Sep 19, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.
En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.
Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.
Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.
La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.
Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).
En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.
Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.
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Jornada de festejos
La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.
Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
Ago 11, 2014 | 2014, Campesinos
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Los mitos del agronegocios
El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.
En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.
Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.
Jul 30, 2014 | 2014
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario homenajeó al Dr. Andrés Carrasco tras su fallecimiento, propuso el Día de la Ciencia Digna y lanzó una de sus propuestas para generar una Red de científicos comprometidos. Además, se leyó uno de los últimos textos de Carrasco. Experiencias y emociones del acto.
La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo. Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo. El borrador del escrito fue redactado por Andrés Carrasco, el embriólogo molecular que confirmó en 2009 los efectos devastadores del agroquímico glifosato y que falleció en mayo pasado. Parte de su legado es la conformación de una red de académicos críticos al modelo de ciencia oficial que está al servicio de multinacionales.
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario es un edificio centenario. Una casa de estudios atípica, que por resoluciones del Consejo Superior (mayor órgano colegiado) cuestionó al modelo de agronegocios y a la megaminería. Y el 16 de junio pasado dio otra paso: designó esa fecha como el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco, a conmemorarse todos los años.
Damián Verzeñassi es médico, subsecretario académico y docente de la materia Salud Socioambiental. Está en el auditorio de la Facultad y coordina el homenaje a Carrasco. “Hoy es su cumpleaños, 16 de junio, y lo recordamos celebrando su vida, su compromiso, que nos llama a no bajar los brazos”, comienza Verzeñassi, ante los asistentes que no ocultan la tristeza.
Toma la palabra otro Damián, Marino, del Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata. Investiga el efecto de plaguicidas y conoció a Carrasco. “Nos forman para ver quién publica el mejor ‘paper’, pero hoy ya no podemos hacer eso, debemos plantearnos qué aportamos a la sociedad”, reclamó. Repasó que en sus estudios confirmó que las plazas de los pueblos agropecuarios tienen más agroquímicos que los propios campos sojeros y sinceró que, al investigar los efectos del modelo agropecuario, muchas veces sus pares le preguntaron lo mismo: “¿No te persigue el Conicet (el mayor órgano oficial de ciencia de Argentina)?”. Remarcó que Carrasco le solía decir que las investigaciones científicas no debían quedar encerradas en el ámbito académico, que debían ser difundidas a la sociedad. Y cuestionó a las cúpulas universitarias: “En la Facultad de La Plata los científicos no supieron del fallecimiento de Andrés, pero sí lo supieron y lamentaron los estudiantes”.
El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Miguel Farroni, afirmó que la premisa de la casa de estudios es el compromiso social de los egresados y que los científicos deben exponerse a la sociedad. Valorizó a Carrasco por animarse a alertar los riesgos en la salud del pueblo y lamentó que muchos otros científicos silencien las consecuencias del modelo transgénico: “Ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial”, chicaneó a quiénes no hablan por temor a perder subsidios o represalias de funcionarios de turno.
Madres y pueblos fumigados
Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná, recordó que los críticos al modelo agropecuario solían ser chicaneado por no tener “fundamentos científicos” en sus cuestionamientos. Y, en ese mismo sentido, revalorizó la importancia de que un académico como Carrasco haya investigado y hablado. “Sentimos que Andrés va a seguir diciendo y haciendo, porque sembró muchísimo. No pudimos estar con él tods las horas que quisimos, pero vamos a estar muchas más horas de las que imáginamos”, aseguró.
Carlos Manessi, del Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat), rindió el homenaje de los pueblos fumigados de Santa Fe a Carrasco y prometió seguir en la lucha. “Andrés nos inspira, seguiremos caminando junto a él. Nos iluminó”.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo de Córdoba, estaba conmovida. Recordó el día que un hombre golpeó la puerta de su casa, se presentó como científico y le dijo que ellas tenían razón en cuanto al efecto de los agroquímicos en la salud. Corría 2009 y Carrasco se acercaba por primera vez a las inspiradoras de su estudio, las Madres de Ituzaingó. Cuando las denuncias de las Madres llegaron a juicio, en 2012, los jueces le preguntaron a Carrasco por qué no había participado de la comisión creada por la Presidenta y encabezada por el Conicet para dilucidar los efectos del glifosato. Gatica resumió: “El Conicet le hizo la vida imposible a Andrés. Y la Presidenta se reúne con Monsanto. ¿Cómo iban a convocar a un científico que denuncia al modelo agropecuario?”.
Gatica apenas podía hablar. Afirmó que Argentina le debe mucho “al doctor Carrasco”, lamentó que muchos no sean conscientes de todo lo que él hizo, pero también se mostró esperanzada: “Las semillas que sembró Carrasco están germinando en toda la Argentina”.
Compañera
Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicos, investigadora del Conicet y compañera de Carrasco, leyó una carta. “Quiero destacar de Andrés su apego incondicional a los principios éticos que inspiraron su actividad como científico y al mismo tiempo como ciudadano, como ser político. Y en relación con ello una decisión crucial: elegir entre las normas de legitimación del saber científico que impone la academia y las normas éticas que deberían orientar la responsabilidad social de los científicos. Andrés optó sin dudarlo por su compromiso con la sociedad”.
Detalló que, por esa elección de vida, pasó a ser blanco de agresiones y aprietes de abogados y matones de las empresas, pero sobre todo de una incesante campaña de desprestigio sin precedentes en la historia de la ciencia nacional, que no cesó ni cuando los resultados de sus investigaciones fueron publicados en una prestigiosa revista científica internacional. “Aunque nos llene de indignación este comportamiento de funcionarios, científicos y tecnócratas funcionales al modelo hegemónico, no debe asombrarnos. La desobediencia de Andrés desnudaba el lado oscuro y devastador de un modelo de producción agropecuaria basado en una tecnociencia instrumental, mercantil e irresponsable que se presentaba como virtuosa y progresiva”, denunció.
Reivindicó que que el saber científico no es neutral y destacó que Carrasco mostraba que había dos maneras de hacer ciencia: una “pueblocéntrica” inspirada en las necesidades sociales más acuciantes y otra “empresocéntrica”, funcional a la lógica del sistema, proveedora de insumos tecnocientíficos y de un discurso legitimador que se reclamaba como universal y objetivo. “Andrés interpeló la lógica de la comunidad científica”, afirmó.
Hizo especial hincapié en que Carrasco no ubicaba su investigación como un verdad absoluta, sino como una contribución que cobraba sentido junto a otros saberes, los de los pueblos que desde hace años padecen, resisten y saben que los agrotóxicos enferman y matan. “Andrés supo que esta era una lucha fundamental en Latinoamérica y no dudó en poner todo su empeño y energía en estrechar lazos, intercambiar experiencias y ofrecer todo su saber al servicio de las causas que los movimientos sociales”, detalló Massarini. Y aseguró que Carrasco reinstaló el debate iniciado en latinoamericanos por Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera o Jorge Sábato respecto a la no neutralidad de la ciencia y que reclamaban la necesidad de apostar a un proyecto propio, acorde a las necesidades y prioridades de los pueblos.
Ya con un nudo en la garganta, Massarini leyó las últimas oraciones: “Maestro, médico, científico, militante de la vida, compañero. Andrés, íntegro, único, indispensable. Andrés, siempre presente en nuestras luchas, siempre en nuestros sueños”.
Científicos comprometidos
Carlos Vicente, de la organización internacional GRAIN, presentó un escrito de Andrés Carrasco, puntapié para el lanzamiento de la la Red de Científicos Comprometidos. Un texto largo, por momento con explicaciones técnicas que detalla por qué los transgénicos han demostrado su fracaso y confirmado su perjuicios a la salud y el ambiente. También, claro, el texto contiene aportes que no se disfraza de falsa neutralidad ni sin ideología (como suele argumentar buena parte del establishment científico):
-“El modelo de agronegocios y el control territorial: la apropiación por despojo de tierras y territorios debe ser vista en el marco de un diseño geopolítico extendido a lo largo y ancho de América Latina y que forma parte de un proyecto de dominación y control de la producción de alimentos mediante la diseminación legal e ilegal, de semillas genéticamente modificadas o transgénicas. Derogando así la soberanía alimentaria de nuestros pueblos”.
-“El modelo extractivista, es una pieza fundamental del modelo neocolonial de apropiación por despojo. Es imposible entenderlo sino a través de un fuerte protagonismo de una tecnología amañada y con fundamentos científicos frágiles en concepción”.
-“Existe una ciencia cada vez más dependiente de los poderes hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para beneficio directo de la sociedad”.
-“Los cultivos transgénicos son vehículos diseñados no para alimentar al mundo, sino para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial”.
-“Los pueblos latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, autónoma y que sirva a sus intereses”.
-(Empresas y gobiernos) “Violan procesos biológicos con procedimientos rudimentarios, peligrosos y de consecuencias inciertas que mezclan material genético de las plantas con el de distintas especies (vegetales y animales)”.
-“El círculo se cierra al ocultar el condicionamiento y cooptación de instituciones como las universidades públicas y el sistema científico por las fuerzas económicas y políticas que operan en la sociedad. Logran así el mérito de ser la parte dominada de la hegemonía dominante”.
-“La manipulación genética es solo una tecnología y afirmamos que hoy no tiene una base científica sólida por lo que constituye un peligro para el equilibrio natural y la diversidad biológica y por lo tanto para el proceso evolutivo cuando ésta se aplica en la naturaleza”.
-“Hay grandes negocios y un enorme relato legitimador que los científicos honestos no podrán evitar interpelar, aunque las empresas transnacionales compren todas las editoriales de revistas científicas o bloqueen las publicaciones y voces que interpelan el sentido de la ciencia neoliberal-productivista. La ciencia, su sentido del para qué, para quién y hacia dónde, están en crisis y nosotros en la patria grande no podemos fingir demencia si queremos sobrevivir soberanamente”.
-“Ante el peligro de esta embestida neocolonial es urgente el debate sobre la autonomía en los países periféricos ante la prepotencia de las corporaciones y sus gobiernos en América Latina”.
El texto, escrito por Andrés Carrasco semanas antes de su fallecimiento, esboza conclusiones que también son llamados a la acción: “La activación del principio precautorio ambiental, biológico y alimentario debe ser inmediata. Debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de los defensores (de los transgénicos), es urgente la prohibición absoluta de todo OGM en el territorio Latinoamericano” y, por otro lado, remarca la “necesidad urgente” de establecer un red de científicos con concepciones respetuosas de la complejidad y con capacidad de interpelar a las empresas y las comunidades científicas que sostienen y promueven los OGM”.
A la lectura le siguió el aplauso de todos los asistentes. El sueño de Andrés Carrasco, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de América Latina, comenzaba a andar. A los pocos días, ya había más de 50 reconocidos y respetados académicos de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Brasil.
Presente
Los hijos de Carrasco (Luciana y Andrés) y el nieto (Lucas, de 12 años) seguían el homenaje desde el fondo del auditorio, emocionados. Se acercaba el cierre del acto y Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó, pidió que sea ellos quienes hablen. Luciana pidió disculpas pero no podía hablar. Andrés Carrasco hijo agradeció el homenaje y pidió no bajar los brazos. Se excusó en que el hablar en público no era lo suyo, pero emocionó a todos.
Cuando el aplauso de cierre daba paso a la despedida, Lucas Vaca, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida (de Córdoba, donde se oponen a instalación de Monsanto) tomó la palabra y, entre lágrimas y puño en alto, emitió un grito de lucha al que se sumaron todos los asistentes: “¡Andrés Carrasco… presente. Hoy y siempre!”.
Carrasco ya es semilla.
* Por Darío Aranda. Publicado el 30 de julio de 2014 en lavaca.org
Jul 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.
Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.
En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.
La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.
En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.
El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.
Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.
La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.
El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”
Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.
En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.
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Las causas judiciales
Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de julio de 2014 en Página12.
Jun 23, 2014 | 2014
Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos. La tasa duplica el promedio nacional.
El Ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el cáncer en la provincia. Sistematizó cinco años de información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional. “Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Avila Vázquez. Exigen medidas inmediatas para proteger a la población.
La investigación oficial en formato libro se titula Informe sobre cáncer en Córdoba 2004-2009, elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censos. Fue presentado en la Legislatura por el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del Instituto Oncológico Provincial, Martín Alonso.
El parámetro internacional es calcular fallecimientos por cada 100 mil habitantes. La media provincial es de 158 muertes por cada 100 mil habitantes, y en Córdoba Capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, zona emblemática del agro de Córdoba.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (dependiente de la Organización Mundial de la Salud), en su último dato de 2012 la mortalidad de Argentina es de 115,13. La mitad de lo que se padece en Marcos Juárez (229,8).
