Ago 5, 2010 | General
La educación es una de las bases del Mocase. Desde espacios de formación política para adultos hasta encuentros interprovinciales donde se reflexiona sobre la historia local, provincial y nacional. Pero la educación formal era un aspecto pendiente hasta tres años, cuando inauguró la primera escuela rural en manos de una organización campesina. Se trata de la Tecnicatura en Agroecología, cuenta con títulos oficiales, educación popular como pedagogía y vincula teoría y práctica desde una mirada sociopolítica. Participan 62 chicos de diversos lugares de la provincia. Una semana de clases intensivas, mañana y tarde, teoría y práctica, y tres semanas en sus hogares, implementando en terreno todo lo aprendido. Ciencias naturales, historia, derechos sociales, comunicación comunitaria, producción agropecuaria y ecología son algunas de las materias. Viajes, alimentación, alojamiento y libros corren por cuenta de la organización. El cuerpo docente tiene la misma mixtura que el Movimiento, desde campesinos hasta docentes universitarios. El próximo objetivo, la universidad campesina, donde se buscará formar a profesionales para un modelo agrario basado en el campesinado y la soberanía alimentaria.
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Un movimiento nacional
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El Mocase, un hito en la defensa de la tierra
Ago 5, 2010 | General
Con una mirada crítica del modelo agrario actual y formas de construcción participativas, el Mocase está conformado por la base de la pirámide agraria, familias que producen para la subsistencia, trabajadores rurales sin tierra y comunidades indígenas. El Mocase es una referencia para decenas de organizaciones que nacieron en los últimos años y también uno de los pilares en la conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la experiencia más novedosa y masiva de organización rural del país, 15.000 familias de ocho provincias que apuestan a la autonomía y la horizontalidad.
“Reforma agraria integral, producción diversificada de alimentos sanos, con una forma de comercialización justa, y soberanía alimentaria, que es la posibilidad de que el país tenga su propio proyecto alimentario. No es teoría, es una práctica concreta que se realiza todos los días. Creemos que sólo las comunidades organizadas, decidiendo colectivamente, podrán elegir su propio destino”, explican como principios del Movimiento, integrante de la Vía Campesina internacional.
En un hecho inédito, en noviembre de 2009 el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó la central del Mocase en Quimilí. Allí conoció al Mocase y al MNCI. Escuchó a hombres y mujeres que luchan contra los agronegocios y recibió un completo programa para el fortalecimiento y desarrollo del campesinado, propuestas concretas nacidas en talleres y asambleas campesinas, iniciativas para aumentar la producción rural, impulsar la soberanía alimentaria, frenar los desalojos y fortalecer la estructura agraria del país partiendo de las familias que trabajan la tierra. También le recordaron un dato contundente: “El 95 por ciento del presupuesto de Agricultura está destinado para los agronegocios, donde la Mesa de Enlace es la beneficiada. Hay que modificar ese reparto”.
El ministro prometió estudiar las propuestas.
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El armade la educación
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El Mocase, un hito en la defensa de la tierra
Ago 5, 2010 | 2010, General
Pionera en denunciar el modelo de agronegocios, la organización campesina cumple dos décadas de existencia. Agrupa a unas 9 mil familias rurales y encara proyectos productivos, radios comunitarias, escuelas y la apuesta por otro modelo agrario.
En la historia de Santiago del Estero está presente el saqueo de recursos naturales y la explotación de trabajadores rurales. Durante la primera mitad del siglo XX fue La Forestal, compañía inglesa que arrasó con los quebrachales y mantuvo condiciones laborales de semiesclavitud. Sobrevinieron las estancias con trabajo a destajo, el juarismo (régimen de gobierno que se mantuvo casi medio siglo) y el avance de los empresarios sojeros. Las familias campesinas pagaron con represión, pobreza y desalojos violentos. “Dijimos basta y nos organizamos. Ya no tenemos miedo, nadie nos pasa por arriba, nadie nos corre ni nos hace callar, ya no nos desalojan”, habla fuerte doña Mirta Quiroga, cincuenta años, orgullosa de ser parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), que reúne a 9 mil familias rurales, la base de la pirámide rural. Hoy se cumplen veinte años de la conformación del Mocase, organización que marcó un antes y después en la lucha por la tierra en la Argentina.
