Nov 15, 2010 | General
La resolución de la Defensoría del Pueblo fue tomada luego de tres días de huelga de hambre de Claudio Lowy, ingeniero forestal y militante ambiental. El martes último, Lowy se instaló en el edificio de la Defensoría y dejó de consumir alimentos hasta que se diera respuesta a la solicitud de recategorización de los agroquímicos. “Se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, son los meses de mayor uso de agrotóxicos”, explicó Lowy el martes, y realizó un pedido a los medios de comunicación: “La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta para brindarles protección y seguridad”.
El viernes la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente la reclasificación de los agroquímicos al Ministerio de Agricultura. A esa cartera se dirigirán ahora los reclamos de organizaciones sociales, científicos y profesionales de la salud. Argumentarán con el artículo 41 de la Constitución Nacional (“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”), la Ley General del Ambiente (25.675), con medio centenar de estudios (nacionales e internacionales) que vinculan los agroquímicos a efectos nocivos en la salud y, sobre todo, darán cuenta de las innumerables denuncias de familias rurales víctimas de las fumigaciones.
Nota Principal:
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
Publicado en Página 12 el 15 de noviembre de 2010.
Nov 9, 2010 | 2010, General
Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.
Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en las antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).
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Oct 18, 2010 | 2010, General
ADELANTO: UN LIBRO PERIODISTICO SOBRE LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias, un libro del periodista Darío Aranda. La obra, que recopila investigaciones, crónicas y entrevistas publicadas en Página/12 y suma textos nuevos, otorga la voz a los pueblos originarios que interpelan a las industrias extractivas y gobiernos que pretenden sus territorios.
Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
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Oct 13, 2010 | 2010, General
Movilizaciones, cortes de ruta, recuperación de tierras y presentaciones judiciales. Pueblos originarios y campesinos se hacen cada vez más visibles a través de los conflictos por sus derechos. Las dos marchas de este año.
Plaza de Mayo fue testigo este año de dos masivas e inéditas movilizaciones para el paisaje porteño. La multitudinaria marcha indígena de mayo pasado, donde medio centenar de comunidades de todo el país viajaron durante diez días y fueron recibidos por la Presidenta. En septiembre último, el Primer Congreso del Movimiento Campesino Indígena (MNCI) con comunidades y organizaciones de diez provincias, que culminó también con una masiva marcha sobre la plaza. En el año del Bicentenario, los pueblos indígenas avanzan en organización, visibilización y fortalecimiento de su principal reclamo: territorio. Enfrentan, y les ganan, a empresas mineras, petroleras, sojeras y turísticas. A medida que el modelo extractivo pretende expandirse en Argentina, los pueblos originarios se erigen en actores protagónicos de la resistencia. La acción directa –marchas, piquetes– se complementa con la vía política y judicial. Se suma la recuperación de tierras, con legislación internacional que la avala.
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Oct 13, 2010 | General
Deforestación, obras de infraestructura y agroquímicos son las principales causas de conflictos ambientales que contabilizó la Redaf en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta. Las poblaciones afectadas responsabilizan mayoritariamente al Estado (75 por ciento de los casos), por lo general del ámbito provincial, por las consecuencias de las obras de infraestructura realizadas y “por no hacer cumplir las leyes que regulan el manejo del bosque, la utilización de agrotóxicos y el funcionamiento de las industrias”. De los dieciséis casos procesados, el 75 por ciento se iniciaron a partir de 2000. “Coincidiendo con el impulso de la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, destaca el informe.
Conviven casos donde ya se produjo la deforestación (31 por ciento) con otros donde el desmonte está cerca de producirse. Destacan el caso de Formosa, con la ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial (a instancia de la denominada “Ley de Bosques 26.169”). La Redaf denuncia que el gobierno provincial no tuvo en cuenta la opinión de los pobladores e implicará la eliminación de grandes superficies de bosques que impactará negativamente en campesinos e indígenas.
También en Formosa se denuncia la contaminación de la fábrica de tanino Unitan y fumigaciones con agroquímicos en campos de soja. En Chaco se alerta sobre la situación de vertidos cloacales sobre familias ancestrales organizadas en la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y fumigaciones en plantaciones de arroz en la localidad de La Leonesa, a 60 kilómetros de Resistencia.
