Ene 23, 2014 | 2014, Campesinos, Pueblos Originarios
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
——
La lentitud de la Justicia
Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para desmonte.
Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.
En agosto de 2010, el procurador general de la Nación remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.
Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de Ambiente de Salta.
La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de enero de 2014 en el diario Página12.
Ene 11, 2014 | 2014, Campesinos
Campesinos del nordeste de la provincia presentaron un amparo y lograron que una jueza frene las fumigaciones con agroquímicos que afectaban sus campos. Es la primera vez que la Justicia de esa provincia adopta este tipo de medidas.
Campesinos de San Luis lograron algo inédito para la provincia: frenar las fumigaciones con agroquímicos. “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario”, insta el fallo de la Justicia puntana sobre un campo de maíz y soja en el nordeste de la provincia. La medida fue solicitada por la Asociación Campesina del Valle de Conlara, que desde hace años sufre las fumigaciones. El fallo prohíbe el uso de todo tipo de agroquímicos y aplica el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente (cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar medidas preventivas). En la misma zona están presentes las empresas Monsanto, Syngenta y Cresud.
En el nordeste de San Luis (departamento de Junín) sobresale la turística localidad de Merlo. Las familias están en la zona “desde siempre”, aseguran, son cuarta y quinta generaciones de campesinos. Hace una década todo comenzó a cambiar. Grandes empresas llegaron, familias campesinas fueron expulsadas del territorio ancestral y los desmontes fueron regla. Los recién llegados (también denunciados por campesinos) son las empresas Cresud (del Grupo IRSA, el mismo de los shoppings porteños), Monsanto, Syngenta y pooles de siembra de menor renombre.
El acuífero generoso que riega el lugar animó a los empresarios a utilizar la tecnología de pivot, unos grandes muñecos de metal con ruedas que riegan con precisión y facilitan el agronegocio aun en climas hostiles. Y comenzaron también las fumigaciones en campos de maíz transgénico y soja. Las parcelas lindantes, propiedad de campesinos, sufrieron consecuencias: animales muertos, huertas quemadas y afecciones en la salud como intoxicaciones, problemas en la piel y el sistema respiratorio.
En la zona está presente la Asociación Campesina del Valle de Conlara, una de las organizaciones rurales más novedosas de la última década. Interacción de técnicos y campesinos de diversas edades (de abuelos a nietos), decisiones colectivas, articulación con organizaciones rurales y urbanas diversas, apuesta a un modelo de agroecología y soberanía alimentaria, y distante de los gobiernos. Todo en una provincia con pocos antecedentes de organización rural.
El diálogo entre campesinos y empresarios no prosperó. Y en noviembre la situación tocó fondo: se hicieron cinco fumigaciones en un mes en los parajes Santa Martina y Ojo del Río, en el kilómetro 907 de la Autopista 55. El hospital local confirmó la intoxicación de hombres, mujeres y niños. Y los campesinos realizaron la denuncia contra el empresario Mariano Poncio en la comisaría y presentaron un amparo ambiental, con medida cautelar, para proteger la salud.
El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minas y Laboral de Concarán, a cargo de la jueza María Uccello de Melino, hizo lugar al pedido: “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario en la zona que afecta a las comunidades de Santa Martina y Ojo del Río”, resolvió.
Es la primera vez que en San Luis se prohíben las fumigaciones, con particularidades sobresalientes: no se prohibió sólo el glifosato (el herbicida más usado del país) sino todos los agroquímicos. Y no se fijaron límites en metros como en otros fallos (los antecedentes judiciales van de 300 a 2000 metros) sino que se prohibieron por completo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza fundamentó en base al artículo 41 de la Constitución Nacional y el 47 de la Constitución de San Luis. Y remarcó la vigencia del artículo 4 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente). “Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
La Asociación Campesina del Valle de Conlara apuntó al modelo: “Nuestros cuerpos, nuestros bosques, nuestra agua y nuestra tierra no pueden ser miradas por los empresarios como sus costos de producción, de una producción que contamina, envenena y concentra. Y el Estado no puede seguir mirando para otro lado”, advirtieron en un comunicado y celebraron la decisión judicial. “Nos permite permanecer en nuestras comunidades sin el temor de estar siendo fumigados, nos da la posibilidad de pensar nuestra producción de alimentos sin agrotóxicos. Nos refuerza la decisión de seguir viendo el campo como nuestro lugar de vida, sano y natural. Esta medida se convierte en la fragua de nuestros derechos, avivando el fuego de la esperanza y de la lucha”, afirmaron.
El fallo, con fecha del 13 de diciembre, afirma que las leyes vigentes obligan a “prevenir y evitar el daño ambiental y a la salud, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid, empresarios del agronegocio), filial San Luis, cuestionó la decisión judicial y la consideró “absurda y carente de fundamentos”.
———-
Siete provincias
Siete provincias ya cuentan con decisiones judiciales que prohíben fumigaciones. Los fallos, incluso de máximos tribunales provinciales, fijan límites de hasta 2000 metros de distancia de viviendas y cursos de agua. Y remarcan la vigencia del principio precautorio vigente en la Ley Nacional 25.675: cuando haya riesgo deben tomarse medidas preventivas.
En 2003, en Colonia Loma Senés, en Formosa, y por una denuncia de campesinos, la jueza Silvia Amanda Sevilla, ordenó cesar con las fumigaciones. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio Ituzaingó Anexo. Apuntó contra el glifosato y el endosulfán. Fijó límites de 500 metros de zonas urbanas y, en fumigaciones aéreas, 1500 metros.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias denunció en 2009 a un productor que los fumigaba. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron esa tarea a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. En abril de 2010, en Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en la localidad de La Leonesa y también protegió los cursos de agua. Los límites fueron de 1000 metros en forma terrestre y 2000 si era con avión. Las distancias fueron ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.
En septiembre de 2011, en Antillas (Salta), el Juzgado Correccional 2 prohibió las fumigaciones a 1500 metros con avión y no menos de 300 si las aspersiones eran terrestres. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires falló en agosto de 2012. Prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas en Alberti. También fundamentó con el principio precautorio.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de enero de 2014 en el diario Página12.
Dic 30, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.
La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).
Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”.
El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”
“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.
El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.
La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.
———-
Contra un decreto
La comunidad mapuche Cheuquel, ubicada a 30 kilómetros de Zapala, denunció la semana pasada al gobierno de Neuquén porque mediante un decreto propuso otorgar el título de tierras comunitario pero a cambio de otorgar derechos de exploración y explotación petrolera a las empresas Pluspetrol y GYP (Gas y Petróleo) de Neuquén. “Rechazamos estas cláusulas en el decreto y pedimos revocatoria porque violan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Y denunciamos estas propuestas poco claras que están llegando a las comunidades y que afectan notablemente los derechos de los pueblos originarios”, señaló la comunidad mapuche Cheuquel en un comunicado.
El decreto 1428 fue firmado por el gobernador, Jorge Sapag (foto), el 15 de agosto pasado. En el primer artículo otorga un título gratuito por 3500 hectáreas, pero la comunidad posee 12.000 hectáreas. Y el segundo artículo no tiene antecedentes: establece que el adjudicatario (la comunidad) permite el libre acceso a las empresas estatal G&P y a Pluspetrol.
La comunidad rechazó el decreto provincial, recordó que la entrega de tierras es “una obligación del Estado (artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 53 de la Constitución de Neuquén)” y remarcó que “ninguna ley establece la posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos” para el reconocimiento de territorios indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 30 de diciembre de 2013.
Dic 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Campesinos
Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
———-
El ministro y el senador
El ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara, reconoció que el monocultivo de árboles avanza sobre campesinos y anunció que elaboraron un proyecto de ley para frenar esa avanzada. También cuestionó que “empresarios estadounidenses” acaparen tierras. Respecto de los campesinos y las 3100 hectáreas de la Fundación San Nicolás, aseguró que mientras sea ministro “no se expulsará a nadie que haya trabajado la tierra”. Explicó que los grandes empresarios “fueron rodeando el Iberá de manera estratégica, cerrándolo” y que (mediante campo San Nicolás) podrán “abrir un paso” para recibir turistas desde las localidades de San Miguel y Loreto.
El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Sergio Flinta, es señalado por campesinos y organizaciones sociales como el nexo entre forestales, empresarios turísticos y poder político. “Es todo mentira”, resumió Flinta. Negó que en el Iberá haya “problemas de tierras” y señaló que en las 3100 hectáreas de la Fundación-Instituto San Nicolás “no hay campesinos ni pequeños productores, hay sólo intrusos desde hace muchos años que no quieren que el gobierno ordene el lugar”.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de diciembre de 2013.
Dic 9, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Noemí Labrune, histórica dirigente de los derechos humanos de la Patagonia, traza paralelos entre el genocidio indígena y la dictadura militar, resalta la necesidad de marchar no sólo los 24 de marzo, acompaña la lucha del Pueblo Mapuche y llama a conmoverse también cuando asesinan a los jóvenes de las barriadas pobres.
Referente de los derechos humanos en la Patagonia, activa luchadora contra la violencia institucional y miembro fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Noemí Labrune, es hiper activa a sus 83 años. Se levanta a las 6, desayuna y ya no vuelve hasta la noche: reuniones, talleres, marchas, siempre en apoyo a los más desprotegidos. Labrune fue de las primeras referentes en vincular la lucha del Pueblo Mapuche y los derechos humanos. Con la excusa del Día de los Derechos Humanos, y a 30 años de la recuperación de la democracia, Labrune cuestiona la “mentalidad neoliberal”, traza paralelos entre la última dictadura cívico militar y el genocidio indígena, y afirma: “Es necesario salir los 24 de marzo, pero también cuando matan a un pibe de un barrio pobre”.
-¿Cómo vive el 10 de diciembre?
-El 10 de diciembre conmemoramos un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa Declaración en la que los pueblos originarios están ausentes, invisibles, nadie los nombraba. Sobre la Declaración, es una declaración de deseos, porque aún falta por hacer cumplir muchos de ellos. Nosotros en particular de la APDH lo conmemoramos, más no lo celebramos porque es evidente que muchos de ellos no están vigentes, ni aquí ni en el mundo. Si bien han significado un avance importante, es teórico, es un inventario de lo que está y de lo que falta.
-¿Con respecto a los derechos humanos y los pueblos originarios?
-La inclusión de sus derechos fue a partir de la propia lucha de los pueblos originarios, sobre todo de Latinoamérica, que fue avanzando en esa filosofía, en esa práctica, y empezaron las convenciones sobre los derechos humanos. Acá en Neuquén fue un desarrollo, un proceso, estuvo desde muchos años sin que fuera visible. Estaba en el seno de las comunidades, que se estaban gestando referentes entre logkos, lof, los jóvenes; estaban tomando conciencia de que debían irrumpir, no se si de manera violenta, pero enérgica, en el imaginario, en las conciencias de hombres y mujeres de Neuquén, que no los tenían en cuenta.
-¿Cómo recuerda ese proceso en el Pueblo Mapuche de Neuquén?