Fernando Mañas es doctor en Biología y forma parte del Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que investiga el efecto de los agroquímicos. No cree que sea una coincidencia el mapa del cáncer en zonas agrícolas: “Existe evidencia de elevados niveles de daño genético en habitantes de Marcos Juárez, que podrían deberse a una exposición involuntaria a agroquímicos”.
Los investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Mañas recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de degradación, AMPA) en lagunas, suelos e incluso en agua de lluvia.
La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel de fallecimientos. La “pampa gringa” (todo el este provincial) se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan la media provincial y nacional. Este segundo estrato también tiene la particularidad de dedicarse a la agricultura industrial.
El gobierno provincial hizo hincapié en las estadísticas globales de incidencia (nuevos casos) y las comparó con otros países (la provincia se mantiene en un promedio), la estratificación por edad y sexo, y localizaciones de los tumores. Dejó en un segundo plano la vinculación entre alta mortalidad y zonas agropecuarias. En Córdoba existe un gran debate por la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Damián Verzeñassi es médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es uno de los responsables del “Campamento Sanitario”, una instancia educativa que consiste en que decenas de estudiantes del último año de la carrera de Medicina se instalen en una localidad durante una semana y realicen un mapeo sanitario. “El estudio de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años”, afirmó Verzeñassi.
El docente universitario cuestionó el discurso gubernamental y empresario. “Siguen exigiendo estudios sobre algo que ya está probado y no toman medidas urgentes de protección a la población. Hay sobradas evidencias de que el modelo agropecuario tiene consecuencias sanitarias, estamos hablando de un modelo de producción que es un enorme problema de salud pública”, reclamó.
Avila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, detalló una decena de estudios científicos que prueban la vinculación entre agroquímicos y cáncer, y también enumeró una treintena de pueblos en donde registros oficiales confirman el aumento de la enfermedad: Brinkmann, Noetinger, Hernando (Córdoba) y San Salvador (Entre Ríos), entre otros. “Las tabacaleras negaban la vinculación entre fumar y cáncer, llevó décadas que reconocieran la verdad. Las corporaciones de transgénicos y agroquímicos son iguales que las tabacaleras, mienten y privilegian sus negocios por sobre la salud de la población”, denunció Avila Vázquez y reclamó como medidas iniciales urgentes: prohibir las fumigaciones aéreas, que no se realicen aplicaciones terrestres a menos de 1000 metros de las viviendas y prohibir depósitos de agroquímicos y maquinarias fumigadoras en las zonas urbanas.
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Una foto de la situación
El Ministerio de Salud de Córdoba precisó que se declaran 9000 nuevos casos de cáncer por año y 4500 muertes. La tasa de incidencia (nuevos casos) de cáncer para el período 2004-2009 es de 220 casos por cada 100.000 hombres y 194,4 casos por cada 100.000 mujeres (sin incluir los casos de cáncer de piel). Los tumores más frecuentes en hombres fueron los de próstata, pulmón y colon, mientras que en las mujeres fueron de mama, colon y pulmón.
La dependencia oficial destacó que, “tal como sucede a nivel internacional”, el cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada (el 45 por ciento corresponde a mayores de 65 años). La incidencia (nuevo casos) se da en la ciudad de Córdoba (entre 223 y 260 casos anuales cada 100 mil habitantes). Los departamentos de mayor incidencia (por encima de 188,5) son Río Primero, Unión, Totoral, Cruz del Eje, San Javier, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Segundo, Colón y Minas.
El Ministerio de Salud de Córdoba destacó que los resultados permiten analizar y diagramar políticas de prevención y diagnóstico precoz. “Estos datos son como una ‘foto’ de la situación provincial en esta materia, que expresa también el riesgo latente y nos dice qué esperar. Conociendo estos números se pueden definir prioridades en salud pública y programar políticas de prevención y diagnóstico precoz eficaces, ajustadas a la realidad local”, explicó Martín Alonso, director del Hospital Oncológico Provincial (donde funciona el Registro de Tumores).
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de junio de 2014 en el diario Página12.
Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
Jun 12, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El desmonte en la selva Paranaense y las represas en Brasil son los dos factores que señalan organizaciones sociales, investigadores y hasta Parques Nacionales para explicar la crecida en el río Iguazú y sus consecuencias. “Vemos a funcionarios y medios de comunicación hablando de la cantidad de agua que baja de Brasil, de los daños en las pasarelas de las cataratas, pero lo más grave es la deforestación en las cuencas superiores, las hidroeléctricas y cómo se perjudica a quienes menos tienen”, afirmó Rulo Bregagnolo, activista socioambiental misionero e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.
La explicación mayoritaria fue la responsabilidad de la naturaleza, expresada en las lluvias en Brasil. Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Giraud está atento a lo que se suele llamar “desastres naturales” y maneja estadísticas, estudios y una base de datos que suele explicar el factor humano en cada desastre.
“La imagen satelital de 2013 de la cuenca del Iguazú muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil ya está deforestada. Cambiaron los cultivos tradicionales por soja. Las lluvias caen sobre un suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual lo hace muy propenso a la erosión. Esta situación es una de las causas de que ante lluvias no tan extraordinarias, sea record el tiempo en que el agua precipitada llega al río, provocando esta crecida histórica”, explicó el geógrafo.
Federico Soria, técnico en Conservación de la Naturaleza e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), consideró que “la lluvia no fue muy diferente de otro años. De lo que no se habla es del desastre ecológico que representa la deforestación casi completa de la cuenca y de las megarrepresas (hay cinco aguas arriba y una más proyectada). La cuenca no puede retener el agua, tal como lo hacía naturalmente cuando existía la selva, y por eso baja rauda, siendo imposible que las represas la puedan retener”, aseguró y destacó la ruptura de la represa en construcción Baixo Iguazú, a pocos kilómetros de Misiones. “La ruptura fue un error humano y el agua corrió con enorme fuerza. Será la sexta represa en el cauce del río”, señaló Soria.
Giraud confirmó la ruptura de la hidroeléctrica y detalló que las represas de aguas arriba abrieron de manera repentina las compuertas. “La población ribereña, y no los capitalistas dueños de la represa, sufrió las graves consecuencias. Y a lo largo del curso del Paraná veremos las consecuencias en los próximos días”, remarcó.
Claudio Altamirano, responsable de prensa del Parque Nacional Iguazú, explicó a una radio misionera que el Iguazú nace a 800 kilómetros de las cataratas y sostuvo que las “las hidroeléctricas manejan el grifo, creo que hasta ellos se vieron sorprendidos por la cantidad de agua y decidieron abrir las compuertas. En una semana veremos la consecuencia que generó esta crecida”. El director regional de Parques Nacionales, Andrés Bosso, confirmó que la deforestación es una de las causantes del fenómeno: “Tenemos apenas el ocho por ciento de la superficie originaria de selva, hemos destruido la forestación en un 92 por ciento de la superficie y lo estamos pagando de esta manera”.
Juan Yahdjian es médico, histórico activista socioambiental misionero e integra la Mesa Provincial No a las Represas. Reconoce que siempre hubo inundaciones, pero aclara que parte del agua que hoy fluye debiera quedarse en el subsuelo de Brasil, Argentina y Paraguay (en el acuífero). “Pero ya no existe la vía de recarga de napas y ríos subterráneos, el suelo esponjoso del monte se lo llevó la inconsciente topadora, manejada por inconscientes humanos y lo reemplazó por soja en Brasil y Paraguay y por pinos-eucaliptos en Misiones. Entonces el agua de lluvia se escurre”, detalla. Yahdjian recuerda que lo natural para la región es el monte y advierte que destruirlo tiene consecuencias: “El agua busca su cauce y frenarla tiene riesgos, lo estamos viviendo en estas horas. La naturaleza no se equivoca, avisa que estamos haciendo mal las cosas, que no pensamos en nosotros y menos en nuestros hijos”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 12 de junio de 2014 en el diario Página12.
Jun 10, 2014 | 2014
Tres compañías manejan más de la mitad del mercado mundial de semillas, seis empresas de plaguicidas dominan las tres cuartas partes de ese negocio y diez corporaciones controlan el 40 por ciento de los fertilizantes. Las cifras del agronegocio.
Tres empresas controlan el 53 por ciento del mercado mundial de semillas, seis compañías de plaguicidas dominan el 76 por ciento del sector y diez corporaciones se hacen del 41 por ciento del mercado de fertilizantes. Con nombres propios y cifras de ganancias, un informe internacional arroja datos duros sobre las multinacionales del agro. “La concentración del poder de las corporaciones y la privatización de la investigación deben discutirse como temas principales en la búsqueda de soluciones al problema de quién nos alimentará”, reclamó Kathy Jo Wetter, coordinadora de la investigación desde Estados Unidos, y remarcó una de las principales “falacias” del modelo de agronegocios: “Es una gran mentira que este modelo agroindustrial puede combatir el hambre del mundo”. Y planteó la necesidad de acabar con los oligopolios y fortalecer otro modelo.
El Grupo ETC es un espacio de referencia en el estudio de las corporaciones del agro. Con tres décadas de trabajo y oficinas en Canadá, Estados Unidos y México, periódicamente emite documentos sobre los cinco continentes sobre la base del entrecruzamiento de información oficial de gobiernos y empresas. “Semillas, suelos y campesinos. ¿Quién controla los insumos agrícolas?”, resume el estado de situación de las multinacionales del agro.
Detalla que tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Se trata de Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre las tres facturan 18.000 millones de dólares anuales. Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii.
Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas. Y facturan 26.000 millones de dólares anuales.
El informe detalla que las grandes compañías ya compraron la mayor parte de las empresas que podían adquirir en sus países de origen. Y señala que la nueva estrategia es adquirir y establecer alianzas con compañías de India, Africa y Latinoamérica. Citan, como ejemplo, el caso de la estadounidense Arcadia Biosciences y la argentina Bioceres (en su directorio están Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco, entre otros referentes del agro transgénico local). El Grupo ETC alerta que el cartel semillero impulsa la privatización de las semillas mediante la “protección más severa a la propiedad intelectual” y el desaliento de la práctica tan antigua como la agricultura: guardar semillas de la cosecha para utilizar en la nueva siembra.
El marco legal impulsado por las empresas del agro y gobiernos se llama UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que prohíbe el intercambio de variedades entre campesinos.
El sector de agroquímicos también está en pocas manos. Diez compañías controlan el 95 por ciento del sector. Syngenta (23 por ciento del mercado y 10.000 millones de dólares anuales de facturación), Bayer CropScience (17 por ciento y 7500 millones), Basf (12 por ciento y 5400 millones), Dow AgroSciences (9,6 por ciento y 4200 millones) y Monsanto (7,4 por ciento y 3200 millones de dólares anuales). Entre el sexto y décimo lugar se encuentran DuPont, Makhteshim (adquirida por la china Agrochemical Company), la australiana Nufarm y las japonesas Sumitomo Chemical y
Arysta LifeScience. Entre las diez empresas facturan 41.000 millones de dólares al año.
El informe señala el aumento exponencial de agroquímicos en los países del sur. Los autores cuestionan el incremento de la exposición química y el impacto en la salud pública.
“Los oligopolios invadieron todo el sistema agroalimentario”, resumió Kathy Jo Wetter, de la oficina en Estados Unidos del Grupo ETC, y reclamó “revivir las regulaciones nacionales en materia de competencia y establecer medidas que defiendan la seguridad alimentaria global”. Y arremetió contra el discurso empresario que promete acabar con el hambre sobre la base del modelo agropecuario actual: “Es una gran mentira argumentar que intensificando la producción industrial con las tecnologías del Norte (semillas transgénicas, plaguicidas y genética animal que promueven las corporaciones) la población mundial tendrá alimentos para sobrevivir”.
En fertilizantes, diez compañías controlan el 41 por ciento del mercado y facturan 65.000 millones de dólares. Se trata de las empresas Yara (6,4 por ciento), Agrium Inc (6,3), The Mosaic Company (6,2), PotashCorp (5,4), CF Industries (3,8), Sinofert Holdings (3,6), K+S Group (2,7), Israel Chemicals (2,4), Uralkali (2,2) y Bunge Ltd (2 por ciento).
El Grupo ETC también analizó el sector farmacéutico animal: siete compañías cuentan con el 72 por ciento del mercado global. En cuanto al sector dedicado a la genética del ganado, cuatro firmas dominan el 97 por ciento de la investigación y desarrollo sobre las aves de corral (gallinas de engorde, ponedoras y pavos).