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Jul 19, 2010 | 2010, General
Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.
Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
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Jul 12, 2010 | General
El 22 de octubre de 2008 el Congreso Nacional sancionó por mayoría la ley 26.418 de protección de glaciares, que limitaba actividades de riesgo para las fuentes de agua. Tres semanas después, el 10 de noviembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma. Este miércoles, la cuestión regresará a la Cámara de Diputados, donde se debatirán dos proyectos. Uno es el impulsado por el senador Daniel Filmus (FpV) y ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue votado por unanimidad. El otro es el impulsado por el diputado Miguel Bonasso, que es el mismo que había presentado en su momento Marta Maffei. Esta propuesta logró la mayoría en la reunión conjunta de comisiones de Minería y de Recursos Naturales de la Cámara.
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Las provincias que rompen el hielo
Jul 12, 2010 | 2010, General
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
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Jul 12, 2010 | General
El Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad (Gidhs) de la Cátedra Unesco, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) trabaja desde hace catorce años en derechos humanos, ambiente y economía. Durante los dos últimos años investigó el avance de la frontera agropecuaria y minera en Argentina y, a inicios de 2010, alertó ante las Naciones Unidas sobre los negativos efectos sociales, sanitarios, económicos y ambientales de ambas industrias. “La reciente resolución del Parlamento manifiesta una exacta proporción de los riesgos del uso de sustancias químicas altamente tóxicas utilizadas en la minería, principalmente la que se realiza a cielo abierto. La resolución recuerda que son muchos los daños causados por la actividad minera y que son pocos los beneficiados”, remarca la Cátedra.
Los investigadores recuerdan que hace diez años se produjo una de las mayores tragedias medioambientales de Europa. En enero de 2000 se rompió un dique de contención de residuos de la mina de oro de Baia Mare (Rumania). El derrame provocó que 100.000 metros cúbicos de barro y aguas residuales con cianuro se vertieran por canales y afluentes hasta el curso superior del río Danubio y desembocaran en el Mar Negro. “La tragedia tocó varios países centroeuropeos. El Parlamento toma este antecedente, entre otros, y considera estas tecnologías utilizadas para las actividades mineras como un peligro transfronterizo”, explicó Arturo Landeros, del Gidhs español.
El investigador consideró que la medida del Parlamento Europeo es el resultado del trabajo y la movilización de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años reclaman políticas ambientales realmente sustentables.
“Los ciudadanos tampoco están dispuestos a seguir pagando los desastres de las empresas mineras, ni económica ni ambientalmente. La reafirmación de la peligrosidad del cianuro como uno de los principales causantes de impactos catastróficos e irreversibles en la salud humana y el medio ambiente debería bastar para que los gobiernos de otras regiones del mundo tomen cartas en el asunto”, afirmaron desde la Cátedra Unesco, y remarcaron el peligro ambiental y social que corren en Argentina los pueblos cordilleranos donde se planifican proyectos mineros.
Nota Principal:
Rechazo en Europa a la minería con cianuro
Jul 12, 2010 | 2010, General
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
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Jun 21, 2010 | 2010, General
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
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Jun 21, 2010 | General
En la Argentina existen siete provincias que prohíben diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto. Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja también había prohibido la actividad en julio de 2007, cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del entonces gobernador Angel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Fue el primer caso, y por ahora único, de eliminar una ley que protegía fuentes de agua y limitaba la minería.
El lobby minero intenta también modificar la ley en Mendoza, ya sea por vía judicial o política, con el apoyo del gobierno provincial. Pero se enfrentan a la sostenida movilización de la Asamblea Mendocina por el Agua y la Multisectorial de General Alvear, que no aceptan modificaciones a la norma. También han logrado la atención de algunos sectores vitivinícolas, que tienen el agua como insumo básico.
