Dic 8, 2011 | 2011, General
Nota no aceptada I
El Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Confirmó el incumplimiento de la normativa que protege los derechos indígenas, denunció la “inseguridad jurídica” respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas.
Por Darío Aranda
“El Gobierno debe dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas (…) Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, afirmó la más alta autoridad en materia indígena de Naciones Unidas, James Anaya, luego de recorrer durante once días comunidades originarias de Argentina. Organismos de derechos humanos, que propiciaron su visita al país, entregaron un informe donde denuncian que “los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.
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Nov 25, 2011 | 2011, General
La asamblea de trabajadores de Página12 repudia la censura en los artículos de nuestro compañero Darío Aranda sobre el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, militante del Mocase-VC de Santiago del Estero. En dos notas consecutivas, la primera sobre el crimen y la segunda sobre la marcha de repudio, el diario eliminó los párrafos que informaban que el gobernador de la provincia donde se produjo el asesinato se llama Gerardo Zamora, se define como un “radical K” alineado con el gobierno nacional, y que no se pronunció sobre un hecho de innegables connotaciones políticas ni respondió a los llamados del periodista. Esos datos elementales, que con ningún justificativo se pueden dejar de informar a los lectores, fueron eliminados de las crónicas sin avisarle al periodista ni retirarle su firma.
Darío es un periodista que recorre el país para cubrir sin intermediarios las luchas de campesinos e indígenas. Sus investigaciones sobre los conflictos derivados de la expansión de los agronegocios, el atropello de los derechos de las comunidades que habitan sus tierras desde tiempos ancestrales y la complicidad de autoridades políticas y judiciales han sido tapa de PáginaI12 durante años. Su compromiso y honestidad le han valido el respeto no sólo de las organizaciones a las que supo hacer visibles, sino también de sus compañeros y de los lectores.
Su situación laboral, sin embargo, es de absoluta precariedad: trabaja desde hace siete años como “colaborador”, sin garantías de estabilidad, sujeto al humor de la empresa, con pagos que en el último año promedian poco más de 500 pesos, costeando los viajes de su bolsillo o con la ayuda de organizaciones campesinas. Por tratarse de un “caso testigo” de precariedad y maltrato, sus compañeros de PáginaI12 solicitamos a la empresa el pase a planta permanente de Darío Aranda, porque entendemos que esa es la solución. Con eso, además, se garantizará que pueda seguir aportando su experiencia y sus conocimientos en los temas de su especialidad, pero a cambio de un sueldo digno, como corresponde a todo trabajador.
También queremos dejar sentado que exigimos que de ahora en más no se repitan hechos de esta naturaleza y en el caso de que algún editor modifique el contenido de las notas contra la voluntad del periodista, se respete el derecho básico a retirar la firma.
Asamblea de Trabajadores de Página 12
24 de Noviembre de 2011.
Nov 24, 2011 | 2011, General
«Repudiamos la censura que sufrió el periodista Darío Aranda el sábado 19 de noviembre en el diario Página12.
Expresamos nuestra preocupación ante posibles represalias laborales contra su persona, ya que conocemos su trayectoria, honestidad intelectual y compromiso con las luchas más urgentes de esta coyuntura.
Estaremos alerta ante cualquier medida que la empresa periodística pudiera tomar contra él.»
Enviar adhesiones a: comisioninternadepagina12@gmail.com y darioaranda@yahoo.com.ar
Firmas:
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Nov 23, 2011 | 2011, General
Campesinos y organizaciones sociales urbanas exigieron justicia por Cristian Ferreyra, militante del Mocase asesinado por defender el territorio.
“Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: “Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño”. También hubo marchas en Santiago y Córdoba.
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Nov 23, 2011 | 2011, General
Un campesino fue asesinado y otro herido en Santiago del Estero al resistir un desalojo. Cuatro campesinos e indígenas fueron asesinados en los últimos dos años por defender el territorio.
Por Darío Aranda
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales en la Argentina de hoy”, denunció Marilena Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en Argentina cuatro campesinos e indígenas. El Mocase-VC denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios.
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Nov 16, 2011 | 2011, General
La Justicia de Salta prohibió fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo rodeado de soja. La sentencia establece límites de 300 metros para aspersiones terrestres y de 1500 para las aéreas. La demanda había sido promovida por los vecinos.
Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.