Silvia Ribeiro, directora para América latina del Grupo ETC, resaltó la necesidad de otro modelo agropecuario: “La red campesina de producción de alimentos es prácticamente ignorada o es invisible para los elaboradores de políticas que tienen que resolver cuestiones de alimentación, agricultura y crisis climática. Esto tiene que cambiar, los campesinos son los únicos que realmente tienen la capacidad y la voluntad para alimentar a quienes sufren hambre”.
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Para reducir la concentración
El Grupo ETC alerta que la concentración del mercado agroalimentario generó una alta vulnerabilidad en el sistema alimentario mundial. “Es momento de desempolvar las regulaciones nacionales sobre competencia y empezar a considerar medidas internacionales para defender la seguridad alimentaria mundial”, exige el informe. Recomienda que, en alimentos y agricultura, el nivel de concentración de cuatro compañías no debe exceder una cuota de 25 por ciento del mercado y que una sola empresa no debe contar con más del 10 por ciento. Propone prohibir a cualquier empresa la venta de semillas cuya productividad dependa de los agroquímicos de la misma empresa.
Recomienda a los gobiernos implementar políticas de competencia que incluyan fuertes disposiciones antimonopólicas combinadas con acciones concretas para proteger a los pequeños productores y consumidores. Insta al Comité para la Seguridad Alimentaria de la ONU a que evalúe seriamente la capacidad del modelo industrial (agronegocios) y fortalezca con medidas concretas la red de alimentos campesinos, “para así garantizar con éxito la seguridad alimentaria”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de junio de 2014 en el diario Página12.
May 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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En Argentina y en el mundo
La jornada internacional contra Monsanto se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. México, Chile, Brasil, Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Perú, Francia y Suiza, entre otros. Identifican a la compañía estadounidense como la referente (aunque no la única) del modelo agroindustrial en base a agroquímicos, semillas transgénicas, concentración del mercado y sus efectos: contaminación, desmontes, desalojos y consecuencias sanitarias.
En Argentina hubo actividades en Malvinas Argentinas (Córdoba), Paraná, Rosario y La Plata. En la ciudad de Buenos Aires las actividades fueron en plaza San Martín (Retiro), frente a las oficinas de Monsanto. Comenzaron a las 11 y se extendieron hasta la tarde. Hubo mesas-debates, proyección de documentales y actividades artísticas. Estuvieron asambleístas cordobeses de Malvinas Argentinas y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), que junto a las organizaciones sociales rindieron un homenaje al científico argentino que confirmó los efectos letales del glifosato: Andrés Carrasco.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.
Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.
Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.
En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.
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Desalojo de campesinos
Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 13, 2014 | 2013, Destacados
Falleció Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. En su última entrevista, publicada en el periódico 101 de la CTA, acusó al Conicet y al Ministerio de Ciencia de hostigamiento por denunciar el modelo agropecuario.
El embriólogo molecular Andrés Carrasco marcó un quiebre en la discusión sobre el modelo agrario argentino. Con un largo recorrido en el ámbito científico, Carrasco confirmó en 2009 los efectos del glifosato (agroquímico pilar del modelo sojero) en embriones anfibios. Y ya nada volvió a ser igual. Los cientos de pueblos fumigados y organizaciones sociales tuvieron una prueba más para sus denuncias. Para Carrasco también fue un punto de quiebre. Comenzó a recorrer el país (desde universidad hasta escuelas, desde congresos científicos hasta clubes de barrio) dando cuenta de su estudio. Y comenzó a ser mala palabra en el mundo científico ligado al agronegocios. La última estocada provino del Conicet (el mayor ámbito de ciencia de Argentina): Carrasco denunció por persecución ideológica al presidente del organismo, Roberto Salvarezza, y al ministro de Ciencia, Lino Barañao.
El ministro Barañao había realizado en 2009 un inusual pedido de revisión “ética” al Conicet respecto al accionar de Carrasco. Sobrevino una censura en la Feria del Libro de 2010, difamaciones públicas y, el último hecho, la negación de la promoción con un dictamen que Carrasco evalúa como “plagado de irregularidades” y con evaluadores insólitos: una especialista en filosofía budista y un reconocido científico ligado a las empresas del agronegocios.
Ciencia, investigadores, corporaciones y gobiernos
-¿Qué sucedió en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)?
-Soy investigador principal y me presenté a investigador superior, que es la máxima categoría de un investigador. Es un concurso donde uno presenta todos los antecedentes de la carrera científica. El Conicet lo somete a una comisión especial, formada por un grupo de personas. Una parte, dos o tres, son miembros informantes, que revisan antecedentes del candidato. Luego lo informan al resto de la comisión en un dictamen, que la comisión aprueba o desaprueba.
-¿Qué implica la promoción?
-Implica fundamentalmente el reconocimiento o una carrera en la que uno viene escalando posiciones. Se analiza todos los méritos y trayectoria del candidato. También implica una mejora salarial, pero fundamentalmente un reconocimiento a la carrera.
-¿Por qué rechazan su promoción?
-Apelan a una serie de argucias retoricas. Hicieron una evaluación cuantitativa y no cualitativa. Y alguna de las contribuciones más importantes mías sólo las describen, no las evalúan, no presentan argumentos serios de la contribución del trabajo, sólo miden cuantitativamente. Dicen que no es suficiente, deducen que en mi caso no tengo experiencia internacional suficiente. Además de decir que hubo interrupciones en mi tarea porque desempeñé tareas de gestión (dos años presidente de, justamente, el Conicet y otro tanto Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa). Es insólito porque reconocen que estuve en cargos de gestión y por otro lado dicen que durante esos años no hubo producción, pero saben que tuve licencia sin goce de sueldo con cargo de mayor jerarquía.
-¿Qué es lo que no evaluaron?
-No evalúan seriamente nada. Dicen que fui primer autor o segundo autor (en las investigaciones firmados por grupos de trabajo, con varios autores), pero ni siquiera dicen qué es lo que se investigó. En la década del 80 realizamos una serie de publicaciones que fueron muy relevantes en el mundo científico. No hacen mención y se limitan a decir si firmé primero, segundo o tercero. Y no hay ninguna valoración sobre todo el resto, ni se refieren a los temas sobre lo que uno trabajó durante años. Hay mucha producción científica que que no fue valorada. Del dictamen se evidencia que no hubo valoración cualitativa, no pusieron en relevancia los impactos de las investigaciones, no señalan si fue novedoso y si contribuyó en la disciplina.
-¿Esa forma de evaluación es regla de la ciencia o es particular de este caso?
-Lo que corresponde que se haga es un análisis real del contenido de la carrera científica, no medirlo en términos de números. No se trata de ver cuántos papeles tenemos acumulados, usar una balanza y ver cuántos kilos pesa la producción científica de uno. Así evalúan hoy.
-¿Usted apunta a quiénes lo evaluaron?
-El dictamen es lavado, sin argumentación, y tiene relación con los evaluadores. Una profesora de filosofía hindú (Carmen Dragonetti), que debe ser muy buena en lo suyo pero que no sabe nada de embriología. Un experto en zoología (Demetrio Boltoskoy) que no conoce de embriología. Y uno de los evaluadores que está relacionado íntimamente con la industria transgénica y la promoción del agronegocios (Néstor Carrillo). Hay conflictos de intereses y, por otro lado, no hay consistencia con el tema que los ocupa. Debieran haberse excusado y no lo hicieron. Carrillo ha tenido manifestaciones públicas contrarias a las críticas al agronegocios, está vinculado científicamente a empresas como Monsanto a través de Bioceres, es un convencido de la tecnología transgénica, que mantiene estrechos contactos con Federico Trucco (CEO de Indear y consecuente descalificador de la idoneidad científica de Carrasco) y con Aapresid (empresarios del agronegocios).
-¿Es común que evalúen informantes que no manejan el tema?
-Tienen que tener una idea qué se está evaluando, debiera ser gente que conozca la disciplina.
-¿Evalúan su trabajo sobre glifosato?
-Apenas lo mencionan. Dan cuenta del número de menciones internacionales pero ponen mucho menos de las que tuvo. Y hacen como que no tuvo impacto. Miden el impacto con un número erróneo y no discuten el contenido del trabajo. Mal que les pese, el trabajo sobre glifosato tuvo impacto en muchos lugares del mundo y lo debieron considerar.
– ¿Qué le dijo el Presidente del Conicet?
-La respuesta fue que él no sabia lo que había pasado.
-¿Pero él lo firmó?
-Sí. Claro.
-¿Y no sabía?
-Él dice eso. Que no sabía. Quizá firma cosas que no conoce… la decisión de darle la promoción o no se discute en reunión de directorio… todo el directorio sabía. Desligó su responsabilidad y minimizó, no negó, lo que plantee sobre la evaluación teñida de conflictos de intereses y animosidad manifiesta.
-¿Habrá una nueva evaluación?
-No lo sé. Lo solicité por escrito el año pasado y aún no me respondieron.
-¿Por qué hace público este hecho?
-Porque siempre he sido partícipe que los actos de Estado que benefician o perjudican a personas deben ser públicos. Y segundo porque desde 2009 han pasado cinco años y el Conicet ha tenido momentos de hostigamiento hacia mí. Corresponde denunciar esa saga, me parece que es importante hacerlo público. Se suele acostumbrar mucho a no discutir por temor a los palazos, pero hay que discutir aunque la institución sea injusta. Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Glifosato
-¿Interpreta como un pase factura por el trabajo sobre glifosato?
-Sin dudas que es un pase de factura por el glifosato. Hay que recordar que el Conicet no fue neutral en ese momento.
-¿Por qué?
-Cuando di a conocer las consecuencias del glifosato, desde el Conicet armaron una comisión para contestar lo que yo había dicho. También me prohibieron la asistencia a una Feria del Libro para hablar del tema. Y el ministro Lino Barañao pidió una comisión de ética para juzgarme. Todo lo menciono en mi apelación al Conicet.
-¿Negarle la promoción es un mensaje para otros científicos?
-No creo que sea desconocido por el sector científico, donde hay pocos que están dispuestos a hablar claramente de estas cosas.
-¿Por qué?
-Por estas señales disciplinadoras. Hay una situación con gente que dicen “con esto no me meto porque viene la represalia, pierdo el subsidio, pierdo el becario”. Pero creo que no hay que tener miedo a las posible represalias. Si uno toma una decisión científica en su carrera que va contra la institución o si no quiere participar de la linea de la institución, debe tener lugar. La institución debe ser amplia, para todos, para los que quieren hacerse empresarios científicos y quienes solo somos investigadores.
-¿Qué responsabilidad le cabe al Presidente del Conicet y al ministro Barañao?
-Al Presidente (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia. Y Barañao… es sabida su animosidad manifiesta para conmigo. Hay una bajada de línea, sus hechos y dichos públicos haciendo juicio de valor sobre la investigación del glifosato. Tanto en medios públicos, televisión, radio incluso en charlas publicadas, hubo una reunión pública de Aapresid en Rosario donde habló de manera despectiva de mi trabajo. Si un ministro hace juicio de valor sobre la actividad científica de un investigador, el Ministro me atacó personalmente a mi y mi grupo por nuestro trabajo.
-¿Por qué?
-Lo hizo en un reunión de Aapresid. Dijo “el problema Carraco se termina dentro de una semana”. Porque iba a salir un informe del Conicet sobre glifosato y finalmente no lo pudieron hacer público porque era impublicable. Cuando un ministro dice ese tipo de cosas, siempre hay discípulos dispuestos a hacerle caso al ministro. Y si le cae en la mano una evaluación harán lo posible para dejar contento al ministro. Prácticas de revanchas, venganzas, pequeñeces, son comunes en el Conicet.
-Para muchas organizaciones que luchan en el territorio fue un punto de inflexión su trabajo de 2009. Es extraño de un científico que se involucre en luchas actuales.
-Creo que la investigación de 2009 contribuyó a dar impulso a muchos grupos de colegas que trabajan de manera similar. Y siempre me sentí muy acompañado por la sociedad civil. Me resulta difícil medir el impacto en la gente, pero sí coincido que no es común que un científico salga de la mera investigación de laboratorio para preocuparse y ocuparse por algo que sucede en los territorios. Sirvió para sumarse a una discusión actual, que afecta a la población, y contribuir a una discusión de ese tipo, creo que es lo que todo científico pretende. Y creo que también ha servido para mostrar limitaciones y defectos de la ciencia actual. He visto que muchos colegas legitiman a partir de la mentira. Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo.
Conicet
-Para los ajenos al mundo científico el Conicet pareciera un sello impoluto, de excelencia. Y al mismo tiempo legitimador de discursos sociales, políticos, periodísticos. Usted fue presidente del Conicet. ¿Cómo funciona?