-No formo parte del Pueblo Mapuche y no podía darme cuenta de que esas cosas estaban sucediendo. Veíamos que se movían los jóvenes, las comunidades salían a encuentros fuera de la provincia, circulaban algunos documento que eran objeto de debate. Cuando nos dimos cuenta que ese fuego, que era una brasa sin llama, estaba tomando fuerza, fue en los preparativos de la conmemoración de los 500 años, en el 92. Se formaron en América latina dos corrientes, una trabajaba por hacer visible la América india, negra y obrera, y otra más enfocada en los pueblos indígenas. Ambas corrientes, si bien distintas, confluyeron, y fue como una convocatoria a aquellos que no habían perdido sus conciencias identitarias ni sus conciencias políticas en cuanto al papel que debía cumplir el Pueblo Mapuche, pero que estaban dispersos. Quizás fue el año anterior, 91, los mapuche del interior, más los lof urbanos, decidieron marchar. Ahí compartimos marchas, actividades. Ya tenían la bandera. Querían mostrar su fuerza y de alguna manera su singularidad. Había mucha gente de la militancia, de los derechos humanos de Neuquén, rindiendo homenaje al Pueblo Mapuche que por primera vez salía a la calle. La APDH contribuyó a la organización interna de las comunidades. Después surge la Confederación Mapuche de Neuquén.
-¿Cómo relaciona el 10 de diciembre, los derechos humanos y los pueblos indígenas?
-Es el día de los derechos humanos, de los hombres, de las mujeres, de los pueblos, de los derechos económicos, sociales, culturales, y en esto el Pueblo Mapuche cobra importancia porque ha sido y es ejemplo de lucha. Recuerdo que en algún momento tenía ganas de bajar los brazos, porque nosotros representábamos una sociedad que salía de un genocidio, nos decíamos que no eramos víctimas, sino luchadores, militantes. Y enfrente estaba el Pueblo Mapuche, que venía de un genocidio más antiguo, y luchaban, y no se reconocían como víctimas sino como luchadores. Un pueblo que reclama de pie sus derechos. Esa es la similitud con nuestra lucha, es el punto donde nos hemos encontrado. Hoy el Pueblo Mapuche está plantado con una postura firme. La amistad viene de la lucha y se alimenta en esa lucha.
-En la reforma constitucional de 1994 se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas. Fue un piso. ¿Se avanzó en la aplicación de los derechos humanos de los pueblos originarios?
-Esa fue una gran victoria. Tuvo una gran repercusión en Neuquén. Fue un punto teórico, de ayuda, para pelear y aplicar los derechos humanos. Yo acá veo avances, pero porque es el avance del Pueblo Mapuche, no de la sociedad, ni del Estado.
-¿Suscribe al dicho de que “Neuquén es la capital de los derechos humanos”?
-Eso es pura propaganda, en todos lados se llevan adelante luchas importantes. Cuando la gente vio que salimos a la calle a reclamar en dictadura se pensó que acá iba a ser un paraíso de la militancia. En realidad, ni todo el mundo lucha, ni todo el mundo apoya. Es cierto que acá se juzgan militares, pero en Córdoba y otros lugares también. Y es verdad que todo el mundo sale el 24 de marzo, pero cuando se tortura, se mata y se reprime en las cárceles, cuando hay casos de gatillo fácil, no sale casi nadie, uno se pregunta dónde está esa gente.
-¿Hay una valoración diferente de derechos?
-Cada lucha es importante, cada lucha es un avance, y acá como en otros lados cuesta que la gente sea coherente. Y eso tiene que ver con entender o no, cual es la filosofía de los derechos humanos. Todos los hombres nacen iguales, en dignidad y derechos. Un delincuente tiene tanto derecho a la justicia, y a proteger su vida, como yo. Todos somos iguales, pero pareciera que unos son más iguales que otros. Dijo (el obispo) Jaime de Nevares: “Cuando lo considero que es como yo, tiene los mismos derechos que yo”. Y eso es básico. Aunque esto no se ha conseguido, no se ha conseguido esa conciencia social. Es un trabajo lento, pero lo hacemos, y en un futuro consideramos que será tarea de los jóvenes.
-En 1992, cuando usted marca esa unión de luchas entre organismos y el Pueblo Mapuche, ¿se imaginaba lo que sucede hoy, con juicio a los militares y los pueblos indígenas luchando contra multinacionales?
-No lo imaginaba. Se ha avanzado y mucho, pero no estemos contentos, falta mucho, una golondrina no hace verano. Es necesario salir los 24 de marzo, pero también es necesario salir cuando matan un pibe del oeste de Neuquén (zona de los barrios más empobrecidos). Es necesario dejar la mentalidad neoliberal, que no había en los 70, cuando menos nos parezcamos al ideal de la sociedad de consumo, en este sistema capitalista, vamos a estar realizando el ideal de los pueblos indígenas y de los organismos de derechos humanos.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2013 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).
Nov 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.
Asambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.
Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.
En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.
El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.
“Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.
En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.
El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.
Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.
————
Amenaza contra una dirigente
“Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.
La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.
Nov 18, 2013 | 2013
Con el avance de las fumigaciones, cada vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos Aires.
Alberti en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.
Alberti está ubicado en el norte de Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Con el fallo de la máximo tribunal de Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa familiar que la Corte Suprema había protegido.
“El fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.
Situaciones similares se repiten en Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40 kilómetros de Capital Federal.
Río Cuarto está ubicada al sur de Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular” para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos hacia la agroecología.
El 10 de septiembre se realizó un debate público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.
Similares debates y críticas se repiten en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle, Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar la ordenanza.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.
Viviana Peralta, una de las madres que iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012. “Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.
Otras localidades de Santa Fe donde existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo, Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones) impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.
———–
Distancias
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 18 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Nov 7, 2013 | 2013
Alumnos descalzos y con hambre, abuelos que mueren de frío, punteros que manipulan planes sociales y votos, campos alambrados, falta de comida y agua. Policías, gendarmes, medios de comunicación y gobierno: unidos contra el Pueblo Wichí. Postales del oeste formoseño.
Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo Wichí relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas.
Radiografía formoseña
-¿Por qué viene hasta Buenos Aires?
-Venimos para que todos sepan qué pasa en nuestra comunidad. Reclamamos al gobierno provincial por viviendas, salud, educación, trabajo y agua. El Gobierno nunca da respuesta a las notas que hacemos. Nos promete, volvemos a casa y nunca cumple. El ministro (de Gobierno), Jorge González, nos dijo la última vez que no había plata para hacer lo que pedimos.
-¿Cuántas comunidades son las que reclaman?
-En el departamento Matacos, al oeste de Formosa, somos 27 comunidades rurales y 17 barrios, 1200 familias, todos wichí. Es la zona más al interior de Formosa, y de las zonas más abandonadas.
-¿Por qué abandonadas?
-Porque no hay salud, faltan escuelas y las que hay están en muy malas condiciones. No hay viviendas, la mayoría de las casas son muy precarias. El tema del agua es muy preocupante. Muchos tomamos agua de los ríos, no hay tratamientos, se toma agua de represas (grandes piletones en la tierra, donde se acumula agua), de los ríos. Además hay mucha sequía, y el agua viene todavía con peor calidad.
-¿Qué provoca tomar esa agua?
-Muchas enfermedades. Diarrea, fiebre y hasta chicos que mueren. Es que tomamos, para que usted entienda, tomamos agua sucia. Y pasa que vamos al hospital, no hay medicamentos, nos internan, nos mejoramos, volvemos a la casa, tomamos esa agua y otra vez enfermamos. No hay salida.
-¿También hay chagas?
-Hay mucho mal de chagas. Una vez escuchaba a la Presidenta que decía que no había más. En el oeste de Formosa hay mucho chagas y hay mucho dengue. Nunca fumigan, y hay mucho mosquito de dengue y mucha vinchuca. En el invierno hay viejitos que se mueren de frío. Este año murieron dos. Están en casas precarias, enferman, se protegen con cartones porque no hay frazadas, y mueren de frío.
-¿Cuántos hospitales hay en la zona?
-No hay hospitales. Hay un centro de salud en Ingeniero Juárez para 27 comunidades y 17 barrios. Hay una sola ambulancia, que donó una iglesia anglicana y un solo chofer que no da abasto. Hay un sólo médico y si hay una emergencia hay que hacer 470 kilómetros hasta Formosa (capital). Muchas veces los enfermos no llegan y mueren en el camino.
-¿Qué otros conflictos hay en la zona?
-En Teniente Fraga piden escuela, centro de salud y agua. También viviendas y luz. En Fraga no hay electricidad. También hubo protesta en Ramón Lista, en el yacimiento petrolera de Palmar Largo. En Ramón Lista se pidió ambulancias, médicos y trabajo.
-¿Viviendas?
-Hay muchos problemas. Hay casas con cinco o siete familias. Y si no tienen trabajo no pueden construir sus propias casas.
-¿Cuáles son los trabajos para los wichí?
-Hay muchos chicos, incluso con secundario completo, que no tienen trabajo. Las chicas limpian casas. Y los chicos son changarines. Vienen los contratistas y los llevan al desmonte y destronque en Salta. Vienen micros y camiones y se llevan cientos de chicos.
-¿Sabe cuánto les pagan?
-60 pesos por hectárea limpia. Y destroncar una hectárea te puede llevar un día o día y medio. La cosecha de limón paga algo parecido.
-¿Cómo es la situación de los chicos?
-Los chicos van a la escuela descalzos. No pueden conseguir para comer. Ya no podemos buscar alimentos en el campo porque están alambrados. Antes podíamos buscar alimentos en el campo. Ahora están alambrados y ya no podemos. Si entrás te corren con escopetas.
-¿Cuándo se alambraron esos campos?
-Hace diez años comenzaron muchas ventas de tierras. El acceso al río Bermejo está casi todo alambrado. No podemos ingresar a pescar.
-¿Quiénes alambraron?
-Son gente de afuera, nunca aparecen. Dejan guardias. Algunas veces los hermanos entran pero es peligroso porque los guardias están armados.
Democracia gildista
-¿Cuáles son los mecanismos de control del gobernador Insfrán?
-Hay muchas cosas. El Gobierno tiene un servicio de inteligencia con punteros. Tienen sueldos de estatales, pero no trabajan, están en sus casas, los vemos. Pero cuando nos movilizamos o cortamos una calle, ahí están ellos, sacando fotos, filmando, llamando por teléfono y contando quiénes cortamos la ruta. Otra cosa que hacen es cortar internet y los celulares.
-¿Cómo cortar internet?
-El dueño de la antena de internet en Juárez es un empresario del gobierno de Insfrán. Si hay problemas en Juárez, hay cortes de ruta o se reprime, se cae el sistema de celular y se corta internet para que nadie de afuera pueda enterarse y que la denuncia no salga de Juárez. Pasa eso durante uno y hasta dos días. Cuando se tranquiliza todo, ahí vuelve internet y los celulares.
-¿Qué sucede con la Asignación Universal?
-La tarjeta no lo tiene el beneficiario. La tiene el comerciante. Hay mucha necesidad y la gente pide a fiado. Ahí el comerciante exige la tarjeta y la clave. Y ya maneja él la tarjeta. La gente no conoce la tarjeta. Y el comerciante siempre es amigo del puntero.