La organización recuerda que, a diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a toda la población. Si bien las denuncias de los afectados recaen sobre el Estado, en el 69 por ciento de los casos los actores contaminantes son empresas agropecuarias, forestales e industriales que “actúan en complicidad con el Estado en la implementación de un modelo de producción que no respeta los derechos de todas las personas, violando normas nacionales e internacionales”.
Nota Principal:
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Oct 12, 2010 | 2010, General
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
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Oct 9, 2010 | 2010, General
El genocidio negado, el despojo de tierras, el silencio de los medios de comunicación y las acciones directas de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos. Son los ejes del libro periodístico donde los pueblos originarios dan testimonio del pasado y el presente, de injusticias y de luchas, de formas de vida ancestral que interpelan a las industrias extractivas, y gobiernos, que pretenden sus territorios.
Ver sitio web del libro
Oct 9, 2010 | 2010, General
Delegados de la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC) se reunieron en Buenos Aires previo al V Congreso de la organización. La defensa de los recursos naturales es el punto común.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el movimiento continental que reúne a familias rurales, indígenas, afrodescendientes y trabajadores sin tierra. Integrado por ochenta organizaciones de 25 países, referentes en las luchas contra el modelo extractivo (monocultivo, minería, petróleo, agrocombustibles) y el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). A 16 años de su conformación, la CLOC realiza entre el 8 y el 16 su V Congreso en Ecuador, donde confluirán un millar de delegados de América. “Condenamos frontalmente el intento de golpe de Estado. Los acontecimientos en Ecuador son acciones desesperadas de la oligarquía, representada por la derecha, con el único objetivo de preservar los intereses del capital, que a largo de la historia han perjudicado a la clase campesina”, denuncia en su comunicado la CLOC, representación continental de la Vía Campesina, colectivo rural intercontinental presente en 69 países. Elvio Trinidad, del Movimiento Campesino de Paraguay (MCP) y Valter Da Silva, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), ambos dirigentes ante la Coordinadora, tuvieron un breve paso por Buenos Aires, donde explicaron las similitudes del campo Latinoamericano y adelantaron los temas del encuentro de la CLOC.
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Oct 6, 2010 | 2010, General
La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.
Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.
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Sep 29, 2010 | 2010, General
El mayor movimiento rural de Brasil rechaza al candidato de derecha, pero también remarca la deuda que deja el gobierno de Lula. Críticas al modelo sojero y los medios de comunicación. Un apoyo condicionado para Dilma Rousseff.
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil es una organización referente en las luchas continentales. Integrado por 350 mil familias –casi dos millones de personas–, cuenta con 27 años de experiencia en asentar familias en campos recuperados, fundar escuelas, producir alimentos sanos y movilizarse por uno de sus objetivos centrales: la reforma agraria. Ubica entre sus enemigos principales a las empresas transnacionales de los agronegocios y los grandes propietarios, “el latifundio”, ese uno por ciento de la población que posee el 46 por ciento de la tierra productiva de Brasil. Durante la mayor parte de su historia el MST tuvo como aliado incondicional al entonces trabajador y delegado sindical Luiz Inácio Lula da Silva, coincidían en luchas y movilizaciones. Cuando fue electo presidente, en 2002, los Sin Tierra festejaron, pues visualizaban mayores posibilidades de concretar sus demandas históricas. A ocho años de aquel momento, y a días de una nueva elección, Itelvina Masioli, dirigente nacional del MST, alertó sobre el avance del monocultivo de soja, apuntó contra el “latifundio mediático”, marcó las deudas de la gestión Lula y afirmó que un triunfo de José Serra (Partido Socialdemócrata) sería un retroceso para Brasil y el continente.
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Sep 22, 2010 | 2010, General
En una audiencia pública en la Cámara de Diputados, legisladores, científicos y organizaciones sociales avalaron un proyecto de ley que busca prohibir en todo el país las pulverizaciones aéreas con plaguicidas. También limita las terrestres.
El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.
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Sep 15, 2010 | 2010, General
El Movimiento Campesino Indígena cerró su primer congreso con una masiva marcha a Plaza de Mayo. Reforma agraria y soberanía alimentaria, claves para otro modelo agropecuario.