-El Conicet no es para nada impoluto. Estuve dos años al frente del directorio. Tenía muchísimos problemas de estos todo el tiempo, que teníamos corregir. Yo mismo he tenido casos en los que tuve que rechazar dictámenes injustos y hasta intervine la junta de calificaciones. El Conicet está marcado por la situación política del momento, seriamente cruzado por internas políticas y las legitimaciones del momento. La institución no garantiza los derechos a ser evaluados de manera correcta y el mayor grado de objetividad posible. No debería nunca estar Néstor Carrillo evaluando mi trabjo, lo pusieron apróposito.
-¿Qué rol juegan las empresas?
-El Conicet tiene representantes de las provincias, de la ciencia, de universidades y de la industria y del agro, como dos grandes sectores económicos. Estos últimos son representes propuestos por las corporaciones.
-¿Cómo repercute el rol del sector privado?
El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado. Ha llegado a tanto esa vinculación que el Conicet ha inventado un sistema de evaluación distinto para los investigadores que trabajan con las empresas.
-¿Cómo una evaluación distinta?
-Un sistema que implica que el investigador puede trabajar para una empresa y no es evaluado mientras participa de proyectos de empresas, pero siempre como investigador del Conicet. Si decide dejar la empresa, vuelve a ser evaluado como todos nosotros. Todo investigador debe publicar, enviar sus trabajos a revistas, poner en discusión sus trabajos. Los investigadores del Conicet que trabajan para empresas no está sometidos a estas evaluaciones. En esos casos el Conicet funciona como proveedor de recursos humanos de las empresas.
-Si usted hubiera investigado en favor de empresas del agro…
-De seguro el Conicet me daba todas las promociones que pedía. Muchos de los promovidos por el Conicet están encolumnados con esta lógica institucional de privatizar la producción de conocimiento científico. Ese tipo de investigadores está prestigiado por el Conicet. Y se mira mal a quien no se encolumna en esa forma de entender la ciencia. Y mucho peor si se los confronta. El Conicet alienta o cuestiona a investigadores según qué investigue. Si cuestionás el modelo te puede negar subsidios, te saca becarios, te evalúa de manera arbitraria.
-¿Cómo se puede comprobar la vinculación del Conicet con el mundo empresario del agronegocios?
-Es pública la vinculación. Se promueven investigaciones de transgénicos con total financiamiento público del Conicet, se financia a la empresa Bioceres, donde está Gustavo Grobocopatel. Se financió el polo tecnológico de transgénicos en Rosario para desarrollo de semillas, trabajan junto a Aapresid (empresarios que introdujeron los transgénicos en asociación con las multinacionales del sector). El Conicet lleva adelante una política en favor de una determinada tendencia tecnológica y además participa de los negocios que surgen de esa confluencia con el agronegocios. No lo esconden. Están orgullosos del modelo de ciencia que hacen.
-El discurso, no sólo del Gobierno, es que se ha invertido mucho en ciencia y técnica en estos años.
-Es cierto. Pero habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en el todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el Conicet promueve esa lógica. En lo 90 estaba mal visto. Muchos hicieron la vida imposible al menemismo para que esto no pasara y hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. El artículo fue publicado en mayo de 2014, en el periódico número 101 de la CTA.
May 10, 2014 | 2014
“Soy investigador del Conicet y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo”.
Fue lo primero que se escuchó del otro lado del teléfono.
Era 2009 y aún estaba latente el conflicto por la Resolución N°125. Página12 había dado amplia cobertura a las consecuencias del modelo agropecuario y este periodista había escrito sobre los efectos las fumigaciones con agroquímicos.
El llamado generó desconfianza. No conocía al interlocutor. ¿Por qué me llamaba?
El científico avanzó en la presentación. “Mi nombre es Andrés Carrasco, fui presidente del Conicet y soy jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Le dejo mis datos”.
Nunca había escuchado su nombre. Nunca había escrito sobre científicos y el Conicet me sonaba como un sello.
Llamados al diario y preguntas a colegas. Todos confirmaron que era un científico reconocido, treinta años de carrera, con descubrimientos muy importantes en la década del 80 y trabajo constante en los 90, cuando se enfrentó al menemismo.
Hice la nota.
Su investigación fue la tapa del diario, (abril de 2009). La noticia: el glifosato, el químico pilar del modelo sojero, era devastador en embriones anfibios. Nada volvió a ser igual. Organizaciones sociales, campesinos, familias fumigadas y activistas tomaron el trabajo e Carrasco como una prueba de lo que vivían en el territorio.
“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, solía decir él. Y comenzó a ser invitado a cuanto encuentro había. Desde universidades y congresos científicos, hasta encuentros de asambleas socioambientales y escuelas fumigadas. Intentaba ir a todos lados, restando tiempo al laboratorio y a su familia.
También ganó muchos enemigos. Los primeros que le salieron al cruce: las empresas de agroquímicos. Abogados de Casafe (reúne a las grandes corporaciones del agro) llegaron hasta su laboratorio en la Facultad de Medicina y lo patotearon. Comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes. Y también lo desacreditó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Lo hizo, nada menos, que en el programa de Héctor Huergo, jefe de Clarín Rural y lobbysta de las empresas.
Barañao desacreditó el trabajo y defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Y no dejó de hacerlo en cuanto micrófono se acercara. Incluso cuestionó el trabajo de Carrasco en encuentros de Aapresid (empresarios del agro) y, sobre todo, en el Conicet.
Carrasco no se callaba: “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. No podían permitir que un reconocido científico cuestionara el agronegocio. Llegaron a decir que la investigación no existía y que era una operación del gobierno para prohibir el glifosato, una represalia por la fallida 125. Carrasco se enojaba. “Si hay alguien que no quiere tocar el modelo sojero es el gobierno”, resumió café mediante en el microcentro porteño. Pero Carrasco era funcionario del gobierno: Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. Le pidieron que bajase el tono de las críticas al glifosato y al modelo agropecuario. No lo hizo. Renunció.
El silencio no es salud
Empresas, funcionarios y científicos lo habían acusado de no publicar su trabajo de glifosato en una revista científica, sino en un diario. Se reía y retrucaba: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Era calentón Carrasco. Se enojaba, discutía a muerte, pero luego tiraba algún comentario para distender.
Nos solíamos ver en un café antiguo cerca de Constitución. Él era habitué. Charlaba con las mozas y debatía de política con el dueño.
Café mediante, le pregunté por qué se metió en semejante baile. Ya era un científico reconocido en su ámbito y no necesitaba dar prueba de nada. Tenía mucho por perder en el mundo científico actual. Me explicó que lo había conmovido el sufrimiento de las Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba. Y que no podía permanecer indiferente. También lamentó que el Conicet estuviera al servicio de las corporaciones. Denunció acuerdos (incluso premios) entre Monsanto y Barrick Gold con el Conicet. Se indignaba. “La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales”, disparaba.
Ética
En 4 de mayo de 2009, el ministro Barañao envió un correo electrónico a Otilia Vainstok, coordinadora del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (Cecte). En un hecho sin precedentes, Barañao aportaba bibliografía de Monsanto y pedía que evalúen a Carrasco. Nunca había pasado algo similar. La mayor autoridad de ciencia de Argentina pedía una evaluación ética por un investigar que había cuestionado al químico pilar del modelo agropecuario.
Barañao quería la cabeza de Carrasco.
Vainstok envió un correo electrónico el mismo lunes 4 de mayo,,con copia a los nueve integrantes del Comité de Ética. Decía así:
“Estimados colegas, esta tarde he recibido un pedido de que el Cecte considere las expresiones vertidas en artículos periodísticos por Andrés Carrasco con motivo de su investigación de los efectos del glifosato en embriones de anfibios. Adjunto también la bibliografía aportada por Lino Barañao, la entrevista a Carrasco y la entrevista al Ministro Barañao que sacó Clarín”.
El mail se filtró a la prensa. Y Carrasco se enteró de la operación de Barañao y Vainstok. El escándalo hubiera sido enorme. El Comité de Ética reculó y no juzgó a Carrasco, pero el camino estaba marcado.
Los de abajo
En agosto de 2010, en Chaco, estaba por dar una charla, pero empresarios arroceros y punteros políticos intentaron lincharlo. Había concurrido a una escuela de un barrio fumigado, y no pudo hablar. Lo sorprendió la violencia de los defensores del modelo.
Ese mismo agosto, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco. Lo que había sido un pedido-chicana de sus detractores, no sirvió para calmar las críticas. Continuó la difamación de los defensores del agronegocios. Pero fue un triunfo para los pueblos fumigados, las Madres de Ituzaingó y las asambleas en lucha. Y Carrasco comenzó a tejer diálogos con otros investigadores, de bajo perfil. Sentía particularmente respeto y cariño por jóvenes investigadores de Universidad de Río Cuarto y de la Facultad de Ciencias Médica de Rosario. Solía mencionarlos en las charlas y los señalaba como el “futuro digno” de la ciencia argentina.
Otro veneno
Solíamos cruzarnos en encuentros contra el extractivismo. Y periódicamente nos enviábamos correos con información del modelo agropecuario, alguna nueva investigación, viajes suyos a Europa para contar sobre su investigación, el juicio de las Madres de Ituzaingó, la nueva soja aprobada por el gobierno, los nuevos químicos. Un día recibí uno de sus mensajesl. “Hay un nuevo veneno”, fue el asunto de un mail. Alertaba sobre el glufosinato de amonio y lo mencionaba como posible sucesor del glifosato: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones y muerte celular en el cerebro. Con claros efectos teratogénicos (malformaciones en embriones). Todos indicios de un serio compromiso del desarrollo normal”, precisaba. Y recordaba que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) detalló en 2005 los peligros del químico para la salud y el ambiente. Destacó que desde 2011 el Ministerio de Agricultura había aprobado diez eventos transgénicos de maíz y soja de las empresas Bayer, Monsanto y Syngenta. Cinco de esas semillas fueron aprobados para utilizar glifosato y glufosinato.
¿Para qué y para quién investigan?
Otra tarde le envíe un correo electrónico contando de investigadores que confirmaron lo mismo que él, pero en sapos (muchas veces llaman los “canarios de la mina” porque pueden anunciar lo que le sucederá a humanos. Los investigadores tenían miedo a hablar, por las posibles represalias. De inmediato me llamó por teléfono. Fue tajante: “No quiero saber quiénes son. Sólo quiero que le preguntes para qué mierda investigan, si para criar sapos o para cuidar al pueblo que subsidia sus investigaciones. Preguntales eso por favor”. Y cortó.
Los investigadores nunca quisieron hablar y difundir masivamente sus trabajos.
Carrasco en Wikileaks
En marzo de 2011 se conoció que la embajada de Estados Unidos lo había investigado y había hecho lobby en favor de Monsanto. Documentos oficiales filtrados por Wikileaks confirmaban el hecho. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado. Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.
El otro Carrasco
En noviembre de 2013 le relaté que en Estación Camps (Entre Ríos) había entrevistado a una mujer que luchaba contra los agroquímicos. Era una trabajadora rural y ama de casa, muy humilde, que había enviudado. Su esposo era peón de campo, vivía rodeado de soja y fue fumigado periódicamente. Comenzó a enfermar, la piel se le desprendía y tuvo graves problemas respiratorios. Murió luego de una larga agonía. La mujer no tenía dudas de que habían sido los agroquímicos que llovían sobre la casa. Y los médicos tampoco tenía dudas, aunque se negaban a ponerlo por escrito. El nombre del trabajador rural víctima de los agroquímicos: Andrés Carrasco.
La viuda había escuchado en la radio sobre el científico homónimo de su marido y el glifosato. Y, entre llantos, contó que le daba fuerzas saber que alguien con el mismo nombre que su esposo estaba luchando contra los químicos que le arrebataron al padre a sus hijos.
Le conté la historia por teléfono. El Carrasco científico se conmovió, no podía seguir hablando. Y confesó que solía arrepentirse de no haber investigado antes sobre el glifosato.
La última maniobra
A fin del año pasado me llamó para contarme la última maniobra del Conicet. Había solicitado la promoción a investigador superior y le fue negada. La cuestión iba mucho más allá de la promoción. Lo enojaba el ninguneo de los científicos empresarios y obedientes del poder. Lo habían evaluado dos personas que no conocían nada de su especialidad y otro que es parte de las empresas del agronegocios. Me envió su carta de reclamo al Conicet y relató en detalla la reunión con el Presidente de la Institución. Estaba seguro que era un nuevo pase de factura por lo que comenzó en 2009.
Y le dolía el silencio de académicos que respetaba, incluso de amigos de antaño de las ciencias sociales que le daban la espalda.
Le propuse un artículo periodístico e intentar publicarlo en Página12. Le tenía aprecio al diario, a pesar de que hacía tiempo habían dejado de darle espacio. Le avisé que pondría su versión de los hechos y la del Conicet y de Barañao. Me retruco rápido: “Te van a sacar cagando”.