-¿En qué porcentaje se da esta situación?
-En la mayoría pasa eso. Los comerciantes se quedan con la plata de las asignaciones. Y te cobran todo más caro. La yerba sale 20 pesos el cuarto, diez pesos el medio kilo de azúcar.
-¿Cómo actúan los medios de comunicación en Formosa?
-Había una radio que acompañaba nuestros reclamos. Nos hizo una entrevista en corte de ruta y al otra día la incendiaron. No hay medios que publiquen lo que decimos. Al diario el Comercial (el más grande de Formosa) siempre le llamo, quedan en llamarme, pero nunca lo hacen.
-¿Por qué cree que sucede eso?
-No publican porque apoyan al Gobierno. Y nos discriminan. El gobierno discrimina a los pueblos originarios. Y los medios también.
-¿Y la Policía?
-El Gobierno usa a la Policía para reprimir. Siempre nos persiguen. Y cuando nosotros queremos denunciar algo, nunca nos toman las denuncias. Sí al puntero o a los criollos que nos maltratan.
-¿Y los gendarmes?
-Lo mismo que los policías. Los gendarmes siempre nos atropellan. Nos dicen “indio de mierda” y a las mujeres les dicen malas palabras. Cuando venía para acá me quisieron bajar sin motivo del colectivo. Eran cinco gendarmes y me agarraron de la campera. Me querían asustar. Me hicieron una seña de que me iban a cortar el cogote. Nosotros andamos mucho en motitos, y nos persiguen en la ruta. Entonces tenemos que escondernos en el monte.
-¿A quiénes persiguen?
-A los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen “cabecillas”, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo.
-¿Usted tuvo problemas en su trabajo?
-Soy maestro bilingüe en una escuela especial, la número 17 de Ingeniero Juárez. Y me quitaron el trabajo porque estuve en la calle con mis hermanos que reclamaban.
-¿Cómo le quitaron el trabajo?
-En marzo fui al cajero y no tenía plata. Cobraba 3000 pesos al mes y no había nada. En la escuela no sabían nada. Hasta que un puntero vino y me dijo que no me iban a pagar porque ayudaba a las comunidades en conflicto. Le expliqué que no podía estar en mi casa si mis hermanos estaban en la ruta reclamando. Estuve cinco meses sin cobrar y luego de mucho reclamar me volvieron a pagar, pero nunca me pagaron lo atrasado. Y cada vez que salimos a la calle, me retienen el sueldo.
-Cuando hay elecciones suelen llegar noticias de secuestro de personas
-Siempre que hay elecciones pasa eso. Les sacan el documento. Los encierran y les hacen votar a sus candidatos. Es cómo lo mostró la tele. Le dan sobres marcados. Y meten miedo a los hermanos y también a criollos.
-¿En las últimas elecciones (27 de octubre) pasó lo mismo?
-Siempre es lo mismo. En la escuela 438 de Ingeniero Juárez estaban haciendo “voto cadena”. Afuera estaba el puntero con sobres ya firmados, se lo daba al que entraba con el voto al candidato de Gildo y cuando salía le tenía que dar el sobre nuevo (que le dieron en la mesa de votación) al puntero. Todos los veían. Le reclamé al gendarme de la puerta y me amenazó detenerme a mí.
Vengan y vean
-Desde el gobierno provincial dicen que los indígenas de Formosa están bien.
-(Sonríe) Cuando en Formosa vemos en la tele o escuchamos en la radio esas cosas, nos reímos. También no da tristeza, pero nos reímos porque sólo lo pueden decir quiénes no visitaron las comunidades. Mienten cuando dicen esas cosas. Yo vengo de ahí, soy de ahí, yo conozco esa realidad. Por favor, si no me cree, venga y lo verá usted.
-¿Por qué cree que el Gobierno los trata así?
-El Gobierno siempre ha sido así. Ellos hacen vivienda y sólo le dan a quienes están con ellos. Hay hermanos que le siguen porque necesitan y le tienen miedo. Y otros están con el Gobernador porque cobran del gobierno. El gobierno nos discrimina.
-¿Qué le diría a la gente de Buenos Aires que no sabe o que no cree todo lo que se denuncia sobre Formosa?
-Si no me creen, les pido por favor que visiten nuestras comunidades. Los chicos van a la escuela descalzos, los hermanos mueren porque no hay médicos, y hay hambre. En Formosa hay hambre y si reclamamos nos mandan a la policía y gendarmería. Es triste, pero es lo que vivimos todos los días.
* Por Dario Aranda. Publicado el 7 de noviembre de 2013 en www.odhpi.org
Nov 4, 2013 | 2013, Campesinos
Representantes campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS, denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el sector rural del continente.
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas, produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los derechos de los campesinos”.
———-
Audiencia histórica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la comitiva junto a los delegados de la CLOC. Lourdes Bascary, del CELS, calificó a la audiencia en la CIDH de “histórica” (por ser la primera vez que una organización campesina de diversos países llega a esa instancia) y centró su intervención en el petitorio campesino a la comisión: que se reconozca al campesinado como actor social relevante al momento de analizar los derechos humanos en la región, que se tenga presente que Naciones Unidas está debatiendo una declaración de derechos campesinos, que se realicen recomendaciones a los Estados, investigar e intervenir antes la persecución y criminalización de las luchas campesinas.
La CLOC y el CELS hicieron especial hincapié en que la CIDH preste “especial atención” a la concentración, privatización y extranjerización de la tierra, el agua y las semillas que se da en América latina y el Caribe; solicitó que se identifique el rol de las transnacionales (incluso con controles y penalidades) y, como refiere a una problemática regional, se pidió que las acciones y respuestas también sean regionales. Dos novedades para la lógica de la CIDH: controlar la acción de empresas (no sólo Estados) y medidas regionales (no sólo de un país).
Rosa María Ortiz, comisionada del Grupo de Trabajo de la OEA (Organización de Estados Americanos), reconoció que los organismos internacionales “están en deuda” con los campesinos y señaló que los Estados “están fallando en la obligación de tomar medidas que impidan la violación del derecho a la vida y la integridad” de los campesinos. “Los Estados también fallan en tomar medidas afirmativas en la protección de las semillas como derecho humano”, afirmó la funcionaria de la OEA.
*Por Darío Aranda. Publicado el 4 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Oct 25, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).
—–
Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
—–
En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
—–
En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.
El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.
Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.
—–
En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.
Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
—–
Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
—–
En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.
*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar
Oct 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Los piquetes que impiden llegar al predio donde la empresa intenta instalar una nueva planta de semillas ya llevan un mes. Hoy habrá una marcha contra la instalación de los silos.
Las asambleas socioambientales de Córdoba mantienen desde hace un mes un bloqueo en el predio de Monsanto, donde la compañía intenta construir su planta de semillas de maíz más grande de América latina. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. La empresa suspendió momentáneamente la obra y, en paralelo, la ONG Funam denunció al gobierno de Córdoba por “violar todos los pasos” administrativos en la autorización de la planta. Una reciente encuesta reveló que el 63 por ciento de los cordobeses rechaza la instalación de Monsanto y el 67 por ciento apoya el reclamo de los asambleístas. Hoy habrá nuevas acciones contra la empresa y en denuncia al modelo extractivo.
El 19 de septiembre se realizó un festival artístico en Malvinas Argentinas, a veinte kilómetros del centro de Córdoba. La consigna fue “Primavera sin Monsanto”. Hubo grupos musicales y discursos. Ese día comenzó el bloqueo a Monsanto, en el portón de ingreso a la planta.
A la semana del acampe, una patota de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) amedrentó a los asambleístas. El lunes 30 de septiembre, la policía de Córdoba reprimió el acampe e intentó liberar el paso. Fue golpeada y hospitalizada Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y otras dos militantes fueron detenidas. El bloqueo continuó.
El 8 de octubre hubo una masiva movilización en la capital de Córdoba. Se denunció la “emergencia ambiental” de la provincia. Entre los motivos de la marcha estuvo el rechazo a Monsanto, los altos índices de desmonte y la emergencia hídrica.
Monsanto anunció la suspensión de la obra, pero a los tres días intentó avanzar con camiones por un nuevo ingreso (por la parte posterior del predio de treinta hectáreas). Los asambleístas cerraron también ese paso.
A cada bloqueo, la empresa respondió con la apertura de un nuevo portón. Las asambleas de Córdoba cerraron ya el tránsito a los cinco ingresos del predio. Y el lunes pasado, Monsanto anunció a la Uocra que suspendía las actividades hasta luego de las elecciones.
Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha Por la Vida, remarcó lo positivo de haber frenado la construcción de la obra y alertó sobre lo que pudiera suceder luego del domingo. “Reprimir esta semana tendría un costo político alto. Pero seguro volverán a mandar a la policía para reprimir a los vecinos y proteger a la empresa”, afirmó. Mazzalay recordó que la instalación de Monsanto es “ilegal” por la “fraudulenta” autorización de la Secretaría de Ambiente (ver recuadro) y porque no se cumplió la Ley General del Ambiente (25.675) que ordena estudios de impacto ambiental y audiencia pública previos a la instalación de plantas como la de Monsanto. En Córdoba no se cumplió ninguno de los dos requisitos.
Monsanto es la mayor corporación del agro mundial. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicas. En junio de 2012 logró la aprobación, por parte del Ministerio de Agricultura de Nación, de una nueva semilla de soja transgénica (“RR2 Intacta”) e impulsa una nueva ley de semillas.
El fin de semana pasado, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión electoral en Córdoba, de 1000 casos (400 en la capital y 600 del interior provincial). Interrogó sobre las obras públicas, la educación, el servicio eléctrico, el accionar de la policía, la intención de voto y, lo novedoso, dos preguntas estuvieron referidas a la mayor empresa de agronegocios del mundo. “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas?” El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo, el 19,3 a favor, 6,9 indiferente y 10,5 no sabe/no contesta (NS/NC).
“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los vecinos que protestan en contra de la instalación de Monsanto?” El 66,8 por ciento afirmó estar de acuerdo con los vecinos que rechazan a la multinacional. El 33,8 en desacuerdo. El 3,1, indiferente. Y el 2,3, NS/NC.
La nueva encuesta se complementa con la difundida en abril pasado por siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet. El relevamiento fue realizado sólo en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto.
El lunes pasado, frente al Congreso Nacional, asambleas de Buenos Aires comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en apoyo a sus pares de Córdoba. Y hoy, en Córdoba, habrá una nueva movilización contra la instalación de Monsanto.
——
Denuncia judicial
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa.
“Autorizaron ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de Funam. Explicó que “un organismo clave” de la Secretaría de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), no estaba conformada como lo establecen las leyes provinciales. “La comisión estaba integrada por personal sin suficiente experiencia profesional, no manejaba temas clave como salud o sociales, y aun así aprobaron el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de Monsanto”, acusó Montenegro. La CTI estaba integrada en 2007 por representantes de todos los ministerios y de organismos descentralizados del gobierno provincial (conforme las leyes provinciales 8789 y 9156). “Se aseguraba un funcionamiento plural y participativo pero, a partir del 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada, en abierta violación a la ley”, explicó Montenegro.