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Oct 28, 2011 | 2011, General
Intelectuales, científicos y organizaciones sociales desarrollan un inédito espacio donde evaluarán el accionar de las grandes empresas en Latinoamérica. El “Juicio ético” se hará en la UBA y durará todo el fin de semana.
Monsanto. Barrick Gold. Repsol. Minera Alumbrera. Ledesma. Alto Paraná. Cargill. Sólo algunas de las grandes empresas que sustentan un modelo de extracción de recursos no renovables, con consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. A ellas apunta el “Juicio ético a las transnacionales”, espacio donde un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos convergen desde hoy y hasta el domingo en Buenos Aires para demostrar, en base a decenas de testigos y pruebas, que la acción de las compañías “viola derechos humanos”. También se analizará el rol de los diferentes poderes del Estado, las universidades y los grandes medios de comunicación respecto del modelo extractivo.
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Oct 17, 2011 | 2011, General
¿Qué significa hoy ser inteligente? ¿Cuál es el paradigma del progreso? ¿Cuál la diferencia entre tierra y territorio? ¿Hay alternativas al modelo extractivo? ¿Qué víctimas de los genocidios argentinos tienen derecho a pedir qué? Estas y otras tantas preguntas se disparan al conocer una conversación histórica: la que mantuvieron en Casa de Gobierno 15 representantes de los pueblos originarios con la presidenta Cristina Fernández, en mayo de 2010. Un debate frontal, sin medias tintas, de un tema central que está fuera de la agenda electoral, pero que es vital para comprender el modelo de país que está en marcha hoy y afectará el futuro de varias generaciones.
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Oct 12, 2011 | 2011, General
Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.
La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.
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Oct 12, 2011 | General
En las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, que abarcan Salta y Jujuy, se desarrolla uno de los principales conflictos de la actualidad. Allí se encuentran reservas de litio, “el oro del futuro”, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que ya comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. Los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron en concesión la región a empresas mineras.
Los pueblos kolla y atacama conformaron la Mesa de Pueblos Originarios, integrada por 33 comunidades. Rechazan la minería en su territorio ancestral, privilegian el agua, realizaron movilizaciones y recurrieron a dos altas instancias: la Corte Suprema de Justicia y al relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia, quien se comprometió a visitar el lugar el próximo mes.
En la meseta de Chubut, cercano a los pueblos de Gan Gan y Gastre, se ubica el mayor reservorio de plata y plomo del mundo aún sin explotar. Ancestral territorio de vida y desarrollo comunitario del pueblo Mapuche Tehuelche. A pesar de la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios y de la vigencia de la Ley 5001, que limita la actividad en toda la provincia, la canadiense Pan American Silver avanza en trabajos de exploración para explotar el lugar.
“La exploración en el sector minero registró en 2010 un nuevo record histórico, con más de 730 mil metros de perforaciones en todo el país, un 340 por ciento más que en 2003, año en que comenzó a recuperarse esta actividad. También demuestran un incremento del 21 por ciento por sobre el último record exploratorio alcanzado en 2008”, detalla el comunicado del 10 de enero de 2011 de la Secretaría de Minería de la Nación.
La gacetilla oficial destacó que “se trata de un escenario que hace posible que Argentina cuente con 18 proyectos de gran escala en producción, un hecho histórico que nos posiciona entre los países mineros más importantes del mundo”. Y adelantó la construcción de “al menos quince nuevos proyectos de escala internacional”.
La minería metalífera a gran escala, con enormes uso de agua y sustancias tóxicas, afecta también a poblaciones de pueblos y ciudades. Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella (Jujuy) y comunidades indígenas lograron, en febrero de 2010, que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia frene un proyecto minero en la Quebrada de Humahuaca. Hizo hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras–.
En Purmamarca, también Jujuy, desde hace 48 horas permanece un corte de ruta de 92 comunidades kollas que exigen los títulos comunitarios de sus tierras. “Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con un gobierno provincial que sólo apuesta al avasallamiento de la gran minería, es que estamos presentes en la ruta para hacer escuchar nuestra voz”, denunciaron ayer en el corte de ruta, a la espera del gobernador. Al cierre de esta edición, habían llegado al lugar la Gendarmería Nacional y la policía provincial.
Nota principal:
Las nuevas invasiones sobre los pueblos originarios
Oct 11, 2011 | 2011, General
Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.
–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?
–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.
