Jul 23, 2013 | 2013, General
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.
Por Darío Aranda
En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Los conflictos por las tierras ajenas».
Jul 22, 2013 | 2013, General
La Legislatura provincial votó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná, en Piray, 190 kilómetros al norte de Posadas. Las tierras fueron entregadas a la cooperativa Productores Independientes de Piray para su cultivo.
Por Darío Aranda
“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron los campesinos misioneros de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que lograron una histórica expropiación de 600 hectáreas que estaban en manos de la multinacional Alto Paraná. Luego de nueve años de resistir desalojos y de vivir cercados por el monocultivo de árboles, la legislatura provincial aprobó la expropiación para que los campesinos la trabajen en forma cooperativa y puedan quedarse donde siempre vivieron. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó Miriam Samudio, de PIP.
Piray es un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. En el kilómetro 18 de la antigua ruta nacional 12, de tierra, viven los campesinos de PIP. Las parcelas tienen entre diez y 20 metros de frente, una junto a otra, y sólo 70 metros de fondo, donde los pinos de Alto Paraná les marcaron el límite para producir, criar animales y vivir. Desde 2006, los campesinos denuncian el avance empresario y se resisten a repetir el futuro de parajes vecinos. “En los últimos veinte años avanzó mucho más el pino, más nos encerraron en pedacitos de tierra y más familias tuvieron que irse, ya no podían vivir con poca tierra”, recuerda Samudio.
En 2010, Productores Independientes de Piray (junto a técnicos locales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación) comenzaron a gestar un proyecto para producir alimentos sanos, criar animales y no tener que dejar su territorio. Pero necesitaban tierra. “Declárese de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación una superficie total de 600 hectáreas”, señala en artículo 1º de la ley sancionada por la Legislatura de Misiones. El artículo 2 precisa: “Tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que ya habitan (en el lugar)”.
“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, señala la fundamentación la ley, que reconoce la concentración de la tierras en pocas manos que padece Misiones (acentuada en las últimas dos décadas) y recuerda: “La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza el artículo 51 de la Constitución provincial”.
La norma fue apoyada por todos los bloques políticos y aprobada por unanimidad el 6 de junio. Miriam Samudio es una de las voceras de los 250 campesinos. Sostiene que aún cuesta creer la buena noticia, pero de inmediato avisa: “Es un paso más en la lucha, no es la solución de fondo, falta que nos den la tierra y que la podamos trabajar, pero es un paso importante, y es un logro de la lucha, no es regalo de nadie, sólo con la lucha obtenemos lo que nos corresponde”.
La ley precisa la situación del agro misionero. “En los años 1997 y 1998 favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de Alto Paraná, se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural”, afirma. Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco. Con su eslogan “sembremos futuro”, cuenta con oficinas en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”.
Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina declara la propiedad de 256.000 hectáreas. El oficialismo es el Frente Renovador, cuyo referente político es el ex gobernador y actual diputado Carlos Rovira, hombre fuerte de la política de Misiones.
Marta Ferreyra es diputada por el mismo Frente y una de las legisladores activas en la ley. “Es algo inédito para nuestra provincia. Y aún más porque fue un proyecto de PIP, fue tomado por todos los bloques y aprobado por unanimidad”. La diputada destacó que “el sueño es que este año se entregue la tierra”, pero aclaró que falta la promulgación de la ley, el censo de familias campesinas de Piray y la tasación de la tierra. “Alto Paraná es una multinacional con mucho poder, que no ha dicho nada oficialmente, pero ya ha dejado trascender su malestar. Siempre dijo que no entregaría tierras cultivadas (como las de Piray), pero muchos creemos que por los enormes beneficios impositivos que tuvo en las últimas décadas, debiera incluso donar las 600 hectáreas.”
El oficialismo provincial adhiere a nivel nacional al Frente para la Victoria. La diputada Ferreyra dejó trascender matices con el Ministerio de Agricultura de Nación. “Gente de Buenos Aires de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de (Emilio) Pérsico dijeron que era poca tierra, que podían poner plata para más hectáreas pero luego no pusieron nada. Esperamos que ahora acompañen en lo productivo”.
Miriam Samudio, de PIP, piensa en clave local pero también nacional: “Queremos que nuestros hijos puedan vivir de su trabajo en la tierra que los vio nacer. Y queremos que todos los campesinos de Misiones y de Argentina tengan la misma posibilidad. La tierra es un derecho de las familias que vivimos y que la trabajamos con nuestras manos”.
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Las pasteras y sus números
En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto del medio ambiente, el desalojo de campesinos e indígenas y la concentración de tierras. El Censo Agropecuario (2002) señala que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década, y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná reconoce ser propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Controla en Piray el 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500. El avance del monocultivo de árboles tiene historia reciente. En 1999 se aprobó la Ley 25.080, llamada de Inversiones para bosques cultivados. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos de ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA, otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (no se pueden aumentar impuestos). La Ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008. En 1998 había en Argentina 600 hectáreas con monocultivo de árboles. En 2008 había llegado a 1,2 millón. La proyección de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) es, en 2018, llegar a las tres millones de hectáreas.
* Artículo publicado el 8 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Tierras misioneras recuperadas”
Jul 22, 2013 | 2013, General
Por Darío Aranda
“El Estado tiene que garantizar nuestros derechos”, exigió Luis Romero desde las oficinas porteñas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Romero integra la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, y luego de ocho años de solicitar la personaría jurídica que le corresponde por ley decidieron viajar a la ciudad de Buenos Aires y realizar una ocupación pacífica del INAI, donde están desde el lunes 24 de junio. “Estamos acá por la falta de voluntad política de Nación y provincia de reconocer nuestros derechos, y esa inacción tiene que ver con la avanzada de mineras, petroleras, forestales y estancieros sobre nuestros territorios. Nos quedaremos hasta que cumplan con la ley”, advirtió Romero.
Desde hace diez días la comunidad mapuche ocupa el INAI. Son 16 personas, entre ellos dos bebés y una abuela mayor de 70 años. “Han pasado ocho años desde que se iniciaran los trámites y hemos agotado todas las instancias administrativas. En asamblea comunitaria hemos decidido viajar a Buenos Aires. Nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario”, explica el comunicado de Tuwun Kupalmeo Maliqueo y cita dos normas que le otorgan ese derecho, Constitución Nacional (artículo 75) y Constitución de Neuquén (artículo 53).
La última acción administrativa de la comunidad fue en abril. Enviaron una carta al presidente del INAI, Daniel Fernández, para pedir explicación por la “excesiva demora” en el otorgamiento de la personería jurídica. No hubo respuesta. Sobrevino la decisión de llegar hasta el INAI.
El lunes 24 fueron recibidos por Fernández y el director de Tierras del INAI, Antonio Dell Elce. “Ofrecieron asesoría jurídica y proyectos productivos. No vinimos por eso”, cuestionó Romero, dirigente de la comunidad que habita territorios en el paraje Santo Domingo Abajo (a seis kilómetros de Zapala) y en la región cordillerana (paraje Paso del Arco, a ocho kilómetros de Villa Pehuenia).
El lunes pasado, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron con Aldo Etchegoyen y Pablo Pimentel (de la APDH) y referentes de la comunidad. Prometieron viajar a Neuquén, reunirse con funcionarios provinciales y luego convocar a una mesa junto a la comunidad y, como garantes, a organismos de derechos humanos. “Esperaremos aquí”, explicó Romero.
El martes se sumaron desde Neuquén tres comunidades mapuches que también exigen el otorgamiento de las personerías jurídicas y recordaron que la aplicación de la Ley 26.160 (que debiera frenar desalojos y relevar los territorios indígenas) entra en zona gris si no se cuenta con personería jurídica. “Es lamentable que los Estados neuquino y nacional se hayan puesto de acuerdo para negar la existencia de las comunidades que no cuentan con personería jurídica dejándolas fuera del relevamiento. Esta negación no es inocente, sino que es para garantizar jurídicamente todos los megaproyectos de saqueo de nuestro territorio ancestral”, denunciaron las comunidades Puel Kayupi, Gelay Ko, Azkintuwe y Winkul Newen.
El director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, explicó que una comunidad sin personería jurídica es “una comunidad no reconocida por el Estado, no puede hacer trámites simples, no es admitida por los municipios ni por las provincias, ni por las distintas dependencias estatales, para la vida cotidiana (incluyendo la titularización del territorio), no se la toma en cuenta”. Y destacó que, por el acuerdo firmado por INAI y gobierno de Neuquén, Tuwun Kupalmeo Maliqueo “ni siquiera entra en el relevamiento territorial” de la Ley 26.160.
Silvina Ramírez, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), remarcó que la personería es un derecho constitucional, aclaró que tiene carácter declarativo y no constitutivo (no constituye a la comunidad, la comunidad existe independiente de la personería) y resaltó que no contar con esa figura legal implica dificultades burocráticas, desde pérdida de subsidios y dificultades para litigar hasta el no reconocimiento de derechos territoriales.
