Ago 4, 2008 | 2008, General
El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos. Los casos.
Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel -de manos, cara y piernas- en carne viva. Es la historia clínica de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace diez años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial Roundup -de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo-, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.
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Ago 4, 2008 | 2008, General
Desmontes, desalojos violentos y éxodo rural son las consecuencias del monocultivo transgénico. El uso de los agrotóxicos. El vaciamiento del campo. Campesinos e indígenas cuestionan el modelo de agronegocios y proponen alternativas.
Doña Ramona Bustamante tiene 82 años, siempre vivió y trabajó en el mismo campo, Puesto de Castro, norte de Córdoba. En 2004 llegó hasta el lugar un grupo de chacareros que, mediante la fuerza, echó de sus parcelas históricas a decenas de campesinos. A doña Ramona le derribaron el rancho con una topadora, mataron los animales y contaminaron el pozo de agua con gasoil. Semanas de vivir a la intemperie, meses de intimidaciones y una decisión. «Ni un metro menos. La tierra es nuestra», gritó la abuela, que junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) recuperó su histórica tierra y se transformó en una referente de la lucha contra empresarios y productores sojeros. «Los agronegocios, con la soja a la cabeza, son sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación, eliminación de otros cultivos, destrucción de la biodiversidad y expulsión, siempre de forma violenta, de campesinos y pueblos originarios hacia los márgenes de las grandes ciudades», denuncia el MNCI, integrado por quince mil familias de siete provincias, poseedoras ancestrales de pequeñas parcelas, que crían animales, son arrieros o hacheros, cosechadores de algodón, uva o yerba, y que le ponen el cuerpo al resto de los trabajos duros del campo. No siembran soja, cuestionan a las cuatro entidades tradicionales y denuncian el papel de las transnacionales químicas, semilleras y exportadoras. El reclamo de fondo: un cambio de modelo agrario.
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Ago 4, 2008 | 2008, General
El caso marcó un antes y un después frente a la actividad minera. La asamblea de Esquel impulsó un plebiscito que rechazó la apertura de una mina a cielo abierto. Como resultado, una ley que caerá en un año prohibió la actividad en la zona de montañas.
Desde Esquel, Chubut
En comercios, autos, viviendas, escuelas, paredes y en todo espacio disponible se lee la misma consigna: «No a la mina». A mediados de 2002, la empresa canadiense Meridian Gold había anunciado el inicio de obras para explotar un yacimiento de oro y plata a diez kilómetros del casco urbano, con detonaciones en la montaña, drenajes ácidos, utilización de enormes cantidades de agua y uso de cianuro. La comunidad conformó una asamblea autónoma y brotó el rechazo, plasmado el 23 de marzo de 2003 con un plebiscito inédito en Argentina, en el que ocho de cada diez habitantes votaron contra la actividad minera a gran escala. «El caso Esquel» marcó una bisagra en la defensa de los bienes naturales, con referencia en 90 pueblos de trece provincias que hoy rechazan la minería. A cinco años de la consulta popular, el yacimiento, ahora en manos de la compañía Yamana Gold, continúa concesionado y con posibilidades de ser explotado. También permanece la asamblea, en su pequeña sede de paredes blancas recién pintadas y donde sobresale una sola consigna: «No a la mina». Chuni Botto, Pablo Quintana y Alejandro Corbeletto, tres integrantes de la asamblea, recibieron a Página/12.
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Ago 4, 2008 | 2008, General
La comunidad Santa Rosa cumplirá el jueves su primer aniversario en tierras reclamadas por la multinacional Benetton. Habrá ceremonias ancestrales y visita de pueblos indígenas de tres provincias, pero también se espera una orden de desalojo.
Desde Santa Rosa, Chubut
No eran más de treinta personas. Los de mayor confianza, para que la acción no llegara a oídos policiales ni judiciales. Partieron de madrugada en camionetas y autos viejos, amontonados, decididos. El objetivo, recuperar 535 hectáreas que el mayor terrateniente de Argentina cuidaba con recelo. Herramientas para trabajar la tierra, maderas y chapas para la casa, y alimentos para pocos días formaban parte del viaje. Al mediodía del 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque -integrada por ancianos, jóvenes y niños- ya cocinaba su primer guiso comunitario en territorio recuperado. «Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión», retruca Atilio Curiñanco, referente de la comunidad e iniciador -junto a su esposa Rosa Rúa Nahuelquir- del conflicto entre el pueblo mapuche y los empresarios italianos Carlo y Luciano Benetton, que aún hoy difunden en Europa que en sus estancias australes no hay mapuches. A un año del regreso a su tierra, ya transformado en símbolo de la lucha indígena, la comunidad advierte que resistirá cualquier intento de desalojo y retruca: «El enemigo es grande y poderoso, pero tenemos derechos y los haremos respetar».
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Ago 4, 2008 | 2008, General
Cuestionadas por las poblaciones afectadas, las minas de oro, plata y cobre se reproducen en Argentina. Ya se explotan nueve yacimientos, se construyen otros cinco y exploran 140. Prometen trabajo y desarrollo local, pero son denunciadas por contaminar y empobrecer las regiones. Aquí, un resumen de los emprendimientos más polémicos y resistidos por las comunidades.
No tan difundida como la industria papelera, la actividad minera de Argentina guarda perfil bajo, suele desarrollarse lejos de las ciudades y los métodos que utiliza son muy diferentes de los usados décadas atrás: ya no se trata de galerías, ya no hay picos ni palas, y ni siquiera hay mineros. Es una explotación altamente tecnificada, con monumentales obras, enormes maquinarias y millonarias exportaciones: 6000 millones de pesos por año, equivalente al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social durante todo 2007 o tres veces el presupuesto de Salud. Pero, al igual que las plantas de celulosa, también acumula cuestionamientos: el impacto ambiental; problemas para la agricultura, el exagerado uso de agua y el exiguo tributo de regalías. Cifras oficiales hablan de sólo nueve emprendimientos activos, pero hay otros cinco en construcción y 140 en exploración. «El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida», es la ecuación que realizan más de 70 pueblos, de trece provincias, afectados por la minería de metales a gran escala. La advertencia no es casual: Argentina es la vedette de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan la explotación a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera, desde Jujuy hasta Santa Cruz.
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Ago 4, 2008 | 2007, General
Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.
Desde Serrezuela, Córdoba
Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías -la última lluvia cayó hace ocho meses- y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado -junto a diez campesinos- y ahora afronta un juicio por «daño calificado agravado por delito en banda», con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda «Ni un metro más. La tierra es nuestra» y comparte un mate recién preparado.
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