La reconquista

Con 397 conflictos, los pueblos indígenas reclaman 8.6 millones de hectáreas, tres veces la superficie de Misiones o 428 veces la Ciudad de Buenos Aires.

El campo de golf del Hotel Llao Llao de Bariloche es de los más exclusivos del país, con precios tan inalcanzables como una cabaña cinco estrellas frente al cerro de los Siete Colores de Humahuaca o una habitación con vista al Parque Nacional Iguazú. En los tres lugares, comunidades indígenas resisten desalojos de sus territorios ancestrales y exigen que se respeten sus derechos constitucionales a vivir donde nacieron. Son sólo una muestra de los 397 casos que relevó este diario en doce provincias y que involucran a 8.653.490 hectáreas, una superficie similar a media provincia de Córdoba o tres veces Misiones o 428 veces la ciudad de Buenos Aires. Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras. «El modelo extractivo de ‘desarrollo’, sobre la base de explotar nuestros recursos naturales, es una saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados», advierten desde la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut. El mapeo, que sólo abarca una parte del total de situaciones del país, también confirma que los conflictos se multiplican de la mano del crecimiento de organizaciones indígenas y campesinas y de su consolidación como actores sociales en una decena de provincias.

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La Botnia de los Andes

En San Juan, este año comenzará la construcción del primer yacimiento binacional, Pascua Lama, apoyado por ambos gobiernos pero criticado por pobladores de los dos lados. Utilizará diecisiete camiones con cianuro por mes. Radiografía del emprendimiento más polémico de SudaméricaDesde Tudcum y Jáchal, San Juan

«Más grande y contaminante que tres plantas de celulosa juntas.» Es la definición de organizaciones sociales, comunidades campesinas y entidades ambientalistas que cuestionan el proyecto minero de oro y plata Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, que en septiembre próximo comenzará a construirse en plena Cordillera de los Andes, parte en Chile y parte en Argentina. A diferencia de lo sucedido con las pasteras, ambos gobiernos apoyan, y defienden, el emprendimiento. Y las comunidades -de ambos países- se oponen a la instalación. El megaproyecto, publicitado como el mayor yacimiento de la región, cuenta con reservas por 20.000 millones de dólares (dos veces la deuda externa que se pagó al FMI), utilizará 17 camiones con cianuro por mes, usará 370 litros de agua por segundo -en una zona semidesértica-, 200 camiones de explosivos al mes y detonarán 45.000 toneladas de roca por día. Además de la magnitud del emprendimiento, y las acusaciones de contaminación, Pascua Lama será el primer yacimiento en zona limítrofe -ambos gobiernos crearon, en la década pasada, una ley que permite una zona franca minera-, puntapié para que una decena de empresas exploten montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera.

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Los desalojos de campesinos como violaciones de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo denuncia que pobladores rurales padecen una «sistemática violación» de sus derechos y afirma que se multiplican los desalojos. En el Día de la Lucha Campesina, desde el sector promueven un proyecto de ley para el desarrollo rural.

En un rápido debate, el 1o de noviembre último, la Cámara de Diputados sancionó la ley que prohíbe los desalojos de pobladores ancestrales durante cuatro años. Legisladores de distinto signo impulsaron la norma y festejaron con brazos en alto. Pero los desalojos no se detienen: Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza son sólo la muestra de cómo empresarios de alto handicap se apropian, con apoyo político y judicial, de las chacras que campesinos habitaron y trabajaron por generaciones. «Se produce una sistemática violación de los derechos humanos y graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo», denuncian dos informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que advierten sobre esa tendencia que avanza al ritmo de topadoras y camionetas 4 X 4. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -organización de base compuesta por unas veinte mil familias- advierten que seguirán resistiendo los desalojos e impulsan un detallado proyecto de ley gestado en las chacras, fincas, puestos y ranchos de la Argentina profunda.

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Los hacheros del siglo XXI

Sus jornadas empiezan los lunes de madrugada y terminan los sábados a la tarde. Trabajan hasta 14 horas diarias, viven en campamentos míseros, cobran sueldos magros y, si reclaman, entran en «listas negras» que los dejan sin trabajo y con la migración como única salida. Pesares del eslabón más débil de la industria de la celulosa: los motosierristas misioneros. 