La acción y reclamo de Tuwun Kupalmeo Maliqueo también cuenta con el apoyo de catorce comunidades de la zona centro de Neuquén. “Hacemos llegar nuestro apoyo a los compañeros que están llevando adelante la acción dentro del edificio del INAI, y denunciamos que los Peñi y Lamgen están sufriendo la privación de acceder a medios de comunicación, se le ha cortado la luz y el acceso a los baños como también sufren el hostigamiento por parte del gremio de funcionarios del INAI”, denunciaron diveras comunidades.
* Artículo publicado el 5 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Reclamo por el reconocimiento”
Jul 22, 2013 | 2013, General
La última década se profundizó el modelo extractivo de megaminería, petróleo y agronegocios. El caso de la soja es el más emblemático, con un crecimiento geométrico. Las consecuencias: desmontes, uso masivo de agrotóxicos y conflictos rurales que llegan incluso al asesinato de campesinos e indígenas.
Por Darío Aranda
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril de 2011. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. Exigían que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, y el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y pedían justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres, y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días para su confección). Quizás el punto más relevante de la propuesta legislativa.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2% de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6% menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados.
Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de la Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3.000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se les impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89%) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario.
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La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar.
El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia.
El 23 de noviembre de 2010, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte de ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales.
Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa), murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
Mártires López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa, murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván (40 años), integrante el Mocase-VC y parte del Pueblo Lule-Vilela, trabajaba en su campo (norte de Santiago del Estero) cuando fue asesinado con un arma blanca por “un sicario” al servicio de un empresario sojero.
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Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años una masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Por otro lado, el más evidente avance del modelo extractivo es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020”, que apuesta a aumentar la producción de granos en un 60 por ciento (llegar en 2020 a las 160 millones de toneladas).
Se ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicarán las consecuencias ambientales y sociales.
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Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de la Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que las víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy pesa sobre los pueblos originarios de la Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
* Artículo publicado en la revista Voces en el Fénix de junio de 2013
http://www.vocesenelfenix.com/content/soja-s%C3%AD-ind%C3%ADgenas-no
Jul 22, 2013 | 2013, General
Tres días de debate, intercambio y articulación de luchas. Dos documentos de posicionamiento político (para el Gobernador de Formosa y para la Presidenta de Argentina). Lo principal: el territorio. La denuncia a las industrias extractivas, la respuestas a las organizaciones que cuestionan la lucha, y una Cumbre Indígena que dejó huellas. La marcha por las calles de Formosa y un grito con destinatario claro: “Asesino”.
Por Darío Aranda
Desde Formosa
“Territorio robado, será recuperado”, fue el grito principal de la marcha de ayer, por las calles de Formosa, en el marco de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas. Luego de dos días de trabajo, 250 dirigentes de 15 pueblos indígenas elaboraron dos documentos (uno para el gobierno nacional y otro para el provincial) con demandas concretas y coordinaron acciones de lucha para el corto y mediano plazo. Cuando la marcha llegó hasta la puerta de la Casa de Gobierno provincial, un solo grito (destinado al Gobernador) resonó en la capital formoseña: “Asesino. Asesino. Asesino”.
En las afueras de Formosa capital se desarrolló desde el lunes y hasta ayer miércoles una histórica cumbre indígena, convocada por el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación de dirigentes indígenas de todo el país). El lunes se hizo hincapié en la realidad de Formosa, donde los cuatro pueblos (Qom, Pilagá, Wichi y Nivaklé) elaboraron un documento sobre la realidad provincial.
El martes llegaron los dirigentes de quince pueblos indígenas de 16 provincias. Desde la mañana y hasta la medianoche, con breves descansos, escribieron un documento para ser presentado (en Casa Rosada) a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A las 9.45 de ayer partió desde la Casa Juan Pablo II –lugar del encuentro– la columna de dirigentes indígenas. La bandera del encuentro, con el lema “memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”, encabezó la marcha. Banderas del Pueblo Mapuche y la wiphala multicolor de las naciones originarias se dejaban ver desde lejos.
Sobre la ruta 11, camino a la capital de Formosa, se iban sumando organizaciones sociales, algunos partidos políticos y gente a pie. Los autos y (muchos) ciclomotores tocaban sus bocinas en señal de aprobación.
“Esto es histórico. Hermanos de todo el país vinieron a abrazarnos y juntos denunciamos la violación de derechos del gobernador Gildo Insfrán y del gobierno nacional. Juntos gritamos basta de atropellos. Juntos luchamos, juntos estamos de pie”, arengó Israel Alegre, histórico dirigente del barrio Nam Qom.
Roxana Vilches, del Pueblo Ranqulche de La Pampa, explicó que la cumbre sirvió para evaluar la situación a nivel nacional “donde en todos los territorios es clara la violación de los derechos de los pueblos indígenas. El mismo Estado que aprueba las leyes, luego las viola y avanza sobre nuestros territorios y nuestras vidas”.
La marcha recorrió tres kilómetros, el sol fuerte se hizo sentir, pero se mantuvieron los cánticos por territorio y los gritos de lucha de los distintos pueblos, en idioma ancestral.
A las 12 se llegó hasta la Casa de Gobierno de Formosa, un edificio de diez pisos, vidriado, en una amplia esquina, y vallado con numerosa custodia policial. Cuando los marchantes llegaron hasta el lugar, se hizo un silencio extraño, sabían que estaban frente a la sede del gobernador (desde hace casi 20 años) Gildo Insfrán, y el primer grito provino de una mujer: “¡Asesino!”. De inmediato, todos los marchantes, gritaron con fuerza: “¡Asesino. Asesino. Asesino!”. El grito se mantuvo durante dos minutos, pero pareció eterno. Se respiraba emoción.
Sobrevinieron aplausos. Y otro grito que unificó a todos: “Territorio robado, será recuperado”.
Documentos
El documento escrito por los cuatro pueblos indígenas de Formosa reclama que se cumpla el relevamiento territorial que estipula la Ley Nacional 26.160, exige que haya un diálogo sincero del Gobierno para resolver los urgentes problemas de salud, educación y agua, insta a que se cumplan los derechos indígenas y exige el fin de la violencia contra las comunidades que luchan.
El escrito para la Presidenta aporta pruebas concretas (en base a información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Auditoría General de la Nación) sobre el incumplimiento de la Ley 26160. Da cuenta de que se gastó el 76 por ciento del presupuesto y sólo se relevaron el 24 por ciento de las comunidades).
Cuestiona la reforma del Código Civil, donde remarcan que no hubo participación indígena según establece la ley y exigen una ley especial para tratar el articulado referido a pueblos indígenas.
Por sobre todo, el documento cuestiona al modelo extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería. Deja claro que ese modelo “atenta contra la vida indígena” y cuestiona al Gobierno Nacional por impulsarlo en alianza con las corporaciones.
El martes a la noche, a último momento, se agregó un párrafo donde cuestiona que la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, haya dictaminado a favor de la petrolera estadounidense Chevron para levantar un embargo de 19.000 millones de dólares que pesa sobre la multinacional por contaminación en Ecuador. También cuestiona a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el martes falló a favor de la petrolera Chevron.
En el debate de plenario se hizo hincapié en la alianza del Gobierno Nacional (mediante YPF) con Chevron. “La multinacional petrolera contaminó y provocó muertes en hermanos indígenas de Ecuador, está comprobado por la Justicia de ese país, y acá se la recibe con brazos abiertos. Es la alianza del Gobierno con las corporaciones”, afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El documento final será leído hoy, en conferencia de presa a las 17, frente a Casa Rosada. Participarán delegados indígenas de la Cumbre organismos de derechos humanos y se solicitó tener una entrevista con la Presidenta.
Discursos
Arriba de una camioneta, abrió el discurso Argentina Paz Quiroga, guía espiritual del Pueblo Warpe de San Juan. Primero hablo en idioma ancestral, luego tradujo: “Muchos creen que no existimos, hacen como que no estamos, pero somos, acá estamos y estamos de pie”. Sobrevinieron aplausos.
Recordó que el Consejo Plurinacional Indígena nació en vísperas del Bicentenario de 2010. Y marcharon miles a Plaza de Mayo. “Somos el Consejo Plurinacional, somos los que estamos de pie, no somos los que bajaron, nosotros no vendemos nuestra dignidad de pueblos indígenas”, gritó la dirigente Warpe y contestó en forma explicita la denuncia de los últimos días de supuestas organizaciones indígenas que cuestionan la Cumbre de Formosa.
A los largo de los dos días, todos los dirigentes originarios desmintieron que se trate de “300 comunidades” y afirmaron que el descontento proviene de la Tupac Amaru (de Milagro Sala), que apoyó la marcha del Bicentenario pero luego (cuando las respuestas de la Presidenta no llegaron y las críticas indígenas se hicieron más duras) dejó el Consejo Plurinacional.
“Nos quieren desterrar de nuestros territorios. Las multinacionales tienen el apoyo de los gobernadores que se dicen parte de un gobierno nacional y popular, pero son gobernadores de las multinacionales”, afirmó Argentina y cerró su discurso: “Cinco siglos resistiendo, estamos de pie, seguiremos luchando, sembrando vida”.
Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) era una de las voces más esperadas. Comenzó hablando en idioma qom. Y luego explicó: “Es un día histórico, esta Cumbre y esta marcha es histórica. Nosotros queremos dialogar, pero miren lo que hace el gobernador Insfrán, nos pone vallas y nos pone a la policía, como el 23 de noviembre de 2010, cuando nos reprimió, mató al hermano Roberto López, nos quemó casas y DNI, nos humilló”.
Y resumió lo que sobrevoló durante tres días en la Cumbre: “No somos opositores, no somos oficialistas, queremos manejar nuestros territorios. No somos dirigentes con sueldos, no somos políticos, queremos trabajar nuestros territorios para la vida”. Y remató: “Qué triste ser títere de un poder económico. Que triste no tener la libertad de los indígenas”.
Félix cuestionó a los medios de comunicación que tergiversan la lucha indígena, apuntó a los “políticos que prometen pero siempre engañan” y se preguntó por qué los gobernantes no quieren dialogar con los pueblos indígenas: “No somos usurpadores, no somos corruptos, por qué no nos reciben”.
“El Estado no valora nuestra vida, no tenemos valor para ellos, sólo quieren el dinero”, acusó Díaz, recordó el incumplimiento de la Ley 26160 y lamentó que ya no esté presente la organización Tupac Amaru “que tanto apoyó con dinero para la marcha de 2010”.
Reconoció que es una “lucha desigual” y contó que “muchos hermanos no pudieron venir por falta de dinero para pasajes”. Remarcó la “capacidad de organización” del Consejo Plurinacional, advirtió que seguirán luchando hasta que “se cumplan los derechos de todos los pueblos indígenas” e informó que el Consejo Plurinacional lo había designado como representante de los pueblos indígenas del país: “Agradezco esa confianza. La confianza no se compra ni se vende, se gana con la lucha. La militancia no se paga, se vive, se comparte. Esta Cumbre y esta marcha es un inicio, un puntapié de la Argentina plurinacional que queremos”.
* Artículo publicado el 6 de junio de 2013 en Comunicación Ambiental
http://www.comambiental.com.ar/2013/06/territorio-robado-sera-recuperado.html
Jul 22, 2013 | 2013, General
Las comunidades debatirán sobre el incumplimiento de la ley que dispone un relevamiento de los territorios indígenas y en rechazo a las agresiones a la comunidad La Primavera. Otro grupo se diferencia de la convocatoria.
Por Darío Aranda
Dirigentes de pueblos originarios de todo el país están reunidos desde ayer y hasta mañana en Formosa en la inédita Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas. La lista de temas es amplia: violación de derechos humanos, incumplimiento de las leyes indígenas, avance del modelo extractivo (minería, agronegocios, petróleo, forestales) y, sobre todo, el despojo territorial. “Es la primera vez que se realiza un encuentro de este tipo en la provincia y tenemos muchas expectativas de que saldrán acciones concretas a nivel nacional. Todos sabemos que no puede seguir la violencia y la injusticia contra las comunidades originarias”, explicó Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y uno de los voceros del Consejo Plurinacional Indígena.
Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra y Miguel Galván son sólo algunos de los indígenas y campesinos asesinados (y muertos en sospechosos accidentes) que aparecen citados en el documento que se debate en la cumbre indígena que lleva como lema “Memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios” y que congregará a más de 300 delegados originarios.
Ayer se debatió la situación de los pueblos indígenas del NEA y, en particular, de los cuatro pueblos que habitan Formosa (qom, wichí, pilagá y nivaklé). Se denunció el avance del modelo agropecuario (monocultivo de soja y ganadería intensiva), la falta de aplicación de las leyes vigentes y se compartió un informe que evalúa el nivel de ejecución de la Ley Nacional 26.160 (sancionada en 2006 y que estipula el freno a los desalojos indígenas y un relevamiento territorial de las comunidades).
“Hemos confirmado algo que denunciamos hace años, el escaso cumplimiento de la ley. Se han gastado casi todas las partidas presupuestarias y el nivel de relevamiento de comunidades es muy bajo. Ya han pasado seis años y no hay voluntad política para relevar nuestros territorios, ni voluntad judicial para frenar los desalojos”, afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional.
Ayer se esperaban 40 dirigentes indígenas. Pero llegaron hasta la capital formoseña más de 100. Hoy se espera la llegada de otros 200 dirigentes para tratar la situación nacional. Nahuel alertó que ayer la policía provincial “frenó en la ruta a dirigentes indígenas y les decía que el encuentro se había suspendido, pero los hermanos igual llegaron”.
“Del primer día surge claramente que la principal demanda es el territorio. Hay muchas deudas del Estado para con los pueblos indígenas: salud, educación, trabajo, pero la raíz de todo es el territorio, el modelo agropecuario, petrolero, minero y forestal que pretende nuestros espacios ancestrales”, resumió Nahuel.
La cumbre es convocada por un sector del Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación nacido previo al Bicentenario y que marchó en 2010 hasta Plaza de Mayo, aunque no representa a la totalidad de las comunidades. “Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, señala la invitación al encuentro, al que adhieren el CELS, Servicio de Paz y Justicia, la APDH, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.
Los organismos de derechos humanos habían sido reconocidos por la Nación como “garantes de la mesa de diálogo” que funcionó en 2011 bajo la órbita del Ministerio del Interior (con respecto a la situación de la comunidad qom La Primavera). Los organismos harán una vigilia mañana en la Casa de Gobierno provincial. “Exigimos el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados con el compromiso asumido por el gobierno nacional respecto de una solución al conflicto territorial, reconocimiento a Félix Díaz como autoridad legal y legítima electa por los miembros de su comunidad y el fin de la represión hacia miembros de la comunidad”, señala la gacetilla firmada por los organismos de derechos humanos.
Hoy se debatirá en la cumbre el documento llamado “Derechos humanos para los pueblos originarios”. Tiene cinco carillas: “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales. Sin embargo, vivimos una etapa de negación y exclusión. ‘Memoria, justicia y reparación’ son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas”, destaca el documento. “Nuestra realidad –agregan– es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales.”
* Artículo publicado el 4 de junio de 2013 en el diario Página12
Jul 22, 2013 | 2013, General
Dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo Insfrán.
Por Darío Aranda
“Por memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan.
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas –como nunca antes– frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política.
Formosa 2013
“Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto (…) Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 25 de mayo pasado, ante una multitud.
A su lado, primera fila, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 18 años, sindicado como el principal responsable de la violencia sobre campesinos e indígenas de la provincia, en especial de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
Félix Díaz, referente de La Primavera, lamentó el respaldo presidencial al gobernador. “Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él”, advirtió Díaz y recordó que el 23 de noviembre de 2010 (cuando reprimieron a la comunidad y asesinaron al abuelo qom Roberto López) actuaron de manera coordinada la Gendarmería Nacional y la policía provincial.
Dos semanas antes del discurso de la Presidenta, organismos militantes por los derechos humanos del pasado y del presente (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros) exigieron el fin de la “violencia sistemática” contra la comunidad y afirmaron que en Formosa se estaba cometiendo un “etnocidio”. Una de las frases más duras provino de una referente incuestionable de los derechos humanos, Nora Cortiñas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
El 22 de mayo, Amnistía Internacional difundió su “Informe anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo”. De Argentina, destacó el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160 (que prohíbe el desalojo de comunidades) y alertó sobre “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad. “Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cumbre
“En Formosa tendremos la posibilidad de abrazar a los pueblos tan agredidos y lastimados por el poder dominante, por parte de los gobiernos del ‘modelo nacional y popular’. Por eso marchamos a Formosa desde todo el país”, explicó Argentina Paz Quiroga, Warpe de San Juan, y tomó el guante del discurso presidencial del jueves pasado (“cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar –había dicho la Presidenta–): “Esperamos que los poderes públicos se hagan eco por una vez de nuestros reclamos y exigencias. ¿O no somos parte de los 40 millones de argentinos? ¿No somos ‘el otro’ que sufre?”.
La Cumbre será en la “Casa de Encuentro Juan Pablo II” (en las afueras de Formosa capital, ruta 11). Convocada por el Consejo Plurinacional Indígena, adhieren el Serpaj, CELS, APDH (Nacional/ La Matanza/ Neuquén), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.
“Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, afirma la convocatoria.
El lunes será el espacio de los cuatros pueblos indígenas de Formosa. Se analizará el estado de situación, articulaciones y un plan de acción local. El martes será el turno de los delegados nacionales, donde se elaborará una agenda indígena nacional, las urgencias a resolver (entre ellas la violencia sobre comunidades de Formosa y Chaco) y la exigencia al Gobierno para que asuma la situación indígena desde un enfoque de derechos humanos (y no de pobreza, como lo hace en la actualidad). El miércoles a la mañana habrá una marcha sobre las calles de la capital provincial. Y por la tarde cerrarán con el documento final y el plan de acción a nivel nacional.