Avenida de Mayo después del mediodía. Oficinistas almuerzan en un restaurante de nombre inglés y miran sorprendidos detrás del vidrio. En la calle marchan dos mil campesinos, remeras rojas y verdes, banderas y un grito inédito sobre la histórica avenida, que retumba frente al bar: “¿Quiénes somos? ¡Campesinos! / ¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia!”. Gritan hasta la afonía dos mil integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 20.000 familias de diez provincias. Fue el cierre del primer congreso de la organización, cuatro días de debates, donde consensuaron formas para fortalecer un modelo agropecuario opuesto a los agronegocios, basado en la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria (producción de alimentos sanos para alimentar a la población local). Siete cuadras de hombres y mujeres del campo profundo. “Hace diez años nos decían locos. Ahora somos 20.000. A pesar de la Mesa de Enlace, las corporaciones internacionales del agro y algunos políticos, vamos a cambiar el modelo agropecuario”, explica con paciencia Cristina Loaiza, santiagueña, y remata con la consigna del MNCI: “Somos tierra para alimentar al pueblo”.
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Sep 11, 2010 | 2010, General
Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.
“La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.
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Sep 10, 2010 | 2010, General
Desde hoy y hasta el lunes, dos mil campesinos de quince provincias se reunirán en Buenos Aires para impulsar un debate sobre la necesidad de una reforma agraria integral y la soberanía alimentaria. Un modelo opuesto al de la Mesa de Enlace.
Quince provincias. Cincuenta organizaciones. Dos mil campesinos e indígenas. Y una decisión: implementar en Argentina una reforma agraria integral y una política real de soberanía alimentaria –producción de alimentos sanos para alimentar a la población local–. Serán los ingredientes del Primer Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI), que se desarrollará a partir de hoy, durante cuatro días, en Buenos Aires y donde tomará forma un inédito plan de desarrollo para la pirámide del sector rural argentino, familias campesinas que siembran sus propias parcelas, criadores a pequeña escala y trabajadores rurales sin tierra. Participarán referentes campesinos de la región, nucleados en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y delegados de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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Sep 6, 2010 | General
Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores principales del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Analizaron la relación entre la deforestación, la agricultura y la biodiversidad. Alertan que la tasa de deforestación de Argentina es del 0,8 por ciento anual según datos la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el doble que en el Amazonas (0,38 por ciento).
Apuntan que Córdoba registra una tasa de deforestación del 2,93 por ciento, casi cuatriplica la media nacional y es trece veces mayor que la media mundial (0,23 por ciento). “Las tasas de deforestación sufridas año a año por los bosques cordobeses no tienen parangón a nivel mundial, superando incluso a las correspondientes a bosques tropicales en otros países pobres”, denuncian Cabido y Zak, y remarcan la directa relación con el avance de la frontera agrícola.
“Lamentablemente, Córdoba constituye el más dramático ejemplo del desmonte. Por ejemplo, los procesos de expansión de la agricultura en los departamentos del norte cordobés, entre 1970 y 2000, ocasionaron la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosques por conversión a cultivos anuales, principalmente soja”, denuncian Cabido y Zak.
El trabajo de Cabido y Zak precisa la magnitud del problema en cifras. A comienzos del siglo XX la provincia contaba con doce millones de hectáreas de bosques en buen estado de conservación. En la actualidad subsisten 640.000 hectáreas, sólo el cinco por ciento del monte nativo de Córdoba.
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Fijar el límite
Nueva ley, desalojos en puerta
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Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Sep 6, 2010 | General
Córdoba es una de las provincias pilares del modelo sojero. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre territorios que se destinaban a la ganadería. Consecuencia: los ganaderos comenzaron a buscar nuevas parcelas. La olvidada región norte de la provincia, zona de sequías y población campesina ancestral, comenzó a ser preciada por los empresarios. Lo reconocieron a este diario todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Ambiente hasta ruralistas. El eslabón más débil, la familia campesina que vivió y trabajó por generaciones en la misma tierra, comenzó a conocer de desalojos, cada vez más seguidos y violentos.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), referente en denunciar los efectos sociales y ambientales del modelo de agronegocios, llama la atención. “Con esta ley de bosques se multiplicarán los conflictos. Las corporaciones agrarias Cartez-CRA y Federación Agraria, junto a sus amigos de los agronegocios transnacionales, redoblaran las presiones sobre los últimos bosques y sobre las comunidades campesinas ancestrales”, afirmó Mario Barcena del MCC.