Desde 2008, la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente. “En muchos casos son técnicos sin suficiente experiencia profesional y precarizados, lo que facilitó que la CTI actúe como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no tengan tropiezos”, afirmó el presidente de Funam.
La organización ambientalista también denunció penalmente al secretario de Ambiente provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y pidió la nulidad de las aprobaciones (como la de Monsanto) que se concedieron en forma “ilegal e irregular”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de octubre de 2013.
Oct 11, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Comunidades indígenas de diversos lugares del país y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos llevarán adelante actos para conmemorar el día anterior al inicio de la conquista española. Habrá marchas, recitales y documentales.
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
En Buenos Aires, a las 13, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se concentrarán pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Marcharán hasta Plaza de Mayo con la consigna “En defensa de la vida, el agua y los territorios” y reclamarán “justicia y reparación por el genocidio” padecido por los pueblos originarios.
“Como hace 521 años, hoy la política de desarrollo extractivista y agroexportador continúa con el saqueo, la explotación y avasallamiento de nuestros territorios ancestrales. Los territorios son rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y los amigos y familias del poder. Los territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de Monsanto, Barrick Gold y Chevron-YPF”, denuncian las organizaciones convocantes: Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Pablo Micheli), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Comisión de Juristas Indígenas y la organización Resistencia Qom, entre otros.
El Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios también rechazan la inclusión de artículos referidos a los pueblos indígenas en el nuevo Código Civil (denuncian que no hubo participación, como insta la legislación nacional e internacional), denuncian el incumplimiento de la Ley 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios comunitarios) e instan a que haya justicia por los “18 hermanos y hermanas asesinados en los últimos años por defender sus territorios y cultura”.
Hoy a la mañana, en la capital neuquina, partirán en caravana (desde el playón de la Universidad del Comahue) comunidades indígenas y organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial contra la Hidrofractura (fracking). El punto de destino será la comunidad Kaxipayiñ, en el yacimiento de gas Loma la Lata, a orillas de los lagos Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la ciudad de Neuquén.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) explicó que las tres fuentes de agua de la capital provincial están contaminadas (ríos Limay, Neuquén y Mari Menuco). Precisó que la Corte Suprema de la Nación (en el expediente judicial 1274/03) dictaminó la contaminación del lago con petróleo. “El Mari Menuco está contaminado por la actividad hidrocarburífera convencional, sin control y con derrames que nunca fueron saneados. Es urgente tomar medidas ante el avance de las concesiones ya otorgadas de explotación con fracking a sólo metros del mismo lago. Por eso marchamos”, explicó la Confederación Mapuche.
Las actividades comenzaron el 6 de octubre en Parque Chacabuco, en el ya célebre “Contrafestejo”, que incluye recitales, documentales, talleres para niños y charlas debate. El 10, en la localidad de Las Lomitas (Formosa) se inauguró el Museo de la Memoria, que recuerda la “Masacre de La Bomba”. El 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cientos de indígenas pilagá. La persecución y asesinatos duraron diez días y se extendió hasta cien kilómetros a la redonda. En el 66º aniversario de la matanza, sobrevivientes, hijos y nietos inauguraron un museo que recuerda la violencia ejercida por el Estado y exige justicia para las víctimas.
El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar: “1460 días de impunidad”, titula la convocatoria para mañana sábado la comunidad indígena Chuschagasta y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. A las 10 habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Chocobar y harán una ofrenda a la Pachamama. “El 12 de Octubre es una fecha donde los pueblos rememoran el primer día de resistencia a la invasión colonizadora, pero es también la fecha donde hace cuatro años mataron a Javier Chocobar y fueron heridos tres comuneros. Los imputados están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose”, denunció el Pueblo Diaguita y exigió “el inmediato juicio oral”.
——
En la ruta 40
Mañana 12 de octubre, a lo largo de la Ruta Nacional 40 (pero también en otras rutas del país), la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizará acciones simultáneas informativas y de denuncia contra el extractivismo. “En la 40, les cantamos las 40”, es el nombre de la jornada que tendrá actividades y puntualiza cuarenta reclamos y propuestas de las asambleas socioambientales.
Rechazar “el modelo de saqueo y contaminación”, respeto a los derechos de los pueblos originarios, acceso al agua como derecho humano, cumplimiento de la ley de glaciares, rechazo a la megaminería y el fracking, freno a las megarepresas y pasteras, impulsar las “energías limpias”, rechazo a la “Ley Monsanto” (nueva ley de semillas), prohibir las fumigaciones con agroquímicos, redistribución de tierras, incluir los delitos ambientales en el Código Penal y frenar la “escalada de violencia y criminalización de la protesta” son algunas de las demandas y propuestas de las asambleas socioambientales.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 11 de octubre de 2013.
Sep 30, 2013 | 2013
Seis universidades públicas de Uruguay y la Argentina conformaron la nueva cátedra con el propósito de contribuir a la creación de políticas de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen una alimentación apropiada para toda la población.
“Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, que garantice una alimentación apropiada y suficiente para toda la población.” Bajo ese concepto, que implica un modelo distinto al sistema agropecuario dominante, acaba de conformarse la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria, que reúne espacios académicos de Uruguay y la Argentina (seis universidades públicas) y pronto sumará a otras facultades del Mercosur. “Es el inicio de un camino de articulación, con gran vinculación a los movimientos sociales, y dando la lucha en la academia por otro modelo posible y necesario”, explicó Fernando Glenza, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En 2003, en la UNLP, se inauguró la primera Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Junto a pequeños productores, campesinos, movimientos sociales y cooperativas comenzaron a abordar temas poco tratados en las facultades: semillas criollas, derecho al agua, agricultura urbana, revalorización de la identidad de los jóvenes rurales, forma de producción y comercialización de alimentos, concentración de la tierra y luchas territoriales.
En 2008 nació en la Facultad de Derecho de la UBA el Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación. “El suministro de alimentos está filtrado por procesos económicos que niegan una ingesta adecuada a muchos al mismo tiempo que ofrecen una gran sobredosis a unos pocos afortunados. El problema no es la disponibilidad de alimentos, sino el acceso desigual a los mismos”, afirma en sus fundamentos. Le siguieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la UBA (2011), Universidad Nacional del Comahue (Uncoma, 2011). Y este año se sumaron Mar del Plata, Medicina de la UBA, Mar del Plata y Luján.
En 2009, en el Congreso Iberoamericano de Extensión, confluyeron espacios universitarios que trabajaban la soberanía alimentaria, donde surgió el proyecto de la Cátedra Latinoamericana. Ahora, en La Plata, las facultades de la Argentina y la Universidad de la República (Uruguay) rubricaron el acta fundacional. Entre los objetivos sobresalen propiciar convenios entre las universidades públicas y colectivos organizacionales, promover la articulación de saberes y prácticas, generar nuevas formas de conocimientos a partir de experiencias con los movimientos sociales, contribuir a la introducción de la soberanía alimentaria en la agenda pública regional y promover la formación en carreras de grado y cursos de posgrado. En noviembre, en el Congreso de Extensión Universitario del Grupo Montevideo (facultades del Mercosur) se sumarán nuevos integrantes.
Es un gran paso consolidar la soberanía alimentaria en las universidades públicas, desde donde articularemos acciones en conjunto. Y también es un gran paso para fortalecer el trabajo entre la academia y los movimientos sociales respecto de la concentración de la tierra, el saqueo de bienes naturales y el derecho de todos a la tierra, al agua y a la vida”, explicó Mercedes López, de la Universidad Nacional del Comahue.
El Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República (Uruguay) trabaja junto a trabajadores rurales, cooperativas de viviendas y organizaciones sociales. Walter Oreggioni, agrónomo y docente, aborda la soberanía alimentaria en clave regional. “En Uruguay pasa lo mismo que en los demás países de Latinoamérica, donde hay un proceso de pérdida de derechos a decidir sobre su alimentación. Tiene directa relación con la concentración de la tierra y la producción y el avance del agronegocio. En Uruguay es muy notorio el avance de la soja y la forestación.” Matilde Nauar, también agrónoma, remarcó la necesidad de “voluntad política” de los gobiernos para apuntalar la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Y señaló como referencia al gobierno de Brasil, donde el Estado provee a las escuelas públicas con la producción orgánica de campesinos.
La Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Mar del Plata comenzó en agosto pasado (de la mano de la organización Amaranto Corriente Universitaria), donde confluyen trabajadores del puerto, poblaciones fumigadas con agrotóxicos, estudiantes y docentes. “El rol de la universidad hegemónica hoy es en beneficio del sector empresario, como legitimadora del discurso extractivista de las corporaciones”, cuestionó Ana Berardi, geógrafa de Mar del Plata, y señaló otro camino: “Somos muchos los que impulsamos otra universidad, para y con el pueblo. Y en ese marco, la Cátedra Latinoamericana es un paso necesario para construir alternativas en clave regional en beneficio de los latinoamericanos y no para las transnacionales”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 30 de septiembre de 2013 en el diario Página12.
Sep 28, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Diversos sectores nucleados en la Mesa Provincial No a las Represas organizaron una marcha desde el lunes pasado que atravesó distintas ciudades misioneras y hoy confluye en Posadas. Piden una consulta popular por la represa hidroeléctrica Garabí.
Seis días de caminata con una bandera: “Por los ríos libres”. Cientos de misioneros, correntinos y brasileños marcharon desde el lunes en rechazo a la construcción de una represa que inundará 90.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. Hoy ingresarán a Posadas y exigirán que se cumpla la ley provincial que obliga a una consulta popular vinculante para decidir sobre nuevos proyectos hidroeléctricos. “Ya tuvimos una horrible experiencia con Yacyretá. Las megarrepresas arrasan territorios, condenan a miles de personas al desarraigo, contaminan y enferman. Sólo queremos que se cumpla la ley y nos dejen votar para decidir nuestro futuro”, reclamó Rulo Bregagnolo, uno de los voceros de la marcha.
El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina originado en los ’80. Consiste en una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes, con el estado brasileño de Rio Grande Do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y fue relanzado formalmente.
La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a más de cuarenta organizaciones. Desde indígenas y campesinos hasta sindicales y de derechos humanos, y diversas iglesias. Un amplio abanico y diversidad de posicionamientos políticos, pero una coincidencia: no quieren represas en Misiones y exigen que se cumpla la Ley IV-56 vigente en la provincia. El artículo 6 dice que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.
La ley señala que el Poder Ejecutivo provincial debe convocar a la votación. A pesar del reclamo, desde hace dos años, el gobernador Maurice Closs aún no ha dado señales de llamar a plebiscito. El proyecto está en manos de un consorcio binacional. La argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), de capital estatal, y la empresa brasileña Eletrobras.