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Oct 11, 2011 | General
Diana Lenton es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y docente en la misma universidad. Su tesis doctoral analizó los discursos circulantes entre 1880 y 1970 sobre los pueblos indígenas y el diseño de políticas nacionales al respecto. Es investigadora adjunta del Conicet con un proyecto sobre la emergencia de organizaciones representativas de los pueblos originarios a partir de la década de 1970 y su articulación con otros movimientos sociales. Dirige un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el que se integran otros docentes-investigadores, tesistas y becarios sobre la temática. Desde 2005 es cofundadora, junto al historiador Walter Delrio, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, un espacio interdisciplinario de investigación académica y de “transferencia a la sociedad”, con el objetivo de aunar los esfuerzos de antropólogos, sociólogos, historiadores, educadores y comunicadores que trabajan por el esclarecimiento de las modalidades históricas de relación entre el Estado y los pueblos originarios. El colectivo de jóvenes investigadores ha logrado aportar pruebas concretas y documentadas sobre el genocidio ejecutado sobre los pueblos originarios. Su último libro es el indispensable Historia de la crueldad argentina.
Nota principal:
«El Estado se construyó sobre un genocidio»
Oct 3, 2011 | 2011, General
Un extenso cartel, escrito a mano y colgado en el hall de entrada, expone uno de los problemas del país: “El 2 por ciento (de las explotaciones agropecuarias) tiene el 50 por ciento de la tierra. El 57 por ciento sólo tiene el 3 por ciento de la tierra”. Es el ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, donde se desarrolló el XXIII Congreso de la Federación de Estudiantes de Agronomía y Afines (FAEA). Los participantes cuestionaron el actual perfil profesional y explicitaron los efectos sociales de los agronegocios. Se abordó la gran incidencia de las empresas en la universidad pública y reforzaron la necesidades de que la universidad deje de priorizar la soja y aborde la agroecología y la soberanía alimentaria.
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Sep 27, 2011 | 2011, General
Marcharon en Santa Rosa y lograron que se prorrogue la ley que frena temporalmente los desalojos. La tremenda ampliación de los campos dedicados a la soja desplazó a los ganaderos, que a su vez intentan desplazar a los pequeños puesteros y campesinos.
La imagen idílica de La Pampa como una llanura sembrada y próspera es real en el noreste provincial, donde la agricultura es la principal actividad. Pero la provincia también cuenta con una realidad rural invisibilizada, en todo el oeste, puesteros con posesión de décadas que son desalojados por el avance de la frontera ganadera y petrolera. Como respuesta, los puesteros marcharon en Santa Rosa para reclamar la prórroga de la ley que impide los desalojos y exigir “una solución de fondo” para el campesinado: acceso al agua, salud, mejoras de caminos, insumos (en tiempo y cantidad suficiente) para fortalecer la producción y políticas activas para frenar el éxodo rural. Lograron que la legislatura provincial extienda el freno a los desalojos hasta 2013, pero no tuvieron respuesta al resto de los pedidos.
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Sep 21, 2011 | 2011, General
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Sep 14, 2011 | 2011, General
Reflexión sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
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Sep 6, 2011 | 2011, General
El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.
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La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?
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En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).
El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.
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Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.
El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.
“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.
Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.
La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.
En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.
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“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.
El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.
Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles».
El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.
El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.
En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.
“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.
Por Darío Aranda. Artículo publicado en el periódico MU de julio (de www.lavaca.org )
Ago 30, 2011 | 2011, General
Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.
Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.
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Ago 22, 2011 | 2011, General
La Justicia de Tucumán aplicó la legislación indígena y frenó el desalojo de una comunidad quilmes. Marca un precedente para otros casos. En cinco años casi no se utilizó la norma en favor de las comunidades.
Dos veces desalojaron a la Comunidad India Quilmes (CIQ) de Colalao del Valle (Tucumán), pero dos veces volvió a recuperar el territorio ancestral por el simple ejercicio de la acción directa. Intentaron echarla una tercera vez, pero resistió el avance policial. Pagaron un precio alto: gases lacrimógenos contra niños, mujeres, ancianos y hombres, heridos con balas de goma y detenidos. Pero resistieron en el lugar. Estaba latente un cuarto desalojo (todos ordenados por el mismo juez), pero el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación acaba de frenar cualquier intento de expulsión territorial, instó a respetar el territorio indígena y remarcó la plena vigencia de la Ley 26160, norma clave –pero muy poco implementada por el Poder Judicial– que frena los desalojos y ordena relevar todos los territorios indígenas. “Es un avance importante, sienta un precedente a imitar para que no sea sólo un juez quien aplique la ley, sino que todo el Poder Judicial debe reconocer nuestros derechos”, reclamó la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), conformada por 54 comunidades de cinco provincias.