La familia Olivera, en el paraje norteño de La Penca, vive desde hace cien años en la misma tierra. En 2004 fueron sorprendidos por topadoras que arrasaban la chacra familiar. Las dos mujeres de la familia, Lucía y Verónica, frenaron la máquina. Luego se sumaron los hombres, que expulsaron a empresarios sojeros que pretendían el territorio ancestral. Se repitió la historia del monte campesino: familias con posesión veinteañal, protegidas por ley, frente a privados que dicen comprar tierras con personas dentro.
El caso llegó a la Justicia. Y la Cámara Penal de Deán Funes (integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz) culpó a la familia Olivera de usurpar el campo en el que vivió por cien años. En junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo. El desalojo es inminente. La Unión Campesina del Norte (UCAN-MCC) promete resistir.
Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Estudiaron el avance del cultivo de soja sobre el norte provincial y confirmaron la concentración de la tierra. El relevamiento sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demuestra que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas, como la de la familia campesina Olivera, fueron absorbidas por grandes propietarios.
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“Un dramático ejemplo”
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Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Sep 6, 2010 | General
La ley nacional de bosques (formalmente Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial –por ley– en sus zonas boscosas. Otorgaba un año, hasta el 28 de noviembre de 2008, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma nacional, que establece el piso mínimo de protección de bosques, destaca que el mapeo debe contar con la imprescindible participación de organizaciones sociales (ambientales, campesinas e indígenas).
En Córdoba la ley estuvo muy demorada. Recién un año después de la norma nacional, la Secretaría de Ambiente convocó a la conformación del espacio encargado de proponer, debatir y consensuar la ley provincia: la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por universidades, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez-CRA), actor fuerte de la Mesa de Enlace en Córdoba, abandonó la Cotbn al poco tiempo, cuando confirmó que no podría imponer su mirada productivista, y comenzó a gestar un proyecto junto al Ministerio de Agricultura y legisladores afines a los agronegocios.
La Cotbn realizó siete talleres participativos en diferentes regiones de la provincia, presentó el proyecto de ley en audiencia pública (como solicita la legislación nacional) y lo elevó a la Secretaría de Ambiente, que demoró cuatro meses en enviarlo a la legislatura provincial. “Ambiente espero, de manera arbitraria, tanto tiempo para que Cartez presentara su proyecto, y elevar a la Comisión de Asuntos Ecológicos ambos proyectos”, explicó Fernando Barri, biólogo miembro de la Cotbn.
La Comisión de Asuntos Ecológicos convocó a rondas de consultas, donde participaron campesinos e investigadores, donde se hizo hincapié en los argumentos técnicos, sociales y jurídicos de ambos proyectos. Dejó de lado el proyecto del sector ruralista (no se explicó el motivo, pero dejaron trascender que era contrario a la ley nacional) y tomaron como base el proyecto de la comisión oficial. Luego de ocho meses de debate en la Legislatura, y casi tres años de sancionada la ley nacional, los legisladores presentaron el proyecto en la cámara provincial. Un día antes del tratamiento legislativo, el 3 de agosto, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto que nunca había pasado por la Cotbn ni la Comisión de Asuntos Ecológicos. Fue votado en la madrugada del 5 de agosto por el oficialismo (peronismo bajo el paraguas de Unión por Córdoba) y UCR. Los bloques que no votaron la ley fueron Concertación Plural, Frente para la Victoria, ARI, Izquierda Unida. El Frente Cívico, que comanda Luis Juez, votó dividido ambas posturas. Fueron 57 votos contra once.
Mario Barcena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), resumió: “Gran parte de la clase política y el gobierno provincial fueron permeables a la Mesa de Enlace, sojeros y ganaderos, grandes terratenientes. Se impidió contar con una ley que defienda el bosque y el ambiente de la provincia”.
Ese mismo día la Ley 9814 fue bautizada “ley del desmonte”.