Las organizaciones sociales realizan desde hace dos años charlas debate, talleres, panfleteadas y movilizaciones. Pero la que comenzó el lunes 23 en Panambí, al este de Misiones (sobre el río Uruguay y en el límite con Brasil), es histórica. Hombres, mujeres y niños caminando sobre la ruta, otros en bicicletas y a caballo. Unas 2000 personas iniciaron la marcha bajo la lluvia. A pesar del clima, un grito de celebración: “Que llueva, que llueva. Mejor mojarse que inundarse”.
El lunes hicieron noche en Oberá, el martes estuvieron en Alem, miércoles en Bompland, jueves Santa Ana y viernes en Garupá. En todas las paradas hubo actos en las plazas y fueron recibidos por organizaciones y gente de a pie. También hubo relevos, donde se sumaron nuevos marchantes. Luego de 150 kilómetros de caminata, hoy sábado es la gran entrada a la capital provincial. Se leerá la “proclama por los ríos libres”. Remarca la “necesidad urgente” de llamar a plebiscito vinculante (para abril de 2014), llaman a los gobiernos (de Misiones, Corrientes, Argentina, Brasil y Paraguay) a desistir de nuevas represas, recuerdan que los desalojos implican también violación a los derechos humanos.
La proclama de los marchantes propone un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que “apuesta a energías renovables” y finaliza: “Es necesario que sean los pueblos y no las transnacionales y algunos funcionarios los que determinen cómo quieren vivir y de qué modo queremos generar energía”.
Misiones tiene historia en represas. Yacyretá, bautizada durante la década del ’90 como “el monumento a la corrupción”, fue iniciada en 1973, inundó 140 mil hectáreas y desalojó a 40 mil personas. “Miles de pescadores fueron ubicados en barrios en las afuera de Posadas, lejos de su fuente de trabajo, engrosando así los cordones de pobreza, o teniendo que depender de algún tipo de ayuda social para poder sobrevivir. Y la mayoría de las obras complementarias aún no están finalizadas, después de 30 años”, recordó Eugenio Albrecht, integrante de la Mesa Provincial, pastor de la Iglesia Luterana y marchante.
En 1995, los gobiernos de Argentina y Paraguay, junto con el de Misiones, impulsaron la represa Corpus Christi (sobre el río Paraná). Luego de debates y movilizaciones, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento dijo “no”. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas provinciales.
La Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los efectos sanitarios. Explica que los lagos que generan las represas son el hábitat de vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad de las represas”, afirma la organización misionera Cemep-Adis, parte del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela).
Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú y de la Mesa Provincial, afirmó que el “90 por ciento” de los misioneros no quiere las represas y envió un mensaje para “los compatriotas” que no conocen lo que implican las represas: “Dijimos no a Corpus en 1996, y seguimos diciendo que no ahora. Es muy simple hermanos argentinos, no queremos que nos inunden, no queremos que nos corran de nuestras casas por un supuesto ‘progreso’, no queremos ser la usina del país, no queremos pagar el costo humano de la electricidad que derrochan en las grandes ciudades”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 28 de septiembre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de septiembre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Campesinos
Campesinos de todos el país llegaron ayer al Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley para el sector. Sólo hubo tres diputados presentes y duró 34 minutos. Descontento de los campesinos y críticas para el Poder Legislativo y la Presidenta.
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un «Instituto de la Agricultura Familiar» y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires… y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta… pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada «Cristian Ferreyra», en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados… deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
Balance campesino
Raúl Galván (Cocitra):
-“No hay señales del Gobierno Nacional para avanzar en políticas de redistribución de tierras. Si no podemos lograr una ley contra los desalojos, mucho menos avanzar sobre territorios concentrados por las grandes transnancionales”
-“La ley contra extranjerización no sólo que no resolvió un problema, sino que le garantizó más territorios a las transnacioanales. En lugar de avanzar hemos retrocedido”.
-“No hacemos apoyo bobo al Gobierno, hacemos apoyo crítico. Hay que avanzar en un proceso anticapitalista como se da en otros países de América Latina”.
-“No podemos hablar de soberanía alimentaria si no somos capaces de políticas públicas reales, si no podemos recuperar territorios la soberanía alimentaria será sólo una consigna”
-“El freno a los desalojos no sale porque no hay voluntad política, no sólo de diputados sino también del Poder Ejecutivo. Si tenés mayoría en ambas cámaras, si tenés una década ganada, hay que avanzar y no se avanzó”.
Ignacio Avellanal (Acina)
-“Hace dos años que no se bajan recursos para la agricultura familiar. Si no recibimos en estos dos años que pasaron, menos vamos a recibir en los dos años que quedan”.
-“Uno de los diputados dijo que hace falta el voto de la gente para ir por lo que falta. Pero acá tenía que haber más diputados. Si querés seguir teniendo el gobierno popular, porque supuestamente este es un gobierno popular, debiera haber más diputados acá”.
-“Yo salí a las 2 de la tarde de ayer de mi casa. Ni comimos. Y él (por el diputado Edgardo Depetri) vino diez minutos y se fue. Es como que no le interesa”.
-“Tienen mayoría en el Congreso y no votaron la ley de desalojos. Hace rato que tendría que haber salido”.
José Luis Castillo (Acina)
-“Dentro de la Subsecretaría hay compañeros que ponen el hombro”.
-“Nos nos puede pasar lo mismo que con la Ley Cristian Ferreyra. Hay que ser cuidadosos. Muchos compañeros hicieron más de mil kilómetros. Y acá solo tres diputados de los 240 que son. Hay que ser muy inocente para irse alegres con esto”.
-“Estamos mal. Hay que barajar y dar de nuevo. De esta forma estamos lejos de plasmar nuestros pedidos”.
-“Los diputados con más peso político no están con la agricultura familiar y el Poder Ejecutivo tampoco, sino no se entiende que en el Ministerio de Agricultura nos peleamos por migajas”.
-“Hay que pensar otras acciones. Es un gran esfuerzo venir hasta acá y que nos sigan entreteniendo”.
-“Hay que movilizarse en los territorios”.
Deo Carrizo
-“Evaluamos como positivo la diversidad de organizaciones juntas. Vamos avanzando y fortaleciendo el sector”.
-“Que haya tres diputados te marca que los diputados están en otra cosa”
-“La ley Cristian Ferreyra perdió estado parlamentario. Ahí está el desconocimiento de los que legislan a nivel nacional sobre lo pasa en el campo profundo. No se hacen eco de nuestros reclamos”.
-“El Poder Ejecutivo avanzó con la Ley de Extranjerización, y es como que se se ha distraído con eso. Y no ha dado importancia al freno a los desalojos campesinos, muchas familias están con riesgo de ser desalojadas de sus lugares de vida”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2013 en comambiental.com.ar
Sep 19, 2013 | 2013
Indígenas y campesinos, intentos de desalojos, violencia empresaria e inacción gubernamental. Nueve millones de hectáreas en disputa, la tierra en pocas manos y los derechos humanos que no llegan a la Argentina profunda. Intento de desalojo en Palma Sola (Jujuy) y resistencia campesina en Pozo Azul (Misiones). Violencia en el paraje Aloma Bajada (Santiago del Estero) y el Pueblo Mapuche de pie frente a las petroleras.
La lucha en la Argentina rural crece al mismo tiempo que avanza el modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). Según datos oficiales, al menos nueve millones de hectáreas están en disputa y la tierra se concentra en pocas manos: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes controla el 78 por ciento de la tierra. Amnistía Internacional denuncia que los pueblos originarios son “víctimas de la discriminación y la violencia” y acusa de “inacción” a los gobiernos provinciales y Nacional.
Palma Sola está ubicada en el extremo sureste de Jujuy, a 160 kilómetros de la capital provincial. La familia Mamani habita el paraje rural desde hace 90 años. Pero en 2009 la empresa sojera CRAM llegó hasta el lugar y pretendió desmontar. Comenzó un proceso de resistencia territorial y, vía amparo judicial, se frenó el desmonte. “Se demostró la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes”, denunció la Organización Tierra Fértil (donde participan las familias amenazadas por CRAM).
En paralelo, la familia Mamani inició un juicio para obtener el título de sus tierras. “Como casi todos los juicios que son iniciados por las familias campesinas, éste tambien se perdió, por ’falta de prueba’”, señaló la organización, y alertó que el abogado y apoderado de la empresa, Horacio Macedo Moresi, impulsa el remate de las tierras campesinas para cobrar sus “honorarios” (300 mil pesos).
“Este hecho se suma a una seguidilla de atropellos que sufren cotidianamente las familias campesinas indígenas por defender sus territorios de la concentración de grupos empresarios vinculados al poder político-judicial local”, acusó Tierra Fértil, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
En Misiones, la jueza Hebe Toledo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, ordenó a inicios de agosto el desalojo de 70 familias campesinas en el Paraje Pozo Azul (ruta provincial 20, norte provincial). Aún no se ejecutó la sentencia porque en la provincia está vigente una ley de suspensión de desalojos (hasta mayo de 2014). Dentro de nueve meses, y de no mediar una decisión política, las 70 familias serán echadas de esa tierra.
En Santiago del Estero, en el paraje de Oloma Bajada (comunidad campesina indígena en el departamento de Sarmiento, centro de la provincia), entre el 29 de julio y 6 se agosto llegaron topadoras y una cuadrilla de empleados de un supuestos “comprador” de Santa Fe. Las familias campesinas Loto y Rojas denunciaron la “invasión” a sus campos, donde viven desde hace 70 años. E incluso tienen la escritura que los confirma como propietarios.
“Se sucedieron hechos que lamentablemente reflejan lo que a diario se vive en la Provincia y que aparece como noticia recién cuando se llega al extremo doloroso de llorar la pérdida de compañeros que entregan su vida en defensa de la tierra”, alertó la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina) y denunció que las familias rurales fueron denunciadas por el “crimen” de resistir en sus territorios.
A cien kilómetros de Neuquén capital, la comunidad mapuche Campo Maripe defiende el territorios ancestral ahora rebautizado por las empresas petroleras como “Vaca Muerta”, donde ya opera YPF y dio la bienvenida a la estadounidense Chevron. Planifican extraer petróleo con el cuestionado método de “fracking” (o fractura hidráulica”).
La legislación vigente en la Argentina insta a la “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas en las acciones que pudieran afectarlos. Por la explotación petrolera en Vaca Muerta, ni el Estado nacional ni el provincial consultaron a las comunidades mapuches.
Situación nacional
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó en julio pasado el primer relevamiento oficial sobre conflictividad rural. Señaló un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa, 857 casos, que afectan a 63.843 familias. La superficie equivale a 455 veces la ciudad de Buenos Aires.
El 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, señala el estudio “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
El conteo de casos tiene su limitación, aclarado por los mismos autores, fue realizado durante sólo tres meses (de abril a junio de 2011), por lo cual está lejos de ser un mapa completo de la lucha por la tierra rural en Argentina.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre 1 y 9 años. El 20,9 por ciento entre 10 y 19 años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho. De los 857 casos relevados, 278 involucra a pueblos indígenas (32 por ciento).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo oficial señala que en la mitad de los conflictos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte de la Argentina. Desde hace cuatro años releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba).