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Ago 22, 2011 | General
Un 12 de octubre, fecha emblemática para los pueblos originarios, fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar por defender el territorio ancestral. A casi dos años del hecho, la jueza de Instrucción Emma de Nucci elevó la causa a juicio. A pesar de las pruebas del asesinato (que incluye un estremecedor video del momento de los disparos), los tres imputados –dos de ellos policías retirados– esperan el juicio en libertad. “La condena a los culpables hará sólo parte de justicia, el respeto al territorio de todas las comunidades hará el resto. Deben entender que el territorio es nuestra vida”, exigió Mario Quinteros, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), organización que nuclea a 54 comunidades (incluida la de Chuschagasta, donde nació y murió Chocobar).
“La elevación a juicio es una medida muy buscada y que celebramos. El esclarecimiento de este hecho aberrante, así como la condena que corresponda a los culpables, resulta urgente y necesaria para garantizar la seguridad de los miles de comuneros y líderes indígenas que al día de hoy, siguen siendo hostigados, amenazados y perseguidos por personas e intereses que amparados en esta impunidad que el sistema les garantiza persisten en su accionar autoritario”, afirmó Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de la ONG Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
La jueza Emma de Nucci consideró que existen pruebas suficientes. Desde la comunidad advierten que los imputados apelarán la medida, pero confían que a fines de año o inicios de 2012 habrá juicio por el asesinato de Chocobar.
Subnota anterior:
Hecha la ley, hecho el desalojo
Nota Principal:
Derecho al territorio para los Quilmes
Ago 22, 2011 | General
Un informe de la Pastoral Aborigen denunció que la ley no ha sido aplicada y que en más de una ocasión se aprovechó para frenar los reclamos. El relevamiento de tierras se realizó sólo en seis unidades.
La Ley 26160 fue sancionada en 2006 y publicitada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios (freno a los desalojos y censo catastral de territorios indígenas). A casi cinco años de su aprobación: “Existe un muy bajo nivel de ejecución”. Así lo denuncia un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que relevó la aplicación de la norma, al señalar que “la ley parece ser usada más para frenar los reclamos indígenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el país”. Además remarca la falta de voluntad política para cumplir los derechos de las comunidades indígenas y advierte sobre el aumento de la violencia contra las comunidades.
El 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pueblos originarios de todo el país. Por su muy demorada aplicación, fue prorrogada en noviembre de 2009 (Ley 26554).
El informe de Endepa, de 50 páginas, se llama “Advertencia sobre la inejecución de las leyes nacionales de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena” y fue presentado ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los distintos bloques políticos del Congreso Nacional.
“Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, afirma Endepa y precisa que, a más de cuatro años de aprobada la ley, se “han completado los trabajos correspondientes a sólo seis comunidades en todo el país”.
El informe detalla la situación de cada provincia. En Jujuy se aprobó un monto de 1,9 millones de pesos para relevar 231 comunidades de los pueblos Omaguaca, Atacama, Ocloya, Kolla, Tilián y Guaraní. Se fijó un plazo de ejecución de 15 meses, con inicio el 30 de diciembre de 2008. No se cumplieron los plazos y el Consejo de Participación Indígena (CPI) provincial reclamó por escrito a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia (a cargo del relevamiento).
El 15 de junio de 2010 hubo reunión entre CPI, Secretaría de DDHH e INAI. Se acordó la presentación de 50 “carpetas” (expedientes de relevamiento) para su aprobación. En febrero de 2011, la Secretaría de DDHH reconoció que existían carpetas a “la firma” del presidente del INAI, Daniel Fernández, con una inexplicable “demora en la implementación”.
Salta firmó acuerdos con el INAI por 3,9 millones de pesos para relevar 300 comunidades de nueve pueblos indígenas. Comenzó en diciembre de 2008 y tenía plazo de 24 meses. El 6 de octubre de 2010, dos meses antes de vencer el plazo, un informe oficial del INAI de la Coordinación Legal del Reteci (Relevamiento Territorial) reconoció que “el resultado obtenido fue muy escaso teniendo en cuenta que se presentaron seis carpetas y que tienen serias observaciones técnicas”.
