El desierto verde*

El monocultivo de árboles se extiende sobre Misiones y provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones.

 Por Darío Aranda

Desde Puerto Piray, Misiones

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Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de  madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.

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El modelo sumó otra víctima

Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.

Por Darío Aranda

Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.

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Recuperar territorios

Por Darío Aranda

La multinacional italiana Benetton posee en la Patagonia Argentina 970 mil hectáreas, el equivalente a 48 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es el mayor terrateniente del país. En 2007, un matrimonio del Pueblo Mapuche (Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir) decidió recuperar su territorio ancestral y, en una acción inesperada para el poder político y empresarial, se instaló en 535 hectáreas en el corazón de las estancias de los hermanos Carlo y Luciano Benetton. En la década reciente, los pueblos originarios de Argentina han recuperado –mediante la acción directa– 240 mil hectáreas de territorios ancestrales. Estaban en manos de la multinacional Benetton, empresas mineras, grandes estancieros, Ejército y Gendarmería Nacional.

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«Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”

Por Darío Aranda

Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.

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Un debate originario

Por Darío Aranda

El Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a organizaciones indígenas de once provincias–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones, cuestionan que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios. Exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que (de aprobarse como fue enviado por el Poder Ejecutivo) es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial.

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Nuevo Código Civil, un retroceso para los Pueblos Indígenas

El Consejo Plurinacional Indígena y organismos de derechos humanos denunciaron que el proyecto de Código Civil se contradice con toda la legislación indígena vigente. Exigen que se respete el derecho a consulta y advierten que se equipara a las comunidades indígenas con los consorcios de edificios.

Por Darío Aranda

El nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”, denunció Ignacio Prafil, werken (vocero) de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro e integrante del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), que se reunió en la puerta del Congreso Nacional para rechazar la reforma del Código Civil. Mientras en el Congreso se desarrollaba la audiencia pública para opinar sobre el proyecto, Prafil advirtió desde las escalinatas de ingreso al histórico edificio: “Desde el actual Estado se habla de derechos humanos, pero a la hora de los pueblos originarios parece que se acabaron los derechos humanos. Legislan sobre nosotros, pero no respetan nuestros derechos”. Acompañaron el reclamo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ya habían expresado sus cuestionamientos al proyecto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Exigen que los artículos vinculados a pueblos indígenas sean tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos.

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Juicio por agrotóxicos en Ituzaingó: fumigar es delito, pero no hubo cárcel

Fumigar con agrotóxicos es un delito y tiene condena condicional, sin cumplimiento en cárcel. Así lo determinó ayer la Cámara I del Crimen de Córdoba en el juicio por fumigaciones en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo. Para las Madres de Ituzaingó el fallo fue “un golpe”. Pero los abogados lo valorizaron como inédito. La última jornada del juicio y las voces tras la sentencia.

Por Darío Aranda

Desde Córdoba

Luego de más de dos meses de juicio, y en el primer caso que llega a juicio penal, un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional –no es de cumplimimiento en cárcel-). Las Madres de Ituzaingó, organización nacida a medida que sus hijos enfermaban, cuestionaron el fallo: “Nos enferman, nos matan a nuestros hijos y no van a la cárcel. Es otro golpe más que nos dan, pero seguiremos luchando contra este modelo que enferma nuestros hijos, este modelo del gobierno nacional, el provincial y el municipal, siempre en beneficio de las corporaciones”.

En cambio la organización Paren de Fumigar de Córdoba y el denunciante, Medardo Avila Vásquez, revalorizaron el valor del fallo: “Es el primero en Argentina. Teníamos razón, las fumigaciones son delito y tienen condena”.

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Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Por Darío Aranda

Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere  solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”.  Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.

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“El genocidio del general Roca continúa hoy”

Por Darío Aranda

El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.

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Represión a cielo abierto

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Por Darío Aranda

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

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Acampe contra la megaminería

Asambleístas de todo el país reclaman por el fin de los proyectos extractivos a cielo abierto. Desde el lunes hacen un bloqueo selectivo de camiones que abastecen a la Minera Alumbrera. La protesta es por tiempo indeterminado

Por Darío Aranda

Cerro Negro, pequeña localidad del oeste de Catamarca, se convirtió en el epicentro de la lucha contra la megaminería. Desde el 9 de julio se mantiene un acampe de asambleístas de todo el país y el lunes pasado se transformó también en bloqueo selectivo de camiones que abastecen a Minera Alumbrera, el yacimiento que desde hace quince años extrae cobre y oro. “Sabemos bien lo que es la megaminería, nadie nos contó, sino que lo vivimos en carne propia, porque desde años padecemos a la Alumbrera. Por eso decimos no a la megaminería, basta de este modelo extractivo que contamina, reprime y mata”, resumió Juanjo Rodríguez, desde el bloque catamarqueño bautizado Acampe Nacional Contra la Megaminería.

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La ONU sobre Argentina: «Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos»

Buenas leyes que no se respetan, industrias extractivas que vulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a la Justicia. Radiografía de la situación indígena en Argentina, según Naciones Unidas.