En marzo de 2013 publicó su tercer informe. Llamado “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales (214 de tierras, 24 ambiente y diez mixtos). Afecta a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de conflictos (123), le siguen Chaco (50), Formosa (38) y Salta (18). La Redaf analiza también por separado los conflictos de tierras y los ambientales. Por disputas de sólo tierras,están afectadas 127.886 personas. “La población aborigen es la que tiene mayor cantidad de personas afectadas por los conflictos de tierra (54 por ciento)”, específica el trabajo y advierte que “el 24 por ciento de las personas afectadas soporta amenazas o ya fue desalojada de sus tierras”. De las 11,8 millones de hectáreas, 2.791.302 hectáreas se ven afectadas por conflictos de tierra, y 10.702.878 por conflictos ambientales. “De los 248 casos relevados, 224 se producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia de la tierra”, afirma y, como dato alentador, en el 98 por ciento de los casos existe protagonismo de los propios afectados, comunidades de base o distintas organizaciones sociales. La contraparte en los conflictos es en el 70 por ciento de los casos el sector privado y en el 30 por ciento el Estado (municipal, provincial o nacional). “Las familias responsabilizan al
Estado por no otorgar los títulos de propiedad que les corresponde; no defenderlos durante los actos de usurpación en lotes de poseedores en tierras fiscales; no facilitar el acceso a campesinos sin tierra”, asegura el informe extenso informe de la Redaf.
La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se iniciaron a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones y recuerda que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “EL PEA exige la incorporación de nuevas superficies a la producción agroindustrial y al no mencionar a la región chaqueña como área boscosa con valor ecológico, todo indica que la frontera agropecuaria se seguirá expandiendo en esta región y por consiguiente se iniciarán nuevos conflictos en los próximos años”, alerta.
Redaf explica que la conflictividad tiene directa relación con la diferente forma de entender el territorio y la vida. Para campesinos e indígenas se trata “de una lucha por seguir existiendo como tales, por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de expresarse, de relacionarse con las personas y la naturaleza, de vivir y permanecer”. La tierra es fundamental para su vida, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad. Para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación”. Priorizan el aumento de ganancias y las retenciones en el corto plazo. El tercer informe de conflictos de la Redaf finaliza: “Para los privados y el Estado la tierra representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 19 de septiembre de 2013 en el Periódico de la CTA Nº 97.
Sep 5, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto. Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
——-
Un dictamen irregular
El Celma cuestionó que en el dictamen aprobatorio, por parte del Senasa, interviniera un científico con “conflicto de intereses”, Moisés Burachik. “Ha sido miembro asesor de una asociación internacional de la cual Monsanto es parte”, afirmó el Celma. Burachik es reconocido en el mundo científico como un férreo impulsor de los organismos genéticamente modificados. En la actualidad es director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, cuyo directorio está conformado (entre otros) por Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, empresarios impulsores de agronegocios) y Gustavo Grobocopatel (presidente de Los Grobo, uno de los mayores pools de siembra del continente).
Burachik es socio honorario de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), que tiene entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto.
“Los integrantes de la Conabia, Dirección de Biotecnología y Senasa deben ser los expertos por el Estado que deben tener una postura neutra en la aprobación de los organismos vegetales genéticamente modificados. Pero la realidad muestra que están estrechamente vinculados con una organización internacional como ILSI, que en todos sus documentos y actividades surge un claro interés en propugnar una santificación de los transgénicos”, denunció el abogado.
* Por Darío Aranda. Publicada en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.
Ago 29, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Modelo extractivo y movimientos sociales, luchas territoriales y represión, los gobiernos y sus alianzas con las corporaciones son algunos de los ejes de debate que se desarrollarán hoy en el Primer Seminario Internacional: del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, sostuvo que “en nuestros territorios se quiere extraer petróleo y gas no convencional con un método que en muchos países se ha prohibido. Los gobiernos violan nuestros derechos y dejan hacer a las empresas a sabiendas de la contaminación que van a producir”.
El encuentro propone tres espacios: la “crisis por la que atraviesa” el modelo extractivo; la “violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos” a sus territorios y recursos por parte “del Estado y empresas transnacionales”, y las prácticas y resistencias de los movimientos sociales como escenarios de alternativas de desarrollo.
El seminario comenzará a las 10 en Belgrano 2527. El primer panel, “Extractivismo y derechos de los pueblos”, estará compuesto por Maristella Svampa (socióloga e investigadora principal del Conicet), Horacio Machado Aráoz (integrante del Colectivo Sumaj Causay, de Catamarca) y Pablo Dávalos (economista y docente ecuatoriano). “El gobierno de Ecuador ha decidido expandir la frontera extractiva y lo hace criminalizando”, acusó.
A las 11.45 será el turno de “Extractivismo y resistencias populares”. Disertarán Raúl Zibechi (periodista uruguayo), Claudia Korol (coordinadora del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía), Gloria Chicaiza (de la organización Acción Ecológica de Ecuador) y el qarashe (autoridad) de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz.
A las 14.30 se abordarán las luchas contra la megaminería en Perú, Chile y Bolivia: Jaime Borda (coordinador de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, de Perú), Limbert Sánchez (Centro Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia) y Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con sede en Chile).
“En Perú, la minera Xstrata (la misma que opera en Catamarca Minera Alumbrera) hace seguimiento, espionaje a activistas”, denunció Borda y recordó que en su país las empresas mineras cuentan con “enormes beneficios tributarios”. Relató que se repiten los casos de criminalización de la protesta y destacó que en la última década fueron asesinados 80 activistas. “No hay sanciones a los culpables de esas muertes”, afirmó.
Limbert Sánchez, de Bolivia, aportó una análisis regional: “Las transnacionales tienen hambre por nuestras materias primas, padecemos una política de saqueo”.
Ana Alvarez, de la Red Agroforestal del Chaco Argentino (integrada por quince instituciones e investigadores de universidades de la región), recordó que acaban de presentar su tercer informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevaron 248 disputas territoriales que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. “Aumentó la conflictividad junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria, que expulsa a familias campesinas y comunidades indígenas”, señaló.
La megaminería en Argentina la abordará Santiago Machado, de la catamarqueña Asociación Civil Be-Pe. Lo acompañará Gloria Olguin (de Pensamiento y Acción Social de Colombia) y Danilo Chammas (Red Internacional de los Afectados por Vale, en Brasil). En el cierre, a las 19, se presentará el documental Extractivismo y el derecho de los pueblos, de Martín Musarra, que da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.
El seminario es organizado por las organizaciones Be-Pe, Redaf, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, la italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes y el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos.
* Escrito por Darío Aranda. Publicado por el diario Página12 el 29 de agosto de 2013.
Ago 20, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.
En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.
Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.
En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.
Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.
El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.
Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.
Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.
La Red de Salud Popular también recordó el “principio de no regresión en materia ambiental” presente en la Constitución nacional (artículo 75) y en la Ley General del Ambiente (artículo cuatro), que establece que no podrán modificarse los pisos de resguardo ambiental vigentes. “Siempre deben mejorarse las medidas de precaución, pero nunca cambiarlas para peor”, afirmó Gómez.
Mar del Plata contaba con una ordenanza desde 2011 que prohibía fumigar a 1000 metros de lugares poblados, pero en mayo pasado, sin lugar a participación de vecinos ni organizaciones sociales, el intendente Gustavo Pulti envió al Concejo Deliberante una nueva ordenanza. Votada afirmativamente por Acción Marplatense y la UCR, fue rechaza por la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria se abstuvo.
La ordenanza, que permite fumigar hasta 100 metros de las viviendas y a 25 metros de escuelas, fue celebrada por empresarios y productores agropecuarios y rechazada por vecinos de zonas afectadas y organizaciones socioambientalistas, que denunciaron la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
* Artículo escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 20 de agosto de 2013.
Ago 15, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos.
“Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.
Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.
Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.
Antecedentes
El abuelo qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre de 2010 en la ruta 86. La Policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Decenas de heridos, viviendas incendiadas (por la misma Policía) y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gildo Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión, que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo qom.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha qom, nunca fue atendido por el Gobierno Nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo y 9 de Julio (donde fueron desalojados por La Cámpora), lograron una “mesa de diálogo” que nunca plasmó en hechos concretos los derechos de la comunidad.
Lo que sí obtuvo la comunidad Potae Napocna Navogoh fue un recrudecimiento de la represión. Sólo una muestra:
- El 28 de junio de 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias.
- El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció Díaz.
- El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom. Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Fueron atropelladas por un gendarme, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía siguiente. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realizara la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. “La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Día–) de la comunidad.
- El 10 de enero de 2013, Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de cuatro días de internación. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asijak, padre del joven. Y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”.
La triste lista es mucho más extensa.
Insfrán
Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador, y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
En octubre de 20011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kichner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.
En enero de 2012 operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…). Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.
El 25 de mayo, en el acto oficial, la Presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido.
Félix Díaz recordó el 23 de noviembre de 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad. Y le hizo una solicitud pública: “Le pido a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más”.
Elecciones
Un día antes del acto de la Presidenta, los colegas del sitio Comunicación Ambiental habían alertado sobre la propaganda de Insfrán y de algunos medios porteños. “En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la Comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones (PASO) participaron 443 personas, de las que el FpV obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como qarashe. Los números comparados hablan por sí solos”, explicaron.
Félix Díaz explicó que en la escuela donde surge esa estadística no vota buena parte de la comunidad y afirmó que “los votos que decía la Presidenta no son indígenas, son criollos. A la mayoría de nuestros hermanos en lucha no le llegaron los DNI” (muchos de ellos quemados en la represión de 2010).
Pero, dejando de lado por un momento la explicación de Díaz y el detalle otorgado por Comunicación Ambiental, si en la comunidad La Primavera hubiera ganado el oficialismo: ¿Eso niega la sistemática represión? ¿Votar a Insfrán quita legitimidad a los reclamos territoriales?
La Presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad Potae Napocna Navogoh. Hizo falta que (supuestamente) una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo (una vez más) al Gobernador.
La publicación Garganta Poderosa, “revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa”, aportó su mirada: “Si nos tocara vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gildo Insfrán, por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de Capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha, ‘porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron de derecha’? Bueno, los qom tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso, nosotros no hablamos a nombre de la cultura qom, gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Insfrán son la misma mierda”.
Twitts
Ayer por la tarde, luego del discurso público, la Presidenta escribió una decena de twitts. Tres referidos a La Primavera.
- “Y la victoria FPV en ‘La Primavera’ de los Qom? ¿Te acordás de los cortes en la 9 de Julio? Cámaras por todas partes. Conferencias de prensa…”
- “Pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa y fue tapa del monopolio (Clarín, claro). ¿Cómo que no son importantes?”.
- “Y la verdad que a estos la Antártida y los Qom les importan un comino”.
Según la mirada de la Presidenta, a Félix Díaz lo “llevaron” a Roma. Lo subestima, lo cree inferior.
Es la misma línea argumentativa que la Presidenta exhibió en la histórica reunión de mayo de 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha.
La Presidenta les advirtió que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
La definición de “racismo” de la Real Academia: “Doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior”.
Qom
Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde en Am Continental 590.