Lo propuse al diario. Lo rechazaron sin la más mínima explicación. Cuando le avisé la negativa, ni se inmutó. Dijo que era previsible. “En estos años tuve un curso acelerado de lo que son los medios de comunicación”, resumió. Le respondí que estos años había aprendido que el Conicet no era para nada impoluto y que había demasiadas miserias en el mundo científico.
Reímos juntos.
Y me chicaneaba y recordaba que ahora éramos colegas. Tenía un programa en FM La Tribu donde nadie lo censuraba y daba gran protagonismo a las asambleas y organizaciones en lucha contra el extractivismo. El nombre del programa era todo un mensaje a sus enemigos: “Silencio cómplice”.
Quedamos en juntarnos a comer un asado y publicar la nota en medios amigos (la publicó lavaca en su periódico MU en marzo pasado).
Intenté para esa nota hablar con “la otra parte”. Barañao dijo que no tenía nada de qué hablar, desechó cualquier pregunta. El presidente del Conicet, Roberto Salvarezza, adujo problemas de agenda.
La última entrevista
Viajó a México al Tribunal Permanente de los Pueblos (tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental que evalúa la violación de derechos humanos). Volvió a México en enero. Se descompuso y fue trasladado de urgencia. Lo operaron en Buenos Aires y tuvo largas semanas internado, débil. Cuando le dieron el alta, llamó a casa. “Zafé”, fue la primera palabra. Y de inmediato preguntó: “¿Qué sabés del bloqueo en Malvinas Argentinas (Córdoba, donde se frenó la instalación de una planta de Monsanto)? ¿La tiene difícil Monsanto?” Él había estado en setiembre de 2013 cuando comenzó el bloqueo. Me explicó que tenía para varias semanas de recuperación, pero cuando estuviera mejor quería que vayamos a Córdoba, a Malvinas Argentinas y también a visitar a las Madres de Ituzaingó. Lo dejamos como plan a futuro.
Hablamos sobre su situación en el Conicet. Le dolía la indiferencia de compañeros del mundo académico, sobre todo de las ciencias sociales. Le pregunté por qué no recurrir a las organizaciones sociales. Se opuso. Argumentó que ya demasiado tenían en sus luchas territoriales como para preocuparse por él. Se ofreció para una entrevista. La hicimos. Algunas citas:
-“Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo”.
-“El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones”.
-“(Sobre la ciencia oficial) Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron?”
-“Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Sabía que la entrevista sería para un medio amigo, “no masivo”. Estaba contento, recuperando fuerzas, no iba a dar el brazo a torcer ante Barañao, Salvarezza, el establishment científico y las corporaciones del agro.
El 27 de marzo concurrió a Los Toldos, a una audiencia pública sobre agroquímicos. Estaba débil, pero no quiso faltar. Sucedió lo mismo en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Soberanía Alimentaria (el 7 de abril), donde habló de los alimentos transgénicos y los agroquímicos. No estaba bien, andaba dolorido, pero no quiso faltar. Entendía esos espacios como lugares de lucha, donde debía explicar los efectos de los agroquímicos. Solía decir que se lo debía a las víctimas del modelo.
Al fines de abril avisó por correo electrónico que lo habían vuelto a internar. Esperaba que sea algo rápido. Quería volver a su casa, recuperarse y hacer el viaje pendiente a Córdoba, al acampe contra Monsanto.
Su legado
Fui testigo de sus últimos seis años. Tiempo en el que decidió alejarse del establishment científico que vive encerrado en laboratorios y sólo preocupado por publicaciones que sólo leen ellos.Se transformó en un referente hereje de la ciencia argentina. No tendrá despedidas en grandes medios, no habrá palabras de ocasión de funcionarios ni habrá actos de homenaje en instituciones académicas.
Andrés Carrasco optó por otro camino: cuestionar un modelo de corporaciones y gobiernos y decidió caminar junto a campesinos, madres fumigadas, pueblos en lucha. No había asamblea en donde no se lo nombrara.
No existe papers, revista científica ni congreso académico que habilite a entrar donde él ingresó, a fuerza de compromiso con el pueblo: Andrés Carrasco ya tiene un lugar en la historia viva de los que luchan.
* Por Darío Aranda. Publicada el 10 de mayo de 2014 en lavaca.org
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Félix Díaz, la lucha qom y la resistencia mapuche. Las empresas extractivas y los gobiernos. El racismo argentino y la unión de los pueblos indígenas.
El referente qom Félix Díaz visitó Neuquén invitado para disertar sobre la lucha indígena y la criminalización de la protesta social. Recordó su despertar en la lucha, la situación en Formosa, la necesidad de articular con otros pueblos y la consolidación del Consejo Plurinacional Indígena. Y, claro, habló de la defensa del territorio, el rol de las multinacionales y los gobiernos. “Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas”, explica Díaz y remarca la prioridad de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
-¿Por qué vino a Neuquén?
-Tenía una necesidad de volver, de saber algo de los los hermanos, retomar las cosas que veníamos haciendo. Quería saber de las cosas que estaban pasando acá, porque en Formosa tenemos muchos conflictos y como nos centramos en eso pareciera que no existen los conflictos en en otras provincias. Es bueno estar acá, para informarnos de la realidad de las comunidades mapuches.
-¿Qué pudo observar de Neuquén?
-Fuimos a la fábrica Zanón (Actual Fasinpat), una experiencia muy hermosa, el ser sus propios administradores. Es una experiencia muy nueva para mí, la de ver a los trabajadores ser sus propios patrones. Imagínese que nosotros somos los que proveemos mano de obra, recursos naturales y vivimos en la extrema pobreza, porque los empresarios explotan a los obreros, con el apoyo de los gobiernos. Y nosotros somos siempre las víctimas porque no tenemos la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestra propia organización, nuestros recursos, no tenemos esa autonomía por la carencia de recursos.
-¿También estuvo en Añelo? (localidad epicentro de Vaca Muerta)
-Es lamentable la situación que están pasando allí. Es similar a lo que sucede en la zona wichi de Formosa, con empresas petroleras instaladas en el territorio. No tienen educación, vivienda, luz, agua. Ni siquiera hay caminos. Sin embargo tenemos la ley que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ley está, pero no se cumple. Muchos de estos problemas son porque no conocemos las leyes que nos protegen.
-¿Pudo conocer la lucha contra el fracking que se da en Neuquén?
-Sí. Y vi una articulación muy fuerte entre los gremios, organizaciones sociales e indígenas. Es muy productivo que se organicen y luchen juntos. La verdad es que esto es muy alentador, pero siempre está la parte en que los partidos políticos y organizaciones confunden el rol de los pueblos indígenas y quieren cooptarlos. Y los medios ayudan a esta confusión.
-¿Cómo juegan los medios de comunicación?
-Los medios son fundamentales para los pueblos indígenas. Los qom tenemos nuestra propia lengua materna, de la cual nosotros traducimos los anuncios oficiales y noticias de internet, para dar un panorama de la situación nacional. Y la gente, al escuchar todo esto, se da cuenta de la manipulación de los medios de comunicación. El cuarto poder, los periodistas, negocian la información. Los pueblos indígenas todavía conservamos la honestidad, la capacidad de respetar la palabra, que puede ser una alternativa para la sociedad, de escuchar una voz honesta.
-¿Cómo hacer que la voz indígena se escuche más?
-Es un espacio a construirlo. Una herramienta puede ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debe ayudarnos a desarrollar nuestra identidad cultural. Necesitamos que el decir indígena no sea manipulado, el mismo indígena tiene que defender su pensamiento; qué es lo que queremos y cómo queremos hacer las cosas. Es lo mismo en la educación, es necesaria la participación indígena.
-¿Cuál es el rol de los jóvenes indígenas?
-La esperanza está en los jóvenes, que son los que deberían defender este proyecto de participación, para que mañana sean los protagonistas de la lucha. Pero la lucha es de todos, no solo de los indígenas, sino de la sociedad toda.
Formosa
-¿Cuándo y cómo fue el despertar de la conciencia para luchar por los derechos?
-Encontrarme conmigo mismo no fue fácil. Retomar mi identidad fue un cambio en el que tuvo que ver el estar en distintas organizaciones. Me encontré conmigo mismo en el 2001. Yo siempre pensé como indígena, pero en los partidos políticos en los que estuve me sacaron ese pensamiento. Mi pelo era largo siempre, como ahora, pero en el Ejército me pelaron, me sentía tan inútil, porque me desnudaron de mi identidad y me pusieron un disfraz, y sin darme cuenta de este proceso, en el Ejército tuve que aprender a hablar castellano, tampoco sabía leer. Cambiaron mi forma de ser, siempre mantenía el cabello corto, porque eso era ser “civilizado”. Ya no sos indígena, me dijeron, ahora sos cristiano.
Bajo esa mirada trabajé en distintos sectores sociales, identificándome con la iglesia, con líderes de izquierda como el Che Guevara, Fidel Castro. Ahí empecé a pensar en ser campesino, y no en ser indígena, en que mis hijo fueran abogados, médicos. El querer “ser alguien” me hizo olvidar de ser indígena.
En el 2000 realicé una serie de entrevistas a ancianos, una investigación de mi propia identidad. Ahí pude redescubrir nuestra identidad cultural. Y me doy cuenta de lo importantes que somos. Al traer de vuelta esa naturalidad del ser indígena. Y eso me ha costado mucho dolor, porque los que creía hermanos en la iglesia, amigos en esos partidos y sectores sociales se olvidaron de mí y se pusieron en contra. Luché contra eso con mi ser indígena. Nunca tuve miedo de ser indígena. Y pude lograrlo mediante la honestidad y haciendo algo para la gente, y no condicionando al otro para darle una mano. Cuando puedo hacer algo, lo hago y para todos.
Debemos salir de ese encierro que nos pusieron. Es enriquecedor saber lo que soy. No somos cualquiera. Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas, pensar como indígenas, actuar en comunidad. Si nosotros no denunciamos, si no defendemos nuestra cultura, nadie lo hará por nosotros.
-¿Cómo es la situación actual en Formosa?
-Sigue la lucha, sigue la persecución de la Justicia, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hemos logrado cambios, pasos importantes, de ponernos en la lucha con la guía de los mayores. Nuestros problemas se resolverán con mejores estrategias políticas, organización, mediante el diálogo, una estrategia que sea participativa y que seamos parte de esa construcción que será beneficiosa para todas las comunidades. Y es un desafío muy grande pelear contra las empresas extractivas.
-¿Por qué?
En el Norte hay pozos petroleros, ganadería, soja, y ahora se están adueñando de las aguas. Es un peligro para los indígenas, porque para el Estado el territorio indígena que “no se usa”, creen que es que es tierra ociosa. Y nos van a matar por nuestras tierras, no con las armas, sino que nos van a aislar, con la ignorancia y negando todos nuestros derechos. Para superar eso, hay que estar juntos.Para nosotros, como hemos vivido defendiendo los recursos naturales, queremos ser parte de la política que regule el uso de los recursos, por eso la importancia de la capacitación de nuestros jóvenes y discutirles de igual a igual a las multinacionales.
-¿Siente discriminación hacia los pueblos indígenas?
-Sí, hay mucha discriminación. Un ejemplo, en nuestro territorio hay una fundación de italianos, alemanes, yugoslavos, polacos, y viven hace años en nuestro territorio. Y hablan en su idioma y nadie les dice nada. Pero cuando nosotros hablamos en qom, nos dicen ‘hablen como la gente’. Entonces pareciera que no pertenecemos a la sociedad civilizada, la sociedad inteligente que dicen ser. Muchos quieren desarrollar sus capacidades, pero bajo la explotación del otro.
Nacional
-¿Por qué la articulación de distintos pueblos en el Consejo Plurinacional Indígena?
-Cada vez que salgo de mi comunidad me sorprendo. Nunca creí que en Argentina vivieran muchísimos pueblos, que tienen gran riqueza y que nadie les da importancia. Entonces lo ideal es que nosotros construyamos nuestra organización propia, para defender lo nuestro. Empresarios, estados y partidos políticos se organizan para expropiar nuestra cultura, nuestra sabiduría, nuestra naturaleza. Si no hacemos nada, mañana vamos a pagar el costo de esta violación de los derechos humanos, sin territorio, sin cultura y dependiendo de un Estado que nos colonizó. Y es muy triste si llegamos a perder nuestras raíces. Por eso es importante nuestras raíces. El futuro está en nuestra espalda. En este proceso estamos dejando huellas a las generaciones que vendrán, estamos fijando las huellas de nuestros ancestros. Atrás, en nuestros ancestros está el futuro. Ese archivo hay que cuidarlo.