Formosa, provincia referente en la violencia contra indígenas, también puede ser el lugar donde nazcan acciones para fortalecer luchas territoriales, frenar el despojo y, sobre todo, lograr que se cumplan los derechos humanos de los pueblos originarios.
* Artículo publicado el 2 de junio en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/06/derechos-originarios-el-otro-que-sufre.html
Jul 22, 2013 | 2013, General
Félix Díaz, líder qom, se mostró preocupado por el respaldo presidencial al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Reclamó salud, educación y territorio. Recordó que en Formosa reprimieron fuerzas nacionales y provinciales, y pidió que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Por Darío Aranda.
Félix Díaz recibió un mensaje de texto en la tarde del sábado 25 de mayo. Le pedían que mire la televisión, transmitía en vivo el discurso de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El líder qom estaba en Buenos Aires. Encendió la pantalla y observó a la Presidenta escoltada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Pocos minutos después, llegó un golpe más para la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). “Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto”, arengó la Presidenta. Gildo Insfrán permaneció impávido. El discurso, ante miles de personas, alcanzada su momento de menor credibilidad.
“Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo. Y sobrevino el aplauso de la multitud.
Félix Díaz explica al inicio de la entrevista que quiere evitar la polémica, pero también lamenta el “enorme respaldo que la Presidenta da a un gobernador que reprime a todo aquel que piensa distinto y reclama por sus derechos”.
-¿Qué sintió cuando vio a la Presidenta con Gildo Insfrán?
-Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Gildo Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él.
-La Presidenta afirmó que el Gobierno no reprime.
-El 23 de noviembre de 2010 nos reprimió la Gendarmería Nacional y la policía provincial. Nos hirieron, nos quemaron casas, destruyeron DNI y asesinaron a Roberto López. Fue una represión de Nación y Provincia. Insfrán es aliado del gobierno nacional y reprime. El gobernador de Chaco (Jorge Capitanich) y el de Santiago del Estero (Gerardo Zamora) también reprimen. Y también tienen apoyo de la Presidenta. La semana pasada mataron a un hermano qom en Chaco (Florentín Díaz, en la localidad de Castelli) y reprimieron a los hermanos tonocoté en Santiago. Eso también fue represión. ¿Por qué niegan que nos reprimen? ¿Quién miente?
-La comunidad mantiene un diálogo con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Y al mismo tiempo la Presidenta se muestra con Insfrán. ¿Es una contradicción?
-No lo sé (hace un silencio). La Presidenta tienen mucho más poder que un secretario de Estado ¿no? Entonces nos preocupa mucho lo del sábado. Todo este tiempo tuvimos paciencia, pero las soluciones no llegan. Ahora Fresneda quiere otra “mesa de diálogo”, pero ya tuvimos un espacio así (comandado por el ministro del Interior, Florencia Randazzo) y las soluciones no llegaron. Nos crean expectativas y nunca llegan las respuestas concretas, nos tienen entre reunión y reunión, y nunca cumplen nuestros derechos. Queremos dialogar, pero queremos respuestas concretas. No pedimos más que nuestros derechos: salud, educación, DNI y el territorio que nos pertenece.
-Hace tres años que solicitan una entrevista con la Presidenta. Nunca los recibió. ¿Qué le diría?
-Le pediría a la Presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la Presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Hoy, lastimosamente, no se nos respeta. Sobre todo le pido a la Presidenta que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas y que no nos repriman más.
* Artículo publicado el 27 de mayo en www.8300.com.ar
Jul 22, 2013 | 2013, General
Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
Por Darío Aranda
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de «fractura hidráulica» (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas –luego se supo que era un militante del PJ–) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes». Y destacó que la premisa del Gobierno es «profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de losBosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que –en base a datos oficiales– evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los ’90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: «Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (…) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por ‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente enTinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.
* Artículo publicado el 25 de mayo en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html
Jul 22, 2013 | 2013, General
La protesta se llevará a cabo en varias ciudades argentinas entre hoy y el sábado. En Córdoba, los vecinos se oponen a la instalación de una planta de la compañía en la localidad de Malvinas Argentinas y reclaman una consulta.
Por Darío Aranda
Monsanto, la corporación líder de agronegocios, tiene su día en todo el mundo: en 300 ciudades de 36 países marcharán para denunciar a la compañía y al modelo agrario industrial en base a agrotóxicos y semillas transgénicas. En la Argentina, uno de los epicentros será Córdoba, donde la multinacional construye su planta más grande de América latina (en la localidad de Malvinas Argentinas) y una estación experimental en Río Cuarto. Una reciente encuesta realizada en la primera ciudad afirma que nueve de cada diez habitantes solicitan una votación para determinar si Monsanto debe instalarse y señala que el 58 por ciento de la población no quiere que la empresa se ubique allí.
Monsanto tiene 112 años de historia. Con sede central en Estados Unidos, domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicos.
“Millones contra Monsanto” es el nombre de la campaña internacional nacida en 2011 y que los próximos días movilizará a activistas en 298 ciudades de 36 países de todos los continentes. “Levantamos la voz contra el gigante biotecnológico, levantamos la voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores”, explica la convocatoria.
Monsanto cuenta con plantas en Zárate, Pergamino y Rojas, en la provincia de Buenos Aires. En junio pasado, el Gobierno anunció la llegada de la firma a Córdoba y a Tucumán. En agosto, el ministro de Agricultura aprobó la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
La jornada principal será el 25 de mayo, pero toda la semana habrá actividades. En Río Cuarto será hoy al mediodía. “Monsanto controla el mercado de las semillas, impulsa la aplicación de millones de litros de agrotóxicos, expulsa campesinos, destruye el ambiente y la soberanía alimentaria y daña la salud de miles de personas”, denuncia en su comunicado la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos.
En la capital cordobesa, la protesta se hará hoy a las 18, en el Centro Cívico del Bicentenario. “Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, de Córdoba y América latina”, será la consigna principal. Vanina Barboza Vaca, de la Asamblea de Malvinas, recordó que la localidad es una ciudad “cercada” por las fumigaciones, donde se repiten abortos espontáneos, malformaciones, cáncer y enfermedades respiratorias. “Decimos no a Monsanto porque ya conocemos los males del modelo que representa. También sabemos que son mentiras sus promesas de trabajo y rechazamos que en nuestro barrio instalen 200 silos de semillas transgénicas tratadas con agrotóxicos”, alertó Barboza Vaca.
En abril pasado, siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. Realizada entre marzo y abril, la consulta se hizo en 352 domicilios a mayores de 18 años. Destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa bajo la supervisión del gobierno provincial).
El 55,3 por ciento se mostró en desacuerdo con el papel que tuvo en el conflicto el gobierno municipal. El 48,4 se expresó en contra del accionar del gobierno provincial. El 50,2 se expresó en desacuerdo con el accionar del gobierno nacional. Monsanto obtuvo el rechazo del 49,3 de los consultados.
En la marcha de hoy sobresale el pedido de que los vecinos de Malvinas Argentinas puedan votar para definir la instalación de Monsanto. Y el principal lema es: “El progreso que contamina, envenena, desaloja y mata no es progreso”.
Cristina Arnulphi, docente de la Universidad de Córdoba y militante del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que la marcha también es para “decir no a la ley de semillas impuesta por las transnacionales del agro” y advirtió que “el avance de este modelo será a costa de los ecosistemas y a costa de la vida de los campesinos e indígenas”. Y recordó que la soja hoy abarca 20 millones de hectáreas.
Además de Córdoba, habrá marchas en Bahía Blanca, Rojas, Tucumán, Rawson, Godoy Cruz (Mendoza), Rosario, Calafate, Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), San Pedro (Misiones) y Resistencia. En Capital Federal será el 25 de mayo, a las 14, frente a las oficinas centrales de la empresa (Maipú 1200) y luego se marchará hasta el Obelisco.
* Artículo publicado el 23 de mayo de 2013 en el diario Página12 con el título “Un día contra la multinacional”
Jul 22, 2013 | 2013, General
La multinacional Vale acumula denuncias por contaminación, desalojos, precarización laboral y violación de derechos. El proyecto para extraer potasio en Argentina, el apoyo del Gobierno, la falta de estudios ambientales y el sorpresivo abandono del proyecto. Radiografía de una corporación, reflejo de un un modelo.
Por Darío Aranda
“Es el proyecto minero más grande del mundo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 19 de agosto de 2012, en un acto en Casa de Gobierno, trasmitido en directo por la televisión pública.
Se refería al proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, en manos de la multinacional minera Vale, muy cuestionado por organizaciones socioambientales de cuatro provincias.
Nueve meses después, en marzo de 2013, cien vehículos pesados (camiones, niveladoras y retroexcavadoras) dejaron el campamento minero en Malargüe (Mendoza). De los 4000 obreros que anunciaba la publicidad empresaria, sólo quedaron cien.
El 9 de abril, en el Salón Azul del Senado Nacional, los directivos de la multinacional informaron que abandonaban el proyecto.