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Nueva ley, desalojos en puerta
“Un dramático ejemplo”
Nota principal:
Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Sep 6, 2010 | 2010, General
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
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Ago 31, 2010 | General
Carta abierta a la Mesa de Enlace
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la más antigua del país (397 años). De la mano de los estudiantes, allí nació la Reforma Universitaria de 1918 (que transformó las bases de la educación superior de la Argentina y el continente). Miles de jóvenes de la casa de estudios participaron del Cordobazo y, también los estudiantes, lograron que la Universidad rechazara fondos que (por ley nacional) provienen de la cuestionada actividad minera en Catamarca. Este fin de semana volvió a marcar un hito: se transformó en la primera institución de educación superior que organiza un ámbito académico para dar cuenta de los efectos sanitarios de los agroquímicos utilizados en agricultura y, explícitamente, cuestionar el papel de la academia como legitimador del modelo productivo. El Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados aportó pruebas científicas del costo sanitario y elaboró una carta abierta dirigida a Hugo Biolcati (Sociedad Rural Argentina), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Eduardo Buzzi (Federación Agraria). Algunos extractos:
- “Los equipos de salud, científicos, investigadores y académicos reunidos en la Facultad de Ciencias Médicas nos sentimos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes para hacerles conocer que es muy grave la situación de la salud de las poblaciones de los pueblos fumigados en la Argentina, y que ésta se agrava día a día.”
- “Los cánceres y otras enfermedades severas son detectadas con más frecuencia ahora. Al igual que los abortos espontáneos, trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas, que encontramos con índices muy elevados. Y que los trastornos respiratorios, endocrinos, hematológicos, neurológicos y psíquicos son, también ahora, mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas. Fumigadas porque comparten el mismo espacio geográfico que los cultivos agroindustriales y transgénicos que ustedes explotan.”
- “Queremos decirles a ustedes que sabemos que están fumigando con 300 millones de litros de veneno sobre la población, que lo hacen sin ningún tipo de control (…) y que es negocio de los laboratorios multinacionales de agroquímicos.”
- “Estamos seguros de que los crecientes padecimientos en la salud de los habitantes de los pueblos fumigados son generados por las fumigaciones que ustedes realizan. Existe creciente información científica que destaca las evidencias disponibles con respecto al daño que generan los pesticidas.
- “No tenemos ningún interés económico, ni político-partidario, ni religioso, ni de ningún otro tipo que no sea el resguardo de la salud de nuestros pacientes (…). Los exhortamos a que paren de fumigar.”
- “Sabemos que están aprovechando una coyuntura internacional con precios en alza y demanda sostenida, pero sus ganancias no justifican los cánceres de nuestros pacientes, ni las malformaciones de nuestros hijos.”
Nota Principal:
Un límite para las fumigaciones en el campo
Ago 31, 2010 | 2010, General
Médicos, científicos e investigadores expusieron en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de embarazos. En el documento final pidieron prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres.
Desde Córdoba
Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.
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Ago 17, 2010 | General
Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.
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Las denuncias de campesinos
Nota Principal:
“Deformaciones similares a las de embriones humanos”
Ago 17, 2010 | General
Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.
San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.
También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).
El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.
Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.
Subnota:
Censura y presiones
Nota Principal:
“Deformaciones similares a las de embriones humanos”
Ago 17, 2010 | 2010, General
El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.
“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.
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Ago 16, 2010 | 2010, General
Durante cuatro días se realiza en Santiago del Estero el XIII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se oponen a las industrias extractivas sin límites. En el temario figura la ley de glaciares e Iirsa, el proyecto para megaobras.
La contaminación urbana-industrial, la minería metalífera a gran escala, el monocultivo de soja, las pasteras y el plan nuclear son algunos de los temas que se analizan en el XIII Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, espacio integrado por medio centenar de organizaciones de todo el país que se reúnen desde el viernes y hasta hoy en Santiago del Estero, donde se consensuarán acciones de resistencia frente a las distintas industrias extractivas. También se aborda las consecuencias de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), un plan de megaobras que afecta a toda la región, y está presente en los debates el accionar de los gobernadores cordilleranos, que impulsan leyes de glaciares provinciales que podrían entrar en conflicto con la muy esperada ley nacional.
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