Chubut es la otra provincia donde la ley corre peligro. El gobernador chubutense y precandidato a la presidencia, Mario Das Neves, es un férreo impulsor de la actividad. Pretende la explotación del yacimiento Navidad (de la empresa Pan American Silver para extraer plata y plomo), pese al rechazo de los habitantes de Esquel, Trelew, Madryn, Gan Gan y Gastre. Además de la Ley 5001, sancionada en 2003, existe legislación indígena vigente (leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales), que protege a los pueblos originarios y sus territorios.
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En defensa de una ley ambientalista
Jun 16, 2010 | General
– Formosa: Campesinos del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones. Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones”, afirmó Silvia Sevilla a este diario. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derecho y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político y los empresarios”. Ningún otro juez de Formosa prohibió las fumigaciones.
– Buenos Aires: El Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes prohibió en marzo de 2008, con sentencia firme, las fumigaciones en zona periurbana de la localidad de Alberti. También dispuso que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales) la fumigación con glifosato”.
– Córdoba: El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó notoriedad hace nueve años por la gran cantidad de enfermos de cáncer (200 casos en 5000 habitantes) y niños con malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de campos de soja, y las fumigaciones llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo estableció como un delito penal y apuntó contra el glifosato y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros.
– Santa Fe: San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero en diciembre pasado se dictó un fallo inédito: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones en cercanías de zonas urbanas. Pero además ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Además de la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
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“Hay grandes intereses”
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Freno a la fumigación
Nota Principal:
La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial
Jun 16, 2010 | General
El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía sobre el incremento notable de casos de malformación, lo relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo. Pero nunca lo hicieron.
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Jun 16, 2010 | General
Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas.
Por primera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.
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Jun 16, 2010 | 2010, General
Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).
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May 25, 2010 | 2010, General
Familias campesinas y comunidades indígenas participan de un espacio alternativo. Frente al Congreso nacional reclaman por los desalojos, desmontes y represiones.
Agustín Mamani tiene 90 años. Vivía en la misma tierra que sus padres, “desde siempre”, pero eso no impidió que en diciembre pasado fuera echado de su humilde rancho de adobe por productores sojeros y policías. Don Agustín “resistió a la autoridad”, según alegaron los efectivos, y por eso fue detenido e incomunicado 48 horas. Sucedió en la localidad de Palma Sola, monte jujeño. “El padecer de mi abuelo es el padecer de miles de campesinos e indígenas, familias que trabajan la tierra con sus manos, que nada piden, nada deben, pero sufren los mismos males desde hace 200 años”, resume Gloria Mamani, 28 años, de la Organización Campesina Agroganadera (OCA), que participa del encuentro “El otro Bicentenario. El Bicentenario de los pueblos”, donde dio testimonio de lo que sucede en el campo de Argentina.
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May 21, 2010 | General
A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro Crónicas de la resistencia Mapuche, un completo relato histórico del investigador y periodista Adrián Moyano, da cuenta de que esos incumplimientos son recurrentes a lo largo de la historia. Recuerda la violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con los pueblos indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para avanzar sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades. “Al internarse las tropas de Roca en territorio indígena, varios de esos tratados estaban en vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes”, denuncia. En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi identificó 74 tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos indígenas.
Un sector importante de la clase política consideró que el 1º de noviembre de 2006 era el “día de la reparación histórica”. El Congreso acababa de sancionar la Ley 26.160, que declaraba por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma suspendía los desalojos y comprometía al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente. Tan retrasada estaba la aplicación de la ley que fue prorrogada otros tres años. El noviembre de 2009, el Congreso aprobó que se extendiera el plazo hasta el 2013.