Pérdida de puestos de trabajo, presiones para obtener beneficios impositivos y promesas incumplidas van en línea con el perfil corporativo de Vale, que acumula denuncias por contaminación, precarización laboral, desalojo de campesinos e indígenas, y espionaje a movimientos sociales.
El “progreso” minero al descubierto.
Historia
El viernes 29 de febrero de 2008, en las calles de Godoy Cruz, Rivadavia y San Martín (todos departamentos de Mendoza), cientos de personas se manifestaron “contra la contaminación y el saqueo”. Convocadas por la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, rechazaban la posible instalación del Proyecto Potasio Río Colorado, entonces en manos de la minera anglo-australiana Río Tinto.
Advirtieron sobre el pasivo ambiental, la posible afectación del Río Colorado (que atraviesa cinco provincias –Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires), el enorme consumo de gas y de electricidad. “Los ingresos para Mendoza (regalías, puestos de trabajo), serían insignificantes en relación a las ganancias de la empresa y al saqueo de nuestros bienes comunes (recursos naturales)”, advertía la Asamblea.
En diciembre de 2008, el Consejo Provincial del Ambiente dictaminó de manera negativa respecto al proyecto minero. Hizo eje en el pasivo ambiental, la rápida extracción de recursos no renovables y la “significativa contribución (del proyecto) al agotamiento del gas de Argentina”. El proyecto en su etapa de extracción requerirá un promedio de 1,5 millones de metros cúbicos de gas por día. Superior al consumo residencial de toda Mendoza (1,2 millones)
El 30 de enero de 2009, la multinacional Vale anunció la compra del proyecto por 1.600 millones de dólares.
En agosto de 2009, el gobierno de Mendoza (mediante la Autoridad Ambiental Minera) autorizó la construcción y producción del proyecto minero.
Una decena de organizaciones (entre ellas la Asamblea por el Agua, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la ONG Oikos Red Ambiental) denunciaron la irregularidades de la aprobación del proyecto y exigieron la revisión de todo el proceso. Al mismo tiempo, la empresa reconocía que dejaría a perpetuidad 120 millones de toneladas de sal (subproducto de la explotación) a pocos kilómetros del cauce del Río Colorado (que atraviesa cinco provincias).
Potasio
“Estuve reunida con el presidente de Vale, una de las más importantes empresas brasileñas mineras, que va hacer una inversión de 5.900 millones de dólares en treinta meses en Malargüe. La explotación se va a hacer bajo todas las condiciones de sustentabilidad ambiental, condición sine qua non, por eso el símbolo es el árbol de la vida y el cuidado del medio ambiente, este granulado de ustedes ven aquí es el potasio con lo cual fertilizamos para ser y seguir siendo uno de los países líderes en materia agroindustrial”, explicó la Presidenta desde al atril, el 16 de diciembre de 2011, durante el discurso de inauguración de las Bodegas Bianchi, en Mendoza.
Cristina Fernández de Kirchner sostenía en la mano un pequeño árbol, emblema del proyecto. “Me prometieron que voy a bajar en helicóptero ya en febrero. Va a afectar a cuatro provincias argentinas. La inversión va a ser además en ferrocarriles, líneas de ferrocarril de carga que van a pasar por Neuquén, por Río Negro, para terminar finalmente en la construcción de un puerto en Bahía Blanca, donde este granulado (el potasio) se va a cargar a granel. Pero además la mina va a estar sustentada por una explotación de gas shale, el famoso gas shale, del que hoy somos el tercer reservorio a nivel mundial en Neuquén. Por eso digo que impacta en varias provincias, fundamentalmente en Mendoza pero también en Neuquén donde se va a perforar y extraer el gas shale; igualmente en Río Negro por donde va a pasar por supuesto el ferrocarril y se va a construir un puerto en Bahía Blanca. Por eso esta inversión hoy me atrevo a decir que es la más grande en todo el mundo en minería”, afirmó la Presidenta. Y el auditorio la acompañó con ovación y aplausos.
Y el discursó cerró autoreferencial: “Les voy a contar una anécdota también. Alguien agregó: ‘¿Sabe Presidenta? ¿Sabe cuál es la identificación del potasio en todo el mundo en la tabla química? La letra K’. Y la verdad que cuando me dijo eso me terminó de cerrar todo, ahí me cerró todo”.
La Presidenta volvió a hablar en público de Potasio Río Colorado el 19 de julio de 2012. El diario Página12 tituló “Un megraproyecto minero en marcha”. Y celebró: “La minera brasileña Vale invertirá 29.500 millones de pesos. El objetivo es producir 4,3 millones de toneladas de potasio por año que servirán para equilibrar el saldo comercial con Brasil”.
El presidente de Vale, Murilo Ferreira, destacó que se crearían 12.000 puestos de trabajo y señaló que “Vale está muy feliz con la potencialidad de este proyecto, que también podrá servir de puente para nuevas oportunidades”.
Cristina Fernández de Kirchner fue la oradora principal: “Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. ¡Porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión! Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se equivocaron”.
Historia oscura
Vale es una empresa fundada en 1942, tiene presencia en 30 países y es una de las principales exportadoras de hierro del mundo (también opera yacimientos de níquel, cobre, manganeso, bauxita, fosfatos, carbón). Y acumula denuncias por vulnerar derechos laborales, violar derechos humanos y contaminar.
Fue denunciada por desalojar de sus hogares a 760 familias campesinas en Mozambique para avanzar con minas de carbón. En Canadá, durante 2009 y 2010, los trabajadores resistieron 18 meses en huelga para protestar contra las condiciones de contrato de Vale, que pretendía reducciones salariales, jubilaciones anticipadas y contratos temporarios. En el estado de Pará, Vale es miembro del consorcio que construye la hidroeléctrica de Belo Monte, denunciada en tribunales internacionales por violar derechos de pueblos indígenas y, con apoyo del gobierno de Brasil, impulsar el desplazamiento forzoso de 40 mil personas.
Son solo algunas del centenar de denuncias que pesan sobre la multinacional brasileña. Incluso, en torno a su accionar, se conformó la organización Articulación Internacional de Personas Afectadas por la Compañía Vale. En abril de 2012 publicaron el “Informe de Insostenibilidad de Vale”, que precisa la vulneración de derechos en Brasil, Canadá, Chile, Nueva Caledonia, Mozambique, Perú y Indonesia, entre otros países.
En 2012, Vale ganó el Premio Internacional Ojo Público (más conocido como el premio “de la vergüenza corporativa mundial”), votado por activistas de todo el mundo y concedido a empresas con graves señalamientos sociales y ambientales. En el ranking de peores empresa empresa, Vale quedó delante de la empresa japonesa Tepco, responsable del accidente nuclear de Fukushima.
Los últimos meses se sumaron dos hechos que van en línea con la historia de Vale. El 16 de abril, familias de Mozambique que habían sido desplazadas por Vale exigían que cumpla con la indemnización acordada (8000 dólares, de los cuales sólo habría pagado la mitad). Vale denunció a los manifestantes y la Policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. «La compañía tiene un profundo respeto por los derechos que tienen los ciudadanos a expresarse pacíficamente, de la misma manera que apela al derecho de acceso de miles de trabajadores a sus puestos de trabajo», argumentó Vale en un comunicado de prensa.
El 20 de abril estalló un nuevo escándalo de Vale en Brasil. Un ex gerente (André Almeida) reconoció ante el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro que Vale hacía espionaje sobre empleados, periodistas y que infiltraba personal en las organizaciones sociales que cuestionan a la multinacional. Almeida se autoincriminó al reconocer que él mismo realizó escuchas telefónicas para vigilar a trabajadores de Vale.
Danilo Chammas es activista de la organización Justiça nos Trilhos (Justicia en los Rieles –organización compuesta por familias afectadas por la traza de un tren de la compañía) afirmó que “Vale ejecuta prácticas de espionaje hacia los movimientos sociales brasileños utilizando agentes del servicio de inteligencia del Estado y valiéndose de algunas de las mismas prácticas de los tiempos de la dictadura militar”.
Y precisó que Justiça nos Trilhos y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) son dos de los movimientos que padecieron espionaje de Vale, pero advirtió que no son los únicos infiltrados por Vale.
La empresa distribuyó un comunicado en el que se despega de las acusaciones y cuestiona al denunciante (Almeida) por haber sido «despedido por justa causa debido por utilizar la tarjeta de crédito corporativa de manera inadecuada». Sin embargo, Vale reconoce que hace el seguimiento de los movimientos como el MST y la Justiça nos Trilhos pero “sin infiltración de personas”.
Retirada
“Paralización por tiempo indefinido del proyecto Potasio Río Colorado”. La empresa Vale lo confirmó el 23 de enero de 2013. Y de inmediato comenzó un proceso de negociación con tres actores principales: empresa, y los gobiernos de Argentina y Brasil.
La compañía había argumentado la supuesta caída del precio del potasio. En agosto de 2010, cuando la Legislatura de Mendoza aprobó el acuerdo con Vale y la multinacional decidió construir la mina, el potasio cotizaba a 345 dólares la tonelada. En la actualidad está a 400 dólares, 15 por ciento más caro que cuando Vale empezó a construir.