-¿Cómo lograr aliados en la esta lucha?
-Uno no puede encerrarse. Buscamos alianzas. Queremos abrir puertas, ser escuchados y escuchar al otro. La política indígena es parte de la reconstrucción de una sociedad con muchas deficiencias. Y nosotros tenemos certeza de que somos parte de la esperanza de la sociedad, somos una alternativa a la sociedad.
-¿Cuál es el rol del Estado?
-Nosotros peleamos para que esas miradas de dependencia sean desarticuladas. Queremos ser autónomos, pero no queremos separarnos del Estado. El objetivo es compartir con la sociedad todo lo que sabemos y hacemos, pero manteniendo nuestra identidad cultural como pueblo. Nosotros siempre hablamos de “nosotros”, nunca usamos el “yo”. Nunca decimos yo quiero, sino, nosotros queremos. Estando acá en Neuquén hay una coincidencia de pensamientos en este sentido, es la forma de ser de los pueblos indígenas, y eso es muy bueno, a pesar de la distancia. A pesar de que hablamos idiomas distintos, tenemos el mismo pensamiento.
-¿Cómo ve el futuro?
-Seguiremos trabajando, tratar de hacer algo positivo, y no ver al otro como enemigos, menos entre indígenas. El enemigo es el poder económico. Muchos de nuestros hermanos se han vendido por las migajas al Estado, no es su culpa, sino de un sistema que nos impone pobreza. Debemos avanzar por un camino que sea propio, y que podamos trabajar, fortaleciéndonos, intercambiar información y estar cerca de los otros. Hay que juntarse con otros para defender lo nuestro. Tenemos que sentir ese corazón humano que tenemos, fortaleciéndolo con otros. No tenemos que dejar que se enfríe el corazón, porque el corazón frío mata, ignora, maldice y trata de adueñarse de lo ajeno.
La idea es seguir aprendiendo, construyendo algo propio de los indígenas. Yo no soy mapuce, pero en territorio mapuce me siento parte de la familia. Ojalá los mapuce conozcan territorio qom, para que sepan quienes somos. Debemos fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
* Por Umawtufe Wenxu y Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El Congreso Nacional aprobó el pacto con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Tres voces mapuches expusieron ante los senadores. La contaminación, el Estado que sanciona leyes y las incumple, y quién paga el costo de un supuesto progreso.
Denunciaron la contaminación durante años, pero siempre los desoyeron. Una década después, el Gobierno les dio la razón. La contaminación existía.
Leyes sancionadas por el Estado obligan a procedimiento de consentimiento de las comunidades indígenas en temas que los afecten. El que viola sistemáticamente esas leyes es el propio Estado.
Fueron algunos de los ejes de los voceros mapuches que estuvieron en el Congreso Nacional, cuando se debatía el acuerdo YPF-Repsol. Relataron la historia de la industria petrolera en Neuquén, los atropellos, la contaminación y la violencia.
La respuesta de los senadores fue coherente con la historia política argentina: relativizaron la contaminación, ignoraron los derechos vigentes por leyes nacionales y tratados internacionales y culparon a los propios mapuches por la pobreza reinante.
Una jornada que pasó desapercibida en las crónicas periodísticas, pero que reflejará una época al momento de escribir la historia.
Congreso Nacional
El gobierno nacional llegó a un acuerdo con Repsol por el 51 por ciento de YPF, por 5000 millones de dólares, pero requería ser refrendado por los legisladores nacionales.
Hubo trabajo en comisiones, previo a la votación en el recinto. El 18 de marzo se realizó el plenario de dos comisiones, Minería, energía y combustibles, y la de Presupuesto y hacienda. De la decena de audiencia, y dos meses que duró el debate, fue la única jornada que contó con testimonios mapuches, justamente quienes viven en los territorios de donde se extrae buena parte de los hidrocarburos.
Abrió el juego Gabriel Cherqui, werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, de Loma La Lata, donde desde hace cuarenta años operan empresas petroleras, entre ellas YPF y, durante toda la privatización, Repsol. “Vengo desde el corazón de lo que ustedes llaman Vaca Muerta”, inició su alocución y no dio muchas vueltas: “Escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares que hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar, dado que la misma Constitución habla, del respeto a los pueblos originarios, que se acuerden de nosotros, que existimos y que mucha gente se está muriendo”.
El clima de la audiencia comenzaba a mutar. La dirigencia política rara vez está obligada a escuchar voces críticas en vivo y en directo. Y, más extraño aún, que esas voces concurran a la sede de los senadores.
Cherqui recordó que hace catorce año que denuncian el accionar contaminante de Repsol, afirmó que tenían respaldo de estudios, informes y de la misma vivencia en el lugar. “Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol”, recordó y relató los juicios que iniciaron contra Repsol y el viaje a España para denunciar lo que en Argentina no tenía eco. Recibió con mezcla de expectativa y desconfianza la decisión del Gobierno, en 2012, de expropiar. Los motivos oficiales habían sido la falta de inversión y el grave pasivo ambiental.
“Siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción”, definió el vocero mapuche. Los senadores se miraron sin entender la diferencia. Hasta que avanzó en la explicación: “Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra. Ese progreso se ha llevado nuestras vidas”. Y detalló los casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que se repiten en la comunidad.
Pidió a los senadores que piensen en los millones de litros de agua que se contaminan cada día por la explotación hidrocarburífera, afirmó que la explotación convencional no tienen control y auguró un futuro peor con la técnica de fractura hidráulica (fracking). Remarcó que hay estudios independientes que confirman la contaminación y exhibió una botella con agua de Loma La Lata. Invitó a que los propios senadores encarguen sus estudios para confirmar la contaminación.
Preguntó si en el pacto con Repsol estaba incluida la remediación ambiental del territorio contaminado. Y marcó la contradicción de expropiar a Repsol y dar la bienvenida a Chevron.
“El gas y el combustible llega a Buenos Aires, pero las consecuencias quedan en nuestros territorios, ya no podemos tener animales ni desarrollar nuestras actividades. No hay hospitales ni escuelas. No nos están dejando una posibilidad de vida”, resumió.
Cruces
Solicitó la palabra el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, jefe de bloque del Frente para la Victoria. Señaló que los pasivos ambientales son “más de la YPF estatal que de la empresa privada”, preguntó qué hacer con la contaminación y, sin dar tiempo a la respuesta, arremetió contra Cherqui: “Su comunidad trabaja con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos”.
Las comunidades de Loma la Lata (Kaxipayiñ y Paynemil) nunca ocultaron sus negociaciones con las empresas petroleras. Lo que no contradice que haya legislaciones que no se cumplieron y la existencia de contaminación.
Pichetto retrucó: “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera”.
El senador Pichetto resumió las supuestas ventajas de trabajar para petroleras: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes”.
El clima de la sesión se enrareció aún más. Unos de las principales voces del gobierno nacional arremetiendo contra un dirigente mapuche.
Cherqui le respondió que la avanzada empresaria y gubernamental no le dejaba otra posibilidad que, para sobrevivir, negociar y trabajar para las petroleras. Recordó que su pueblo siempre vivió de la cría de animales.
Pichetto insistió en que trabajar para las petroleras era mejor y volvió a la carga de la peor manera, hiriente: “Con la economía pastoril se morían de hambre”.
La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Cívico) cuestionó que se descalifique a quien habla y que no se refieran al tema en cuestión. “Que el señor (Cherqui) venga a dar testimonio y que trabaje para YPF no invalida el testimonio que nos da”, reclamó.
La legisladora por Río Negro Magdalena Odarda (Coalición Cívica, ARI) señaló que algunos de sus pares habían realizado tareas de inteligencia sobre los dirigentes mapuches y le respondió a Pichetto. “Es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero no se cumplen”. Y ejemplificó con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y que el Estado viola sistemáticamente.
Cerró Cherqui. Agradeció la posibilidad de hablar y devolvió gentilezas a Pichetto: “Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar”.
Segundo tiempo
Aún restaban las palabras de dos dirigentes mapuches, y el senador por Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) pidió la palabra. Comenzó a leer un informe de YPF que daba cuenta del aumento de la inversión en remediación ambiental y afirmó que el monitoreo de aguas y ríos de Loma La Lata “muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua”. Señaló como fuente de estudios a la consultora BFU y el laboratorio Induser.
Dio cuenta de una situación casi ideal. Pero no hizo públicos esos estudios.
Reconoció que “durante décadas” la YPF estatal arrojó el agua contaminada directamente a los ríos, pero argumentó que con la reforma constitucional de 1994 comenzó a cambiar esa situación. “Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos”, sostuvo y, al igual que Pichetto, también apuntó contra los mapuches: “Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos”.
La abultada cifra llamó la atención. 2.700 millones de pesos es mayor al presupuesto anual del Ministerio de Industria (1.500 millones) y del Ministerio de Turismo (1.300 millones).
Tres semanas después, el senador Fuentes aclaró en el diario Río Negro que el monto de dinero era 2,7 millones de pesos: el 0,1 por ciento de lo que había afirmado en el Senado Nacional.
Mari mari kom pu ce (buenas tardes a todos)
Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen de Neuquén, a treinta kilómetros de Zapala. Comenzó saludando en idioma: “Mari mari kom pu ce. Buenas tardes a todos”.
Señaló que existen comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, pero remarcó que no es el caso de todas. Y precisó que existen más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta. Y apuntó a la expropiación del 51 por ciento de YPF y el pago a la empresa española. “Repsol es una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo. Una empresa ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una Justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este Gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos”, arrancó Maliqueo.
Explicó que en los territorios con explotación petrolera se repiten enfermedades por contaminación, y afirmó que los habitantes no están muriendo por vejez. Recordó a la lonko Cristina Linkopan, de la comunidad Gelay Ko, que falleció a los 30 años por una hipertensión pulmonar. “No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar”, reclamó.
Solicitó al Senado Nacional la cuantificación de los pasivos de YPF-Repsol, denunció que el gobierno neuquino avanza en los territorios indígena con criminalización de quienes resisten y, mirando a los ojos a los senadores, les reprochó que (con el accionar de los tres poderes del Estado) “se está violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado” como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. “Exigimos a este Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas”, instó.
Graficó que el petróleo se explota en el patio de las casas mapuches y no en las viviendas de los senadores, diputados o del gobernador. “Nuestro territorio es el que está siendo contaminado, que es donde tenemos el futuro de nuestros niños. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Exigimos que los derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el Pueblo Mapuche”, sostuvo Maliqueo.
Y finalizó como había comenzando, en idioma mapuche: “¡Marici weu, marici weu!”. Grito de lucha y resistencia que significa “diez veces venceremos”.
Leyes incumplidas
Nylo Cayuqueo es un histórico dirigente indígena de Argentina. Militante desde la década del 70, vive en Los Toldos y forma parte de la mesa de PPOO de Buenos Aires.
Cayuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: “El Estado no cumple las leyes y convenios internacionales que firmó”. Y le preguntó a los senadores si habían leído el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir.
Nadie le respondió.
“Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo de hecho”, denunció y apuntó que el Gobierno, mediante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) manipula y divide comunidades. “A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo”.
Precisó que la leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades, alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa: “No es democracia para nosotros”, reprochó y recordó que ningún Gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas.
La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ de San Luis) preguntó si era posible trasladar a las comunidades mapuches a otros territorios, no afectados por la extracción petrolera.
Le respondió su par de Río Negro, Odarda: “Jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico. Hoy es una metodología utilizada por las grandes empresas, no es una solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida, la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional”.
Completó Cayuqueo: “Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar”. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados. Y reiteró: “Por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente”.
Epílogo
Ocho días después, el 26 de marzo, el Senado Nacional votó el pacto con Repsol. Con apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Movimiento Popular Neuquino. 42 votos a favor y 18 en contra (UCR, FAP y UNEN). El PRO y el Peronismo Federal se abstuvieron.
El 23 de abril fue el turno de los diputados. 135 votos a favor, 59 negativos y 42 abstenciones.
5000 millones de dólares para la empresa española.
La amplía mayoría de los legisladores priorizó la necesidad de petróleo, la decisión de cerrar conflictos comerciales y así avanzar en la explotación de Vaca Muerta, con corporaciones similares a Repsol.
Se dejaron de lado los pasivos ambientales y, en una línea de coherencia histórica del Estado argentino, ignoraron los derechos de los pueblos indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Abr 24, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. Una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias, desalojos rurales, desmontes, empobrecimiento de suelos. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Periodistas que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o forestales.
Coincidencia I: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Coincidencia II: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de un clase media urbana (del que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir. Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un periodista repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a un redactor a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. Ese modelo requiere sacrificar territorios, y requiere sacrificar también las vidas que resisten en esos territorios.
