las luchas del país, será en Santiago del Estero.
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Mar 29, 2010 | 2010, General
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.
En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
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Mar 28, 2010 | 2010, General
Minería, basurales a cielo abierto, agroquímicos, contaminación fueron algunos de los negocios criticados por sus costos humanos. Y también el silencio que logran tejer en provincias enteras con su poder económico.
Desde Esquel, Chubut
Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
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Mar 27, 2010 | 2010, General
Durante tres días, asambleas ciudadanas de las distintas provincias se reúnen en Chubut para articular acciones contra las actividades extractivas. El objetivo es alertar sobre los efectos de la megaminería, las pasteras y las fumigaciones.
Desde Esquel, Chubut
La Asamblea de Esquel fue un freno en el avance de las empresas mineras y un paso adelante en la organización de comunidades que cuestionan la extracción de recursos naturales. En marzo de 2003, mediante un plebiscito en la ciudad, allí se determinó que el 81 por ciento de la población rechazaba la instalación de un yacimiento a cielo abierto frente a la ciudad. A siete años de aquella votación, medio centenar de organizaciones de una decena de provincias se congregan en el XII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación nacional donde confluyen los pueblos que luchan contra la megaminería, las comunidades (rurales y urbanas) que padecen las pasteras y las fumigaciones y las organizaciones que denuncian la contaminación urbano-industrial. La judicialización de la protesta, la represión a los asambleístas y la avanzada empresarial sobre la forma de vida ancestral de los poblados son algunos de los ejes de tres días de trabajo colectivo. Las UAC son un espacio inédito, diverso y autónomo, donde se debaten buena parte de las estrategias y luchas que se desarrollan en el país contra las industrias extractivas.
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Mar 15, 2010 | 2010, General
La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Tras un estudio exhaustivo después de la tragedia ocurrida en febrero de 2009, el Servicio Geológico Minero Argentino concluyó que el desmonte y la actividad petrolera influyeron en el fenómeno. Y advirtió sobre un posible nuevo desastre.
El 9 de febrero de 2009 amaneció con llovizna leve, a las 8 se transformó en diluvio y a las 10 se escucharon las sirenas. El alud de tierra, agua y árboles talados bajó del cerro formó un dique natural y desbordó sobre la ciudad de Tartagal. Dos muertos, mil afectados, 900 casas destruidas y pérdidas millonarias. A pesar de que tres años antes una investigación de la Universidad Nacional de Salta había alertado sobre la fragilidad del ambiente y la acción de empresas extractivas, desde los ámbitos de gobierno se culpó a la naturaleza. Las compañías agropecuarias y madereras deslindaron responsabilidades y las empresas de hidrocarburos optaron por el silencio. Campesinos, indígenas y organizaciones sociales apuntaron a la incidencia de la destrucción del monte del nativo, la tala y la acción hidrocarburífera. A un año del alud en Tartagal, una investigación del Servicio Geológico Minero Argentino –el organismo científico y técnico más especializado en el estudio de la tierra– confirma el impacto de la acción extractiva del hombre junto a los factores naturales para explicar lo sucedido y alerta que la tragedia puede repetirse. El gobierno de Salta rechaza esa hipótesis e insiste en factores naturales (ver aparte).
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Dic 16, 2009 | 2009, General
En 1902 el Gobierno Nacional entregó a familias mapuches 625 hectáreas, tierras donde hoy se erige la exclusiva ciudad neuquina de Villa La Angostura. El reciente desalojo de parte de la misma comunidad es un caso testigo de la negación de la historia y la violación de los derechos indígenas.
El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La última semana, la Comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. Los pobladores indígenas advirtieron que la causa estaba plagada de irregularidades, denunciaron que la Justicia desoyó legislación nacional e internacional, e informaron que el beneficiario fue un ciudadano estadounidense que asegura ser dueño del predio. El desalojo se dio un contexto de criminalización del Pueblo Mapuche y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.
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Nov 11, 2009 | 2009, General
Julián Domínguez se reunió en Santiago del Estero con el movimiento campesino más importante del país. Es la primera vez que un ministro lo visita. Escuchó sus reclamos y recibió propuestas para impulsar la soberanía alimentaria y fortalecer al campesinado.
Quimilí es una localidad santiagueña de casas bajas, historia agraria y epicentro de las luchas rurales de los últimos veinte años, protagonizadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Ubicada a 250 kilómetros de la capital provincial, a las afueras de la ciudad sobresale una casona campesina extensa, de veinte metros de largo y diez de ancho, galería a sus cuatro lados y una bandera roja, blanca y celeste que da la bienvenida: “Soberanía alimentaria y reforma agraria integral”. Es una de las históricas centrales del Mocase y también una de las 59 centrales del indómito Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En una inusual medida, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó el lugar, escuchó a hombres y mujeres que luchan contra los agronegocios y recibió un completo programa para el fortalecimiento y desarrollo del campesinado, propuestas concretas nacidas en talleres y asambleas campesinas, iniciativas para aumentar la producción rural, impulsar la soberanía alimentaria, frenar los desalojos y fortalecer la estructura agraria del país partiendo de las familias que trabajan la tierra. Es la primera vez que un funcionario nacional de primera línea visita una organización campesina autónoma, crítica a los agronegocios y distante del Gobierno.