El informe de Endepa sobre Salta también destaca “incumplimientos de los plazos establecidos, reiterados inconvenientes y prolongada inacción”. Alerta una denuncia de técnicos por no haber percibido sus salarios y detalla la existencia de reclamos formales de la organización indígena Qullamarka, y de los pueblos guaraní y wichí.
“En Formosa aún no se ha iniciado la ejecución (del relevamiento)”, denuncia. Detalla que en agosto de 2010 se firmó un convenio de entendimiento entre el INAI y el Instituto de Comunidad Aborígenes de Formosa (ICA), pero fue “rechazado ampliamente por las comunidades por no respetar la Ley 26160” en cuanto a la participación indígena. Precisa que el Consejo de Participación Indígena (CPI), que debiera ser organismo ejecutor del relevamiento, nunca fue elegido por elecciones (fue designado por el gobierno provincial).
Valentín Suárez, representante de la comunidad Riacho de Oro del Pueblo Qom y delegado por el Consejo de Comunidades Originarias (CCO) viajó en enero de 2011 a Buenos Aires y presentó un escrito ante el INAI: “El motivo que me trae es entregar un petitorio para que la situación de nuestras tierras sea regularizada. A algunas comunidades no les han reconocido a sus representantes legales y otras no tienen título de tierras. Si bien la Ley 26160 tiene lindo contenido, el convenio que firmaron los presidentes del ICA y el INAI no lo aceptamos”.
Las irregularidades e incumplimientos se repiten en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Río Negro y Chubut. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), máximo espacio gubernamental en la materia, no respondió los llamados de Página/12.
A cinco años de sancionada la ley, en Neuquén aún no comenzó el relevamiento. Y se multiplican los desalojos. Dos casos graves resaltados son las comunidades Currumil y Paichil Antriao. “Lamentamos corroborar que no se han logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales”, advierte el informe y detalla casos en Tucumán (comunidades de la zona de Quilmes, Nogalito y Mollar), Pampa del Indio en Chaco, Los Toldos en Buenos Aires e intentos de desalojos en Santa Rosa Leleque de Chubut (en conflicto con la empresa Benetton).
El informe advierte que la falta de implementación del relevamiento “se convierte en una herramienta para la violación de los derechos indígenas” y denuncia “el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en los desalojos”. Detalla como casos paradigmáticos las represiones sobre la comunidad qom La Primavera (Formosa) y las diaguitas Las Pailas (Salta) y Chuschagasta (Tucumán). Recuerda los asesinatos de los indígenas Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y Roberto López (23 de noviembre de 2010). Y termina con una interpelación: “Los derechos indígenas también son derechos humanos que se deben respetar”.
Subnota:
Juicio tardío por un asesinato
Nota Principal:
Derecho al territorio para los Quilmes
Ago 15, 2011 | 2011, General
El Senasa prohibió el uso del endosulfán a partir de 2013, pero las organizaciones ambientales y la Defensoría del Pueblo exigen que deje de usarse de manera inmediata.
Organizaciones ambientales y campesinas denunciaron durante décadas los efectos nocivos del endosulfán, el insecticida más utilizado del país, empleado en plantaciones de soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas. La respuesta empresaria y gubernamental argumentaba que el agroquímico era usado en todo el mundo y aseguraba la falta de pruebas que probara la letalidad del producto. La última semana, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación del agrotóxico a partir de julio de 2012 y determinó que no se podrá utilizar a partir de julio de 2013. Las organizaciones socioambientales exigen que la prohibición sea inmediata. Desde la vereda de enfrente, las empresas de agroquímicos también cuestionaron al Senasa por no ampliar el plazo de la utilización del producto. El endosulfán, junto al glifosato, ya tuvo sentencias firmes que limitan su uso.
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Ago 15, 2011 | General
En marzo último, en el Congreso Nacional, Libres del Sur y organizaciones sociales convocaron a una audiencia pública donde se solicitó al Ejecutivo que prohíba de inmediato al endosulfán y se cuestionó el modelo de agronegocios actual en sus efectos sanitarios, ambientales y sociales. En junio, la Defensoría del Pueblo de Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico.
En noviembre de 2010, la Defensoría ya había apuntado al problema macro: en la Resolución 147/10 solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implica alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
Nota Principal:
Polémica por un agrotóxico
Jul 22, 2011 | 2011, General
Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.
“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.
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