Durante la reciente lucha docente, el colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz fue hasta la médula del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo. Sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de abril de 2014 en Comunicación Ambiental.
Abr 21, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja, buscan impedir la extracción de uranio.
Dos preguntas resuenan en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa? ¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó que los vecinos están “desinformados”.
En la localidad salteña de El Galpón, a 180 kilómetros de la capital provincial, se realiza desde hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder) está en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de hombres y mujeres de todas las edades.
Desde el 14 de mayo de 2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V. González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento. También participa la organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.
El secretario de Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a “la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la “desinformación” de quienes se oponen.
La senadora salteña (mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales, inexistente (…). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente establecidos”.
Los Vecinos Autoconvocados se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.
A 680 kilómetros al sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero, servidumbre de paso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El Cantadero. La Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros”, denunció la asamblea y remarcó que el proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte kilómetros de la capital riojana.
Marisa Romero afirmó que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y Sierra Pintada (Mendoza).
El 17 de marzo comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros (no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos. Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio “departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.
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Chubut
Por primera vez en la historia de Chubut se hizo uso de la Iniciativa popular, una instancia contemplada en la Constitución provincial y que consiste en reunir las firmas del tres por ciento del padrón electoral, la presentación de un proyecto de ley (en este caso de prohibición de la megaminería) y la obligación de la Legislatura de tratar el proyecto.
Con 13007 firmas, las Asambleas Ciudadanas de Chubut y comunidades mapuche-tehuelche se movilizaron a Rawson, donde llegaron hasta el Tribunal Electoral para presentar las firmas. “La población tomó la iniciativa y se fue multiplicando por todos los rincones de nuestro interior provincial, siempre teniendo presente la defensa del agua y la tierra, porque no queremos el saqueo de las corporaciones”, explicó Angel Cayupil, activista junto a comunidades mapuche-tehuelche y pobladores de la meseta de Chubut.
La provincia ya cuenta con una ley que restringe la minería, pero sólo limita la etapa de explotación y refiere a la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto de ley incluye otras sustancias químicas y abarca la extracción metalífera y la de uranio.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de abril de 2014 en el diario Página12.
Abr 17, 2014 | 2014, Campesinos
Diversas organizaciones presentarán hoy sus demandas al conmemorarse una jornada que busca defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria son las consignas principales en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy. En Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, perdió estado parlamentario el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Y todas las organizaciones de base denuncian el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.
“Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva”, explica el llamamiento de la Vía Campesina, que nuclea organizaciones de 70 países y denuncia la “privatización” de las semillas que impulsan las grandes empresas.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) se movilizará hoy en varias provincias y el 1º de mayo en Capital Federal; junto al Movimiento Evita y otras organizaciones marchará al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Social y al de Agricultura. “Denunciamos la falta de recursos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y reclamamos una ley integral para el sector”, afirmó Diego Montón, del MNCI. También alertó por un proyecto de ley de semillas impulsado por Monsanto y resaltó que “el extractivismo no posibilita ningún proyecto nacional ni latinoamericano”.
En Sáenz Peña (Chaco), hoy habrá una gran asamblea convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra). Será para definir detalles de un plan de lucha provincial. “El agronegocio avanza y no tenemos apoyo real de provincia ni de Nación”, resumió Raúl Galván. Señaló que saldrán en tractores, camionetas, carros y a caballo para visibilizar la situación campesina. Cuestionó al Poder Legislativo: “Pasaron años y ni leyeron el proyecto de ley para frenar los desalojos. No les importamos”. Reveló que sólo se financian proyectos a “organizaciones paraestatales, oficialistas”.
El 17 de abril de 2011 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Fue impulsado por el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar, entre otros. En noviembre de 2011, cuando asesinaron al campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, fue vuelto a presentar, junto a legisladores del oficialismo. En octubre de 2012 asesinaron al campesino Miguel Galván. El proyecto de ley nuevamente fue presentado. Luego de tres años, el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario.
El Ministerio de Agricultura reveló en 2013 que hay un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa y 64.000 familias campesinas e indígenas afectadas.
Desde la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), José Luis Castillo, señaló que tanto hoy como el 19 (Día del Indígena Americano) son momentos de “reflexión, unión y lucha”. Resaltó como positivo que en los últimos años se logró el trabajo conjunto de organizaciones campesinas. Señaló cuatro ejes de acción: freno a los desalojos, crear un instituto de la agricultura familiar, financiamiento para el sector y declarar la función social de la tierra (que fue eliminado en 2013 del proyecto de Código Civil). “La caja del Ministerio de Agricultura sigue siendo para el agronegocio. Y las monedas para agricultura familiar”, cuestionó.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) del Frente Darío Santillán está formada por productores hortícolas. Elaboraron la propuesta de una “colonia agrícola integral de abastecimiento urbano”, un espacio de producción de alimentos sanos y para los sectores populares. Aunque fue presentado a distintas instancias del Estado, siempre chocó con la burocracia y la indiferencia. Luego de un acampe de dos días, el Ministerio de Agricultura de Nación se comprometió en 45 días a ofrecer tierras fiscales donde producir, y créditos blandos para insumos y maquinarias.
Nahuel Levaggi, de la UTT, evaluó que la “correlación de fuerzas es muy desigual” entre el agronegocio y el campesinado, afirmó que “el único que puede equilibrar esa balanza es el Estado” y se animó a la autocrítica: “Tenemos que elaborar propuestas, presionar arriba para poder plasmarlas y evitar la fragmentación del campo popular”.
En el norte de San Luis habrá jornada de trabajo comunitario para producción de alimentos. Será en la Asociación Campesina del Valle de Conlara, organización rural que en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Justicia para frenar las fumigaciones. Sin embargo, en los que va de 2014, los campesinos sufrieron cuatro fumigaciones. “Hicimos las denuncias y ahí estamos, resistiendo”, señaló Goyo Arias, de la Asociación Campesina. Recordó que en la zona están presentes Cresud, Monsanto y pooles de siembra que inundan los campos con soja y maíz transgénico. Resumió el 17 de abril como “un día de reivindicación de nuestros derechos y también de reivindicación de la vida digna del campesino, una forma de vida que muchos poderosos no quieren respetar”.
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Aquella matanza en Brasil
El 17 de abril de 1996, en el estado amazónico de Pará (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra bloqueó una ruta en reclamo de la reforma agraria. La policía asesinó a 21 campesinos e hirió a 69. La organización denunció que la represión estuvo orquestada por autoridades políticas, la policía, el ejército y grandes terratenientes. La organización internacional Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día de la Lucha Campesina y este año hizo hincapié en las semillas.
“Luchamos en defensa de las semillas campesinas, porque son esenciales para una reforma agraria integral y de nuestro modelo de agricultura basado en la producción agroecológica. Las semillas son un patrimonio de los pueblos, son parte de los bienes comunes como la tierra y el agua, y deben permanecer en manos de los pueblos”, explica la convocatoria. Advierten y cuestionan políticas empresarias y estatales de “privatización” de semillas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de abril de 2014 en el diario Página12.
Abr 15, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
«Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
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Un estudio en Coronel Suárez
Coronel Suárez es el único lugar de la Argentina en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente realizó un informe, llamado “Consecuencias en la salud por la utilización de agrotóxicos en los establecimientos educativos rurales”. El escrito de 104 páginas y fechado en mayo de 2013 revela que existen 41 establecimientos afectados (23 primarios, 16 jardines y 2 secundarios). El secretario de Ambiente, Emanuel Garrido, solicitó ayuda a la gobernación bonaerense y a la Nación, pero aún no obtuvo respuestas.
“Los establecimientos educativos se encuentran expuestos a las derivas y otros tipos de contaminación de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala el informe. Detalla que los campos están literalmente pegados a la escuela y muestra tractores mosquito fumigando mientras los niños juegan en el patio. El trabajo confirmó que hubo alumnos con afecciones respiratorias, cefaleas y ojos irritados.
Cuestiona que las escuelas estén “desprovistas de mínimas garantías para la salud” y realiza recomendaciones a las autoridades, como “proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa, fijar una franja de 2000 metros alrededor de escuelas y, luego de repasar bibliografía científica nacional e internacional, recomienda “erradicar transicionalmente” los cultivos transgénicos de Coronel Suárez por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El trabajo fue realizado por un equipo integrado por médicos, docentes, agrónomos y abogados. El secretario de Ambiente comunicó formalmente su trabajo a autoridades de la Dirección General de Educación, al defensor del Pueblo, al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a la Secretaría de Ambiente de Nación. A todos solicitó medidas “urgentes” para proteger a niños y docentes. Incluso recomendó no comenzar las clases por las consecuencias en la salud. Hasta ahora no obtuvo respuesta.
* Por Darío Aranda. Publicado el 15 de abril de 2014 en el diario Página12.
Mar 14, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
En Argentina se celebra cada metro ganado por empresas petroleras y se publicita como positiva cada nueva concesión. Mientras se invisibilizan las consecuencias del avance extractivo. Semblanza de Cristina Linkopan, autoridad mapuche, una vida cobrada por el progreso petrolero.
Hija. Hermana. Mapuche. Lonko. Madre. Luchadora. Algunos de los roles ejercidos simultáneamente por “Tina”, como llaman a Cristina Linkopan en la comunidad Gelay Ko (Neuquén). Tina creció en un campo invadido por las petroleras, donde ventean gas las 24 horas de todos los días del año y la dádiva empresaria se imponía como moneda de cambio.
Multinacionales que llegaban, exprimían el subsuelo, extraían hidrocarburos y se iban. Para dar paso a otras empresas, las mismas promesas y que repetían la rapiña. La comunidad sólo conocía de abundancias ajenas y necesidades propias. Pero Tina Linkopan dijo basta de saqueo, contaminación y violación de derechos.
Enero de 2011 fue un quiebre. La mayor parte de la comunidad estaba en los campos de veranada cuidando los animales, la empresa estadounidense Apache aprovechó esa ausencia e ingresó a un sector de la comunidad para hacer algo nunca visto en la zona: el primer pozo de multifractura horizontal (fracking) de Latinoamérica. Cientos de camiones, máquinas, torres, tanques de agua, camionetas, explosivos. Un ejército extractivo. La prueba más grotesca fue un gigantesco piletón con agua de desecho que implicó una trampa mortal para decenas de animales de la comunidad.
Al mes del ingreso, el Gobernador de Neuquén visitó la zona. Llegó para celebrar junto a la empresa el “éxito” del primer pozo de fracking en la región.
Tina dijo basta. Junto a otras familias de las comunidades exigió explicación a la autoridad mapuce de entonces (que mantenía buen trato con la empresa). La explicación nunca llegó. Entre bronca e indignación comenzaba a emerger la joven dirigente Cristina Linkopan, veinteañera, madre, mujer mapuche.
Divisiones y pesares
En un proceso largo y doloroso, la comunidad se reorganizó. Eligió a Tina como lonko. El gobierno provincial y la empresa Apache apoyaron al otro sector, que les aseguraba extraer hidrocarburos sin contratiempos.
La comunidad se partió en dos.
El sector de Tina acentuó la lucha contra la petrolera. Redoblaron esfuerzos de articulación, con otras comunidades mapuches, con organizaciones sociales de Zapala y Neuquén capital.
“Vivimos en un cochina pobreza”, lamentó Cristina en una de las pocas entrevistas televisivas que le realizaron.
No es fácil denunciar a las petroleras en una provincia con tradición extractiva. Y todo es más difícil si quien alza la voz es mujer, mapuche y pobre.
En Gelay Ko hay 222 pozos petroleros en sólo 224 hectáreas. Aunque existe frondosa legislación (provincial, nacional e internacional) nunca se cumplieron los derechos del Pueblo Mapuche. El Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Hermosa letra, de nulo cumplimiento.
La escuela más cercana está distante 30 kilómetros. Peor suerte si alguien se enferma: 60 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. El combo de la carencia: no hay electricidad (pasan cables de media tensión por la comunidad, pero no bajan a las casas mapuches) y, peor aún, no hay agua para los indígenas.
Linkopan siempre fue tímida, pero sólo hacía falta preguntarle por la situación mapuche para vencer la timidez y que enumere las injusticias:
-“Vivimos un atropello de esta multinacional petrolera (Apache)”
-“Es jodido tener una petrolera en el territorio. Aparecen enfermedades respiratorias, las mujeres pierden embarazos”.
-“Hay cinco abuelos ciegos. Los médicos nunca dicen que es por la contaminación, pero día y noche queman gas, hay olor, y las enfermedades aparecen”.
Cristina solía tomar como referencia a la comunidad Kaxipayiñ de Loma La Lata (también de Neuquén), donde desde hace 40 años extraen hidrocarburos y se repiten los casos de cáncer, diabetes, cegueras, abortos espontáneos y muertes tempranas.