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Nov 9, 2009 | 2009, General
Un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas denuncia la contaminación de Abra Pampa y sostiene que la Argentina corre el riesgo de desarrollar 400 casos semejantes. Recomienda remediar y organizar un plan sanitario integral.
“La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos.” Es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que investigó la situación de la localidad jujeña contaminada desde hace dos décadas por la actividad minera, y al que tuvo acceso Página/12. La universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control, denuncia que la remediación continúa siendo ineficiente y advierte sobre los peligros de la oleada minera: “La Argentina tiene riesgo de padecer 400 Abra Pampa”. Recomienda implementar un plan sanitario integral, remediar la contaminación, juzgar a los responsables (privados y estatales) y resarcir económicamente a las familias perjudicadas. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
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Nov 1, 2009 | 2009, General
Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas.
Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
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Oct 16, 2009 | 2009, General
En el mundo hay 1020 millones de personas con hambre. Campesinos de 56 países harán marchas. Aquí será en la Plaza de Mayo.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) informó este año la existencia de 1020 millones de personas con hambre, el 15 por ciento de la población mundial. Durante los últimos cincuenta años, la FAO –en sintonía con el sector privado, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC)– insistió en aumentar la producción de alimentos para que ésta derrame sobre las poblaciones en riesgo. “Es una falsa verdad que a mayor producción, menos hambre. Se ha demostrado que esa lógica produjo más hambre y sólo benefició a las empresas, con mayores ganancias. Por eso reclamamos un cambio de modelo”, explicaron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que hoy se moviliza por el Día Mundial por la Soberanía Alimentaria, un modelo que privilegia la agricultura familiar, contrario a los agronegocios actual. Centenares de campesinos, hombres y mujeres de una decena de provincias, acampan desde ayer frente al Ministerio de Agricultura –a la espera de ser recibidos por autoridades políticas– y marcharán hoy a Plaza de Mayo con sus reclamos históricos.
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Oct 12, 2009 | 2009, General
El pueblo mapuche lleva adelante una política de reivindicación tan silenciada como histórica. Sujeto a la ley, comenzó a recuperar territorio ancestral. Al conmemorarse el 12 de octubre, los casos, los testimonios y las batallas de las comunidades.
Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.
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Oct 12, 2009 | 2009, General
Recorrieron cada pueblo que enfrenta la actividad extractiva. Advierten sobre la creciente violencia contra las comunidades, el papel de los medios y las universidades. Rodríguez Pardo acaba de publicar el libro Vienen por el oro, vienen por todo.
Son periodistas, chubutenses y rechazan el lugar común de “especialistas”. Javier Rodríguez Pardo, de 65 años, habla de forma enérgica, alza la voz, se apasiona, por momentos pareciera arengar a una multitud. Luis Manuel Claps, de 32, mantiene el perfil bajo, habla lentamente, piensa detenidamente cada frase. Rodríguez Pardo acaba de publicar Vienen por el oro, vienen por todo, libro donde explica y detalla la avanzada minera en el país. Claps es editor del sitio internacional Minería y Comunidades y creador de Oro Sucio, uno de los primeros portales argentinos que abordaron la acción de las empresas y las resistencias de las comunidades. Aunque rechazan de plano el encasillamiento, son los dos periodistas argentinos que más conocen sobre la situación minera. Sus artículos, investigaciones y ponencias suelen ser tomados como propios por colegas, legisladores (en ejercicio y electos) e intelectuales, aunque rara vez los citan como fuentes. Pero, por sobre todo, Rodríguez Pardo y Claps tienen en común que caminaron cada pueblo del país que lucha contra la minería metalífera a gran escala –con sopas químicas y enormes consumos de agua–, ponen el cuerpo en esa lucha y son de absoluta confianza de las asambleas que existen a lo largo de la cordillera. Autodefinidos como “activistas”, Página/12 los reunió para analizar el papel de los gobiernos de la región, las comunidades que resisten, el papel de los medios de comunicación y el mundo académico.
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Oct 7, 2009 | 2009, General
Página12 accedió al informe oficial sobre el agrotóxico. Solicita nuevos estudios, no llega a conclusiones claras y no define si es inocuo o perjudicial. Críticas de académicos y científicos.
Utiliza bibliografía sesgada. Recorta la problemática. Se equiparan estudios de Monsanto (la principal empresa involucrada) con trabajos de científicos independientes. Y, sobre todo, hay una total ausencia del principio precautorio –la exigencia legal de, ante incertidumbre, prevenir consecuencias en la salud y el ambiente–. Son algunas de las críticas que recibió, por parte de diversos investigadores y científicos, un informe sobre el glifosato realizado por el Conicet y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró la doctora en ciencias naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que forma parte de la Comisión Nacional y aparece avalando el trabajo, aclaró que no suscribe al informe.