- “A la Presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena, nos dejó sufrir a la intemperie (en el acampe de 2010)”.
- “Nunca la escuchamos repudiar la muerte de indígenas tanto en Chaco como en Formosa”.
- Y recordó el fondo del asunto y la lucha: “Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios (indígenas) y que nos devuelvan la tierra. Seguimos esperando esa voluntad que debiera tener”.
Derechos Humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Amnistía Internacional y Madres de Plaza de mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Insfrán, han respaldado el reclamo de La Primavera y pedido diálogo a la Presidenta.
En mayo pasado, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. Exigieron el fin de la violencia. “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”, denuncia el documento firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes”.
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Originarios
Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas fue el nombre del encuentro inédito que se realizó durante tres días en Formosa, en junio pasado. “Exigimos que los derechos humanos lleguen también a los pueblos indígenas. Y no pueden llegar si los gobiernos apoyan a las petroleras, mineras y multinacionales sojeras”, resumió José Quintriqueo, werquén (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). La Cumbre cerró con una marcha por las calles formoseñas, caminata de dos horas, donde sobresalió una consigna: “Territorio robado será recuperado”. Al llegar frente a la Casa de Gobierno provincia, un grito unánime: “Asesino”.
“Los discursos de soberanía, políticas nacionales y populares se caen a pedazos cuando comprobamos que volvemos a ser meros proveedores de materia prima para el mercado global. Lo que arrancó en la década del 90 se acentúa a ritmos imparables, siendo nuestros territorios los más atacados”, afirma el documento final de la Cumbre, a la que asistieron quince pueblos indígenas de 16 provincias, convocadas por el Consejo Plurinacional Indígena y que explicita que el eje central fue el territorio y la avanzada del extractivismo (petróleo, minería, agronegocios, forestales) sobre territorios campesinos e indígenas.
“Las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”, comienza el texto. Puntualiza que en los últimos meses fueron muerto Natalia Lila Coyipe (11 meses), Imer Flores (12 años) y Daniel Asijak (16 años), del Pueblo Qom de Formosa y Chaco. “Todos muertos violentamente. Menores de edad, como para ver que ya no hay contemplaciones de ningún tipo”, denuncia y afirma: “Vivimos una nueva recolonización del capitalismo global. Y trabajamos para sacarnos de encima un Estado que sigue siendo colonial, que dos siglos después nos sigue excluyendo”.
Elegir
Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria muestra a la Presidenta emocionada frente a Eyen, un niño kolla (en un acto en Tecnopolis), cuando recitó el poema “No te rías de un Kolla”, clásico texto de Fortunato Ramos que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. “No te rías de un kolla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas y allá, en las alturas, en donde no hay nada, ¡así sobrevive con su Pachamama!”, reza el texto.
En 1 de agosto, en Jujuy y en un acto público, la Presidenta homenajeó a la Pachamama (la madre tierra para los pueblos indígenas andinos). Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en la tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), espacio creado por el gobierno nacional para impulsar la megaminería.
Emocionarse ante un niño kolla y tributar a la Pachamama. Pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold. Respaldar a Gildo Insfrán. Menospreciar a indígenas en lucha (sean “inteligentes”), atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos.
El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirma: “En la vida hay que elegir”.
La Presidenta ayer fue muy clara de qué lado está. Y eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación de un Poder Ejecutivo y los pueblos originarios.
* Por Darío Aranda. Publicado en la Revista Sudestada el 15 de agosto de 2013.
Ago 14, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La petrolera socia de YPF fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas, pero desoye a la Justicia. Los afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, acusan al gobierno argentino y a la Corte Suprema por apañar a la multinacional y advierten que, en Neuquén, la compañía volverá a contaminar.
La tarjeta de presentación de Luis Yanza tiene una leyenda que se destaca: “Hasta que Chevron repare nuestra Amazonía”. Yanza es parte de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, la petrolera estadounidense condenada por contaminar 500 mil hectáreas en Ecuador y por afectar a 30.000 personas. De visita en Neuquén, junto al Pueblo Mapuche, el dirigente ecuatoriano detalla el accionar de la multinacional que explotó territorio ecuatoriano durante 26 años, que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, se fugó de Ecuador y sus activos fueron embargados en Argentina (hasta que la Corte Suprema falló a favor de la empresa). Chevron acaba de asociarse a YPF para explotar yacimientos petroleros no convencionales en Neuquén, en zona de comunidades mapuches. Yanza advierte: “Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta?”
Contaminación y condena
-¿Qué fue lo que hizo Chevron en Ecuador?
– Chevron es una multinacional de Estados Unidos que, por sobre todo, es una compañía prófuga de la Justicia. ¿Por qué razón? En 1964 Texaco ingresó a la selva del amazonas del Ecuador extraer petróleo con una tecnología totalmente barata y obsoleta, para minimizar los costos y tener mayores ganancias. Vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica, contaminó 500 mil hectáreas, dejó 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos. Todo esto afectó directamente a los pueblos originarios que vivían en la zona, Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari. Fueron afectados 30.000 mil ecuatorianos.
-¿Cuáles fueron los efectos sobre la población?
– Chevron afectó en lo cultural, lo territorial y en la salud. Provocó el desalojo y desaparición de pueblos indígenas. Se registra una alta tasa de cáncer, abortos espontáneos. Murieron y seguirán muriendo hombres, mujeres y niños.
-¿Cuándo comenzó la demanda contra la empresa?
– En 1993 iniciamos una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos. Después de diez años ahí, no logramos jurisdicción. Y en 2003 iniciamos la demanda en Ecuador. En 2001 se fusionaron Texaco y Chevron. Hemos litigado obtuvimos una sentencia condenatoria en 2011 y 2012 contra Chevron, basada en la prueba, en la ley, en la evidencia. Sin embargo Chevron no obedece, no acata la decisión de la Justicia de Ecuador.
-¿Cuál fue la prueba que tuvo en cuenta la Justicia de Ecuador?
– En el juicio se comprobó que Chevron-Texaco contaminó 500 mil hectáreas con 330 pozos, 880 fosas con desechos tóxicos y que se afectó a 30.000 personas. Diversas pericias confirmaron altos índices de casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia en niños menores de 4 años. En el juicio teníamos que probar la mala práctica que dejó efectos nocivos para la salud y el ambiente. Lo probamos con evidencia, estudios técnicos y científicos, y con las pruebas concretas de personas y contaminación del territorio. Esto desmiente lo que dice Chevron de que el ’juicio fue un fraude’. Ningún fraude. Contaminaron y fueron condenados.
-Chevon fue condenada en primera y segunda instancia. El caso está en la Corte Suprema de Ecuador.
– En Ecuador la ley prevé un recurso extraordinario para llegar a la Corte y Chevron hizo uso de ese derecho. Pero, siempre según la ley ecuatoriana, con la sentencia de segunda instancia ya se acabó el juicio. Por eso mientras se resuelve el recurso extraordinario no se impide que se ejecute la sentencia. No hay tiempos estipulados para que la Corte se expida, aunque ojalá sea este año.
-La sentencia es por 19.000 millones de dólares. ¿Por qué?
– Contempla la reparación misma del daño, especificado en cuatro puntos: reparación ambiental, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. La Justicia de Ecuador dijo que si en 15 días Chevron no se disculpaba públicamente, se duplicaba el monto. Así fue que de 8.500 millones de dólares, se pasó a 15.000 millones.
-¿Cómo se conformó y cómo funcional la Unión de Afectados por Chevron-Texaco?
– La organización comienza a inicios de la década del ’90. Se presentó como Frente de Defensa de la Amazonía, conformado por indígenas y colonos. El proceso judicial comienza en Estados Unidos y luego fue trasladado a Ecuador. Hoy estamos organizados como Unión de Afectados, con delegados de base que toman todas las decisiones. Hay delegados de todas las naciones originarias y también de los no indígenas, de todo los campos petroleros que explotó la empresa. La asamblea se reúne cada tres meses en asamblea, y también hay un comité ejecutivo que se reúne cada mes, una estructura más operativa y en constante diálogo.
-El discurso pro empresario de Argentina señala que es un juicio impulsado por un estudio jurídico y no de afectados reales.
– Es otra gran manipulación de Chevron. Es un juicio de la gente afectada por Chevron. Tenemos una estructura, la Unión de Afectados, donde se toman todas las decisiones del caso. Y sobre las cuales los abogados ejecutan su trabajo. Es un juicio de los afectados por una multinacional criminal.
-¿Cuál fue y es el rol del gobierno de Rafael Correa?
– El Gobierno ha dicho que es un juicio entre particulares, entre afectados y quien afectó. No interviene ningún organismo público, ni municipal ni nacional. El Gobierno ha dicho que la Justicia debe resolver. Es lo más sensato. Chevron ha querido involucrar al Gobierno para luego decir que es un juicio politizado, pero el Gobierno se ha mantenido al margen y es lo mejor.
-Correa visitó la zona afectada. ¿Qué dijo?
– El Presidenta visitó la zona en abril de 2007. Habló con los afectados y vio él mismo cómo quedó el territorio. Sólo eso queríamos, que vea cómo Chevron dejó nuestro territorio. Y ahí mismo dijo que la Justicia debe decidir.
Impunidad
-¿Por qué solicitan que el embargo a Chevron se haga en otros países?
– Chevron se fue de Ecuador antes de la sentencia, se escapó. Pero está en muchos países, como en Argentina. Ante esa situación, nos vimos obligados a recurrir a tratados internacionales para que Chevron responda con sus activos. En las primeras instancias los jueces de Argentina resolvieron embargar los bienes de Chevron. Pero lamentablemente al llegar a la instancia superior, Corte Suprema, se benefició a Chevron. No entendemos por qué, aunque suponemos que por las presiones políticas que estas empresas ejercen y que han sido una constante.
-¿Cómo tomaron la decisión de la Corte Suprema?
-Nos deja ante una gran indefensión, pero el proceso y la lucha continúan. Pero es una mal precedente porque un Estado debe cumplir con los tratados que firmó y el Estado argentino no lo cumple.
-Ante el levantamiento del embargo, pedido por el gobierno nacional y otorgado por la Corte Suprema. ¿Cómo lo interpretan respecto a las luchas regionales contra el extractivismo?
– Sienta un precedente nefasto para las luchas. Los pueblos en lucha del continente observan cómo una empresa violadora de derechos humanos es condenada en primera y segunda instancia, pero por presión política y económica se da marcha atrás en una Corte Suprema. ¿Se privilegia los derechos de multinacionales por sobre las comunidades afectadas? Es una pésima señal para la defensa de los derechos humanos. Debería llamar a la reflexión al gobierno argentino.
Bienvenida oficial
-Chevron acordó con YPF explotar yacimientos en Neuquén. ¿Qué opina?
– Queremos alertar al pueblo argentino y neuquino que la decisión del Gobierno no es la mejor. Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta? Aún más si la Justicia de Argentina no hace que pague por el crimen que cometió. El pueblo argentino debe saber que Chevron es una compañía prófuga de la Justicia.
-¿Por qué cree que el Gobierno de Argentina da la bienvenida a la empresa?