Por Darío Aranda

Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.

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Más universidades cuestionan la megaminería

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) rechazó dinero proveniente de Minera La Alumbrera (el mayor yacimiento metalífero de Argentina) y, con un duro documento votado por el Consejo Superior, se sumó a otras cuatro universidades nacionales que ya explicitaron su negativa a recibir fondos de la megaminería. “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que afectan derechos fundamentales de las poblaciones”, afirma en sus fundamentos la Universidad de Río Cuarto, brinda su apoyo a las comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década del ’90 que benefician la actividad extractiva.

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Atropellando raíces

Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo .

Por Darío Aranda

Sandra Juárez, Javier Chocobar, Roberto López y Cristian Ferreyra. Cuatro asesinatos de campesinos e indígenas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2011. No hubo más porque falló la puntería: se repiten las represiones sobre territorios rurales y tienen como trasfondo el modelo extractivo (agronegocios, megaminería, forestales, petróleo). Datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país. La Red Agroforestal (Redaf), colectivo de organizaciones y profesionales, precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Sólo las últimas dos semanas: hubo represiones en cinco provincias. El lado oculto del “modelo”.

Organizaciones campesinas exigen una ley que frene los desalojos, pero duerme cajoneada en el Congreso. Mientras: la Presidenta celebra acuerdos con Monsanto y propone correr la frontera transgénica.

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“El Gobierno le hace el verso a las comunidades”

Albañil, electricista y, aunque prefiere escaparle al término, referente de la lucha socioambiental e indígena de la Patagonia. Pedro Beroiza es todo eso y, además, lonko de la comunidad mapuche Mellao Morales, 150 familias que frenaron (junto a las asambleas socioambientales neuquinas) la avanzada minera que impulsa el gobierno de Neuquén.

Por Darío Aranda

Sábado a la mañana en Neuquén. Frío y viento, pero con un sol que acobija. Las 9 de la mañana y Pedro Beroiza llega puntual al bar convenido. Manos en los bolsillos, jean, zapatos negros impecables y campera marrón. Dejó la comunidad por trámites en la capital provincial y aprovecha para visitar a parte de la familia. Pide café con leche con medialunas, sonríe y rompe el hielo: “Hoy es mi cumpleaños, 41, y es bueno comenzarlo hablando de las luchas de nuestra comunidad, de nuestro pueblo”, avisa en voz baja, como en secreto. Recuerda que había dejado la comunidad en búsqueda de trabajo, vivió quince años en la capital provincial y, con orgullo, se presenta como albañil y electricista, oficios con lo que se gana la vida desde adolescente. Hace cinco años volvió a la comunidad y, desde 2008, es lonko (autoridad política) de la comunidad mapuche Mellao Morales, uno de los pilares neuquinos en la lucha contra la megaminería.

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Desastre natural y desidia estatal

La erupción del volcán Puyehue aún golpea a comunidades indígenas y campesinas de la Patagonia. Mortandad de animales, discontinua asistencia estatal y falta de política para el arraigo rural.

Por Darío Aranda
A más de un año de la erupción del volcán Puyehue, las comunidades indígenas y los pobladores rurales siguen padeciendo los efectos de la ceniza que inundó regiones de Neuquén y Río Negro. A la enorme mortandad de animales (principal sustento de las familias rurales), se suma la persistencia de la ceniza (que dificulta del crecimiento de vegetación, alimento de los cabríos y ovejas) y la sequía. La dispar asistencia estatal, empresas mineras al acecho y la ausencia de una política de arraigo rural hacen un combo que atenta contra la vida campesina e indígena.

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Patria grande y sojera

En cinco países latinoamericanos se cultiva el 44 por ciento de la soja mundial. A pesar de contar con gobiernos “progresistas” o de “izquierda”, el monocultivo avanza, provoca desmontes, concentración de tierras en pocas manos, desalojos y mantiene a la región como proveedor de commodities para agrocombustibles y alimentos animal de Europa y Asia.

 Por Darío Aranda

La patria grande sojera está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica, pilar del modelo de un modelo más amplio: los agronegocios, con alto consumo de agroquímicos y en el cual las principales beneficiarias son empresas transnacionales del agro. Este modelo, con mayor incidencia del capital concentrado y consecuencias sociales y ambientales, se ejecuta en momentos donde la región tiene gobiernos autodenominados de “izquierda” o “progresistas”.’

La soja abarca:

  • El 66% de la tierra cultivada de Paraguay.
  • El 59% de Argentina.
  • El 35% de la tierra cultivada de Brasil.
  • El 30% de Uruguay.
  • El 24% de Bolivia.
  • Entre los cinco países, el 44% de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo: soja.

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Unidos contra los agrotóxicos

En paralelo al primer juicio por contaminación en Córdoba, pueblos de ocho provincias se reunieron para acordar acciones conjuntas.