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Ago 19, 2009 | 2009, General
Son la organización rural más grande del país, con quince mil familias campesinas. Enfrentan a la Mesa de Enlace y apuestan a otro modelo agropecuario, basado en la soberanía alimentaria.
“Si bajan las retenciones, aumentan las hectáreas con soja”
Crían animales para autoconsumo y cosechan algodón, son arrieros y trabajadores de la vid, hacheros y productores de carbón. Poseedores ancestrales de parcelas donde trabajan y viven desde hace generaciones. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) está integrado por quince mil familias de siete provincias, la base de la pirámide rural, hombres y mujeres que le ponen el cuerpo a los trabajos duros del campo, manos curtidas e ideas claras. “No sembramos soja, no entendemos la tierra como un negocio, no somos ricachones que explotan trabajadores rurales. Quizá por eso los medios de comunicación, y la clase política, no nos llaman ‘campo’”, disparan con precisión. En la vereda de enfrente de la Mesa de Enlace, paradójicamente también son excluidos por el Gobierno, que desoye sus reclamos e ignora el modelo agrario que impulsan: “La soberanía alimentaria que practicamos es contraria al modelo de agronegocios actual”. Advierten que una baja en las retenciones de soja traerá aparejado un avance del monocultivo, consideran “cínico” que la Sociedad Rural se refiera a la pobreza y no entienden por qué el Gobierno cobija a Federación Agraria en la Subsecretaría de Agricultura Familiar (el espacio estatal que debiera ocuparse del sector campesino). Tres integrantes del Movimiento Campesino Indígena –Diego Montón, Ramiro Fresneda y Ariel Méndez– apuntan al reclamo de fondo: un cambio de modelo agrario.
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Ago 14, 2009 | 2009, General
La compañía internacional Bayer dispuso retirar de Argentina, a fin de año, al endosulfán, que ya estaba prohibido en más de 60 países, incluyendo toda la Unión Europea. Lo utilizan en forma masiva en los campos de soja, algodón, girasol, maíz y tabaco.
El endosulfán es un agrotóxico muy cuestionado desde hace décadas por sus efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Se utiliza de forma masiva en la soja, y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos. Las empresas del sector siempre defendieron su uso, negaron cualquier efecto secundario y, sobre todo, ningunearon a las organizaciones sociales, acusándolas de alarmistas o menospreciando sus investigaciones. De forma sorpresiva, el mayor golpe contra el endosulfán provino desde el corazón de los agronegocios: la multinacional Bayer anunció que lo retirará del mercado. “Planificamos terminar las ventas de endosulfán para fines de 2010 en todos los países donde todavía la misma se encuentra legalmente disponible”, explicó el comunicado de Bayer CropScience (área agroquímica de la empresa), firmada por la directora de la compañía Judith Nestmann. También precisó que será reemplazado por alternativas “con un perfil de riesgo significativamente menor”.
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Jul 30, 2009 | 2009, General
Concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. El monocultivo de árboles conlleva a consecuencias similares a la soja, pero con un perfil mucho más bajo. Con gran presencia en la Mesopotamia, comienza a extenderse en la Patagonia. Al igual que la minería, una legislación generosa incentiva su avance.
Son como un ejército en formación. En línea, verdes y prolijos. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecieran clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por la dirigencia política y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad, altos consumos de agua y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Hay que ser claro, las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones referentes del Pueblo Mapuche, en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y su superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada el año último– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA, exención de Ingresos Brutos e impuesto inmobiliario. Análisis de una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
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Jun 21, 2009 | 2009, General
Confirmó los efectos letales del herbicida en células humanas de embriones, placenta y cordón umbilical. Alertó sobre las consecuencias sanitarias y ambientales, y exigió la realización de estudios públicos sobre transgénicos y agrotóxicos. Cuando dio a conocer sus investigaciones, recibió críticas y desacreditaciones.
Gilles-Eric Seralini es especialista en biología molecular, docente de la Universidad de Caen (Francia) y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética (Criigen). Y se ha transformado en un dolor de cabeza para las empresas de agronegocios y los defensores a ultranza de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados –transgénicos–). En 2005 descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al herbicida Roundup (de la compañía Monsanto), incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. A pesar de su frondoso currículum, fue duramente cuestionado por las empresas del sector, descalificado por los medios de comunicación y acusado de “militante verde”, entendido como fundamentalismo ecológico. Pero en diciembre pasado volvió a la carga; la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology) publicó su nuevo estudio, en el que constató que el Roundup es letal para las células humanas. Según el trabajo, dosis muy por debajo de las utilizadas en campos de soja provocan la muerte celular en pocas horas. “Aun en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”, afirmó Seralini a Página/12 desde su laboratorio en Francia. Sus investigaciones forman parte de la bibliografía a la que hace referencia el Comité Nacional de Etica en la Ciencia en su recomendación para crear una comisión de expertos que analice los riesgos del uso del glifosato.
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