Desde Puerto Esperanza, Misiones

Lonas viejas y plásticos negros son el techo. Cartones húmedos sobre la tierra hacen de cama. El monte tupido es la pared. Y un fuego pobre, que amenaza apagarse, es la calefacción. Es el «campamento» de los motosierristas de la Papelera Alto Paraná, la mayor empresa de pasta celulosa de Argentina y una de las mayores de América, propietaria del diez por ciento de la tierra misionera y que mantiene el escalón inicial de su cadena productiva, los cortadores de pinos, en condiciones medievales: jornadas que comienzan los lunes cuando el sol ni asoma y finalizan los sábados por la tarde. Traslados hacinados, cientos de kilómetros, en camiones destruidos. Días de hasta catorce horas de trabajo. Paga mínima. Maltratos constantes. Y «listas negras» para quien levante la voz: despidos y proscripción laboral en la zona. «Tengo cinco hijos, siete años como motosierrista, un esqueleto arruinado y un (sueldo) mensual de 668 pesos. Acá tiene el recibo de sueldo. Mire usted. No hay derecho», increpa Camilo Paiva, hombre alto, 31 años, manos grandes, repleta de marcas, ojos celestes e indignación creciente. Entre carpas improvisadas en el monte misionero, un centenar de hombres duros dan testimonio de pesares, jornales inhumanos e injusticias silenciadas.

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Los guaraníes misioneros, con pocas tierras y muchos niños muertos

En dos meses murieron al menos quince niños del pueblo mbya guaraní de Misiones, sobre una población total de cuatro mil personas. Denuncian como causas la ausencia de política aborigen integral y falta de tierras, hoy en mano de empresas forestales y papeleras.


Cada cuatro días muere un niño del pueblo mbya guaraní de Misiones por desnutrición o problemas respiratorios, desenlaces evitables con atención primaria, según datos oficiales de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia. Además, otros ocho chicos permanecen internados y el propio Ministerio de Salud nacional advirtió que la cifra de fallecimientos podría ser mayor, por posibles casos no denunciados. Los referentes indígenas y las organizaciones sociales resaltaron que el problema de fondo es el despojo de territorios, que impactó negativamente en las costumbres, alimentación y salud de los pobladores originarios.

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«Nos pelean porque somos pobres»

Desde hace dos semanas, casi mil indígenas acampan en la plaza principal de Resistencia, a la espera de que los reciba el gobernador. Aquí, la crónica de la protesta, los reclamos y los testimonios de tobas, wichís y mocovíes que, en muchos casos, llegaron por primera vez a la capital provincial. 

Desde Resistencia, Chaco

Todos le dicen «abuelo», pero se llama Mario Gómez, tiene 73 años, más de 1,80 de alto, piel oscura, pelo negro poblado de canas; camisa blanca derruida, zapatos con muchos kilómetros ya andados. Manos grandes repletas de cicatrices por cosechar algodón y hachar quebrachales en Pampa del Indio, en su chacra, a 250 kilómetros de Resistencia. «Nunca me vengo hasta esta ciudad, pero el atropello ya es mucho y está en peligro la tierra. Por eso acá estamos», explica con paciencia, rodeado de dos de sus catorce nietos, que escuchan con detenimiento. Junto a centenares de familias indígenas acampa desde hace trece días en la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de Resistencia y frente a la Casa de Gobierno, bajo improvisadas carpas fabricadas con nylon transparentes y plásticos negros, durmiendo sobre mantas viejas o directamente en el pasto, a la intemperie. Durante el día, el calor los agobia. El frío de las noches los tiene a maltraer. La tristeza de estar lejos de sus ranchos, en el monte, los angustia. Son casi mil tobas, wichí y mocovíes de todas las edades y variados puntos del Chaco. Esperan ser recibidos por el gobernador radical, Roy Abelardo Nikisch, y plantearle las demandas por tierras, salud, educación, vivienda y no discriminación. Aseguran que esta vez no se volverán con las manos vacías.

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