La minera solicitó desgravar el IVA de sus compras y un tipo de cambio especial para girar divisas. Sumada a las ventajas que ya otorgas las leyes mineras sancionadas en la década del 90 y mantenidas en la última década: estabilidad fiscal por treinta años, tope de sólo tres por ciento a las regalías en las provincias (se calcula en base al valor de boca de mina y lo declara la propia empresa sin control del Estado), cinco por ciento de retenciones para minerales procesados (y diez por ciento para los concentrados).
El director global de Vale, Marcio Godoy, habló con el diario Perfil el 9 de marzo en Canadá: “Necesitamos la comprensión del Gobierno argentino para continuar con Potasio Río Colorado. El sector minero demanda, por naturaleza debido al tamaño de sus iniciativas, un tratamiento especial”.
El 11 de marzo, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que acusó a Vale de “abandonar” el proyecto y de exigir beneficios impositivos por 3.000 millones de dólares.
“Vale y sus accionistas no son mendigos que necesiten ayuda y solidaridad”, afirmó Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y uno de los mayores estudiosos de Potasio Río Colorado. Y brindó cifras en base al informe financiero de la minera: en 2012 Vale distribuyó 6.000 millones de dólares de ganancias a sus accionistas y prevé distribuir, como mínimo, 4.000 millones de dólares en 2013. “No es precisamente una empresa en crisis”, resumió Giraud.
El 9 de abril, Vale anunció que puso en venta el proyecto Potasio Río Colorado.
El 25 de abril, las presidentes de Argentina y Brasil tuvieron una reunión en Buenos Aires. Vale fue parte del temario. Marco Aurelio García, asesor para asuntos internacionales de la Presidencia de Brasil, anunció que “Vale hizo una propuesta que el gobierno de Brasil le informó al gobierno argentino”.
La organización Articulación Internacional de Personas Afectadas por Vale utilizan un eslogan y alertan a sus pares de Argentina: “La fórmula del éxito para Vale es privatizar los ingresos y acarrear los gastos al público, es decir a los demás”.
“No nos Vale”
Políticos de todos los colores y rangos. Empresas de todos los tamaños. Sindicalistas. Trabajadores. Analistas internacionales. Economistas. Cámaras mineras. Todas las voces estuvieron reflejadas en los medios masivos de comunicación respecto a la retirada de vale. Pero quienes menos espacio tuvieron fueron las organizaciones que, ya en 2008, habían alertado sobre la faraónica obra que implicaba Potasio Río Colorado, la contaminación (social y ambiental) y el rol de las transnacionales mineras.
“No nos valen las presiones que el Gobierno de Brasil y su transnacional minera (Vale) hacen a la Argentina y a su Presidenta para no abonar el IVA que todos pagamos por ley, mientras la empresa reconoce haber distribuido en 2012 ganancias a sus accionistas por 6.000 millones de dólares. No nos valen las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, que sólo aspira a equilibrar la balanza comercial con Brasil, aunque sea a costa de exportar y agotar rápidamente nuestros bienes comunes no renovables”, comienza un comunicado de trece organizaciones sociales de cuatro provincias (Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires), en marzo último, y recuerda que el proyecto minero “nació y sigue en conflicto con nuestras comunidades. No fue evaluado y aprobado de manera integral, sino de manera fragmentada y aún incompleto. Hemos advertido los riesgos para las aguas del río Colorado (que atraviesa cinco provincias)”.
Firmado por las mendocinas Asamblea Popular por el Agua, Oikos Red Ambiental, asambleas de vecinos de San Carlos, Alvear, Tunuyán, Tupungato, Uspallata, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén. De La Pampa figura la Asociación Civil Alihuen. De Neuquén el Foro Permanente por el Medio Ambiente (Foperma), Fundación Ecosur y La Brecha. De Buenos Aires la organización Aukan y el Observatorio Petrolero Sur.
Las organizaciones recordaron que Vale es “una de las peores empresas del mundo por sus conflictos laborales, daños ambientales y violaciones a los derechos humanos” y cuestionaron la profundización del modelo extractivo: Potasio Río Colorado necesita de gas no convencional neuquino (mediante la cuestionada técnica de fractura hidráulica o “fracking”) y que el potasio obtenido será para avanzar con el modelo de agronegocios (deforestación mediante) sobre la Amazonia brasileña.
Reclamaron que se suspenda el proyecto minero, se indemnice a trabajadores y pequeñas empresas locales “no partícipes de grandes negocios” y exigieron que se cumpla la resolución de 2010 de la Defensoría del Pueblos de la Nación que instó a la Secretaría de Ambiente de Nación a realizar el “análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero”.
Por sobre todo, las organizaciones exigieron debatir el modelo. Pero no encontraron respuesta en corporaciones ni gobiernos.
* Artículo publicado en mayo de 2013 en el Periódico de CTA 94 (http://issuu.com/periodico-cta/docs/periodico-cta94?e=8261434/2490379)
Jul 21, 2013 | 2013, General
San Luis, los pagos de Rodriguez Saa, Irsa y Monsanto. La concentración de tierras, los campos de experimentación con nuevos agrotóxicos, el turismo depredador y los planes sociales para maquillar el desempleo.
Por Darío Aranda
“Bienvenido al soja tour”, resume Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), mientras arranca la F100 azul 1975.
La camioneta zigzaguea unos 150 metros en el campo y sale a la ruta. Las montañas rodean el valle y el asfalto lleva hacia la llanura. A lo lejos se observa tonalidad uniforme de verde y, a medida que se deja atrás las montañas, el paisaje se altera con una suerte de robots futuristas, de hierros finos blancos, le llaman “pivotes”, sistema de riego de los campos del pool de siembra Cresud, uno de los grandes actores del agronegocio, denunciado por avanzar sobre la vida campesina y fumigar a las familias rurales.
En San Luis también está el modelo. Y también hay campesinos que resisten.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Un estudio interdisciplinario auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación determinó que en Avia Terai, una localidad chaqueña rodeada de campos de soja y continuamente fumigados, más del 31 por ciento de la población tiene un pariente con cáncer.
Por Darío Aranda
Avia Terai es una localidad de cinco mil habitantes en el centro geográfico de Chaco. El casco urbano está, literalmente, rodeado de cultivos de soja y girasol que son fumigados entre diez y doce veces al año. Un estudio científico confirmó la denuncia de vecinos: el 31,3 por ciento de la población relevada declara haber tenido algún familiar con cáncer. Los muy altos índices de cáncer, y también de discapacidad, se repitieron en otras tres ciudades cercadas por campos transgénicos: Campo Largo, Napenay y La Leonesa. Así lo reveló un estudio interdisciplinario, realizado durante un año y auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación. La investigación vincula la causa de las enfermedades con el modelo agropecuario.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Represión contra quienes cuestionan la megaminería. El rol de los gobiernos. La complicidad (por acción u omisión) del periodismo. Corporaciones mineras y el intento de mejorar su imagen. El Borda y Famatina. ¿Represiones de primera y de segunda? El twitter presidencial que no fue. Y las preguntas sin respuesta.
Por Darío Aranda
Paula Ríos está en el suelo, caída y, frente a ella, de pie, un policía amenazante, arma en mano.
Sábado al mediodía. Famatina. La Rioja.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la megaminería en la provincia.
Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras once personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del PJ local y de supuestos empleados mineros.
“Antimineros provocaron disturbios en Famatina”, tituló el recuadro del diario Tiempo Argentino. Quince líneas con una versión alejada de la realidad: “Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista (…) Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores”.
El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos.
Sí lo hizo la FM Mirador, de Chilecito. “El policía me pateó la cabeza. Me pisó el hombro con su bota. Me puteó. Me dijo ‘levantate, vieja de mierda, o te cago matando’. Yo no podía pararme. Me levantó del cabello. Me puso el arma sobre el cuerpo. Y me dijo ‘esto no lo vas a volver a hacer nunca más, si te dejo viva date por dichosa’. Me puso el arma en la cabeza”.
Paula pensó que la mataban. Le pidió a Dios. Pensó en sus hijos.
El policía no la mató. Sí le dio cinco balazos de goma en la espalda y uno en la pierna. “Si te encuentro, te cago matando”, la amenazó.
El relato eriza la piel.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
La violencia contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), las denuncias contra el gobernador Insfrán, el silencio de la Presidenta y el rol de los organismos de derechos humanos. Los pueblos indígenas de Argentina marcharán a Formosa.
Por Darío Aranda
“Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fue en la conferencia de prensa de ayer, donde organismos de derechos humanos denunciaron el “etnocidio” en Formosa, la “violencia sistemática” contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y exigieron medidas urgente del Gobierno Nacional para frenar la violencia. Amanda Asijak (esposa de Félix Díaz), confesó tener miedo por lo que pueda pasar a sus hijos, reconoció que el líder qom evalúa dar un paso al costado, aunque también afirmó que ambos deben seguir en la lucha. En junio habrá una gran cumbre indígena, de comunidades de todo el país, en Formosa.