En la actualidad los derechos indígenas constan en el artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango superior a las leyes ordinarias) y una decena de constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
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Un sector organizado, pero atomizado
Nota Principal:
La plaza de los pueblos originarios
Publicado en Página 12 el 21 de Mayo de 2010.
May 21, 2010 | General
En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5 millón de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En el país no hay una organización que nuclea a todas las comunidades, ni siquiera existe un organización que reúna a todos los indígenas de una provincia o etnia. Al contrario, en provincias con alta población indígena (Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones o las patagónicas) existen decenas de organizaciones, disputas, divisiones y, en algunos casos, alianzas con gobiernos provinciales o nacional.
Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo reclamos, de distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes de ruta) y en distintos lugares del país, pero nunca una movilización tan masiva y heterogénea había llegado a Buenos Aires.
La marcha no estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en diciembre pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del Gobierno, que acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social y desde Radio y Televisión Argentina (RTA). Pero una división entre organizaciones significó el retiro del apoyo económico a la marcha.
El otro sector, llamado Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, reúne a una decena de organizaciones, sí cuenta con el respaldo del INAI y también fue recibido ayer por la Presidenta, que realizó junto a ellos un acto en el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al gobierno nacional, enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje central de todas las comunidades indígenas del país.
Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina “el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos”. Participan organizaciones sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán y Formosa. También estará la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) y la mayor parte de los reclamos pasan por el rechazo a las industrias extractivas y el papel del Gobierno.
Subnota:
Leyes para incumplir
Nota Principal:
La plaza de los pueblos originarios
Publicado en Página 12 el 21 de Mayo de 2010.
May 21, 2010 | 2010, General
Los reclamos principales fueron por tierras y el rechazo a industrias extractivas. Fueron recibidos por CFK.
Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban “anuncios concretos a las históricas demandas”.
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May 20, 2010 | 2010, General
Comunidades indígenas de todo el país llegan hoy a Plaza de Mayo con reclamos históricos: tierras, proteger su cultura y frenar el avance de las industrias extractivas. Habrá un acto y serán recibidos por la Presidenta.
Será la mayor marcha indígena que haya ingresado alguna vez a Buenos Aires. Y llegará con un reclamo histórico, tan antiguo como la conformación del Estado argentino: tierra para los pueblos originarios. Tres columnas provenientes de distintos rincones del país se encontraron ayer en Campana, luego de ocho días de marcha, y se dirigirán hoy hacia la Plaza de Mayo, donde también exigirán detener los desalojos, el freno a los desmontes y la extracción de los recursos naturales, derogar las leyes mineras de la década del 90, el cumplimiento del derecho a ser consultados sobre acciones que los involucran y el efectivo cumplimiento de las leyes que los asisten. Está confirmado que la Presidenta los recibirá y, luego de miles de kilómetros de marcha, esperan anuncios significativos.
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May 11, 2010 | General
Responsable del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Especializado en bioecología y ecotoxicología de anfibios, es licenciado en biodiversidad y doctor ciencias naturales. Investigador del Conicet, tiene 45 años, hace trece que aborda el tema agroquímicos y cuenta con 85 publicaciones científicas. De perfil muy bajo, pidió expresamente que se cite a su equipo de trabajo: Paola Peltzer (doctora en ciencias naturales), Andrés Attademo (doctor en biología), Mariana Cabagna (bioquímica), Celina Junges (licenciada en saneamiento ambiental), Laura Sánchez (bióloga), Clarisa Bionda (licenciada en biología), Agustín Bassó (estudiante de biodiversidad). Lajmanovich es uno de los investigadores que más estudiaron el efecto de los agroquímicos en Argentina, y su voz aún no había sido escuchada fuera del ámbito académico.