Uno de los temas que más le dolía a Linkopan era la división de la comunidad, impulsada por el Gobierno y la petrolera. “Nos da vergüenza explicar, pero hay que hacerlo”, se disculpaba. Y contaba que en el Pueblo Mapuche también hay “yanakonas (traidores) que aceptan plata que decir que las empresas no contaminan”. Era dura con sus hermanos, pero soñaba con un posible unión entre los dos sectores de Gelay Ko y un reencuentro entre las distintas comunidades del Pueblo Mapuche de Neuquén.
Recuerdos
Lorena Rifo, de la Multisectorial de Neuquén contra el Fracking, conoció a Linkopan. La recuerda como una de las primeras voces en denunciar cuando todos celebraban el descubrimiento de Vaca Muerta. “Fue esencial para empezar la lucha en conjunto contra la hidrofractura”, afirma.
Empresas y funcionarios la subestimaban porque la lonko no tenía formación académica para detallar las técnicas petroleras, pero los refutaba con la vivencia en el territorio, de crecer con las petroleras en el patio de su casa. “Su propio cuerpo demostró que el saqueo y la contaminación implican muerte, pero al mismo tiempo nos dejó la fortaleza que necesitamos para seguir luchando contra las empresas extractivistas que saquean los territorios y no dejan ningún beneficio para el pueblo”, afirman dese la Multisectorial.
Pety Piciñam es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. No tiene dudas de que la muerte de Linkopan tiene directa vinculación con el avance de las multinacionales y la complicidad de los Estados. “Se llevan lo que ellos consideran recursos económicos y también se llevan vidas. Las empresas extractivas no reconocen la biodiversidad ni a los seres humanos que viven en el territorio”, asegura y hace el paralelo entre la muerte de Linkopan y los asesinatos qom en Formosa. Distintas latitudes, dos provincias, dos pueblos indígenas, mismas violaciones de derechos humanos. Misma indiferencia de funcionarios provinciales y nacionales.
Piciñam aclara que los mapuce no hablan de “conservacionismo” sino de tomar lo justo y necesario de la naturaleza para poder proyectarse dentro del buen vivir, una forma de tomar sólo lo requerido para vivir, sin consumismos y sin avasallar derechos de otros. También refuta un lugar común del medio pelo argentino: “Los mapuches no estamos en contra del progreso, pero el ‘progreso’ no puede matar a quienes viven en los territorios”.
Pablo Fernández es el periodista del programa “Cartago TV”, una excepción televisiva que da amplios minutos a organizaciones sociales, maestros, activistas y pueblos originarios. Es quien entrevistó a Linkopan y dejó registro de sus pesares, luchas y sueños. “Nos dio una lección de comunicación popular, sin vueltas, y nos dejó una marca indeleble en la memoria popular”, asegura a dos años de la entrevista.
Fernández no le escapa a dos aristas ríspidas. Señala que en el campo popular hay racismo e ignorancia respecto a los pueblos indígenas. “Cuesta mucho nombrar a los compañeros mapuce con nombre propio, se los minimiza, y se toma con lástima su reclamo”, lamenta. Y apunta a los medios de comunicación. No pierde el tiempo con los medios comerciales, que repiten el discurso del poder (empresario y gubernamental), pide a los medios alternativos que incorporen el lenguaje y la mirada de los pueblos indígenas. “De otra forma terminan reproduciendo el lenguaje racista y despreciativo”, advierte.
Contextualiza la vida de Cristina Linkopan en la lucha de 500 años de los pueblos indígenas. “Se jugó la vida” en una “lucha anticapitalista”, afirma. Rescata que la joven mapuche “empoderó a toda una comunidad en una lucha inclaudicable”.
Lidia Alvarez, actual werken (vocera) de la comunidad Gelay Ko, es una mujer fuerte, que enfrenta policías, petroleros, políticos y jueces. Pero se quiebra cuando recuerda a “Tina”, como siempre la llamó y la sigue llamando. Incluso muchas veces habla de Linkopan en presente.
“Tina es una mujer valiente, es muy difícil sin ella. Es una líder, su figura se imponía, e imponía respeto. La gente la seguía. Y su recuerdo es muy doloroso porque se la extraña mucho, nos falta un pedazo de nosotros”, sincera.
Reconoce que la situación actual es difícil porque la empresa y el gobierno insisten en dividir a la comunidad. Reparte agua (el bien más preciado en Gelay Ko) y compran voluntades.
Tina soñaba que su comunidad no sufriera más contaminación, que sus hijos no respiren el aire viciado por los desechos de los hidrocarburos. La werken confiesa que cuesta seguir sin Tina, pero en vida le hizo una promesa y asegura que la cumplirá: “Siempre nos impulsaba a luchar, nuestro newen nos impulsa, seguiremos defendiendo el territorio”.
Vidas
“Nosotros no tenemos agua y a la petrolera nunca le falta”, explicaba Linkopan y graficaba así la vida en Gelay Ko, la manera más cruda de explicitar quién tiene prioridad en Neuquén.
La indignaba ver pasar los camiones cisternas con agua para la empresa, mientras ellos debían esperar que la Municipalidad de Zapala les entregue 500 litros mensuales por familia. Lo que es igual a 16 litros por día, para todo uso.
En más de una oportunidad le cortaron el paso a los petroleros. “Nos dicen locos, pero qué harían ellos en nuestro lugar, vemos todos los días la contaminación y los derrames, nuestros animales mueren, nos destrozaron todo el territorio”, lamentaba.
La joven lonko lamentaba que los traten de “locos” por oponerse a la extracción petrolera. Cuestionaba el avance extractivo de empresas que dejaban de lado los derechos indígenas. Sufría por el agua que escaseaba en la comunidad, pero también pensaba en los no mapuches, advertía del riesgo de contaminación del acuífero de Zapala, reservorio sensible y rodeado de explotaciones petroleras. “Sin agua no vamos a poder vivir. Ni la plata ni el poder nos va a salvar si no hay agua”, explicaba con esperanza de ser escuchada.
“Soberanía energética”. “Autoabastecimiento”. “La oportunidad de Vaca Muerta”. Algunas de las formas de justificar y celebrar en la actualidad el avance petrolero. Discursos macroeconómicos que invisibilizan el impacto humano de decisiones tomadas en oficinas lujosas y despachos del poder. En febrero de este año, YPF compró Apache. Satisfacción empresaria y gubernamental, amplia cobertura periodística, nula mención a la contaminación y a las consecuencias en las comunidades indígenas.
El 14 de marzo de 2013, Cristina Linkopan dejó de respirar. El parte médico señaló “hipertensión pulmonar”. Tenía sólo 30 años.
Hoy, a un año de su partida, será recordada en su comunidad, donde aún viven sus padres y sus cuatro hijos.
Gelay Ko, en el centro de Neuquén, extraña a la joven mapuche que enfrentó a una multinacional petrolera y a un Gobierno.
Cristina Linkopan, acusada de “loca” por defender a su comunidad, ya es bandera de lucha en un país que sacrifica vidas en nombre de un falso progreso.
* Por Darío Aranda y Umawtufe Wenxu. Publicado el 14 de marzo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Mar 4, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El reclamo de indígenas y campesinos por agua, asistencia sanitaria y alimentos terminó con una feroz represión y con cinco detenidos en Pampa del Indio (Chaco). El gobierno provincial acusó a los indígenas de una “emboscada” y señaló que hubo policías heridos de bala. Ramona Pinay, del Movimiento Originarios en Lucha, afirmó todo lo contrario: “Fue una cacería, había saña para pegarles a indígenas, es parte del genocidio que nos toca”. Es la cuarta represión del año en Chaco. En lo que va de 2014, pueblos indígenas y campesinos de la Argentina sufrieron al menos ocho hechos de violencia por reclamos territoriales y sociales.
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 4 de marzo de 2014.
Feb 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”.
La empresa Monsanto sumó un nuevo traspié en Córdoba: el gobierno provincial le rechazó el estudio de impacto ambiental para su planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. La negativa –que demora aún más los planes de obra– se suma a un fallo judicial que paralizó la construcción, a un bloqueo de organizaciones socioambientales que lleva cinco meses y a la opinión de tres universidades nacionales que cuestionan la instalación de la multinacional. “La documentación respaldatoria (del estudio de Monsanto) es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos”, afirma el dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de Córdoba analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Monsanto. “El EIA no posee el contenido satisfactorio para su evaluación y/o carece de información sobre algunos aspectos relevantes de la actividad”, afirma el dictamen de evaluación, de cuatro carillas. Y puntualiza las actividades que generan impactos ambientales y no tuvieron respuestas “idóneas”: la gestión de residuos peligrosos y residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos y tránsito vehicular, entre otros.
“Se advierten impactos ambientales negativos relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.
En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven 12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (…). La gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada como un aspecto crítico”.
También cuestiona la gestión de los residuos peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos resultantes de la utilización de agroquímicos)”.
Sin la aprobación del estudio ambiental, la compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.
Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas (y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB (utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012 en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de 2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el cierre del proyecto.
La empresa planifica una mayor producción de maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos requieren y dando participación a los ciudadanos”.
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El bloqueo vecinal
La Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales comenzaron un bloqueo al predio de Monsanto en septiembre pasado. Sufrieron cuatro represiones, pero mantienen el bloqueo. En noviembre, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, informó que el estudio de impacto ambiental de Monsanto (para la instalación de una estación experimental) “dio negativo” y advirtió que “más allá de ese resultado, he tomado la decisión de no permitir que se instale Monsanto”. La llegada de la empresa había sido cuestionada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.
En la primera semana de enero, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y ordenó al municipio que frene las obras de la multinacional. Entre los fundamentos estaba la necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto. En octubre, la consultora Sicchar difundió una nueva encuesta. El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la instalación.
Tres universidades nacionales cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto y la de Córdoba criticaron que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental (como establece la Ley General del Ambiente). También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras) y remarcaron las consecuencias ambientales y sociales del modelo de agronegocios.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 24 de febrero de 2014.
Feb 19, 2014 | 2014, Campesinos
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.
Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).
En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.
El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.
La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.
La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.
A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.
Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.
El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.
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“Ventaja selectiva”
“Segunda fase de evaluación. Documento de decisión”, es el título del documento oficial con el que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura dieron la aprobación técnica a la soja transgénica de la empresa Dow AgroSciences, resistente al glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. “Se concluye que los riesgos derivados de la liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de soja no GM (genéticamente modificados)”, expresa el informe, diez carillas principalmente escritas en lenguaje técnico.
En la página 4, ítem “Evaluación de riesgo”, señala que la presencia de genes tolerantes a los herbicidas “confiere una ventaja selectiva” y sostiene que “es muy poco probable que, como consecuencia de su consumo, puedan transferirse genes desde alimentos que contengan ácidos nucleicos derivados de esta soja hacia microorganismos presentes en el tracto digestivo”.
Afirma que en 2010 se realizaron ensayos en campo en diez localidades de Estados Unidos. Y en Argentina se experimentó, según el informe de la empresa, entre 2010 y 2012. En la página 9 descarta impactos negativos en el “agroecosistema” y afirma que los estudios “no muestran niveles que permitan indicar posibles efectos tóxicos o alergénicos”. En la última página hace dos recomendaciones: que se implemente un plan de prevención y manejo de resistencia en malezas y recomienda que haya “el correspondiente registro” para la aplicación del herbicida 2-4-D. En el dictamen no figuran los nombres de quienes firmaron la aprobación de la soja.
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El consumo de pesticidas
“El consumo de pesticidas aumentó el 858 por ciento en los últimos veinte años, según datos de las propias empresas. Hay un gran negocio para la industria mundial de venenos y se genera un gran problema para la salud colectiva”, detalla la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en su informe “El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente”, y precisa que en la campaña 2012/2013 las empresas facturaron 2381 millones de dólares y se utilizaron en los campos argentinos 317 millones de litros de pesticidas.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados tomó estadísticas de Casafe (la organización que reúne a las empresas de agroquímicos). El glifosato es el agroquímico más utilizado en Argentina, concentra el 64 por ciento del total de las ventas y se aplicaron 200 millones de litros en 2012. La superficie de cereales y oleaginosas aumentó 50 por ciento entre 1991 y 2012 (de 20 millones a 30 millones de hectáreas). En 1991 se consumieron en el país 39 millones de litros de químicos en el agro y en 2012 llegó a 335 millones (858 por ciento más).
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de febrero de 2014.
Feb 10, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).
Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.
El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.
La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.
Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.
En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.
La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.
Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.
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Buscando consenso
La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.
Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.
La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.
A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.