El fin de semana pasado la comunidad volvió a ser noticia luego de que una patota atacara al hijo de Félix Díaz y Amanda Asijak. La conferencia de prensa fue una consecuencia del nuevo ataque contra la familia del líder qom.
La sala del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) quedó chica. Periodistas y militantes desbordaron el espacio. “Es una buena señal”, celebró el anfitrión, Adolfo Pérez Esquivel, que se limitó a señalar la “grave situación que padecen los pueblos indígenas en el país, en particular el Pueblo Qom de Formosa”. Y anunció que iban a hablar como parte de la “Comisión de garantes” que se había conformado (hace dos años) en el marco de una mesa de diálogo reconocida por el Gobierno Nacional.
Modelo
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), señaló que “la constante en todo el país es la frontera sojera y minera avanzando sobre los pueblos originarios” y que “ese modelo conlleva desmontes, heridos y muerte”. Denunció que “tanto el Gobierno como la Justicia” discriminan a los pueblos pueblos indígenas y recordó que hay leyes (que protegen sus derechos) pero que no se cumplen. Ejemplificó con la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende las órdenes de desalojos y orden un relevamiento territorial. “Pero los desalojos siguen”, sentenció.
Puntualizó que en abril pasado se firmó en Formosa, con presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, un protocolo de intervención para garantizar la integridad de las familias de la comunidad La Primavera. “A pocos días de firmarse, atacaron a Abelardo (hijo de Félix y Amanda). Es una nueva provocación del gobierno de Gildo Insfrán”, afirmó.
Miedo y lucha
Amanda Asijak habló suave pero firme. Su palabra era la más esperada, por la salud de su hijo y por las versiones sobre los pasos a seguir por Félix (un rumor indicaba que dejaría su rol de “qarashé”, autoridad qom).
“Estoy dolida por lo que pasó a mi hijo. No es la primera vez, soy madre, es difícil. Es una tristeza muy grande, estamos sufriendo”, fueron las primeras palabras. Contó que había hablado con Félix y que lo notó triste, con “ganas de dejar la lucha”. Advirtió que aún no había tomado una decisión, que lo hablarán en familia ni bien ella regresa a Formosa.
“Tengo que decir a Félix de seguir. Seguir peleando por tierra, salud, agua”, adelantó, pero de inmediato también reconoció que “son muchos años de lucha y no podemos encontrar algo concreto”. Recordó la represión de 2010, confesó que tiene miedo por lo que pueda pasarles a sus hijos, rememoró “el asesinato” de su sobrino (Daniel Asijak, en enero pasado –la comunidad denunció un ataque y el gobierno de Formosa que fue un “accidente” de tránsito–).
Amanda apuntó a los dirigentes gildistas que están en la comunidad, pidió “apoyo para seguir adelante” y preguntó varias veces “¿dónde están nuestros derechos?”.
En los diez minutos que duró su exposición insistió con un temor: que le suceda algo a sus hijos. Y finalizó como había comenzado, con voz suave y firme. “Aunque la policía nos pegue, tenemos que seguir adelante, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, como Pueblo Qom, como pueblo originario”.
Sobrevino un aplauso sostenido.
CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantiene un difícil equilibrio. Reconocido por su defensa de los derechos humanos, también con mucha cercanía al Gobierno Nacional, lleva las causas de la comunidad La Primavera.
“Acá se pone en evidencia una situación compleja y también injusta”, resumió el abogado del CELS, Federico Efrón.
Recordó que pesan sobre la comunidad cuatro causas judiciales, dos por usurpación y dos por el corte de ruta de 2010, que terminó con la represión del 23 de noviembre de 2010 y el asesinato del abuelo qom Roberto López. Ese día la policía de Formosa golpeó a integrantes de la comunidad e incendió una veintena de viviendas. Pero, paradoja de la justicia formoseña, hay 23 imputados qom, incluidos Félix Díaz y Amanda Asijak.
Efrón recordó que Félix Díaz fue procesado, hace dos semanas, por “usurpación” del territorio comunitario. “Hay una persecución contra Félix”, afirmó.
Cumbre indígena
Verónica Hullipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de CTA y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), alertó que la criminalización de los pueblos indígenas se reitera en todo el país pero que “Formosa es una caso paradigmático, donde no puede seguir el avasallamiento”.
Explicó que la situación de vulneración de derechos es idéntica para los cuatro pueblos que habitan la provincia (Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé). “Los cuatro pueblos reclaman derechos colectivos, reclaman territorio y se le violan los derechos humanos”, afirmó. Relató que existen muertes por enfermedades evitables y por desnutrición, y lamentó que en la comunidad La Primavera haya “matones con rostro indígena que atacan a los hermanos que luchan”.
Apuntó a un actor hasta ese momento ausente en la conferencia de prensa. “El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el operador del gobierno nacional en Formosa, siempre juega a favor de Gildo Insfrán. El INAI debe reconocer a Félix Díaz como qarashé de la comunidad, pero sigue las instrucciones de Insfrán y actúa en contra en Félix”, denunció la dirigente mapuche.
Afirmó que es necesario “un gesto” del gobierno nacional para con los pueblos originarios y anunció que comunidades indígenas de todo el país se reunirán del 3 al 5 de junio en Formosa para “exigir el respeto a nuestros derechos y para dar una clara señal de respaldo a la lucha de los cuatros pueblos indígenas de Formosa”.
Etnocidio
Lorena Cardín es la persona externa a la comunidad qom que más conoce Potae Napocna Navogoh (hace doce años que acompaña, desde el territorio, las luchas, alegrias y pesares). Además es antropóloga y docente de la UBA.
“Denunciamos el etnocidio en Formosa”, comenzó Cardín y explicó que se suceden las muertes por tuberculosis, por chagas y por falta de asistencia médica.
Y apuntó a los clásicos argumentos oficiales. Reconoció que la provincia fue pionera, en 1984, con una ley que reconoce los derechos indígenas. “¡Pasaron 29 años! Ese logro ya no tapa la situación que padecen los cuatro pueblos indígenas que viven en Formosa”, reclamó y detalló que en la provincia hay un “control total” de Gildo Insfrán. Ejemplificó: el ProHuerta (un plan nacional de huertas familiares dependiente del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social) tiene prohibido entregar semillas a la comunidad La Primavera.
“En Formosa hay una violencia estructural”, aseguró la antropóloga y desafió: “El que tenga voluntad, que vaya y vea por sí mismo”. Pero de inmediato aclaró: “Claro que no tienen que seguir el circuito turístico que les arma el gobierno provincial” (reconocidos periodistas porteños visitaron la provincia de la mano de Gildo Insfrán y aún hoy derrochan alabanzas sobre la gestión gildista).
Cardín lamentó no poder contar todas las riquezas que tienen la comunidad (por ejemplo la lengua originaria, la cultura, los saberes), e insistió en la coerción que ejerce el Gobierno. Pero finalizó con un guiño: “Ese control no es perfecto. No pudo con Félix”.
“No se tolera más”
Nora Cortiñas recordó dos hechos que la unen a la lucha qom. La mañana de 2011 en que La Cámpora actuó como fuerza de choque (con Andrés Larroque a la cabeza) y desalojó el acampe de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y la elección realizada en la comunidad, en la que Félix Díaz fue elegido por amplia mayoría (por sobre el antiguo cacique, Cristino Sanabria).
“Félix ganó la representación de la comunidad, pero nunca fue reconocido por el gobierno nacional. Y el Gobierno permite ese doble comando porque quieren echar a Félix. Mientras la comunidad es atacada criminalmente”, advirtió la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó la falta de respuesta de la Presidenta y aclaró: “¿Qué queremos? Que se terminen los ataques. No se tolera más la violencia”.
DDHH
Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, recordó que luego del acampe qom en Avenida de Mayo el gobierno nacional aceptó la creación de una mesa de diálogo. Detalló que se firmaron actas y, a pedido del Gobierno, se aceptó una elección en la comunidad para determinar quién era la autoridad e interlocutor (si Félix Díaz o Cristina Sanabria, aliado de Insfrán). “Se les impuso un método de elección que no era propio de la comunidad, con observadores de Nación y Provincia. Así y todo fue electo Félix, pero no lo reconocen, juegan al desgaste. Ningunean a la comunidad y ningunean a los organismos de derechos humanos”, denunció.
Pimentel recordó que en esa mesa de diálogo, que coordinaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo, participaban también Abuelas de Plaza de Mayo (en su lanzamiento había estado su presidenta, Estela de Carlotto). “Hoy no están”, lamentó. Y resumió: “Los derechos humanos se defienden o se violan. Y acá se están violando. Hay que acabar con este genocidio silencioso”.
Maravilla
Mirta Acuña de Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue muy breve. Lamentó la violencia contra el Pueblo Qom y fue directo al grano: “La semana pasada vi por la tele a la Presidenta con Maravilla Martínez. Y me pregunté ‘¿Y Félix Díaz?’. Tiene tiempo para un boxeador y no para Félix. Hay que reclamarle que reciba a Félix”.