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“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”
May 11, 2010 | 2010, General
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
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Abr 24, 2010 | General
Las provincias mineras por excelencia son Catamarca y San Juan. En un segundo nivel, pero con aspiraciones de ser líderes, aparece Jujuy, que fomenta la actividad minera y la considera uno de los pilares de su “desarrollo”. Cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación (El Aguilar y Pirquitas) y exploración de uranio en la zona de la Puna y la Quebrada. También cuenta con decenas de organizaciones sociales que rechazan la actividad minera a gran escala. Entre sus argumentos señalan la polémica experiencia de Minera Alumbrera en Catamarca, la contaminación en Abra Pampa por desechos mineros e investigaciones del fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
“Los valores de plomo, cinc y cadmio que llegan por el dique de colas al río Grande se encuentran por encima de los límites permitidos y la propia empresa reconoce que dicho impacto es permanente, irreversible y severo. Con respecto a la afectación del suelo, la propia compañía Mina Aguilar reconoce en su informe que la misma es permanente, irreversible, irrecuperable y crítica en la zona del dique de colas”, afirma el fiscal Gómez, y detalla que, en lo referente a metales pesados presentes en agua, “la misma minera en su informe de impacto ambiental de 2001” dice que el río Grande cuenta con niveles de plomo 50 veces superiores a lo permitido. El fiscal remarca que la contaminación del agua, con 50 veces más de plomo, se comprobó en el pozo de la escuela Casa Grande.
En cuanto al rol de los organismos provinciales de control, el fiscal concluye: “Los informes presentados por la empresa siempre son aprobados, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente”.
El fiscal también investigó la situación de los yacimientos Orosmayo-Pirquitas, donde aportó registro de fotos, relatos, denuncias de vecinos afectados e incluso análisis realizados por el Ministerio de Salud de Jujuy. También recogió un estudio del jefe del Area de Ingeniería de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, ingeniero Daniel Crespe: “La explotación aurífera se realiza en el interior del cauce del río Orosmayo sin la debida autorización y contralor de la Dirección de Recursos Hídricos, habiendo quedado diversos sectores del río totalmente destruidos, convertido en una sucesión de pequeñas represas, con la consiguiente disminución del caudal del mismo, afectando a los usuarios aguas abajo. Se modificó sin autorización la morfología del cauce”, detalla el informe oficial.
A pedido de comunidades indígenas afectadas, el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán puntualizó violaciones ambientales en siete emprendimientos mineros durante 2007 y 2008. Elevó las actuaciones preliminares, y las pruebas, a los fiscales de Jujuy, que pueden actuar de oficio. “Los fiscales federales no avanzaron con las investigaciones, a pesar de las pruebas. Es evidente la desidia de la Justicia por no abordar las consecuencias de las mineras”, afirmó Chalabe, abogada de los vecinos de Tilcara.
Un caso testigo de la acción minera de Jujuy es lo sucedido en Abra Pampa, una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.
Nota principal:
Nace un megaproblema para la megaminería
Publicado en Página 12 el 24 de Abril de 2010.
Abr 24, 2010 | 2010, General
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
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Abr 22, 2010 | General
Amnistía Internacional asegura que los avances legales no fueron de la mano de un cambio en las condiciones de existencia de los pueblos originarios y detalla que en los últimos cinco años hubo un “notable crecimiento” de las denuncias de desalojos y de intentos de despojo de los bienes naturales. “El común denominador de muchas violaciones es el privilegio de intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras sobre los derechos de las comunidades indígenas a mantener sus tierras ancestrales”, explica AI.
La ley 26.160 prohíbe los desalojos y ordena el relevamiento territorial de todas las comunidades. “Diversos casos ocurridos en todo el país durante los últimos tres años demuestran que las órdenes de desalojo siguen expidiéndose. En el caso de Formosa, los avances en la implementación de la ley son prácticamente inexistentes”, asegura el informe, que será presentado públicamente hoy a las 11 en el Centro Cultural General San Martín.
Amnistía explica que las experiencias y luchas del pueblo pilagá “son en cierto modo similares a los de otros pueblos indígenas de la Argentina”.
Nota Principal :
Una histórica discriminación
Publicado en página 12 el 22 de Abril de 2010.