– Es una jugada luego de la expulsión de Repsol. Hubo un vacío y Chevron lo aprovechó para decir que tenía dinero para invertir. Aunque sabe que quizá no sea rentable. La explotación para yacimientos no convencionales requiere de inversiones muy fuertes, como también serán muy fuertes los impactos, para el ambiente y para la población. Chevron condicionó su inversión en Vaca Muerta a que se le retire el embargo. Y ahí le retiraron el embargo.
-¿Qué opina del accionar del gobierno argentino?
– No lo logramos entender. Sabemos que cada país tienen su soberanía y legítimo derecho de decidir. Pero creemos que comete un gran error al abrir la puerta a una transnacional que perjudicó a 30.000 ecuatorianos, con consecuencias que aún sufrimos. El gobierno argentino no puede omitir que Chevron es una empresa condenada y que tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión judicial ecuatoriana, por un tratado internacional debe ser aplicado ese embargo también en Argentina.
-Existe muy buena relación entre los presidentes de Argentina y Ecuador, sin embargo el posicionamiento ante Chevron es totalmente diferente. ¿Por qué?
– No entendemos. El gobierno argentino tiene gran afinidad política e ideológica con el gobierno de Ecuador, pero han tomado una posición muy opuesta… (piensa) Es de una incoherencia total el apoyo del gobierno argentino a Chevron. Y el gobierno argentino apoya lo que ha decido la Corte Suprema y beneficia a la multinacional.
-¿Hubo algún diálogo con el gobierno argentino?
– No pudimos hablar con nadie. Nos gustaría que nos reciban. Pero al menos sería importante que hablen con el gobierno de Ecuador. Podrán obtener información confiable de cómo actuó Chevron y confirmarán que la empresa está mintiendo sobre su desempeño en Ecuador.
-Una carta pública de YPF los responsabiliza por afectar, con el embargo, los intereses del país.
– Es insólito que se pueda plantear algo así. No queremos dañar a ningún pueblo ni gobierno. Al contrario. Pero nos cuesta creer que un gobierno nacional o provincial pueda permitir en su casa a una empresa que ha violado derechos humanos y que no quiere cumplir las decisiones de la Justicia.
-En Neuquén usted fue muy consultado por el Pueblo Mapuche y por personas no indígenas. ¿Qué les dice?
– Siempre tenemos el mismo mensaje. En territorio ecuatoriano hay hechos reales de enormes daños ambientales que ha ocasionado Chevron-Texaco y que ha dejado miles de víctimas. Hay evidencias, hay estudios. Hubo un juicio legal y legítimo. Como la transnacional huyó de Ecuador, dio muestras claras de su prepotencia y negativa a cumplir con lo que dictó la Justicia, y tuvimos que recurrir, siempre sujeto a la ley y tratados internacionales, a la Argentina y otros países para que esa acción judicial ecuatoriana se cumpla.
-¿Hubo algún mensaje especial para el Pueblo Mapuche?
– Que no permitan la entrada de Chevron a su territorio. Así se librarán de tener muchos problemas, como los que vivimos nosotros. Si Chevron ingresa a territorio argentino y mapuche, habrá contaminación, habrá enfermedad y habrá muerte.
* Artículo de Darío Aranda publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013
Ago 12, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
La Ley 26.160 ordena frenar los procesos judiciales que implican desalojos de comunidades indígenas e insta a relevar los territorios indígenas de todo el país. A seis años de sancionada (2006), sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 por ciento). En territorio fueguino se declara sólo una comunidad y dos en Catamarca. Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87 por ciento), San Juan (80 por ciento), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades).
Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento.
Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48 por ciento. “El resultado que arroja el cuadro es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, advierte el informe.
Cuestionamientos
El informe de Endepa detalla que la aplicación de la Ley 26.160 acumula denuncias por incumplimiento e irregularidades.
-El 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órganos de control de la ejecución de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, recomendaron el cumplimiento sin más demoras de la Ley 26.160 y la efectiva suspensión de los desalojos.
-En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado la adopción de medidas cautelares inmediatas para la protección de las comunidades Paichil Antriao del Pueblo Mapuche en Neuquén y La Primavera del Pueblo Qom en Formosa, en donde el proceso de relevamiento de tierras aún no ha comenzado. A fines de 2012, la Comisión realizó una nueva solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad el Nogalito del Pueblo Lule en Tucumán, hostigada por terratenientes ante la omisión estatal en realizar la demarcación de sus tierras.
-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Argentina a fines de 2011 y expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de relevamiento territorial y la necesidad de que se cumpla con la suspensión de desalojos dispuesta por la Ley 26.160.
-En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió sobre los retrasos en la ejecución del relevamiento.
-A mediados de 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe en el que detalló el bajo nivel de cumplimiento, irregularidades y desmanejo de fondos.
-En julio de 2013, la Corte Suprema intimó al INAI para que inicie el relevamiento de la comunidad La Primavera de Formosa.
La Ley 26.160 determinaba que en tres años debía completarse el relevamiento. En 2009, dado el nivel de incumplimiento, se prorrogó hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554). El presidente del INAI, Daniel Fernández, aseguró públicamente que será prorrogada nuevamente.
“La contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas y al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por por Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Red Agroforestal (Redaf) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entre otros.
22 millones
La Ley 26.160 y su prórroga determinan que el INAI debe administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisa, en base a información oficial, que utilizó de manera “descentralizada” (mediante equipos e instituciones provinciales) 23 millones de pesos. Con los cuales comenzó el relevamiento en 250 comunidades, pero lo finalizó sólo en 131.
El dato más llamativo en cuanto a lo económico es la transferencia realizada desde el INAI a la Universidad Nacional de Lanús, de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012 “para realizar tareas que no se han detallado, en una operatoria cuya legalidad cuestiona duramente la Auditoría General de la Nación”.
El informe asegura que la Universidad de Lanús no cuenta con carreras o centros de investigación que “se vinculan de modo importante con la problemática indígena, o se orientan hacia la antropología, la agrimensura o el catastro rural, que son las disciplinas necesarias para la ejecución del relevamiento”. Además explica que desde Endepa se consultó a los equipos provinciales que sí relevaron comunidades y todos “coincidieron en que la Universidad de Lanús no tuvo vinculación con las tareas realizadas” por los equipos técnicos de terreno.
“Cualquiera hubiera sido realmente la calidad del servicio prestado, es sin duda exagerado que un asesoramiento de ese tipo justifique que se le destine aproximadamente la mitad de los fondos utilizados en el programa de relevamiento (…) Sin que semejante gasto se encuentre justificado siquiera mínimamente, lo que permite suponer razonablemente un desvío de fondos para usarse por fuera de los circuitos normales de control de la administración pública, sin ninguna transparencia ni rendición pública por parte del INAI”, denuncia el informe y detalla que, de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
Relato
El 23 de julio de 2012, el INAI emitió un comunicado en el que aseguró que, a partir de la sanción de la Ley, “se evitaron 14.000 desalojos”. Sugiere que FUE por acción del gobierno nacional a través del INAI.
El INAI reconoce la existencia de 1578 comunidades. Por lo cual, habría evitada un promedio de nueve desalojos por cada comunidad indígenas de Argentina. “Lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”, afirma el trabajo de Endepa y precisa que “el carácter fantasioso de esta cifra del INAI” puede ilustrarse con el ejemplo de Neuquén, donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a 70 juicios “en los que el INAI no ha tenido la menor intervención”.
Sin embargo, según el comunicado del organismo que comanda Daniel Fernández y que depende de la ministra Alicia Kirchner, el INAI habría evitado más de 500 desalojos en Neuquén. “Del mismo modo es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades en esas o en otras provincias no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”, cuestiona Endepa.
El INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuáles habrían sido esas 14.000 intervenciones que impidieron desalojos.
Daniel Fernández, presidente del INAI, no pudo precisar ninguna intervención en la que haya frenado un desalojo.
Realidad
Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe (10 meses de vida), Imer Flores (de 12 años) y Daniel Asijak (de 16 años), Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son los nombres de asesinatos y muertes dudosas de los últimos años que figuran en informe de Endepa.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas, que no aparece en la contemplación de cifras que sólo aluden a la ineficiente gestión administrativa. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe y recuerda que “las víctimas de esta política son los pueblos y comunidades indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
* Por Darío Aranda. Publicada el 12 de agosto de 2013 en odhpi.org
Jul 24, 2013 | 2013, General
“Por el agua y la vida, contra la megaminería”, fue una de las consignas en más de treinta ciudades de una decena de países en las que se movilizaron para denunciar la contaminación de la actividad extractiva y rechazar la presencia de las corporaciones mineras. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) existen al menos 192 conflictos que involucran a 286 comunidades latinoamericanas. En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y construcción, y al menos 121 proyectos en exploración avanzada. Hubo actividades en la ciudad de Buenos Aires, Esquel, Trelew, Andalgalá y Mendoza, entre otros.
Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el “Día mundial contra la minería”. Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajarmarca (Perú), donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en la nacientes de los ríos de la región.
En Chile hubo campaña de concientización en Vallenar y Alto del Carmen sobre el proyecto binacional de oro Pascua Lama, en manos de la empresa Barrick Gold, actualmente frenado por una causa judicial de pueblos indígenas. En Montevideo hubo una concentración en la Plaza Independencia y marcha hasta la empresa Zamin Ferrous, por el proyecto minero Aratirí. En Brasil se movilizó la Red Internacional de los Afectados por la minera Vale. También hubo marchas en España, Canadá y Francia, pero el grueso fue de América latina.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal), existe en América latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26, Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Panamá y Guatemala (6), Nicaragua y República Dominicana (4). Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.
“En 2010 el Ocmal contabilizaba 120 conflictos. Hoy son 192. Se debe a la expansión del modelo extractivo-exportador”, señaló la investigadora Maristella Svampa, y afirmó que los “megaproyectos extractivos” reconfiguran territorios desde el punto de vista económico, social y “ponen en jaque el alcance mismo de la democracia, pues son proyectos que se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias”.
En Andalgalá (Catamarca), hubo un recital de Raly Barrionuevo y un banderazo en la plaza principal, impulsado por la Asamblea El Algarrobo, que denuncia a la Minera Alumbrera y rechaza la instalación de un nuevo proyecto (Agua Rica). En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso nacional.
En Mendoza se concentraron frente a la Legislatura y cantaron artistas populares. En Trelew realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad. En Esquel, que este año cumplió diez años del histórico “no a la mina”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los diez años de lucha.
La Secretaría de Minería de la Nación señaló, en su informe “La minería en números”, que en 2003 había 40 proyectos mineros en estudio en Argentina. En 2009 ya eran 336 y en 2012 llegaron a 600: un incremento del 1500 por ciento en nueve años.
La Red Asistencia Jurídica (Redaj) contabilizó catorce proyectos en explotación y construcción y 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las reservas pero aún no se resuelve la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete), Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
En la última década, y siempre por impulso de organizaciones sociales y vecinales, siete provincias argentinas limitaron algún aspecto de la megaminería: Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 24 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Contra la minería».
Reporte palabras clave