Reacción y silencio
Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamaron ayer a la tarde a Félix Díaz. Le anunciaron que el 22 de mayo se hará pública la definición del máximo tribunal respecto al reclamo de la comunidad (el año pasado se había realizado en la Corte una audiencia pública por el conflicto territorial).
Al momento del cierre de esta nota, ningún funcionario nacional se había comunicado con el líder qom por los reclamos pendientes ni por los hechos de violencia que padeció la comunidad qom.
* Artículo publicado el 10 de mayo en www.odhpi.org
Jul 21, 2013 | 2013, General
Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.
Por Darío Aranda
Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Personas encapuchadas ingresaron por la noche a una comunidad indígena de Neuquén y amenazaron de muerte a las familias. Llevan cuatro meses de hostigamientos por una disputa territorial.
Por Darío Aranda
“Diez personas encapuchadas al estilo de la dictadura cívico-militar portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka (casa) comunitaria del Lof Felipin”, denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas que comenzaron en enero pasado, cuando se inició una conflicto territorial con un empresario. Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino por “no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico” que protege los derechos indígenas. Pablo Romero, de la comunidad Felipín, afirmó que “la violencia empresaria, política y judicial no hará retroceder a las comunidades mapuches en la defensa del territorio”.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Por Darío Aranda
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el mayor espacio continental que reúne a campesinos, indígenas y trabajadores del campo. Cada cuatro años la CLOC renueva su Secretaría Operativa. Este año, por primera vez, la conducción quedó bajo responsabilidad de argentinos: Diego Montón y Deo Carrizo, ambos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En el Día Internacional de la Lucha Campesina, Diego Montón repasó las luchas del continente, el papel de las multinacionales y los gobiernos, y los desafíos en la Argentina.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Metales pesados en sangre. Agua y tierra contaminada. Subsuelo rico y población pobre. Lagos con hidrocarburos. Derrames y muerte de animales. Repsol, YPF y gobiernos. Y la lucha mapuche. Viaje a Loma La Lata, el mayor yacimiento de gas de Argentina, caso testigo de contaminación petrolera.
Por Darío Aranda
Desde Loma La Lata, Neuquén
Agua con gusto a nafta. Tierra que huele a solvente.
Es la situación en el territorio mapuche de la comunidad Kaxipayiñ, con un subsuelo que es la mayor reserva de gas de Argentina, también conocido como yacimiento Loma La Lata.
La comunidad Kaxipayiñ enfrente desde hace cuatro décadas un proceso de violación de derechos y son la prueba viviente de la contaminación. Metales pesados en sangre, abortos espontáneos, cáncer, diabetes y cegueras.
Frente al patio de sus casas, el blanco de sus denuncias: la planta de gas Mega, gigantescas cañerías y tanques de diez metros de alto que sobresalen en la estepa patagónica.
La tierra es rojiza. Sólo hace falta tomar un puñado y confirmar que está impregnada (de manera literal) con un fuerte olor a solvente. El agua, fósforo mediante, enciende como nafta.
“Es el corazón de la contaminación, pero no nos afecta solo a nosotros. Llega a quienes parecen dormidos, río abajo, a Neuquén capital”, avisa el inan logko, José Cruz Cherqui, y señala que Loma La Lata ya contaminó los lagos Los Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la capital provincial. La comunidad apunta a cuatro responsables: Repsol, YPF, gobierno provincial y Nacional.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Por Darío Aranda / Foto Silvana Fattori
Julián Raso tiene 21 años. Es flaco y alto. Estudia en la Universidad Nacional de La Plata, pero volvió a Esquel para estar presente el 23 de marzo, en los diez años del “No a la Mina”. De esa votación que marcó un quiebre en la resistencia contra la megaminería en Argentina. “Era chico, pero me acuerdo de las marchas, de los escraches, de la votación. Es una marca que tenemos muchos. Crecés con esa conciencia y por eso era una obligación estar hoy acá, para reafirmar la lucha contra el extractivismo, contra el saqueo, contra la contaminación”, explica paciente, desde la plaza San Martín, epicentro del acto principal por los diez años.
Como Julián, cientos de jóvenes, adolescentes y niños marcharon y siguen marchando hoy. Son cientos de historias pequeñas que también explican por qué las empresas mineras (y los gobiernos) no pudieron con Esquel.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
Mapuches presos, campesinos secuestrados y asesinatos de integrantes del Pueblo Qom, todos hechos relacionados a conflictos territoriales y al modelo extractivo.
Por Darío Aranda
Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Formosa fueron algunos de los lugares en los que la represión sobre pueblos indígenas y campesinos dijo presente durante los últimos meses. En todos los casos se debe a conflictos territoriales, por avance de la frontera petrolera y agropecuaria. “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan nunca más”, reclamó una carta abierta a la Presidenta publicada por académicos y organizaciones sociales en enero. El escrito, que lleva la firma de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano (entre otros), recuerda a las últimas víctimas de los pueblos originarios, apunta al modelo económico extractivo y alerta sobre una “escalada de violencia” contra campesinos e indígenas.
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Jul 21, 2013 | 2013, General
La petrolera Chevron fue condenada por contaminación en Ecuador y debe pagar 19.000 millones de dólares a campesinos e indígenas. Pero se niega a cumplir y, por resolución judicial, fueron embargados sus activos en Argentina. Asociada con YPF para explotar yacimientos en Neuquén, presiona para que la Justicia argentina levante el embargo. Ya tiene el apoyo del Gobierno Nacional y Neuquino.
Por Darío Aranda.
Un caso paradigmático de contaminación petrolera: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Son algunos de los hechos que confirmó la Justicia de Ecuador y por el cual condenó a la petrolera Chevron, una de las mayores corporaciones del mundo, a pagar 19.000 millones de dólares. La condena alcanzó a sus activos en Argentina, donde fue embargada en todos sus activos. En 2012, la corporación petrolera acordó con YPF la explotación conjunta de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (en Neuquén). La semana pasada, por primera vez, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, salió en defensa de la multinacional y pidió a los demandantes que cesen con el embargo en Argentina. No habló de la contaminación ni de los afectados por Chevron.
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Jul 18, 2013 | 2013, General
Por Darío Aranda
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer: “Ni qué hablar de la recuperación de YPF. Y yo sé que a muchos ayer el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron (…) les molestó a algunos. Y pasaron algunas cosas (…) sé que algunos se subieron a torres de YPF (…). Pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertía un solo mango acá, no hacían nada, eh, no pasaba nada de eso, nadie se quejaba”. (17 julio 2013)
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El Pueblo Mapuche denuncia la contaminación de Repsol desde 1995 en Loma la Lata.
-La Defensoría de Menores de Neuquén (a pedido de las comunidades), en representación de los niños de las comunidades, inició una causa civil en 1997 para exigir al gobierno la provisión de agua potable. La demanda también solicitó atención médica para las comunidades afectadas.
-En abril de 1997, la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno de Neuquén la provisión inmediata de agua de manera permanente, realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las necesarias para asegurar la preservación del ambiente (nunca lo hizo).
-El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 1998 un informe ambiental sobre la contaminación petroleras en Añelo y Pehuenches (en cercanías a Loma La Lata). Confirmó la contaminación
-En noviembre de 2001 se presentó en la Universidad Nacional del Comahue un estudio del laboratorio alemán Umweltschutz Nord. La investigación, de más de mil páginas, focalizó el trabajo en el impacto de la explotación hidrocarburífera sobre el ambiente y la salud en Loma La Lata
–Las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ escribieron el 6 de diciembre de 2002 a los tres poderes del Estado. Exigieron que se cumpla el derecho básico a la consulta a las comunidad (vigente en Constitución de Neuquén, Nacional y Convenio 169 de la OIT). Dirigida al presidente Fernando de la Rúa, al ministro de Economía (José Luis Machinea), a la secretaria de Energía (Débora Giori), a los presidente de la Cámara de Senadores y Diputados de Nación, y a la Corte Suprema.
La carta explicitó la contaminación que la comunidad denunciaba hacía una década y cuestionaba la prórroga de concesiones hasta 2027.
No tuvieron respuesta.
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Alcanza con abrir un buscador y se confirma que el Pueblo Mapuche denunció a Repsol muchísimas veces, y nunca fue escuchado por ningún Gobierno.
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-05/01-05-03/pag16.htm
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La Presidenta miente ante el sufrimiento de un pueblo y miente frente a comunidades mapuches que cuentan muertos por la explotación petrolera.
La Presidenta miente. Y muchos aplauden…
Abr 6, 2013 | 2013, General
Informes oficiales y de investigadores explicitan el saqueo del monte nativo. En Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. El impacto ambiental y social del desmonte.
«Los árboles son sagrados, no se tocan»
Cristina Fernández de Kircher (15/2/2013)
Por Darío Aranda
Entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo. La causa, tan obvia como impune, el avance de la frontera agropecuaria, con cultivos transgénicos (soja y maíz) y la ganadería intensiva. El desmonte no es solo impacto ambiental, también implica conflictos por la tierra, represiones y asesinatos de campesinos e indígenas.
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La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.