Por Darío Aranda

Pueblos que denuncian fumigaciones en ocho provincias, movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones socioambientales explicitaron los impactos del modelo agropecuario actual, responsabilizaron a los “tres poderes” del Estado por las consecuencias ambientales y sanitarias y lanzaron una campaña nacional contra los agrotóxicos. Sucedió en el Encuentro nacional de Pueblos Fumigados, en paralelo al primer juicio por fumigaciones que se desarrolla en Córdoba, donde explicaron que los agronegocios y la megaminería son parte del mismo modelo (“extractivo”) y denunciaron la “violencia desatada desde el Estado, las empresas y sus grupos armados contra quienes defienden los bienes comunes”.

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Otra escuela, para otro campo*

Se multiplican las escuelas rurales en manos de organizaciones campesinas. En Argentina, donde la soja transgénica parece no detener su avance, las escuelas también son espacios de resistencia.

Por Darío Aranda

«La escuela actual te educa para los agronegocios. Necesitamos otra educación, que enseñe que el campo es más que soja. Por eso nació la escuela”, explica con paciencia docente Andrés Daniel Duarte, 21 años, de la provincia del Chaco, norte argentino, donde el avance sojero hizo (y hace) estragos con desmontes, fumigaciones y expulsión de familias campesinas. Experiencias similares, escuelas autogestionadas por campesinos, se repiten en las provincias de Córdoba y Mendoza (centro y oeste del país, respectivamente). Entienden la educación como una herramienta más para resistir al avance del agronegocio.

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El Pueblo Mapuche celebra el Wiñoy Xipantv

El Pueblo Mapuche celebra el reiniciar de un nuevo ciclo de vida. Por primera vez, será día no laborable para los mapuche de Neuquén.

Por Darío Aranda

Desde el 23 junio a la noche y hasta el 24 el Pueblo Mapuche celebra el Wiñoy Xipantv, que significa el reinicio de un tiempo que es circular. El Wiñoy Xipantv coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la noche más larga, el punto de máximo alejamiento de la Tierra con el Sol.El Wiñoy Xipantv es una celebración en el que una misma fuerza espiritual fortalece de energía a todos los seres vivos. Por primera vez, este año será día no laborable para los mapuche que viven en Neuquén. Comunidades originarias remarcaron, en este ciclo que se reinicia, reforzarán el rechazo al avance del gas no convencional.

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Tierra de alguien*

Wichís, pilagás y criollos de Formosa resisten el avance del agronegocios y enfrentan los atropellos de un gobierno feudal. Crónica desde un territorio de pesares, pero también de luchas.

Por Darío Aranda

Foto: Marcos Villa

El hombre recita extractos del himno en voz alta, casi a los gritos. “Libertad, libertad, libertad…”. De inmediato intercala estrofas. “…A la noble igualdad…”. Y remata con énfasis: “Para nosotros no hay libertad, y muchos menos hay igualdad”. Es el cierre de la asamblea de la Interwichi, espacio de coordinación de ocho comunidades indígenas, en Las Lomitas, Formosa. Y el discurso brota de Francisco López, 80 años, dirigente wichi, pastor de la Iglesia Anglicana y encargado ocasional de desnudar los sarcasmos de la argentinidad.

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Convivir con agroquímicos

Un estudio presentado en el juicio que se sigue en Córdoba a dos ruralistas y un piloto acusados por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo muestra que de 142 chicos de esa localidad hay 114 que tienen agroquímicos en su organismo.

Por Darío Aranda

Sobre 142 niños del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, a 114 se les detectó contaminación con agroquímicos, según reveló un estudio oficial durante el juicio que realiza contra dos productores y un fumigador por presunta contaminación. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica. Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo, e incluso se detectó presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar”, resumió el abogado que inició la causa, Darío Avila.

En 2005, la Municipalidad analizó la sangre de 35 chicos del barrio Ituzaingó Anexo, lindero a campos de soja y donde se multiplicaban las denuncias por contaminación. Los resultados fueron contundentes: 23 tenían agroquímicos en sangre (no hubo presencia de otros contaminantes). En 2010, en el marco de la flamante Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, se estudió a 142 chicos de 1 a 14 años.

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Profundizar el modelo

15 de junio de 2012: Palabras de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner con empresarios estadounidenses en Nueva York

Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está –digamos – a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”

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Juicio al modelo

El primer juicio oral por fumigaciones con agroquímicos lleva dos días. Silencio de los acusados, chicanas del abogado, aviones y mosquitos, tiroides, malformaciones, mujeres enfermas, bebés muertos y un pedido. Crónica desde la sala de audiencias.

Por Fabiana Bringas y Darío Aranda

Desde Córdoba

Capital Federal. 25 de marzo de 1996. El gobierno de Carlos Menem aprueba la siembra de soja transgénica con uso de glifosato.

Dieciséis años, dos meses y 17 días después, en Córdoba, comenzó el primer juicio oral y público por fumigaciones con agrotóxicos.

Denunciados: dos productores y un fumigador.

Denunciantes: un médico y ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba y la organización Madres de Ituzaingó (mujeres del barrio fumigado).

Una herramienta: la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051). El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) «contaminaren» de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.

Agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El asunto de fondo: el modelo de agronegocios.

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